Santa Cruz de la Sierra
12 Diciembre 2014

Al menos tres jóvenes resultaron heridos este viernes en un tiroteo perpetrado a las afueras de una escuela de Portland (Oregón), en el noroeste de Estados Unidos, informó la policía de la ciudad.

Las víctimas son tres estudiantes, "dos chicos y una chica, que se refugiaron en el centro educativo después del tiroteo", precisó la policía en un comunicado.

"El agresor huyó del lugar", agregaron las autoridades policiales.

Los tres heridos fueron trasladados a un hospital cercano y "estaban conscientes y despiertos en ese momento".

Las víctimas recibieron disparos "en el torso", dijo a la AFP un portavoz del departamento de bomberos de Portland, Damon Simmons.

La policía acordonó los alrededores de la escuela Rosemary Anderson y está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

Las autoridades subrayaron que el peligro ha terminado ya que el agresor "no está activo" al haber huido.

El centro, compuesto por dos campus, ofrece educación "alternativa" para "estudiantes de riesgo que han fracasado en escuelas tradicionales", según el diario local The Oregonian.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

26 Noviembre 2014

La policía de Bolivia decomisó 21,1 toneladas de cocaína y 159,4 toneladas de marihuana en más de 11.900 operaciones realizadas en lo que va de 2014, informó hoy el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

Las drogas fueron decomisadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) entre el 1 de enero y el 24 de noviembre.

Asimismo, los agentes antidroga también detuvieron a 3.132 personas de diferentes nacionalidades, que no fueron detalladas, y destruyeron en total más de 5 mil laboratorios de producción de cocaína, de purificación y de reciclaje, según el informe estadístico del Gobierno.

Bolivia es, junto a Perú y Colombia, uno de los tres principales productores mundiales de hoja de coca, planta que contiene el alcaloide base para la elaboración de su derivado ilegal, la cocaína.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

 

13 Noviembre 2014

La detención hoy en Colombia y Perú de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana asestó un duro golpe a una red de corrupción que extendió sus tentáculos en el narcotráfico, tala y minería ilegal, entre otros delitos, además de tener vínculos con funcionarios y asesores en varias entidades del Estado.

El empresario y abogado Rodolfo Orellana estaba prófugo de la justicia peruana desde julio pasado cuando la Fiscalía ordenó su detención, a raíz de una investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra él, su abogado Benedicto Jiménez y una veintena de personas.

Orellana tenía 35 denuncias penales desde 2001, pero su caso salió a la luz pública este año cuando la Procuraduría de la República encontró vínculos con la red de corrupción del encarcelado expresidente de la región Ancash, César Álvarez.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, destacó hoy desde Roma, donde se reunirá mañana con el Papa Francisco, el trabajo de la Policía Antidrogas que estuvo desde "hace 45 días en Colombia haciendo una labor de seguimiento", con el apoyo de las autoridades colombianas, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Interpol.

Humala confirmó igualmente la detención en Perú de Ludith Orellana, hermana de Rodolfo Orellana, y quien era considerada la segunda en la organización mafiosa.

La procuradora contra el lavado de activos, Julia Príncipe, explicó ante una comisión investigadora del Congreso que Rodolfo Orellana amasó una fortuna de 150 millones de soles (51 millones de dólares) por sus negocios en el sector inmobiliario, tala, minería ilegal y narcotráfico, entre otras actividades.

Príncipe ha detallado que Orellana y varios de sus hermanos armaron un aparato criminal mediante la constitución de empresas inmobiliarias, de inversiones y editoras.

El detenido se apropió ilícitamente de inmuebles del Estado, utilizando a abogados, notarios y funcionarios, así como a unos 30 testaferros detectados hasta la fecha para registrar propiedades que pertenecieron a entidades públicas y privadas.

La red Orellana también creó un aparato encargado de amedrentar y difamar a periodistas, investigadores, jueces y fiscales que destaparon sus actividades, y en el cual estuvo actuando el abogado y exjefe policial Benedicto Jiménez, recientemente detenido en una cárcel de máxima seguridad.

