Santa Cruz de la Sierra
20 Septiembre 2018

El jefe de Bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, presentó este jueves una denuncia para juicio de responsabilidades contra el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, acusándolo de cuatro delitos, por las irregularidades en el caso Alexander.

Los tipos penales atribuidos a Guerrero son acusaciones falsas, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, y uso indebido de influencias.

Murillo indicó que la denuncia se basa en las recientes revelaciones del caso Alexander, las cuales sostienen que no hubo violación y se condenó al médico Jhierry Fernández, con el informe de una forense sin experiencia y bajo la presión del fiscal Guerrero.

La denuncia fue presentada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, de acuerdo al procedimiento que establece la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades.

Según dicha norma, la Presidenta de Diputados debe remitir la denuncia a la   Comisión de Justicia Plural, donde el Comité del Ministerio Público debe realizar la investigacion y definir si formaliza una imputación.

Gonzales esperará a que Guerrero salga del cargo para denunciarlo

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales anunció este jueves que así como Ramiro Guerrero concluya su mandato de Fiscal General del Estado el próximo 23 de octubre, presentará un juicio penal para que responda por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, al haber permitido que una profesional médico sin título ejerza las funciones de perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Así como termine su mandato presentaré la denuncia ante la Fiscalía de La Paz para que Ramiro Guerrero se defienda desde el llano, alejado de su poder de influencia que tiene sobre los fiscales y asuma su responsabilidad en el caso del bebe Alexander, al haber presionado a fabricar culpables sin pruebas”, declaró la senadora.

Sostuvo que este caso Alexander cierra con “broche de oro” la gestión más negra de la historia del Ministerio Público en Bolivia, dado que durante la “era Guerrero”,  la Fiscalía fue cómplice de varios casos de corrupción que implican a sus mismos fiscales de “cuello blanco” que para congraciarse con el poder, inventaban pruebas como en el caso terrorismo, violando incluso los derechos humanos en la etapa preliminar de investigación.

“Esta es otra prueba que tras seis años de gestión, Ramiro Guerrero está dejando una fiscalía ineficiente, corrupta y mafiosa porque fabricar pruebas para acusar a inocentes ciudadanos, es una forma de organización delincuencial al servicio del poder político”, manifestó.

Ramiro Guerrero fue posesionado el martes 23 de octubre de 2012 por el vicepresidente Álvaro García Linera, oportunidad en la que anunció que la Fiscalía del Estado  no estará sometido a ningún poder, además que limpiará la corrupción, aspectos que la oposición cuestiona a poco de salir del cargo.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Erbol

 

23 Agosto 2018

La Ley de Organizaciones Políticas, que pretende establecer Elecciones Primarias de binomios en cada partido, ha generado agitación en la Asamblea Legislativa.

El MAS aseguró que Evo Morales será candidato en los comicios internos del instrumento político, mientras que opositores se declararon en emergencia y alertan que con esa modalidad el oficialismo pretende legitimar la repostulación y “matar al 21F”.

El proyecto de Ley, presentado por el Órgano Electoral, dispone en su artículo 29 que los “partidos  políticos  o  alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario,  obligatorio  y  simultáneo  convocado  por el Tribunal  Supremo  Electoral”.

El presidente del Senado, Milton Barón del MAS, explicó que con esa norma se pretende fortalecer la democracia interna de los partidos para que los militantes decidan y así acabar con la “dedocracia” y los “propietarios”.

Barón dijo que es un hecho la candidatura de Morales, bajo el argumento de que por sentencia constitucional la reelección es un derecho humano.

La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, ratificó que el presidente estará en las elecciones internas del MAS para binomio. “Por supuesto, es nuestro candidato a presidente el 2019 en las Primarias y en elecciones generales, pero eso es obvio, no sé por qué le sorprendería a alguien”, dijo.

De parte de la oposición, el jefe de bancada de UD en el Senado, Arturo Murillo, dijo que es un día nefasto para la democracia, porque este jueves la Cámara de Diputados aprobará la cuestionada Ley.

“Con este proyecto de ley se matará el 21F y se busca legalizar la trucha candidatura de Evo Morales”, dijo.

