Santa Cruz de la Sierra
17 Agosto 2018

El fiscal general de Estado, Ramiro Guerrero, dijo este viernes que no hay ningún temor para procesar penalmente a los ministros Héctor Arce y César Navarro, además de al Procurador General del Estado, Pablo Menacho, denunciados por el caso Quiborax. El lunes el Ministerio Público definirá si da curso a la denuncia contra estas autoridades.

Consultado si hay algún temor en procesar a los ministros, Guerrero indicó: “¿qué temor puede haber? Nunca ha habido ningún temor, ustedes saben, no hay absolutamente ningún temor, lo que hay aquí es la objetividad”.

El fiscal anunció que el lunes dará a conocer si se da curso o no a las denuncia contra las mencionadas autoridades acusadas por los delitos.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: noticiasfides

18 Julio 2018

Los servidores públicos que no cuentan con la libreta del servicio militar están incurriendo en una "irregularidad", por incumplir un requisito constitucional y son pasibles a procesos internos y a la destitución, informó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

"Es un requisito, (los funcionarios que no tienen libreta militar) incurren en una irregularidad. Aquellos que son funcionarios públicos y no tienen libreta del servicio militar o aquellos que contratan a alguien a sabiendas que no tienen libreta militar", declaró la autoridad.

Recientemente se conoció que el exdirector de Redes Sociales dependiente del Ministerio de Comunicación, Iván Canelas, hijo del gobernador de Cochabamba, y que también trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no contaba con su libreta del servicio militar.

Canelas habría renunciado a su cargo, a pedido de la ministra de Comunicación, Gisela López, precisamente porque no contaba con este documento, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado es un requisito para ejercer la función pública.

Zavaleta manifestó que la sanción es la "destitución", mecanismo que se está adoptando en varias oficinas al identificarse que no cumplen este requisito, pero aclaró que otros tienen en trámite su documento.

"Se ha solicitado a todas las entidades públicas, alcaldías, gobernaciones, empresas, ministerios que hagan una revisión de todos los funcionarios que trabajan estableciendo si cuentan o no con la libreta del servicio militar", sostuvo la autoridad.

Precisó que "en varios casos se está despidiendo personas, pero a la vez otros que están tramitando. Este trabajo se ha empezado hace dos años atrás", sostuvo.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: radiofides

 

 

06 Enero 2017

Graciela Mendoza, esposa del abogado Eduardo León, informó que denunciará penalmente a tres vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, una juez y dos fiscales, a quienes acusa por irregularidades en la detención preventiva de su cónyuge.

Mendoza anunció esta decisión después de saberse que el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó al TDJ emitir un nuevo fallo sobre la detención de León, al advertir que se vulneraron sus derechos.   

Precisó que las denuncias por prevaricato serán contra los vocales Rubén Ramírez, Virginia Crespo y Willy Arias, además de la juez Melina Lima, quien envió a León a la cárcel cuando éste estaba hospitalizado.

La mujer anunció que también se querellará contra los fiscales Óscar Campero y Lilian Calderón.

León está detenido desde mediados del año pasado en la cárcel de San Pedro, acusado de usar una libreta militar falsa para tramitar su título de abogado.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

17 Septiembre 2015

El presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía en La Paz, coronel Miguel Narváez, informó que desde finales de mayo a la fecha alrededor de 104 efectivos policiales fueron retirados de esta institución por deserción y procesos administrativos.

“Son casos de deserción, porque los uniformados prefieren optar por mejores ingresos económicos. Desde fines de mayo a la fecha, tenemos entre 20 a 24 uniformados que han sido dados de baja. Prefieren buscar un mejor trabajo, donde la remuneración es mejor. No es desconocido por la ciudadanía que los sueldos no son tan expectables”, afirmó Coronel.

Según Narváez, algunos uniformados optaron por trabajar en el magisterio, empresas de seguridad privadas y oficinas públicas en el área de administración. Asimismo indicó que existen al menos 80 policías que también fueron dados de baja por procesos administrativos.

“A veces no se han presentado dos días al servicio por razones de enfermedad y no fue bien justificado, a veces por una mala intervención policial”, explicó.

A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que a nivel nacional existen 4 mil causas procesadas en contra de policías en los últimos cuatro años.

“La justicia ordinaria ha tomado conocimiento de los casos respecto a policías que cometen delitos y cuando hay delitos, los hemos remitido a la justicia ordinaria, como es el caso de los policías que han actuado en complicidad con delincuentes hace unos días en La Paz”, indicó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

03 Septiembre 2014

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó hoy que no se permitirá intromisión de ningún tipo en el proceso que sigue la justicia militar contra los tres suboficiales quienes lideraron las movilizaciones en abril pasado pidiendo la descolonización en las Fuerzas Armadas.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en los pasados días, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso del suboficial Johnny Gil, detenido desde el 15 de mayo en el Estado Mayor acusado de los delitos de sedición, rebelión y motín, luego que liderara el movimiento de sargentos y suboficiales en demanda de la descolonización en las Fuerzas Armadas.

"No puede haber injerencia ni presión de ningún tipo, los jueces en Bolivia, ya sea en la justicia ordinaria o militar, son jueces independientes y solamente se van a pronunciar como cualquier juez en aplicación de lo que dice la ley", sostuvo Saavedra en la primera Brigada Aérea de la ciudad de El Alto.

El suboficial Johnny Gil interpuso más de seis acciones ante la justicia ordinaria que determinó se le pueda conceder, por parte de la jurisdicción castrense, la libertad porque no existiría ninguna obstaculización en el proceso. En tanto sus camaradas, Franklin Colque y Freddy Sucojayo, a través de su abogado analizan acudir a la justicia ordinaria para conseguir la libertad.

El ministro ratificó que cualquier solicitud de libertad para los militares procesados debe ser tramitada ante la justicia militar como establecen las normas de las FFAA estipulado en la Constitución Política del Estado y no acudir a otras instancias que están fuera de la competencia militar.

"Los familiares que están en vigilia en la plaza Abaroa tienen que acudir a las instancias y procedimientos que señala las normas militares, es decir, ellos tienen que hacer conocer su reclamo y petición ante los jueces que están tramitando el proceso militar, eso es lo que corresponde en derecho y como cualquier caso que administra justicia", dijo.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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