Santa Cruz de la Sierra
27 Septiembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió admitir una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 3973, que autoriza el chaqueo y el desmonte en Cochabamba y Santa Cruz. Además, dio un plazo de 15 días para que el presidente Evo Morales responda a la demanda.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada hace unas tres semanas  por los diputados Horacio Poppe,  Grover Huanca y Gina Torrez, quienes iniciaron este proceso debido a las quemas que consumieron millones de hectáreas en la Chiquitanía, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Poppe explicó que la autorización de los chaqueos se deben realizar por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional  y no por decreto. Agregó que actualmente, nadie se prestaría a aprobar una ley en este sentido y ponerle su firma a las millones de hectáreas incineradas.

El recurrido en este proceso es el presidente Evo Morales, por ser quien emitió el Decreto. En ese entendido, el TCP dio un plazo de 15 días al primer mandatario para responder.

El Tribunal dispuso “poner la presente acción normativa en conocimiento de Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del ente emisor de la norma impugnada, a objeto de su apersonamiento y formulación de alegatos que considere necesarios, en el plazo de quince días, a partir de su legal notificación”.

Una vez que llegue la respuesta de Morales, el Tribunal Constitucional tendrá 30 días para emitir una sentencia.  

Poppe destacó que, con la admisión, el TCP consideró que existen suficientes elementos para poner en tela de juicio la constitucionalidad del Decreto, que permite chaqueos en Santa Cruz y Beni. 

“Esta es una esperanza, es una señal es una luz al final del túnel que debemos celebrar todos los bolivianos, pues creo yo que en un mes y medio máximo vamos a tener una respuesta de este Tribunal de frente a este problema que no solamente ha generado impacto en el contexto nacional, sino que ha sido de mucha preocupación también en el ámbito internacional”, resaltó.

El opositor sostuvo que este es un revés para Evo Morales. En tono irónico, dijo que ahora el primer mandatario llamará a los magistrados para darle un “jalón de orejas”.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

17 Septiembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante un fallo, dispuso que la Policía no aleje de la sede de la familia a mujeres policías embarazadas y, por tanto, queden excluidas de los cambio de destino que vayan en contra de esa premisa. Asimismo, ratifica su inamovilidad laboral hasta que el o la menor fruto de ese proceso gestación cumpla un año.

La decisión del tribunal contenida en la sentencia del 0167/2019-S2 y divulgada recientemente, se da en el marco de la acción de amparo constitucional que interpuso la Defensoría del Pueblo contra la Policía Boliviana en 2018 por el caso de Yola Y. Z. S., a quien la fuerza del orden la destinó a Cobija en plena gestación pese a que su pareja y familia residían en Oruro.

El despacho del ombudsman presentó ese recurso constitucional debido a que la subteniente, pese a su condición de embarazo y de contar con dos informes emitidos por reparticiones de trabajo social de esa institución, que señalaban que por encontrarse embarazada no debía ser cambiada de destino, fue transferida del Comando Departamental de Oruro al de Pando, precisa un boletín.

La afectada, además de haber sufrido un cambio de sede de trabajo y de no recibir un trato acorde a su situación por parte de la Dirección Nacional de Personal ni de la Dirección Nacional Administrativa, hasta el momento de la presentación del recurso constitucional no había recibido los subsidios establecidos por ley, añade la nota defensorial.

“(…) Habiéndose reunido la mencionada con el Director Nacional de Personal codemandado, éste le manifestó que la accionante recién ingresó a la Policía; por lo que, debía cumplir con el destino otorgado al entrar, sin importar su situación; no pudiendo concederle prerrogativas, añadiendo también que, “nadie muere por un embarazo” (Conclusión II.8).” (Sic), se lee en una parte del legajo del TCP.

También precisa que “si bien los destinos del personal de la Policía son efectuados en el marco de su normativa contenida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional” y que se efectúa de acuerdo a las necesidades del servicio “por orden general, constituyéndose en requisito indispensable para el ascenso en los diferentes grados” para el caso de la mujeres gestantes, “debe propenderse a su cuidado y atención especial, sin que el destino al que sean designadas, conlleve una variación en las condiciones a la cual estaban sujetas normalmente”.

Para el control constitucional, la Policía obvió “su condición de mujer en estado de gestación y el especial cuidado y atención que merecía al formar parte de un grupo de atención prioritaria por el Estado”.

“Al agravarse su situación por lo anotado, correspondía por el lapso de su embarazo y hasta el año de nacimiento de su hija o hijo, considerar un destino en el que no se produjera un perjuicio a su salud y seguridad física, moral y psíquica, más aún si se considera que viviendo su familia en Oruro, al nacer su hija o hijo, no tendría el apoyo necesario para cumplir su rol de madre y de mujer trabajadora, en desmedro del ser a nacer”, añade el documento del TCP.

El fallo dispone que la policía “no puede ser sujeta a cambios de destino posteriores, hasta el año de nacimiento de su hija o hijo” y la cancelación los subsidios prenatales adeudados.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

                                   

  

 

03 Septiembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante una sentencia, dispuso que el derecho a la huelga en servicios de salud no puede ser indefinido, sin embargo, rechazó la instauración de procesos  contra médicos para su destitución o descuento salarial. 

La sentencia fue conocida en las últimas horas y notificada a las partes, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

El fallo fue emitido en revisión de una sentencia que un juez de La Paz sacó en enero de 2019, respecto a una Acción Popular que presentó el ciudadano David Ticona contra el paro médico que había entonces.

El TCP consideró que se justifica limitar el derecho a la huelga de los médicos a partir de la necesidad de garantizar el servicio continuo e interrumpido en el servicio de salud.

En ese entendido, el Tribunal  dio un plazo de dos años a la Asamblea Legislativa para que sancione una ley que regule la limitación del derecho a la huelga del sector salud y las garantías compensatorias a favor de dicho sector.