Murillo dijo que la oposición está en emergencia y pidió a los líderes que se reúnan y emitan un pronunciamiento junto con plataformas ciudadanas. Instó  a la población a no quedarse impávida en su casa, porque a su criterio Bolivia está recorriendo el mismo camino de Venezuela.

Entretanto, los Demócratas también alertaron que con las Elecciones Primarias se pretende legitimar la candidatura de Evo Morales.

El partido liderado por Rubén Costas planteó que es incorporé al proyecto de ley un artículo, mediante el cual se garantice el respeto al referendo del 2016 y se deje establecido que los actuales mandatarios no pueden postular.            

A su vez, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, expresó que está de acuerdo con las Primarias, pero no con los plazos que está fijando. Alertó también que hay una tendencia del MAS a desconocer la voluntad ciudadana.

Revilla señaló que como está actualmente el proyecto debería llamarse “ley de favorecimiento al MAS”.   

Agregó que de realizar Primarias el próximo año conllevará a que la gestión pública se paralice, ya que “todo el mundo estará en campaña desde noviembre (de 2018), cuando recién las elecciones (generales) van a ser a fines del próximo año, eso va a perjudicar la gestión municipal”.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

03 Agosto 2018

El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados, Gonzalo Barrientos, planteó este viernes que de manera inmediata la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme una comisión especial que investigue a las empresas involucradas en el caso “Lava Jato” de Argentina y que tuvieron contratos con el Gobierno nacional.

ERBOL publicó anteriormente que al menos dos empresas implicadas en el escándalo argentino tuvieron contratos en Bolivia: Isolux Corsán Corviam y Electroingeniería. La primera estuvo a cargo de construir la planta hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura, dejando abandonadas ambas; mientras que la segunda, a través del consorcio Ar.Bol. estaba construyendo la ruta Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, hasta que se rescindió el contrato por demoras.        

El escándalo argentino se destapó por manuscritos de un chofer que describen llevaba bolsas de dinero que empresarios pagaban como sobornos a autoridades gubernamentales del kirchnerismo. Uno de los empresarios detenidos por este caso, Gerardo Ferreyra, estuvo en Bolivia en 2010 junto al presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno para firmar el contrato de Ar.Bol.

El diputado Barrientos señaló que esto no puede pasar desapercibido, por lo que anunció que la próxima semana solicitará formalmente que la Asamblea conforme una comisión para investigar a esas empresas, cómo llegaron al país, cuáles eran sus vínculos, cómo consiguieron licitaciones y los costos.

En el MAS se abren a investigar el caso. La senadora Adriana Salvatierra indicó que se debe evaluar si este proceso se sumaría a la comisión que ya investiga el caso Lava Jato brasileño, o si se debe conformar otra específica.                

El diputado oficialista Lino Cárdenas sostuvo que es temprano para hablar de la investigacion, pero explicó que tendría que conformarse una nueva comisión, porque vigente tiene las atribuciones concretas de pesquisar los casos de empresas brasileñas. 

Núñez recuerda que ya denunció a Corsán

El senador de UD, Yerko Núñez, recordó que ya investigó a la empresa Isolux Corsán Corviam y que denunció un documento notariado, mediante el cual la firma española contrató a una consultora para que le gestione al adjudicación del proyecto Miguillas, a cambio del 3,5% de comisión del monto en licitación.

En Argentina, el expresidente de la filial de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, se entregó a la justicia este viernes. Ese nombre ya surgió antes vinculado al de Bolivia. En 2017, el periódico español El Mundo publicó que el empresario envió un correo en que aconsejaba el pago de “un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho”.

El senador Núñez dijo que tras conocer esas revelaciones ya entiendo porqué el presidente Evo Morales expresó su apoyo a Cristina Fernández, luego que estallará el escándalo de corrupción.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

 

12 Julio 2018

Tres diputados de Unidad Demócrata formalizaron, este jueves, en la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de autoridades de Gobierno y dos fiscales, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y fraude procesal por el caso Quiborax.

