Santa Cruz de la Sierra
08 Septiembre 2015

Durante un taller organizado por el Viceministerio de Justicia, dirigentes del pueblo guaraní de Villa Montes pidieron a las autoridades agilizar el proceso penal contra el diputado suspendido Jacinto Vega, quien está acusado de violar a dos menores de edad.

Vega, representante del pueblo guaraní de Tarija, fue denunciado por violar a dos niñas. El primer caso corresponde a 2012, donde incluso fue imputado, y el segundo data de 2015.

Durante el taller, la urubichá de los guaraníes de Villa Montes, Alejandrina Avenante, denunció que el mismo Vega la insultó e increpó en vía pública por denunciarlo.

“En media plaza, Jacinto vega me ha gritado un montón de burreras diciendo que yo soy una atrevida que soy una vieja bruja”, relató la dirigente.

Asimismo, preocupados por los casos de violación en su territorio, los guaraníes exigieron a los representantes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que informen el estado del proceso contra el diputado.

El asesor de la Defensoría, Enrique Rocha, indicó que el proceso está en etapa preparatoria y que se seguirá adelante con la acusación puesto que los delitos están comprobados.

“Ya se ha comprobado todo. Entonces la Defensoría llevará el proceso hasta las últimas consecuencias, hasta terminar en una sentencia condenatoria contra el señor Jacinto Vega”, afirmó el jurista.

Destacó que gracias a los informes de esta entidad la Cámara de Diputados decidió suspender a Vega por un año sin goce de haberes.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

03 Septiembre 2015

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solicitó su inclusión en la acción penal seguida por el Ministerio Público contra William Kushner Dávalos por el supuesto feminicidio de Andrea Aramayo, "ante la evidencia de la existencia de presuntos ilícitos laborales, que deben esclarecerse".

"Esta cartera de Estado presentó dicha solicitud a la juez Primera de Instrucción Cautelar Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, el 27 de agosto de 2015, mediante un memorial, y al amparo de los artículos 284 y 290 del Código de Procesamiento Penal" informa un comunicado de la institución.

Según el Ministerio, la presunta comisión de delitos de carácter laboral, como el acoso laboral, por el ahora imputado Kushner Dávalos se constituyen como "ilícitos que serían causal de desenlace fatal por la supuesta generación de violencia en contra de la humanidad de la víctima" (Andrea Aramayo).

En el comunicado el despacho menciona como argumentos de su inclusión en el proceso, los artículos 48 y 49 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 7, numeral 11, de la Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

"De manera que en el presente caso se toma como punto central o detonante de la conducta delictiva el hecho de la presunta existencia de un acoso laboral que consecuentemente genera un cuadro de violencia que no debe quedar sin la punición necesaria", remarca la nota.

Andrea Aramayo (de 27) falleció la tarde del miércoles 19 de agosto, después de que su ex pareja y empleador William Kushner Dávalos (de 38) supuestamente la atropelló con su vehículo afuera de un centro nocturno en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

14 Agosto 2015

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, exigió al Gobierno procesar a las autoridades involucradas en la retención y eventual pérdida de las barcazas encargadas por Bolivia para su fabricación en China. La diputada opositora pidió procesar al exprocurador General del Estado Hugo Montero, a los exministros de Defensa, Walker San Miguel y Rubén Saavedra y a la exministra de Transparencia Nardy Suxo, que fue parte de la comisión que realizó viajes a China para frenar el remate de las barcazas.

 “Las máximas autoridades del órgano ejecutivo, como el ministro o los exministros tienen que ser procesados, aquí hay un daño calificado”, manifestó la diputada opositora a radio Panamericana.

La diputada señaló que hubo negligencia de parte de las autoridades de gobierno, ya que durante cinco años no encararon este caso y ahora vienen las consecuencias para el Estado que tendrá que pagar con recursos de los bolivianos para resolver esta situación.

Respecto al tema, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, planteó la alternativa de pagar la deuda por almacenaje de las barcazas con recursos de las Fuerzas Armadas (FFAA) que podrían ser erogados desde la Corporación de Fuerzas Armadas Para El Desarrollo Nacional (Cofadena).

Para Piérola, este planteamiento es inviable ya que las FFAA dependen del apoyo económico del Estado para emprender proyectos, por lo que el pago al final directa o indirectamente se realizará con recursos de los bolivianos. 

