Santa Cruz de la Sierra
19 Noviembre 2019

Solidaridad y compromiso son los ingredientes principales para que 12 jóvenes cocinen y repartan comida a cocaleros y policías de La Paz. Esta es la cuarta semana que preparan una variedad de platos y sándwiches, en una iniciativa a la que denominaron: ‘Cocina Solidaria’, según una nota de prensa.

Margot Ayala y María Danielle Cueto son las gestoras del proyecto que logró, por ejemplo, la entrega de 200 platos de ají de fideo para los afiliados a la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), además de 5O sándwiches el 4 de noviembre pasado.

 “Gracias a Dios hay personas maravillosas que se unen a nosotros, donando, dando sus manos y tiempo para preparar la comida, dando sus autos para poder hacerles llegar todas las donaciones y comida con las que subimos. A estas personas, sin conocer a muchos de ellos, las tendré en mi corazón toda la vida”, escribió Cueto en su muro de Facebook. Acompañó la publicación con fotografías de la entrega de los alimentos.

En entrevista con la Agencia Municipal de Noticias (AMN), Ayala contó que además de cocinar para ciudadanos del interior, acopiaron donaciones de frazadas y medicinas. También hicieron 5.000 sándwiches para el cabildo de cocaleros en el que participaron los presidentes del Comité Pro Santa Cruz y de Potosí, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, respectivamente.

Luego, tras el amotinamiento de los policías, empezaron a ayudar a los uniformados. “No podíamos llegar a Villa Fátima por los conflictos y empezamos a coordinar para ayudar a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y al Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL-110”, afirmó Ayala.

Dijo que actualmente preparan entre 700 a 800 platos a diario. “Trabajamos entre siete y 12 voluntarios, varía por día porque todos tienen sus actividades”, se refirió la voluntaria a sus compañeros que tienen entre 25 y 35 años.

Explicó que cocinan con las donaciones en especie y en dinero que aportan ciudadanos de Bolivia y residentes en Canadá, Estados Unidos y Europa. “Hay mucha solidaridad con este proyecto”, resaltó Ayala, a tiempo de invitar a que realicen donativos a través de la página de Facebook ‘Cocina Solidaria’.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Radiofides

               

21 Octubre 2019

Un avión Hércules Charly 156 procedente de la ciudad de La Paz arribó al aeropuerto Alcantarí de Sucre con efectivos policiales alrededor de las 15:30 de este lunes. Aunque no se sabe la cantidad de efectivos que trasladó, se tiene seguridad de que fueron transportados a la ciudad de Potosí, en tensión por los resultados de las elecciones nacionales de ayer, domingo.

Fuentes de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana) y de la Policía, confirmaron la llegada de los efectivos.

Además, unos 100 efectivos policiales de la capital viajaron con destino a Potosí a mediodía de hoy, lunes, por instrucción del Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca.

El contingente de policías salió de Sucre a la cabeza del subcomandante Departamental de la Policía de Chuquisaca, coronel Iván Rojas, y fue transportado en cuatro camionetas y dos buses.

Los policías viajaron a Potosí con la misión de prestar refuerzo al sistema de seguridad de la Policía de esa ciudad, donde se vive una fuerte tensión a raíz de haber ubicado cientos de maletas electorales en una casa particular la noche de ayer.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

14 Octubre 2019

Al menos 14 policías murieron en un ataque armado en el municipio de Aguililla, en el occidental estado mexicano de Michoacán, una región golpeada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron hoy autoridades.

Según versiones de la prensa local, los policías estatales fueron emboscados en la mañana por hombres a bordo de camionetas blindadas cuando se dirigían a cumplir un mandato judicial en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública federal dijo en Twitter que "condena el ataque en el que murieron 14 agentes policiacos en Aguililla, Michoacán. Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del gobierno del estado todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia".

Las autoridades locales también lamentaron la agresión.

"Ningún ataque a la policía va a quedar impune, y este fue un ataque cobarde, artero porque les pusieron una emboscada", dijo a la prensa el gobernador del estado, Silvano Aureoles.