Jiménez fue jefe del grupo especial de inteligencia policial que capturó en 1992 al fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y luego se dedicó a la política.

El legislador opositor Víctor García Belaúnde y la propia Procuradora fueron víctimas del seguimiento y amenazas de la red Orellana, mientras que el parlamentario Heriberto Benítez ha sido señalado también como uno de sus colaboradores en esa campaña de amedrentamiento.

La Procuraduría del Estado ha pedido investigar la participación de Orellana y Benítez en la interceptación telefónica atribuida al expresidente regional de Ancash, en el caso denominado "La Centralita", en otro importante proceso anticorrupción a cargo de la Fiscalía y del Congreso peruanos.

El Congreso peruano instaló en agosto pasado una comisión investigadora de las denuncias contra Orellana por los presuntos nexos del empresario con autoridades del Estado y magistrados del poder judicial, entre ellos el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, por haber recibido al empresario en su despacho en medio de las acusaciones en su contra.

De acuerdo al presidente de la comisión investigadora, Vicente Zeballos, hay al menos tres congresistas de diferentes partidos que tienen algún grado de responsabilidad en la red criminal de Orellana.

Por su parte, el legislador García Belaúnde afirmó que se trata de una organización criminal muy grande, que desde 1999 a la fecha ha crecido mucho, y ha despojado de propiedades al Estado y privados.

"Evidentemente van a caer muchas personas (...) Hay algunos parlamentarios que están involucrados", declaró tras la captura de Orellana en la ciudad de Cali (Colombia).

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

11 Noviembre 2014

Una persona es víctima de homicidio cada diez minutos en Brasil, uno de los países más violentos del mundo, según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública difundido este martes en Sao Paulo.

En total, 50.806 personas fueron asesinadas en 2013, 5,8 cada hora en este país de 202 millones de habitantes.

La tasa de 25,2 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2013 es ligeramente inferior a la de 2012 (25,9), pero el total de víctimas en 2013 sobrepasó al del año anterior (50.241).

"Es la primera vez que las cifras muestran una estabilización de los homicidios en el país y eso debe ser conmemorado", declaró la directora del Foro, Samira Bueno, citada por el sitio de noticias G1 de Globo.

El país sudamericano continúa totalizando 11% de los homicidios de todo el mundo. Los participantes del Foro estimaron que es posible reducir el número en un 65,5% hasta 2030.

Según el estudio, el impacto financiero de la violencia sobre la economía correspondería al 5,4% del PIB. En 2013, la violencia le habría costado al país 258 millones de reales, unos 103 millones de dólares al cambio actual.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

28 Octubre 2014

“Estaba totalmente drogado” y en un forcejeo se disparó el arma que mató a la colombiana Cinthia U., aseguró el asesino confeso Ive O. en una entrevista con la red PAT.

“Quería asaltar a la mujer y para ello me había drogado, me había tomado como 10 comprimidos de neuril.  Estaba totalmente drogado, no quería matarla,  la agarré, la abracé y hubo un forcejeo y ella me movió la pistola, me la golpeó y ahí fue que se disparó el tiro. No sabía que estaba sin seguro”, relató.

Ive,  junto a María S. I. –su pareja sentimental-  y José A. M., fue presentado como autor confeso del asesinato de la colombiana, la mañana del sábado en el exclusivo barrio Equipetrol de Santa Cruz.

La Policía prevé remitir al detenido, una vez sea condenado, a la cárcel de Cantumarca de Potosí por cuestiones de seguridad.

“Yo soy el culpable, estaba drogado. Lo que el juez disponga lo voy a aceptar. Ya declaré que fui yo. Si pudiera retroceder el tiempo no lo haría, nunca me había pasado algo así; nunca he matado ni a una mosca.”, sostuvo.

El autor, de nacionalidad boliviana, también fue vinculado a otros hechos delictivos porque en su casa encontraron carteras y otras pertenencias de sus víctimas.