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

30 Julio 2015

El fiscal de materia, Franz Contreras, informó que el proceso contra los cívicos potosinos que protagonizaron los hechos violentos el pasado 22 de julio apenas iniciará. Se espera convocar a testigos y revisar a detalle las fotografías e imágenes captadas por los medios de comunicación y que registraron lo ocurrido aquel día.

 “Recién está empezando el proceso, hay que tomar en cuenta que se tiene seis meses de tiempo en el proceso de investigación. Entonces hay mucho por hacer, hay que convocar a testigos, tomar declaraciones, revisar las imágenes de los medios de comunicación entre otras cosas”, indicó el jurista.

El pasado miércoles 22 de julio, un intento de diálogo entre miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y autoridades de Estado fracasó, hecho que derivó en una violenta movilización en la que cívicos y mineros cooperativistas protagonizaron destrozos en un edificio estatal.

Al finalizar la jornada se detuvieron a 51 personas. Posteriormente se imputó a cuatro y una semana después fueron liberados, debido a la presión que ejerció la dirigencia cívica en el Gobierno. Las acusaciones que pesan sobre ellos son la posesión ilegal de explosivos y daños materiales a bienes del Estado.

 “Los abogados (de los cívicos) pueden presentar la apelación necesaria y esto lo revisará la comisión de fiscales”, acotó Contreras.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

24 Julio 2015

Los siete exuniformados detenidos esta semana por estar involucrados presuntamente en el caso de dos jóvenes quemados por una patrulla militar durante la dictadura de Augusto Pinochet serán procesados por el juez Mario Carrozas, informaron medios locales.

Según el portal electrónico de La Tercera, Carrozas dará a conocer este viernes su decisión de procesarlos por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas y las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana el 2 de julio de 1986.

Tras los careos y los interrogatorios efectuados en las últimas horas por el magistrado, se determinó que enfrentarán cargos por los delitos de homicidio calificado consumado en contra de Rojas y el homicidio calificado en calidad de frustrado de Quintana.

El dramático caso fue reabierto esta semana a raíz del testimonio de un exrecluta que rompió el pacto de silencio que existe entre los militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se trata de Fernando Guzmán, quien declaró que las quemaduras fueron realizadas de manera intencional y no accidental como lo declararon ante un juez militar los siete exuniformados que fueron detenidos esta semana.

"El fuego lo inició el teniente (Julio) Castañen con un encendedor. Ambos se prendieron inmediatamente", indica parte de su testimonio.

Los exmilitares implicados son Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio de 1986, durante una protesta popular contra el régimen de Augusto Pinochet, cuando una patrulla militar detuvo en un barrio obrero a Carmen Gloria Quintana, estudiante de psicología, y al fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri.

Los soldados rociaron con gasolina a ambos jóvenes, les prendieron fuego, que posteriormente apagaron, los subieron a un vehículo y se dirigieron a las afueras de Santiago para arrojarlos a una zanja en un camino rural.

Pese a la gravedad de sus quemaduras, los jóvenes lograron pedir ayuda y fueron trasladados a un hospital, donde el fotógrafo murió al día siguiente, mientras la muchacha consiguió recuperarse después de un largo tratamiento.

Posteriormente, Carmen Gloria Quintana se sometió durante años a un proceso de recuperación en Canadá, pero su rostro y su cuerpo conservan las huellas de las quemaduras.

Los exmilitares se encuentran detenidos en el Batallón de Policía Militar en Peñalolén.

Redacción: Leo.bo

Fuente. EFE

08 Abril 2015

Telma Sacaca denunció que su propio abogado la engañó y presionó para que firme un documento en que ella desistió de continuar un proceso contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, quien está implicado en la muerte de su esposo en un hecho de tránsito, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.

“Unos papeles más me han hecho firmar, que era un desistimiento, pero yo no sabía nada. Ese mi abogado mismo ha hecho. (Me dijo) ‘si no firmas aquí no te voy dar esos 6.400 (bolivianos)’. Por eso he firmado”, relató la mujer.

El jueves de la anterior semana, Flores conducía su vagoneta en la carretera entre Sucre y Potosí y chocó con la moto en que viajaba Trujillo. El joven de 25 años perdió la vida. El magistrado fue aprehendido pero luego lo dejaron el libertad con medidas sustitutivas.

La esposa de la víctima aseguró que su intención no es desistir del proceso contra el magistrado, más bien pretende encarcelarlo. Relató que Flores causó el accidente al intentar sobrepasar un bus y arrastró el cuerpo de Marcial uno 10 o 15 metros.

