Santa Cruz de la Sierra
21 Mayo 2016

La representante del colectivo Trans, Lésbicos, Gays y Bisexuales (TLGB), Tamara Núñez del Prado, agradeció el sábado la aprobación de la Ley Nº 807 de Identidad de Género y aseguró que el Estado boliviano ahora reconoce sus derechos.

"Hoy estamos en un Estado nuevo y lo podemos comprobar porque este Estado tiene la capacidad revolucionaria de construirse y deconstruirse para construirse de nuevo, de integrar a cada uno de nuestros ciudadanos, a cada una de las personas que fueron vilipendiadas y que estuvieron debajo y que no teníamos derechos", indicó según un reporte de Bolivia Tv.

Núñez del Prado destacó que la Ley otorgará el derecho fundamental de los seres humanos a tener una identidad para obtener una oportunidad a acceder a sus derechos como bolivianos.

Asimismo, destacó el trabajo de los legisladores, del colectivo TLGB y del presidente Evo Morales que entendieron que las personas transgénero podían acceder a servicios en salud, educación y trabajo con un carnet de identidad que muestre lo que realmente son y se sienten, y no como la sociedad los ve.

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera promulgó el sábado la Ley N° 807 de Identidad de Género que beneficiará a las personas transgénero y transexuales y les permitirá que cambien su nombre y adopten el sexo que elijan en su nueva cédula de identidad.

La norma permite que todas las personas transexuales y transgénero mayores de 18 años podrán hacer el cambio en sus documentos personales, porque esa es la edad donde pueden tomar decisiones legales independientes.

La Ley consta de once artículos, entre los que se incluye uno que permite la reversión de la elección, es decir, que "el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen será reversible por una sola vez, luego de lo cual no podrán modificarse nuevamente esos datos. En caso de reversión se vuelve al nombre, dato de sexo e imagen iniciales".

Asimismo, la Ley de Identidad de Género establece que los beneficiarios de la norma son personas solteras, divorciadas y viudas.

Por otro lado, la norma establece que una vez aprobado el cambio de identidad de los beneficiarios, el Servicio de Registro Cívico (Sereci), que es el encargado del trámite, notificará al Servicio de Identificación Personal (Segip), a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a la Dirección General de Migración, al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a Derechos Reales, al Registro Judicial de Antecedentes Penales y al Sistema de Registro de Antecedentes Policiales.

Según un comunicado institucional, además se hará conocer del cambio de identidad a la Dirección de Régimen Penitenciario, a la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, cajas de salud pública, al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir); a la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros (APS), y otras instituciones que el Sereci considere necesarias, para que se haga el cambio.

Redacción: leo.com.bo

Fuente: ABI

30 Octubre 2014

El presidente en ejercicio Álvaro García promulgó hoy la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que tiene por objeto archivar temporalmente y luego de forma definitiva, los procesos penales que no hayan tenido movimiento durante un año.

"Se dispone que todo proceso penal incoado (comenzado) por algún ciudadano o institución y que no tuvo ningún movimiento o desarrollo durante un año consecutivo o más será archivado momentáneamente. Luego, y si trascurriera otro año sin movimiento, será archivado definitivamente", afirmó García en conferencia de prensa.

La norma también establece que a partir de la fecha se elimina la vacación judicial colectiva, puesto que ello significaba que se paralicen varios procesos cada seis meses. Ahora los jueces que quieran salir de vacaciones deberán hacerlo de forma individual.

Asimismo, se crea Tribunales de Juicio Oral exclusivamente con tres jueces técnicos y se excluye a los jueces ciudadanos, considerando que estas personas no pueden ser notificadas fácilmente y generan retardación de justicia.

Establece además que se podrá usar por una sola vez las excepciones, recusaciones, incidentes y excusas. El abogado que utilice dos o más veces estos recursos dentro de un mismo caso será amonestado, luego sancionado económicamente y finalmente separado.

La norma señala también que los juicios orales serán de forma continua, no pudiendo suspenderse o declararse en cuarto intermedio. "Una vez instalado el juicio oral este debe desarrollarse hasta su conclusión", explicó García.

La nueva normativa tiene el propósito de limpiar los juzgados de la retardación de justicia en causas penales, para lo cual también se otorga un plazo de 15 días a los jueces de instrucción penal a conminar a los fiscales de todo el país para que en un plazo de 25 días identifiquen los casos preliminares que estuvieron paralizados hace un año, a fin de que sean publicados antes de su archivo.

Una vez cumplidos ese procedimiento, las víctimas tendrán un plazo de 10 días hábiles para activar el proceso y, vencido el tiempo, el fiscal de materia dispondrá el archivo de obrados.

Si en el plazo de un año computable desde la notificación con el archivo de obrados, el caso no es reactivado, se extinguirá la acción penal de oficio, previa notificación a la víctima.

A la lista de plazos fatales se incorpora la obligación del Consejo de la Magistratura para que en 10 días designe a los nuevos jueces instructores en materia penal y jueces de sentencia de las listas obtenidas de convocatorias internas o externas.

Para el efecto, los tribunales departamentales de justicia podrán designar personal de apoyo judicial con experiencia en el desempeño de esa tarea. A su turno, la Fiscalía General designará a fiscales de materia, servidoras y servidores públicos de apoyo a la función fiscal, mediante convocatorias internas y externas.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

 

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