Redacción Leo.bo

Fuente: La Razón Digital

 

17 Octubre 2014

El Gobierno boliviano creó hoy el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que establecerá los procedimientos para detectar e interceptar aquellas aeronaves que atraviesen cielo boliviano sin autorización, como las involucradas en el narcotráfico, informaron fuentes oficiales.

El comando quedó establecido después de que el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, tomara juramento al general Melvin Arteaga Aguada como máxima autoridad de esa instancia.

El Ministerio de Defensa precisó en un comunicado que la principal atribución de esa unidad militar es "establecer los procedimientos operativos para la detección, identificación e interceptación de aeronaves".

"Esa instancia podrá declarar si una aeronave es infractora, ilícita u hostil, para determinar la aplicación de las acciones que correspondan", añade la nota.

En abril pasado, el Gobierno boliviano promulgó una ley que permite a las Fuerzas Armadas derribar aviones implicados en actividades ilícitas como el narcotráfico o que violen las normas internacionales y de seguridad del Estado.

Esa norma establece la creación del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que permitirá mejorar los mecanismos de lucha contra el narcotráfico, la trata y tráfico de personas, el tráfico de armas y otros delitos, destacó hoy el ministro Saavedra.

Agregó que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) realiza una evaluación técnica de las propuestas de empresas de distintos países para decidir sobre cuáles y cuántos radares comprar y dónde estarán ubicados.

En todos los casos, las ofertas de las empresas para dotar a Bolivia de un sistema de radares sobrepasan los cien millones de dólares, según el ministro.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

09 Octubre 2014

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Jeh Johnson, anunció hoy la creación de tres grupos operativos en la frontera con México como parte de un nuevo plan para fortalecer la seguridad en el límite sur del país, ante una posible nueva crisis migratoria como la ocurrida este verano.

En una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, Johnson insistió en que la situación, tanto en flujo de inmigrantes como en infraestructura, ha mejorado notablemente en los últimos años.

Sin embargo, el titular de Seguridad Nacional subrayó su compromiso y el del presidente estadounidense, Barack Obama, con una mejor preparación ante una situación como la generada hace unos meses.

"Aunque lo peor ha pasado por ahora -desde el pico de este verano y el más alto de la inmigración ilegal hace 15 años-, el presidente y yo estamos comprometidos a construir una frontera más segura y una estrategia inteligente para llegar allí", dijo el secretario.

Los tres nuevos grupos de trabajo que velarán por la seguridad de la frontera se dividirán de manera geográfica para dirigir los recursos de la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera y La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Se creará así una Fuerza Operativa Conjunta para el Este, otra para el Oeste, y una tercera destinada a dotar de apoyo a las otras dos y centrada en labores de investigación e inteligencia.

"Estos esfuerzos nos permitirán ser más eficaces, más eficientes y más unificados en materia de seguridad nacional y fronteriza a través de nuestra frontera sur", insistió Johnson.

Mientras otras agencias gubernamentales han visto recortados sus presupuestos, la Patrulla Fronteriza ha visto incrementados sus recursos y es una de las más grandes del país, con un presupuesto de 35.000 millones de dólares, 23.000 empleados federales y casi 21.000 agentes, "con el mejor nivel de equipamiento y tecnología".

"Gran parte de la migración ilegal -recordó- es estacional. El aumento en la migración que vimos este verano podría regresar. La pobreza y la violencia, que son los 'factores de empuje' en Honduras, Guatemala y El Salvador, siguen existiendo. Y la economía de este país, un factor de atracción, es cada vez mejor".

Por ello, explicó el secretario de Seguridad Nacional, "construir vallas no es suficiente", y la Administración se está centrando en desarrollar un plan sobre las zonas de riesgo, que incluye labores de inteligencia, observación y vigilancia.

"Sabemos -subrayó- dónde están las áreas de riesgo. Tenemos que centrarnos en estas áreas. Y si las zonas de riesgo comienzan a moverse a otro lugar, llegaremos allí primero".