“Pido justicia. Quiero que entre a la cárcel este hombre que ha matado como animal a mi esposo”, exclamó la mujer en medio de llanto.

“Mi esposo no era cualquier persona era un ingeniero. Teníamos un futuro grande, pero a mis hijas ahora quién va a mantener. Además estoy embarazada de siete meses”, agregó.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Erbol

18 Diciembre 2014

La comisión del Congreso brasileño que investiga el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras pidió hoy el procesamiento de 52 personas, entre las cuales no está ninguno de los políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos millonarios de fondos de la empresa.

El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que recomienda que se procese a varias de las personas que ya están presas y son juzgadas por los desvíos, fue aprobado hoy por 19 votos a favor y ocho en contra de los senadores y diputados que participaron en las investigaciones.

El Congreso decidió realizar una investigación propia sobre los desvíos en Petrobras e independiente de las que ya son realizadas por la Policía Federal, la Fiscalía, la Contraloría y el Tribunal de Cuentas de la Unión, pero sus resultados tuvieron menor alcance.

Además de citar en su lista de acusados a casi todos los implicados que ya están presos y están procesados, la CPI se abstuvo de pronunciarse sobre los cerca de treinta políticos que supuestamente se beneficiaron de los desvíos.

Las denuncias de corrupción en Petrobras, que han paralizado a la empresa y provocado una pérdida de cerca del 40 % en su valor de mercado este año, salpican a varios dirigentes y políticos aliados del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

El escándalo también llevó a que se investigue a importantes empresas del país, incluyendo las mayores constructoras de Brasil, que, de acuerdo con las denuncias, obtuvieron contratos a cambio de millonarios sobornos.

Los recursos desviados, según admitieron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes partidos políticos, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y otros de la alianza que apoya a Rousseff.

Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera en los últimos diez años podría llegar a la suma de 10.000 millones de reales (cerca de 3.850 millones de dólares).

El asunto ha llevado a la cárcel a dos exdirectores de Petrobras y a una decena de directivos de empresas relacionadas con la trama, algunos de los cuales han revelado detalles de cómo operaba la mafia a fin de negociar una reducción de las penas que les esperan.

Entre las personas que la CPI pide que sean procesadas figuran el exdirector de Abastecimiento de la petrolera Paulo Roberto Costa y el empresario Alberto Youssef, los principales protagonistas del escándalo, que están presos desde marzo pasado y han delatado a todos los demás implicados a cambio de beneficios judiciales.

La comisión del Congreso también pidió que sean enjuiciados el exdirector de Servicios de la empresa estatal Renato Duque y el exdirector del áreas internacional Néstor Cerveró, que igualmente ya están incluidos en diferentes procesos judiciales.

Costa y Youssef mencionaron en sus declaraciones ante la Justicia a decenas de dirigentes políticos y parlamentarios que se beneficiaron de los desvíos de Petrobras, pero la comisión del Congreso que investigó el escándalo se abstuvo de incluirlos en su informe final.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: EFE

15 Diciembre 2014

Tomasa Yarhui, abogada que defiende al suspendido magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, en el juicio que le inició el Senado, dijo hoy que presentará un recurso contra el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por la emisión del informe médico del acusado.

Yarhui dijo que el informe del IDIF sobre la salud de su defendido es "contradictorio" y que no refleja la condición real de Cusi, quien se encuentra actualmente afectado por una dolencia que le dificulta su presencia en las audiencias convocadas dentro del juicio que se le instauró en la Cámara Alta.

La abogada y excandidata vicepresidencial de oposición manifestó a medios locales que el médico forense proporcionado por el IDIF, que acudió a la clínica para certificar el estado de salud del acusado, no tomó en cuenta el historial clínico en el que se establece la situación "real" del estado de salud de Cusi.

"El médico forense estuvo a las diez de la noche y sólo le tomó sus signos vitales", dijo Yarhui al asegurar que su defendido requería un estudio más completo para establecer su situación actual de salud, a la que calificó de "delicada".

Gualberto Cusi se enfrenta a una posible destitución de su cargo de magistrado del TCP debido a que está siendo procesado por presunto incumplimiento de deberes al haber aceptado, en su condición de miembro de la Comisión de Admisión, una demanda contra la ley del Notariado y, al mismo tiempo, emitir un decreto que suspendía temporalmente su vigencia.

Junto a Cusi también están siendo procesadas sus colegas magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez, quienes formaron parte de la misma comisión en el TCP.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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