Los legisladores Wilson Santamría, Rafael Quispe y Grover Huanca se trasladaron a la ciudad de Sucre para presentar su denuncia, con información actualizada sobre las circunstancias que han emergido en el último tiempo en relación al caso Quiborax.

La denuncia penal ha sido formulada en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Minería, César Navarro, del Procurador General del Estado, Pablo Menacho; de la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi y la exsubprocuradora, Cristina Llorenti.

Asimismo, contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco y el fiscal de Materia, Flavio Maldonado, ambos determinaron el desistimiento del proceso en contra de ocho miembros de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax, quienes fueron absueltos de los cargos uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y fraude.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: noticiasfides

07 Mayo 2018

El diputado opositor Wilson  Santamaría reveló este lunes que durante el conflicto por el Código del Sistema Penal, el Ministerio de Comunicación gastó 5,200.000 de bolivianos en “campaña publicitaria de desprestigio” al Colegio Médico de Bolivia que encabezó las movilizaciones sociales por la derogatoria de esa ley.

Dijo que en respuesta a una petición de informe escrito, el Ministerio envió documentación donde se observa que  a finales de diciembre de 2017,  el gobierno gastó Bs. 3,084.378 en colocar  spots televisivos en medios de comunicación.

El asambleísta indicó que a inicios de 2018, hasta antes de que se abrogue el Código  Penal,  el gobierno  gastó Bs 2,100.000, haciendo un total de  Bs 5, 200.000 solo para impulsar el desgaste y de confrontación al enemigo, en una campaña de insulto y amedrentamiento a los médicos que defendían sus derechos.

Sostuvo que en la distribución del pauteo publicitario y el presupuesto asignado, se puede observar que los medios de comunicación considerados “para-oficialistas” son los más beneficiados con dineros que salen del Tesoro General del Estado.

El legislador  manifestó que hay otros medios que se manejan con una línea más independiente, pero que no fueron ni siquiera tomados en cuenta, a diferencia de los pro-gubernamentales que ofrecieron tandas por un valor de 20, 30, 40 mil bolivianos.

Precisó que la estrategia del gobierno en cualquier conflicto es buscar la división como lo que hizo con la aparición de la Confederación de Médicos; el segundo paso es el desprestigio como ocurrió con el Tipnis y tercero, empujar un proceso de desgaste que cuesta mucho dinero al pueblo boliviano.

Lamentó que con se gaste tanto dinero sabiendo que existen otras prioridades, como la dotación de medicamentos a los hospitales públicos.  Explicó que con los 5 millones se hubiera 2.500 camas para los hospitales y 20 equipos de hemodiálisis.

El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, criticó a la oposición por  la forma cómo utiliza la información y anunció que por su cuenta, enviará una petición de información escrita al  Ministerio de Comunicación.   

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Erbol

19 Septiembre 2017

La alianza opositora Unidad Demócrata (UD) ya expulsó de sus filas a los diputados Víctor Gutiérrez y Santos Paredes que firmaron el recurso de inconstitucionalidad para facilitar la reelección de Evo Morales. Ahora, pretende que ambos devuelvan su curul a la tienda política que corresponde.

Los opositores parten del principio de que cargos electivos son de las agrupaciones políticas y no de las personas. En ese entendido, sostienen que Gutiérrez y Paredes, al haber sido expulsados, ya no representan a la alianza.  

 El senador Arturo Murillo indicó que ya el año pasado Gutiérrez fue expulsado de Unidad Nacional (UN), y que incluso el partido ya solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la restitución del curul.

Según Murillo, el TSE ya envió una nota a la Asamblea para tocar el tema de Gutiérrez en la Comisión de Ética, pero tiene la protección de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

El senador Edwin Rodríguez indicó que Paredes fue postulado por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), pero la bancada decidió echarlo por su afinidad con el MAS.  

Dijo que los Demócratas tienen la autoridad para reclamar el curul de Paredes, no obstante, aseguró que el oficialismo protege a los asambleístas que se hayan “vendido”” a sus filas.