Estados Unidos vivió este verano una de las crisis migratorias más duras de las últimas décadas con la llegada en avalancha de decenas de miles de niños no acompañados provenientes de esos tres países de Centroamérica.

En un esfuerzo conjunto, también con las autoridades de sus lugares de origen, el Gobierno estadounidense consiguió reducir el número de menores que cruzaban la frontera y atenuar lo que fue considerado como una crisis humanitaria.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

 

09 Octubre 2014

Durante sus casi dos años de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto le bajó el tono al tema de la rampante violencia en México, pero una masacre de decenas de estudiantes y asesinatos de políticos dejaron al desnudo en los últimos días las fallas de un sistema de seguridad infiltrado por el crimen organizado.

El mandatario, que llevó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de regreso al poder, se enfocó en lograr reformas económicas clave para apuntalar la economía, pero el fuerte resurgimiento de la violencia ahora está empañando sus logros políticos y sus planes de seducir a grandes inversores.

La falta de una mayor prioridad al tema de los derechos humanos y al combate contra la impunidad y corrupción -problemas heredados de su antecesor Felipe Calderón-, le está cobrando la factura y han sido caldo de cultivo para actos de barbarie como el reciente ataque contra los estudiantes, aseguran activistas.

"Todo esto es (...) lo que ha generado las condiciones para que estos hechos, por atroces que sean, se cometan hoy en día en México sin que nadie rinda cuentas", dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Y la situación podría persistir ante las falencias o ausencia de un sistema de seguridad integral y nacional más allá del combate reactivo a focos de violencia, aseguran algunos.

"El problema no se va a resolver de la noche a la mañana, no vemos que haya un cambio importante de estrategia por parte del presidente Peña Nieto. Tratan de controlar la situación a nivel local pero yo creo que la cosa va a seguir en los mismos términos", dijo el analista político José Antonio Crespo.

EL GOBIERNO DEL NARCO

El 26 de septiembre, luego de haber tomado autobuses para recolectar dinero, unos 80 estudiantes de magisterio se enfrentaron en el sureño estado de Guerrero con policías. Los agentes dispararon matando a dos y se llevaron a decenas de ellos en sus patrullas para luego entregarlos a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, según las autoridades.

Una semana después, 28 cuerpos fueron hallados calcinados en las afueras de la ciudad de Iguala, donde todo ocurrió, y si bien aún su identidad no ha sido confirmada, investigadores sospechan que algunos cadáveres podrían ser de los estudiantes.

El alcade de Iguala y su primo, el jefe de la policía municipal, escaparon después de la matanza y la fiscalía los está buscando para que aclaren su rol en la presunta masacre.

"Aquí en Guerrero gobierna el narco en todos lados, y a (también) nivel nacional", dijo entre lágrimas Angel de la Cruz, un estudiante de 19 años de la escuela de Ayotzinapa, a la que asistían los jóvenes desaparecidos. El logró huir del ataque.

Varios capos narcos han caído abatidos o detenidos durante los últimos años y el propio Peña Nieto logró en febrero la captura del más buscado Joaquín "el Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y quien estaba prófugo desde hacía 12 años.

Pero la captura de estos capos atomizó a estas organizaciones y las resultantes además de traficar droga, ahora secuestran, extorsionan, roban combustible y matan sin control en un país donde muy pocos crímenes se aclaran.

Casi 30,000 personas han sido asesinadas durante los 20 primeros meses de la gestión de Peña. Son más víctimas que durante el período comparativo de Calderón, que al asumir lanzó una guerra frontal con militares contra el narcotráfico pero acabó acumulando 70.000 muertos para cuando tuvo que pasar la banda presidencial.

El uso de la milicia para poner a raya al narcotráfico volvió a quedar en tela de juicio en septiembre, cuando el Gobierno tuvo que reconocer después de reportes de prensa que militares ejecutaron a 21 presuntos delincuentes que ya ese habían entregado, en lo que oficialmente se había comunicado en un principio como un enfrentamiento.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza, dijo esta semana que la posible masacre de los estudiantes "es una extraordinaria situación de emergencia" en materia de derechos humanos y que el país se juega su prestigio internacional en este tema.