Los agresores dejaron mensajes con amenazas para las instituciones de seguridad e incendiaron al menos dos patrullas. Tras el ataque, las autoridades instalaron filtros de revisión para intentar localizar a los responsables.

Golpeado por la violencia

Michoacán es un estado golpeado por la presencia de diversas organizaciones criminales, que provocaron el surgimiento de grupos de autodefensa hace unos seis años.

El 30 de agosto, un enfrentamiento entre dos grupos armados dejó nueve muertos y 11 heridos en el poblado de Tepalcatepec, a 75 kilómetros de Aguililla.

En ese mismo mes, fueron hallados los cuerpos de 19 personas en la ciudad de Uruapan, en el centro del estado. Algunos de los cuerpos estaban colgados de un puente y otros estaban desmembrados. El fiscal general del estado atribuyó los asesinatos a pugnas entre grupos rivales de narcotraficantes.

Hoy el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "hubo un punto de inflexión en el nivel de crecimiento" de homicidios dolosos que se registran en el país.

Sin embargo, de enero a agosto se han registrado 23.063 víctimas de homicidio doloso, un dato que se encamina a romper el récord de 33.749 asesinatos de 2018.

La administración ha buscado contener la ola de violencia principalmente a través del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad compuesto por militares.

El gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó a finales de 2006 una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado que es señalada por especialistas y defensores de los derechos humanos como una de las principales causas del incremento de la violencia en México.

Según cifras oficiales, desde entonces se han registrado más de 250.000 asesinatos, aunque no se detalla cuántos casos están ligados al combate contra el crimen.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

08 Octubre 2019

Se ultiman los detalles para las elecciones del domingo 20. La Policía movilizará a 20.871 efectivos y dispondrá seguridad a los tribunales electorales departamentales hasta un día después de la jornada de votación.

Otros 18.129 uniformados estarán avocados netamente a tareas de seguridad ciudadana y auxilio como bomberos, informó el comandante general de la Policía, general Yuri Calderón, en rueda de prensa junto a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y vocales.

El plan de la Policía contempla tres fases. Una preelectoral que ya se encuentra en vigencia en los nueve departamentos y que consiste en acompañar las tareas del traslado del material electoral en cada municipio. El 18 de octubre se intensificarán las labores para dar cumplimiento al auto de buen gobierno y a la escolta de ánforas en los recintos de votación, entre otros.

Un día después se desarrollará el control en las carreteras, tráfico vehicular y el ingreso de extranjeros al país en las terminales aéreas y terrestres. El 20 de octubre, jornada de votación, los operativos arrancarán a las 00.00 para preservar el orden público y garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

El lunes 21, la institución del orden continuará con actividades de control y resguardo, pero esta vez de los nueve tribunales electorales departamentales y del TSE de La Paz. El trabajo se desarrollará según los requerimientos que disponga el Órgano Electoral.

Habrá patrullajes y seguridad en los recintos electorales, que suman 5.133 en todo el país. La Policía permanecerá acuartelada hasta que concluya la votación en las mesas electorales.

Se emplearán en las labores de seguridad 1.416 vehículos policiales y 1.503 motocicletas. La seguridad se extenderá a las seis misiones internacionales de observadores electorales.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

17 Septiembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante un fallo, dispuso que la Policía no aleje de la sede de la familia a mujeres policías embarazadas y, por tanto, queden excluidas de los cambio de destino que vayan en contra de esa premisa. Asimismo, ratifica su inamovilidad laboral hasta que el o la menor fruto de ese proceso gestación cumpla un año.

La decisión del tribunal contenida en la sentencia del 0167/2019-S2 y divulgada recientemente, se da en el marco de la acción de amparo constitucional que interpuso la Defensoría del Pueblo contra la Policía Boliviana en 2018 por el caso de Yola Y. Z. S., a quien la fuerza del orden la destinó a Cobija en plena gestación pese a que su pareja y familia residían en Oruro.

