Santa Cruz de la Sierra
31 Mayo 2019

El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió ser excluido del proceso por el delito de tráfico de influencias que le sigue la Fiscalía de La Paz a dos mujeres que utilizaron su nombre  para  acudir ante el excomandante de la policía, Rómulo Delgado, para pedir el cambio de destino de jefes en la institución del orden.

El abogado de Huarachi, Andrés  Zúñiga, informó que a Radio Fides que  esperan una respuesta del Ministerio Público a una recurso de resolución de rechazo en favor del dirigente cobista ante la ausencia de delitos e indicios de investigación penal en su contra.

“Presentamos la resolución de rechazo ante una eventual ausencia del delito que pueda permitir investigación, pero presentaremos todos los fundamentos y   la Fiscalía debe emitir una decisión”,  declaró Zúñiga.

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

28 Mayo 2019

La Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca abrió de oficio un proceso administrativo en contra del director y la maestra de una escuela en Chapimayu, Monteagudo en la que estudia la niña que se arrodilló ante el presidente Evo Morales para pedirle la construcción de una escuela.

El proceso se abrió dos días después del incidente “no solamente en contra de la maestra, sino también contra el director” por presuntamente haber manipulado a la menor para que realice esta petición, señaló el director distrital de Educación de Monteagudo, Agustín Yapu, según el diario Correo del Sur.

Durante el acto de entrega del proyecto de electrificación en Monteagudo, la niña que cursa el sexto de primaria, ingresó al escenario y en medio de una recitación, en la cual enfatizó que su escuela tiene más de medio siglo, se arrodilló ante el Presidente y le dijo: “Te pido con mucha tristeza, reclamo mi escuelita", no pudo seguir por las lágrimas, mientras el Presidente se mostró contrariado e insistió en levantarla tirándole del brazo; luego, ante las cámaras de televisión, la abrazó.

Yapu señaló que ambos educadores procesados tienen el respaldo de la junta de vecinos y dirigentes de la comunidad.

Asimismo, aclaró que la Dirección Distrital no autorizó la participación de los niños y maestros de primaria en ese acto.  “Si es que fuera comprobado el hecho (contra la maestra y el director) estaría dentro de las faltas graves”, manifestó.

El director departamental de Educación, Humberto Tancara, explicó que se establece como falta muy grave el utilizar niñas, niños, estudiantes para situaciones políticas

Tancara manifestó que la unidad educativa Chapimayu tiene una infraestructura, aunque admitió que es antigua. “Decir que no hay condiciones de trabajo, que los niños pasan en carpas o aulas improvisadas es completamente falso”, añadió.

Una semana antes pobladores de Cachimayo, otra comunidad de Monteagudo, también se arrodillaron en la plaza principal de ese municipio pidiendo al Presidente, en su ausencia, una apertura de camino, relata Correo del Sur.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

14 Mayo 2019

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, inició un procesó a la diputada Jimena Costa y al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen (Felcc) de Santa Cruz, excoronel Gonzalo Medina, por delitos contra el honor.

Según la información del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz a la que accedió ANF,  el Juzgado Tercero de Sentencia abrió el proceso en el que el demandante es el Ministerio de Gobierno y la demandada la diputada Costa.

La semana pasada Costa en una entrevista dijo que había fotos de Romero con un narcotraficante. El ministro exigió que se retracte de tal afirmación y anunció con llevar el caso a la vía penal.

Costa se retractó y denunció que era intimidada por las declaraciones que hizo.

Sin embargo, Romero el 9 de mayo presentó denuncia para que se siga proceso a la diputada. El proceso es por difamación, calumnias e injurias.

El mismo proceso inició Romero contra el coronel Medina, caso que radica en el Juzgado Cuarto de Sentencia de La Paz.

La denuncia contra el exdirector de la Felcc es porque en audiencia cautelar por el caso Montenegro, Medina refirió que fue abogado del ministro Romero.

Ambos casos se suman a los que inició la autoridad de Gobierno contra cuatro personas particulares que le criticaron en las Redes Sociales por el trabajo que realizó en el caso Montenegro, por delitos informáticos y contra el honor.

