Santa Cruz de la Sierra
30 Julio 2015

El fiscal de materia, Franz Contreras, informó que el proceso contra los cívicos potosinos que protagonizaron los hechos violentos el pasado 22 de julio apenas iniciará. Se espera convocar a testigos y revisar a detalle las fotografías e imágenes captadas por los medios de comunicación y que registraron lo ocurrido aquel día.

 “Recién está empezando el proceso, hay que tomar en cuenta que se tiene seis meses de tiempo en el proceso de investigación. Entonces hay mucho por hacer, hay que convocar a testigos, tomar declaraciones, revisar las imágenes de los medios de comunicación entre otras cosas”, indicó el jurista.

El pasado miércoles 22 de julio, un intento de diálogo entre miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y autoridades de Estado fracasó, hecho que derivó en una violenta movilización en la que cívicos y mineros cooperativistas protagonizaron destrozos en un edificio estatal.

Al finalizar la jornada se detuvieron a 51 personas. Posteriormente se imputó a cuatro y una semana después fueron liberados, debido a la presión que ejerció la dirigencia cívica en el Gobierno. Las acusaciones que pesan sobre ellos son la posesión ilegal de explosivos y daños materiales a bienes del Estado.

 “Los abogados (de los cívicos) pueden presentar la apelación necesaria y esto lo revisará la comisión de fiscales”, acotó Contreras.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

24 Julio 2015

Los siete exuniformados detenidos esta semana por estar involucrados presuntamente en el caso de dos jóvenes quemados por una patrulla militar durante la dictadura de Augusto Pinochet serán procesados por el juez Mario Carrozas, informaron medios locales.

Según el portal electrónico de La Tercera, Carrozas dará a conocer este viernes su decisión de procesarlos por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana el 2 de julio de 1986.

Tras los careos y los interrogatorios efectuados en las últimas horas por el magistrado, se determinó que enfrentarán cargos por los delitos de homicidio calificado consumado en contra de Rojas y el homicidio calificado en calidad de frustrado de Quintana.

El dramático caso fue reabierto esta semana a raíz del testimonio de un exrecluta que rompió el pacto de silencio que existe entre los militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se trata de Fernando Guzmán, quien declaró que las quemaduras fueron realizadas de manera intencional y no accidental como lo declararon ante un juez militar los siete exuniformados que fueron detenidos esta semana.

"El fuego lo inició el teniente (Julio) Castañen con un encendedor. Ambos se prendieron inmediatamente", indica parte de su testimonio.

Los exmilitares implicados son Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 1986, durante una protesta popular contra el régimen de Augusto Pinochet, cuando una patrulla militar detuvo en un barrio obrero a Carmen Gloria Quintana, estudiante de psicología, y al fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri.

Los soldados rociaron con gasolina a ambos jóvenes, les prendieron fuego, que posteriormente apagaron, los subieron a un vehículo y se dirigieron a las afueras de Santiago para arrojarlos a una zanja en un camino rural.

Pese a la gravedad de sus quemaduras, los jóvenes lograron pedir ayuda y fueron trasladados a un hospital, donde el fotógrafo murió al día siguiente, mientras la muchacha consiguió recuperarse después de un largo tratamiento.

Posteriormente, Carmen Gloria Quintana se sometió durante años a un proceso de recuperación en Canadá, pero su rostro y su cuerpo conservan las huellas de las quemaduras.

Los exmilitares se encuentran detenidos en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.

Redacción: Leo.bo

Fuente. EFE

08 Abril 2015

Telma Sacaca denunció que su propio abogado la engañó y presionó para que firme un documento en que ella desistió de continuar un proceso contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, quien está implicado en la muerte de su esposo en un hecho de tránsito, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.

“Unos papeles más me han hecho firmar, que era un desistimiento, pero yo no sabía nada. Ese mi abogado mismo ha hecho. (Me dijo) ‘si no firmas aquí no te voy dar esos 6.400 (bolivianos)’. Por eso he firmado”, relató la mujer.

El jueves de la anterior semana, Flores conducía su vagoneta en la carretera entre Sucre y Potosí y chocó con la moto en que viajaba Trujillo. El joven de 25 años perdió la vida. El magistrado fue aprehendido pero luego lo dejaron el libertad con medidas sustitutivas.

La esposa de la víctima aseguró que su intención no es desistir del proceso contra el magistrado, más bien pretende encarcelarlo. Relató que Flores causó el accidente al intentar sobrepasar un bus y arrastró el cuerpo de Marcial uno 10 o 15 metros.

“Pido justicia. Quiero que entre a la cárcel este hombre que ha matado como animal a mi esposo”, exclamó la mujer en medio de llanto.

“Mi esposo no era cualquier persona era un ingeniero. Teníamos un futuro grande, pero a mis hijas ahora quién va a mantener. Además estoy embarazada de siete meses”, agregó.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Erbol

18 Diciembre 2014

La comisión del Congreso brasileño que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras pidió hoy el procesamiento de 52 personas, entre las cuales no está ninguno de los políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos millonarios de fondos de la empresa.