El despacho del ombudsman presentó ese recurso constitucional debido a que la subteniente, pese a su condición de embarazo y de contar con dos informes emitidos por reparticiones de trabajo social de esa institución, que señalaban que por encontrarse embarazada no debía ser cambiada de destino, fue transferida del Comando Departamental de Oruro al de Pando, precisa un boletín.

La afectada, además de haber sufrido un cambio de sede de trabajo y de no recibir un trato acorde a su situación por parte de la Dirección Nacional de Personal ni de la Dirección Nacional Administrativa, hasta el momento de la presentación del recurso constitucional no había recibido los subsidios establecidos por ley, añade la nota defensorial.

“(…) Habiéndose reunido la mencionada con el Director Nacional de Personal codemandado, éste le manifestó que la accionante recién ingresó a la Policía; por lo que, debía cumplir con el destino otorgado al entrar, sin importar su situación; no pudiendo concederle prerrogativas, añadiendo también que, “nadie muere por un embarazo” (Conclusión II.8).” (Sic), se lee en una parte del legajo del TCP.

También precisa que “si bien los destinos del personal de la Policía son efectuados en el marco de su normativa contenida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional” y que se efectúa de acuerdo a las necesidades del servicio “por orden general, constituyéndose en requisito indispensable para el ascenso en los diferentes grados” para el caso de la mujeres gestantes, “debe propenderse a su cuidado y atención especial, sin que el destino al que sean designadas, conlleve una variación en las condiciones a la cual estaban sujetas normalmente”.

Para el control constitucional, la Policía obvió “su condición de mujer en estado de gestación y el especial cuidado y atención que merecía al formar parte de un grupo de atención prioritaria por el Estado”.

“Al agravarse su situación por lo anotado, correspondía por el lapso de su embarazo y hasta el año de nacimiento de su hija o hijo, considerar un destino en el que no se produjera un perjuicio a su salud y seguridad física, moral y psíquica, más aún si se considera que viviendo su familia en Oruro, al nacer su hija o hijo, no tendría el apoyo necesario para cumplir su rol de madre y de mujer trabajadora, en desmedro del ser a nacer”, añade el documento del TCP.

El fallo dispone que la policía “no puede ser sujeta a cambios de destino posteriores, hasta el año de nacimiento de su hija o hijo” y la cancelación los subsidios prenatales adeudados.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

                                   

  

 

13 Septiembre 2019

El comando de la Policía desplegó a unos cien efectivos policiales al municipio de Chulumani para resguardar la seguridad en la zona, tras registrarse ataques a instalaciones de una unidad policial y a una casa de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS). La Policía detuvo a ocho personas.

"En Chulumani está la policía, son cien efectivos, están dando la seguridad y restableciendo el orden", aseguró Víctor Yana, Secretario General del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay).

El dirigente, mostrando fotografías, acusó a partidarios de Comunidad Ciudadana (CC) por los actos vandálicos, quema de casas, oficinas en Chulumani, registrados la jornada de ayer.

Apuntó al dirigente Sergio Apaza y a sus seguidores de impulsar estos actos; primero contra la casa de Campaña del MAS, y luego contra instalaciones de la Policía. Los movilizados también atacaron la casa del alcalde de Chulumani, Vladimir Vega Morales, y otros ambientes.

"Al ver que no han podido romper la casa de campaña, se han ido en dirección a la policía a romper todas las instalaciones de la Policía y quemarlas, que ha quedado de esta forma", manifestó.

Dijo que interpuso una denuncia penal para que la Policía y la Fiscalía investiguen estos hechos y sancionen a los autores. Yana no quiso dar los nombres de los implicados supuestamente por un pedido de reserva de la Fiscalía.

"Hay detenidos, la policía y la Fiscalía está haciendo las investigaciones, se ha pedido a través del Ministerio Público, que todavía no se mencione nombres, que no se diga, están hecha las denuncias", manifestó.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz aprehendió a ocho personas involucradas en estos hechos violentos, los cuales serán remitidos ante un fiscal.