Sin embargo, Romero anunció hoy que ya no seguirá este proceso judicial por recomendación de sus asesores.

Redacción: Leo.com

Fuente: Noticiasfides

29 Abril 2019

El abogado del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Arébalo, informó este lunes que no está descartado iniciar un proceso judicial contra el excomandante de la Policía, Rómulo Delgado, sospechado de filtrar un audio con el cual se empezó destapar públicamente los vínculos de altos oficiales con el narcotráfico.      

“Se va a hacer el análisis correspondiente (para iniciar acciones judiciales contra Delgado). No es necesario que se pueda presentar una denuncia en este momento, sin embargo, eso no quiere decir que no se va a presentar tampoco en ningún momento. Se hará el análisis correspondiente”, manifestó el jurista.

“No descartamos ni afirmamos”, recalcó el abogado del Ministerio de Gobierno, sobre iniciar un proceso a Delgado.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a Delgado de grabar “maliciosamente” la conversación con otro policía y filtrar la grabación por “venganza” tras su remoción como Comandante.

El abogado Arébalo manifestó que se evaluará iniciar un proceso contra el general Delgado, en base a los datos que arroje la investigación del Ministerio Público, puesto que el excomandante será convocado a declarar en Santa Cruz, donde se desarrolla el caso narcopolicías.

Según el funcionario del Ministerio de Gobierno, las propias declaraciones de los investigados apuntan a Delgado como el que filtró la información. Señaló que el general debe comparecer para darlos pormenores que conozca sobre la situación de Medina y el resto de los policías implicados.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

 

 

 

18 Abril 2019

De oficio, el Ministerio Público abrió un proceso por tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Gonzalo Medina, y el capitán Fernando Moreira. Esta es la segunda investigación abierta contra Medina.

En conferencia de prensa realizada este jueves, el fiscal departamental Mirael Salguero explicó que la denuncia fue presentada con base en recientes publicaciones de prensa que revelan presuntos nexos de ambos policías con personas vinculadas con el narcotráfico.

Dijo que ni la Policía Boliviana ni el Ministerio de Gobierno presentaron una acusación contra los aludidos, por lo que la Fiscalía decidió actuar de oficio. No descartó que conforme avancen las investigaciones otras personas resulten involucradas.

“Nosotros pedimos que la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) nos haga un informe de todos esos datos. No ha realizado el informe, entonces como Ministerio Público hemos presentado con datos periodísticos la denuncia. La denuncia es por los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación”, informó.

Explicó que se conformó una comisión de fiscales para encarar este caso y anticipó que la investigación tomará en cuenta el informe de contacto de la Policía en el que se advierte de una cita en Panamá para coordinar un envío de droga y el audio en el que el excomandante de la Policía, Rómulo Delgado, habla sobre este caso.

También anticipó que formará parte de la investigación el caso de Pedro Montenegro Paz, un buscado por narcotráfico desde 2015 que en marzo de este año estuvo en Cartagena de Indias, Colombia, donde se reunió con el hijo de Medina, Moreira y la esposa de este último, Esther Guiguita Arteaga, una exconvicta por narcotráfico.

El fiscal confirmó que existe una orden de captura internacional que pesa sobre Montenegro desde 2015 y dijo que la Policía deberá explicar por qué no se ejecutó, ya que esta persona habría estado viviendo en Santa Cruz, donde Medina y Moreira cumplían sus funciones.

“Pediremos informe por qué no se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión. La Policía tendrá que dar informe de por qué no se lo ejecuta”, dijo, tras lo cual afirmó que Medina y Moreira serán convocados a declarar conforme avancen las investigaciones.

“En la medida que encontremos elementos y nexos se va a ampliar la investigación a otras personas”, insistió.

Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que instruyó a la Policía investigar los posibles nexos de Medina y Moreira con Montenegro Paz.

“Tiene que investigarse, evidentemente, todos aquellos aspectos inherentes a nexos, a contactos que hayan tenido estas personas”, afirmó.

El otro proceso abierto en el Ministerio Público contra Medina es por el operativo de decomiso de armas en la casa del abogado Jaime Rivero Avilés.