  Gutiérrez fue elegido diputado por Cochabamba, mientras que Paredes es diputado de la circunscripción indígena de Oruro.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: Erbol

02 Septiembre 2016

La oposición política lamentó este viernes que el Gobierno y los operadores políticos del MAS recién se hayan dado cuenta, diez años después, que las cooperativas mineras realizan operaciones de explotación al margen de la ley, sin considerar que durante ese tiempo, encubrieron todos los actos de ilegalidad y daños ambientales.

El senador opositor Carlos Pablo Klinsky (UD) dijo que Gobierno y cooperativas “fueron socios durante diez años y entonces no se denunciaba evasión de impuestos ni violaciones ambientales. Ahora que ya no están con el Gobierno empiezan a encontrarles delitos. Eso se llama dictadura”, declaró.

Indicó que lo mismo ocurre con los decretos sobre el uso de la dinamita, que en principio se permitió  a los cooperativistas utilizar los explosivos para fines políticos, incluso para forzar el segundo referendo. Sin embargo, ahora que ya son aliados políticos, se emite un decreto que prohíbe el uso en las movilizaciones callejeras.

La diputada Norma Piérola del PDC manifestó que los decretos de supuesta corrección a las cooperativas, significa una confesión de encubrimiento a la ilegalidad, por conveniencia política, porque ahora que las cooperativas no sirven, se ponen a exigir requisitos que debieron hacerlo once años  atrás.

La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, opinó que la gestión de Gobierno en el tema de las cooperativas, refleja una incoherencia y manipulación de la ley de acuerdo a los grupos de poder, porque “un día, por intereses es legal, otro día es ilegal, y no basta decir nos equivocamos”.

“Nunca debieron someter la política estatal al capricho de un grupo social; intercambiaron esos favores por votos; jamás debieron someter los recursos naturales a un grupo al que ahora no sólo desconocen, sino descabezaron con detenciones a los dirigentes y algunos muertos de sus bases. Eso se llama acciones de intereses político-partidarios y no gestión estatal”,  manifestó.

Delgado considera que si el Gobierno quiere poner todo en orden,  primero debe reconocer y cumplir la Constitución Política del Estado. “¿Y ahora qué?: Cinco muertos 10 dirigentes en la cárcel y los mismos gobernantes jugando a que fueron obligados”, comentó.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

13 Abril 2016

Dos legisladores de Unidad Demócrata (UD), miembros de la Comisión que investiga a CAMC, presentaron siete memoriales en los cuales solicitan formalmente que se convoque al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quinatna, además de otros cinco ministros, para que respondan por los contratos que se otorgaron a esta empresa china.  

Estas solicitudes fueron suscritas por los opositores Óscar Ortiz y Griselda Muñoz, quienes también formalizaron su pedido de que Gabriela Zapata y Cristina Choque declaren ante la Comisión.

Por el proyecto de la planta industrial de azúcar en San Buenaventura, UD pidió citar a la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos.

Los opositores también pretenden que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, declare por el caso de la vía férrea Bulo Bulo-Montero, cuya ejecución fue abandonada por CAMC, por lo que se le quitó el contrato.

Por el proyecto múltiple Misicuni, se solicitó convocar a la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira; mientras que por la planta de sales de potasio de Uyuni, UD pidió que comparezca el ministro de Minería, César Navarro.   

El quinto ministro que los opositores quieren que sea convocado es el de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, por el caso de las perforadoras que se compraron a la empresa china para YPFB. 

Por último, los opositores también vieron por conveniente que se llame a declarar al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, aunque él no figura en alguna contratación.

Otros que piden convocar

UD también pidió que se convoque a declarar al gobernador de La Paz, Félix Patzi, por la compra de un camión perforador que hizo su antecesor, César Cocarico.

Los fiscales que investigan a Gabriela Zapata, además del fiscal departamental Edwin Blanco, también están en la lista que presentó UD.

También se solicitó que comparezca el juez sumariante del Ministerio de la Presidencia, Olker Codjiri, que llevó adelante un proceso contra Cristina Choque.

Además de todos ellos, los opositores requirieron que se convoque ante la Comisión a todos los representantes legales de CAMC.      

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

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