"Por los hechos que han acontecido en la localidad de Chulumani han sido conducidos a estas oficias ocho personas, las mismas que han sido dejadas en calidad de depósitos, mientras se hace el proceso (de parte del Ministerio Público) para que vayan a las celdas judiciales", informó el coronel Cristián Saavedra, subdirector de la Felcc.

Refirió que varios policías se trasladaron a la zona para hacer las investigaciones.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

                                   

  

 

14 Agosto 2019

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se estudia la posibilidad de incorporar un nuevo tipo penal para sancionar con 20 años de presidio, sin derecho a indulto, a los policías que encubran actividades vinculadas al narcotráfico.

"Queremos incorporar una nueva tipología jurídico penal, con la experiencia de los casos (Gonzalo) Medina, (Fernando) Moreira y otros involucrados; que nos hizo pensar y trabajar técnicamente en la necesidad de incorporar un nuevo tipo penal que sea muy drástico, probablemente 20 años de prisión sin derecho a indulto para agentes de seguridad que protejan, encubran y den cobertura a actividades vinculadas al narcotráfico", dijo a los periodistas.

El titular de Gobierno indicó que amerita una sanción drástica contra malos uniformados porque son los encargados de perseguir a las organizaciones criminales, por lo que no deberían actuar al revés.

"Estudiamos la posibilidad de presentar una ley corta que además recupere la parte punitiva respecto a las sustancias controladas que quedó en suspenso por la abrogación del Código Penal", añadió.

A fines de abril se hizo pública una fotografía en la que Robin Justiniano, hijo del excoronel de Policía y exdirector de la FELCC cruceña, Gonzalo Medina; el excapitán Fernando Moreira y el extraditable a Brasil por narcotráfico, Pedro Montenegro, disfrutaban de un viaje en Cartagena de Indias, Colombia.

Las pesquisas desvelaron que Medina y Moreira protegían a Montenegro a fin de que realice sus actividades vinculadas al tráfico de drogas, a pesar que en 2015 se emitió una orden de captura en su contra.

Según las investigaciones, los archivos que ordenaban la aprehensión de Montenegro fueron eliminados de la lista de Interpol.

La relación entre Medina y Montenegro, ambos encarcelados preventivamente, era tan estrecha, que incluso el presunto narcotraficante fue varias veces condecorado por la fuerza anticrimen cruceña.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

 

14 Noviembre 2018

El abogado Miguel Castaños informó que el Ministerio Público en los próximos días convocará a declarar a los tres policías sindicados de propinar una brutal golpiza a Juan Franz Pari, principal acusado del desfalco millonario al Banco Unión.

Castaños, abogado de Pari, dijo que al momento ya son tres los uniformados identificados que habrían participado en la agresión a su defendido en el penal de Chonchocoro. Señaló que un teniente de la Policía sería el que encabezó la tortura.

"Se ha logrado identificar ya tres personas, a la cabeza de un teniente, quienes habrían propiciado los golpes (...) Estos días se los va a citar a los tres custodios policiales que estaban en ese entonces", informó a ANF Miguel Castaños, abogado de Pari.

Dijo que los tres sindicados por norma deben declarar y luego corresponde que se les someta a una audiencia de medidas cautelares por las agresiones que cometieron. 

El abogado mencionó que hay suficientes indicios que demuestran la agresión que sufrió Juan Pari y por lo cual le dieron 15 días de impedimento.

Parí fue torturado brutalmente el 14 de octubre y días después, por seguridad, fue trasladado al penal de El Abra de Cochabamba. 

Castaños informó que su defendido declaró hace unos días en la cárcel de El Abra y ratificó que fue víctima de agresiones por parte de los efectivos policiales.

"El lunes ha declarado ante el investigador. Obviamente ha ratificado su declaración, ya están identificados (los agresores), está en el cuaderno de investigaciones las pruebas indiciarias", manifestó.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

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