La fiscal Rose Marie Barrientos hace las pesquisas del caso en el que sindican al exjefe policial y a otros oficiales por la denuncia interpuesta por Rivero: Medina fue imputado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, concusión, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y allanamiento de domicilio.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

 

 

 

 

 

10 Abril 2019

Según documentos a los que accedió ANF, los generales Rino Salazar y Abel de la Barra, excomandantes de la Policía Boliviana fueron acusados por la Fiscalía Policial y serán llevados a juicio disciplinario por presuntas irregularidades en designaciones y órdenes de destino.

“El Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, en mérito al requerimiento de la Fiscalía Departamental Policial del Beni y en sujeción al artículo 74 de la Ley 101, dicta auto de inicio de procesamiento contra los señores general René Rino Salazar Ballesteros, general Abel Galo de la Barra Cáceres, general René Martín Rojas”, refiere la acusación policial.

El general Salazar fungía como Comandante de la Policía en la gestión 2016. Ese año fue cuestionado por los operativos realizados contra los mineros cooperativistas en la localidad de Panduro, donde fue secuestrado y asesinado el entonces viceministro Rodolfo Illanes.

De la Barra ocupó el cargo de Comandante en la gestión 2017 y ese año estuvo enfrascado en denuncias vinculadas al ciudadano Antonio de la Fuente, a quien también demandó.

Redacción: Leo.com

Fuente: Noticiasfides

 

 

 

 

 

05 Abril 2019

El Ministerio Público activará un proceso por incumplimiento de deberes en el caso de la red de tráfico de medicamentos falsos, adulterados y de contrabando descubierta en la última semana, anunció este viernes el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave. Recordó que la responsabilidad de fiscalizar la venta de fármacos corresponde a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y al Servicio Departamental de Salud (Sedes), en este caso de La Paz.

“Paralelamente vamos a ingresar a generar una investigación por incumplimiento de deberes porque no solamente vamos a sancionar al que trafica medicamento ilegal, sino a aquel que no controla”, sostuvo durante una entrevista en la red Unitel, al referirse a la investigación que hasta la fecha descubrió que la red funcionaba desde hace al menos cinco años y que distribuía los fármacos ilegales a todo el país.

"Hace cinco años se ha permitido realizar esta situación que va en contra de la salud pública y sin embargo las instituciones encargadas de generar un control tanto en el ámbito de las farmacias, como del expendio, como del consumo de este tipo de medicamentos, no han sido efectivas y ahí vemos que sí existe un incumplimiento de deberes por parte de estas personas", afirmó.

Añadió que con el inicio del proceso por incumplimiento de deberes se buscará “una sanción para los responsables”.

La directora de Agemed, Patricia Tames, aseguró, en una entrevista con la misma estación de televisión, pero el jueves, que la entidad “hace controles constantes y diarios en los establecimientos, tanto en distribuidoras, importadoras, la industria farmacéutica y en establecimientos donde se expenden los medicamentos”.

Agemed, aclaró, es la instancia que emite la autorización para la comercialización de medicamentos. Cuando se le pregunto por el paradero de los medicamentos ilegales, respondió: “Específicamente habría que preguntar a ellos (la Policía)”.

Para Alave, “lo que sí tenemos que ver es que las instituciones, en este caso Sedes y Agemed, tienen que controlar periódicamente esto y no lo han hecho. Damos un ejemplo, no conocen el número de farmacias que hay en La Paz”.

El director Técnico del Sedes, Freddy Valle, dijo que las funciones de control de esa repartición “están ligadas a la Agemed” y al Ministerio de Salud. Precisó que tienen registradas 1.600 farmacias, pero además reveló que “sabemos que existen farmacias clandestinas, o sea que no están registradas, el número es difícil de calcular, calculamos que puedan ser unas 500”.

El Sedes, por orden de Agemed, activó operativos de control, pero “llegar a 1.600 farmacias es imposible, peor a las clandestinas”, dijo Valle. “Tenemos métodos de investigación de campo con teorías estadísticas y estamos llegando en lo posible a un 90% de efectividad”, afirmó a la red Uno.