El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que recomienda que se procese a varias de las personas que ya están presas y son juzgadas por los desvíos, fue aprobado hoy por 19 votos a favor y ocho en contra de los senadores y diputados que participaron en las investigaciones.

El Congreso decidió realizar una investigación propia sobre los desvíos en Petrobras e independiente de las que ya son realizadas por la Policía Federal, la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal de Cuentas de la Unión, pero sus resultados tuvieron menor alcance.

Además de citar en su lista de acusados a casi todos los implicados que ya están presos y están procesados, la CPI se abstuvo de pronunciarse sobre los cerca de treinta políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos.

Las denuncias de corrupción en Petrobras, que han paralizado a la empresa y provocado una pérdida de cerca del 40 % en su valor de mercado este año, salpican a varios dirigentes y políticos aliados del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

El escándalo también llevó a que se investigue a importantes empresas del país, incluyendo las mayores constructoras de Brasil, que, de acuerdo con las denuncias, obtuvieron contratos a cambio de millonarios sobornos.

Los recursos desviados, según admitieron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y otros de la alianza que apoya a Rousseff.

Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera en los últimos diez años podría llegar a la suma de 10.000 millones de reales (cerca de 3.850 millones de dólares).

El asunto ha llevado a la cárcel a dos exdirectores de Petrobras y a una decena de directivos de empresas relacionadas con la trama, algunos de los cuales han revelado detalles de cómo operaba la mafia a fin de negociar una reducción de las penas que les esperan.

Entre las personas que la CPI pide que sean procesadas figuran el exdirector de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa y el empresario Alberto Youssef, los principales protagonistas del escándalo, que están presos desde marzo pasado y han delatado a todos los demás implicados a cambio de beneficios judiciales.

La comisión del Congreso también pidió que sean enjuiciados el exdirector de Servicios de la empresa estatal Renato Duque y el exdirector del áreas internacional Néstor Cerveró, que igualmente ya están incluidos en diferentes procesos judiciales.

Costa y Youssef mencionaron en sus declaraciones ante la Justicia a decenas de dirigentes políticos y parlamentarios que se beneficiaron de los desvíos de Petrobras, pero la comisión del Congreso que investigó el escándalo se abstuvo de incluirlos en su informe final.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: EFE

15 Diciembre 2014

Tomasa Yarhui, abogada que defiende al suspendido magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, en el juicio que le inició el Senado, dijo hoy que presentará un recurso contra el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por la emisión del informe médico del acusado.

Yarhui dijo que el informe del IDIF sobre la salud de su defendido es "contradictorio" y que no refleja la condición real de Cusi, quien se encuentra actualmente afectado por una dolencia que le dificulta su presencia en las audiencias convocadas dentro del juicio que se le instauró en la Cámara Alta.

La abogada y excandidata vicepresidencial de oposición manifestó a medios locales que el médico forense proporcionado por el IDIF, que acudió a la clínica para certificar el estado de salud del acusado, no tomó en cuenta el historial clínico en el que se establece la situación "real" del estado de salud de Cusi.

"El médico forense estuvo a las diez de la noche y sólo le tomó sus signos vitales", dijo Yarhui al asegurar que su defendido requería un estudio más completo para establecer su situación actual de salud, a la que calificó de "delicada".

Gualberto Cusi se enfrenta a una posible destitución de su cargo de magistrado del TCP debido a que está siendo procesado por presunto incumplimiento de deberes al haber aceptado, en su condición de miembro de la Comisión de Admisión, una demanda contra la ley del Notariado y, al mismo tiempo, emitir un decreto que suspendía temporalmente su vigencia.

Junto a Cusi también están siendo procesadas sus colegas magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez, quienes formaron parte de la misma comisión en el TCP.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

08 Octubre 2014

El diputado Osney Martínez (CN) informó hoy que se presentó a la comisión de Derechos Humanos una nota para que se agilice el proceso investigativo contra el presentador de un programa de radio, Iván Cornejo, denunciado por denigrar a la mujer cruceña.

El legislador recordó que presentó como pruebas más de 100 páginas en las que se evidencia que Cornejo denigró la imagen de la mujer cruceña al emitir criterios poco apropiados en su programa radial.

El diputado pidió que el caso sea remitido al Ministerio Público.

"He presentado de nuevo una nota a la comisión para que sea la misma la que de forma directa derive esta denuncia donde tiene que ser derivada (…), yo lo que quiero es que este señor comunicador corrija su vocabulario", afirmó Martínez.

El 1 de octubre el presidente de la comisión de Derechos Humanos informó que en las próximas semanas se convocará a Cornejo para que declare por la denuncia de supuesto racismo y acoso mediático contra las mujeres.

El 19 de septiembre pasado el diputado Martínez presentó una denuncia contra esta persona, supuestamente por haber denigrado a la mujer cruceña y del oriente boliviano, al señalar que tendrían belleza, pero no inteligencia, entre otras expresiones discriminatorias hacia este género.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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