Santa Cruz de la Sierra
18 Febrero 2019

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el proceso en contra de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) no tienen trasfondo político toda vez que las querellas por las agresiones contra el director de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de Coca (Digcoin) Martín Serrudo, tienen fundamentos legales.

Esta mañana, los dirigentes de Adepcoca rechazaron la orden de aprehensión contra el dirigente Sergio Pampa y denunciaron persecución contra el sector, por lo que aseguraron que no permitirán la aprehensión de sus líderes. En respuesta, Romero manifestó que los productores no pueden obstaculizar el trabajo de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, por lo que continuarán con las pesquisas.

En torno a la erradicación de Coca en La Asunta, la autoridad aseguró que los trabajos continuarán pese a la oposición de los dirigentes del sector.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Agencias

11 Febrero 2019

El médico de la maternidad Percy Boland, de la ciudad de Santa Cruz, que dio por muerto a un bebé recién nacido, fue imputado por el delito de lesiones graves y gravísimas, informó este lunes el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero.

“Se lo ha imputado a ese médico (por la falta) de lesiones graves y gravísimas, porque el bebé está vivo y ha sido expuesto por el mal procedimiento, mal análisis que ha hecho el medico; su vida ha sido expuesta”, indicó.

El pasado jueves, en el Percy Boland nació un infante de 24 meses, el galeno que estuvo a cargo del parto lo dio por muerto e incluso firmó el certificado de óbito. Sin embargo, cuando la familia llevó al niño a su casa para iniciar con los preparativos del entierro, uno de los familiares se dio cuenta que estaba vivo.

Inmediatamente conocido, el caso el Ministerio Público inició con el proceso de investigación. En tal sentido el fiscal de materia asignado al caso, Lorgio Viveros, señaló que iban a citar a declarar a varias personas, las cuales comparecerán desde hoy ante la instancia judicial.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

06 Enero 2017

Graciela Mendoza, esposa del abogado Eduardo León, informó que denunciará penalmente a tres vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, una juez y dos fiscales, a quienes acusa por irregularidades en la detención preventiva de su cónyuge.

Mendoza anunció esta decisión después de saberse que el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó al TDJ emitir un nuevo fallo sobre la detención de León, al advertir que se vulneraron sus derechos.   

Precisó que las denuncias por prevaricato serán contra los vocales Rubén Ramírez, Virginia Crespo y Willy Arias, además de la juez Melina Lima, quien envió a León a la cárcel cuando éste estaba hospitalizado.

La mujer anunció que también se querellará contra los fiscales Óscar Campero y Lilian Calderón.

León está detenido desde mediados del año pasado en la cárcel de San Pedro, acusado de usar una libreta militar falsa para tramitar su título de abogado.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

17 Septiembre 2015

El presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía en La Paz, coronel Miguel Narváez, informó que desde finales de mayo a la fecha alrededor de 104 efectivos policiales fueron retirados de esta institución por deserción y procesos administrativos.

“Son casos de deserción, porque los uniformados prefieren optar por mejores ingresos económicos. Desde fines de mayo a la fecha, tenemos entre 20 a 24 uniformados que han sido dados de baja. Prefieren buscar un mejor trabajo, donde la remuneración es mejor. No es desconocido por la ciudadanía que los sueldos no son tan expectables”, afirmó Coronel.

Según Narváez, algunos uniformados optaron por trabajar en el magisterio, empresas de seguridad privadas y oficinas públicas en el área de administración. Asimismo indicó que existen al menos 80 policías que también fueron dados de baja por procesos administrativos.

“A veces no se han presentado dos días al servicio por razones de enfermedad y no fue bien justificado, a veces por una mala intervención policial”, explicó.

A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que a nivel nacional existen 4 mil causas procesadas en contra de policías en los últimos cuatro años.

“La justicia ordinaria ha tomado conocimiento de los casos respecto a policías que cometen delitos y cuando hay delitos, los hemos remitido a la justicia ordinaria, como es el caso de los policías que han actuado en complicidad con delincuentes hace unos días en La Paz”, indicó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

03 Septiembre 2014

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó hoy que no se permitirá intromisión de ningún tipo en el proceso que sigue la justicia militar contra los tres suboficiales quienes lideraron las movilizaciones en abril pasado pidiendo la descolonización en las Fuerzas Armadas.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en los pasados días, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso del suboficial Johnny Gil, detenido desde el 15 de mayo en el Estado Mayor acusado de los delitos de sedición, rebelión y motín, luego que liderara el movimiento de sargentos y suboficiales en demanda de la descolonización en las Fuerzas Armadas.

"No puede haber injerencia ni presión de ningún tipo, los jueces en Bolivia, ya sea en la justicia ordinaria o militar, son jueces independientes y solamente se van a pronunciar como cualquier juez en aplicación de lo que dice la ley", sostuvo Saavedra en la primera Brigada Aérea de la ciudad de El Alto.

El suboficial Johnny Gil interpuso más de seis acciones ante la justicia ordinaria que determinó se le pueda conceder, por parte de la jurisdicción castrense, la libertad porque no existiría ninguna obstaculización en el proceso. En tanto sus camaradas, Franklin Colque y Freddy Sucojayo, a través de su abogado analizan acudir a la justicia ordinaria para conseguir la libertad.

El ministro ratificó que cualquier solicitud de libertad para los militares procesados debe ser tramitada ante la justicia militar como establecen las normas de las FFAA estipulado en la Constitución Política del Estado y no acudir a otras instancias que están fuera de la competencia militar.

"Los familiares que están en vigilia en la plaza Abaroa tienen que acudir a las instancias y procedimientos que señala las normas militares, es decir, ellos tienen que hacer conocer su reclamo y petición ante los jueces que están tramitando el proceso militar, eso es lo que corresponde en derecho y como cualquier caso que administra justicia", dijo.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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