Tames reveló en los días pasados que su despacho identificó un medicamento muy similar a uno que se identificó dentro del lote ilegal y que es de uso clínico. El hallazgo se hizo en una farmacia cercana al Hospital de Clínicas, pero nunca se lo reportó a la Policía.

“Lastimosamente las instituciones hacen una omisión para evitar ser involucrados en este tipo de casos, pero no olvidemos que en nuestro sistema penal también el encumbramiento es un delito que cuando no se denuncia un hecho, mucho más se sanciona a la persona cuando es un funcionario público porque además comete el delito de incumplimiento de deberes”, indicó Alave.

Bajo esos indicios, las investigaciones, a juicio del fiscal, deben ir más allá del ilícito por el cual hay 13 procesados. Se han identificado varias irregularidades, entre ellas que la Agemed no coordinó con la Fiscalía para hacer los operativos de control.

“Partamos de la hipótesis de que este tipo de actividad ilícita lo realizan hace cinco años y hace cinco años se ha permitido realizar esa situación que va en contra de la salud pública, sin embargo las instituciones encargadas para generar un control tanto en el ámbito de las farmacias, como del expendio y consumo de este tipo de medicamento no ha sido efectivo y ahí vemos que sí existe un incumplimiento de deberes por parte de estas personas”, señaló Alave.  

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

12 Marzo 2019

El senador Óscar Ortiz presentó este martes su informe de fiscalización respecto al caso CAMC, en el cual se concluye que hubo favorecimiento e impunidad para la empresa china, y que además no se avanzó en el proceso penal ni hubo una auditoría.

“Tres años después, el proceso no avanza. La Contraloría General del Estado, a quién el presidente en una conferencia prensa con muchos medios le pidió públicamente que haga una auditoría a estos contratos, nunca hizo la auditoría. La Fiscalía no tiene ningún detenido. Los funcionarios representantes de CAMC responsables de este contrato se fueron del país antes de que las Fiscalía tomé cualquier medida”, aseveró Ortiz.

El informe presentado por el senador consta de 39 páginas, en la cuales se analizan los informes que recibió de diferentes entidades sobre la contratación de CAMC para la construcción de la línea férrea Bulo Bulo-Montero y el proceso investigativo que se realiza al respecto.

El caso fue es investigado porque en febrero de 2016 se reveló que la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, era gerente de la empresa china que tenía contratos multimillonarios con el Estado, incluyendo la línea férrea, obra que incumplió y por la cual se le ejecutó boletas de garantía.

En su informe, Ortiz señala que las irregularidades en este proyecto se dieron desde su licitación, por ejemplo con 39 enmiendas, la aceptación de un formulario de CAMC de forma extemporánea y la modificación del Documento Base de Contratación cuando ya se contaba con la empresa adjudicada.

También observó que se haya roto el contrato con CAMC más de un año después de la tercer llamada de atención, que era la momento estipulado para rescindir el vínculo. Señaló que esa tardanza permitió que CAMC se adjudique dos contratos más con el Estado Boliviano por 243 millones de dólares.

Menciona además que la empresa china contrató al abogado Wilfredo Chávez, quien fuera Ministro de Gobierno y actualmente es Viceministro de Seguridad Ciudadana, para evitar que las boletas de garantía fueran inicialmente ejecutadas.

Respecto a las investigaciones, el informe de Ortiz señala que la “Contraloría General del Estado decidió desatender el pedido del presidente del Estado, enviado mediante carta el 10 de febrero de 2016, en la cual solicita investigar los procedimientos administrativos de estos procesos de contratación”.

Respecto a la Fiscalía, indica que “se direccionó la investigación a los representantes de la CAMC que ya no se encontraban en el país, dejando de lado a los funcionarios públicos que participaron en este proceso de contratación, no obstante los dos informes de la Comisión de Investigación que evidencia indicios de responsabilidad penal en contra de estos funcionarios”.

Ortiz afirmó que hay una protección total a la empresa china. Señaló que en sus peticiones de informe las entidades estatales se responsabilizan mutuamente por la falta de avance del proceso.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Erbol

 

 

 

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