Peña Nieto, que entre sus objetivos de gobierno busca que México recupere liderazgo internacional tanto económico como político, ofreció recientemente a las Naciones Unidas que su país pase a formar parte de los misiones de paz del organismo.

Pero ahora la ONU tiene al gobierno bajo la lupa. En un comunicado urgió el miércoles a investigar el caso de los estudiantes al que calificó como "entre los acontecimientos violentos más terribles de los últimos tiempos en México" y envió representantes a recabar información de primera mano.

Hasta Peña reconoció el jueves que lo ocurrido en Iguala echó tierra a su proceso de reformas.

"Este hecho empaña el esfuerzo colectivo y nacional por realmente lograr de México un país de mayor progreso y desarrollo", dijo en un acto público prometiendo justicia.

EL LARGO BRAZO DEL CRIMEN

Hace unas semanas, la violencia alcanzó a un diputado federal del PRI, Gabriel Gómez, que fue secuestrado en las afueras de la ciudad de Guadalajara y cuyo cuerpo y el de su asistente fueron hallados calcinados en una camioneta. Aún se desconoce el móvil de los homicidios, pero hay varios detenidos.

El mismo fin de semana en que desaparecieron los estudiantes, el secretario general del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Braulio Zaragoza, fue asesinado a tiros en el centro turístico de Acapulco, también en Guerrero.

Este estado es uno de los más pobres del país y hasta 2013 tenía la mayor tasa de homicidios con 63 por cada 100,000 habitantes, tres veces la media nacional.

La entidad es el más reciente foco rojo de una serie de estados como Michoacán, Tamaulipas y el Estado de México donde el Gobierno ha ido apagando incendios en una estrategia que según especialistas sigue ocupando territorios pero con escasa labor de inteligencia y sin desmantelar las estructuras financieras de los cárteles.

"Es una política fallida porque los objetivos (del combate) siguen sin estar realmente definidos y no sabemos dónde termina esta lucha frente al crimen organizado. Despliego una fuerza a ver si bala por bala recupero una porción de territorio grande, pero no hay componentes de inteligencia", dijo Francisco Franco, analista de la consultoría CIS Pensamiento Estratégico.

El mes pasado, Peña se jactó de una baja en la violencia basado en indicadores generales del país sobre homicidios y otros delitos. "México se mueve hacia la paz", afirmó.

Pero la realidad región por región es escalofriante.

Aún en estados como Michoacán, que fue intervenido por fuerzas federales en enero cuando estaba al borde de una guerra civil entre narcotraficantes y grupos civiles de autodefensa, las cifras de asesinatos hablan por sí mismas.

Entre enero y agosto fueron ultimadas 697 personas, sugiriendo que la cifra al final del año podría superar la del 2013 de 902 asesinatos.

En mayo, marinos, militares y policías federales fueron enviados a Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, donde el sanguinario cártel de los Zetas se enfrenta con su antiguo aliado, el cártel del Golfo, manteniendo en caos a la industrial Tampico con bloqueos y quema de camiones en avenidas.

La rampante violencia también ha alcanzado al Estado de México, que Peña gobernó entre el 2005 y el 2011 y en el que familias enteras han sido asesinadas en medio de venganzas entre bandas del crimen organizado, lo que llevó a la destitución de varios altos funcionarios a mediados del año.

En este estado, el de mayor contribución a la economía después de la Ciudad de México y el más poblado, fueron asesinadas 1,324 personas en los primeros ocho meses del año frente a 1,932 en todo el 2013.

"Hemos llegado a un momento crucial para este país. Tenemos que resolver estos problemas, o vamos a llegar a un callejón sin salida", dijo el diputado priísta Ricardo Pacheco, jefe del Comisión de Justicia en la cámara baja del Congreso.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

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