Mientras que desarrolla esa ley, el TCP dispuso que el “derecho a la huelga del sector salud, en tanto la paralización de servicios, no puede ser indefinido”.

Asimismo, dispuso que se debe garantizar la continuidad de la prestación de todos los servicios de salud, es decir, que en el ejercicio del derecho a la huelga, se prevea el cumplimiento de turnos establecidos en el Sistema de Salud.

La sentencia también manda a que los gobernantes prioricen los reclamos del sector salud, con la instalación inmediata de mesas de diálogo. También obliga a las autoridades a “considerar de manera inmediata las demandas razonables”.

Por otro lado, el fallo del TCP revocó la decisión del juez de primera instancia de iniciar procesos administrativos y legales en relación al paro médico.

En ese marco, el Tribunal rechazó la petición de instaurar procesos de desvinculación, descuentos y remisión de antevente al Ministerio Público, contra funcionarios del sector médico.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

07 Noviembre 2018

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó, mediante su Comisión de Admisión, rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición contra la Ley de Organizaciones Políticas, reportó el periodista Iván Ramos para ERBOL.

El magistrado Gonzalo Hurtado explicó que el rechazo se debe a la falta de cumplimiento de requisitos formales, en el marco de las atribuciones y competencias de la Comisión de Admisión.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, que impugnaron las disposiciones transitorias de la Ley de Organizaciones Políticas, en las cuales se dispone la realización de las Elecciones Primarias en 2019.

El diputado Santamaría señaló este miércoles que aún no fue notificado con la resolución de la Comisión de Admisión del TCP, pero anunció que subsanará las observaciones para seguir con el proceso.

Criticó la forma en que se maneja el TCP cuando se trata de casos que podrían afectar al MAS.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

31 Octubre 2018

El Tribunal Supremo Electoral considera “un exceso” las expresiones de las autoridades, que les emplazaron a cumplir y ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

“Cada quien tiene que cumplir el mandato que le da la ley, y nosotros vamos a cumplir ese mandato, no voy a dialogar por los medios con las autoridades y ninguno de nosotros. He dicho también que cierto tipo de expresiones de las autoridades que las considero un exceso”, sostuvo el vicepresidente del TSE, Antonio Costas en rueda de prensa de la Sala Plena.

Insistió que los vocales van a cumplir el mandato de la Constitución Política del Estado y de las leyes, pero reiteró que “No vamos a discutir con nadie las competencias que tiene la Sala Plena”.

En los últimos días, el vicepresidente Álvaro García Linera y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño manifestaron que el Órgano Electoral no tiene facultades para interpretar sino para cumplir y ejecutar la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Noticiasfides

30 Octubre 2018

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este martes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debe dudar para habilitar la repostulación de Evo Morales, puesto que su función sólo es ejecutar la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Ante esas dudas que puede tener el Tribunal (Electoral) de ‘qué hago’, no dude, usted no puede dudar porque usted no interpreta, usted simplemente ejecuta lo que dice un órgano superior en el ámbito constitucional, que se llama Tribunal Constitucional”, dijo el segundo mandatario.

Actualmente, el TSE está en la mira de políticos de oposición de oficialismo, además de la ciudadanía, debido a que debe decidir si Evo Morales está habilitado para ser candidato. El Órgano Electoral tendrá que dilucidar si cumple el mandato del referendo 21F o la sentencia del TCP 084/2017, que habilita la reelección sin límites.             

García Linera sostuvo que el referendo de 2016 y la sentencia del TCP son cosas distintas. Aseveró que el artículo 168 de la Constitución, ratificado el 21F, se mantuvo en la Carta Magna, pero el TCP emitió un fallo en que determina como parte de los derechos fundamentales el que una persona se postule sin restricciones.

Afirmó que él único encargado de interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional, y no así la Asamblea y menos el Órgano Electoral.

Recalcó que el TSE no tiene como facultad interpretar la sentencia del TCP, y que  simplemente debe cumplir lo que dice el encargado de interpretar la Constitución.

La semana pasada, el TSE, mediante el vocal Antonio Costas, ratificó que el referendo del 21F está vigente y sus resultados son vinculantes, pero el Órgano Electoral dará conocer su decisión sobre candidatos habilitados el 8 de diciembre. Señaló también que el Tribunal puede hacer las consultas necesarias a otras instituciones para asumir una determinación.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Erbol

08 Julio 2016

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) lamentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya “omitido totalmente” la recomendación del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Maina Kiai, sobre garantizar los derechos de la libre asociación de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones.

“Nos llama mucho la atención que el Tribunal Constitucional en su sentencia haya omitido totalmente estos alegatos del derecho internacional sobre derechos humanos, respecto a la libre asociación”, sostuvo Marco Gandarillas investigador del Cedib.

Esta semana, se conoció que el Tribunal Constitucional declaró constitucional La Ley 351 sobre Otorgación de Personerías Jurídicas para las organizaciones no gubernamentales y fundaciones, en la misma exige que estas entidades definan claramente su “contribución al desarrollo económico y social” en el artículo 7.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

04 Julio 2016

Los artículos 7 y 19 de la Ley 351 de Otorgación de  fueron declarados constitucionales por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La norma que permite el cierre de una Organización No Gubernamental.

“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve Declarar: la CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 7.II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ‘…organizaciones no gubernamentales y fundaciones…’ y su numeral 1 en la expresión: ‘La contribución al desarrollo económico y social’; y, el art. 19 inc. g) en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013”, se lee en el fallo del TCP.

En junio de 2015, el presidente Evo Morales advirtió, en un evento público, que se expulsará del país a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos.

En agosto de 2015, el exDefensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

El fallo del TCP concluye que “no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

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