Santa Cruz de la Sierra
04 Noviembre 2016

El deslizamiento de un cerro destrozó unas 40 viviendas precarias y al menos unas 20 hectáreas de cultivos de durazno en el valle de Luribay, distante a 165 km de la ciudad de La Paz, en la primera sección de la provincia Loayza, a 2.550 metros sobre el nivel del mar.

El alcalde Edgar Andrés Vásquez informó a Erbol que el hecho se produjo ayer a las 09:00 de la mañana,  en el subcentral Porvenir de la comunidad de Cotaña, zona Cruz Pata, donde 40 familias fueron afectadas en sus viviendas y enseres.

“Todos los cultivos están enterrados, el camino está intransitable y por esa razón hemos declarado emergencia para solicitar ayuda a la Gobernación de La Paz, a fin de rehabilitar las vías en esta primera etapa”, declaró Vásquez.

Explicó que las familias afectadas necesitan vituallas, alimentos y carpas para que los 40 hogares damnificados puedan subsistir, porque la comunidad tenía previsto sacar su producción de durazno en diciembre a la ciudad de La Paz

Hasta ayer el cerro continuaba deslizándose y las comunidades están ubicadas en alrededores y al medio del río, es por eso que cada año, esa población sufre algún tipo de desastre natural. El municipio tiene una población estimada en diez mil habitantes y el 80% se dedica al cultivo de frutas y el resto a tubérculos y hortalizas.

“Luribay es el centro que abastece al departamento de La Paz y provee de productos agrícolas a las ciudades de Cochabamba y Oruro. Somos productores durante el año redondo”, dijo el alcalde al reiterar su exhortación a las autoridades departamentales y nacionales a socorrer a las familias y productores afectados.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: Erbol

 

 

12 Septiembre 2016

El Juez Primero de Sentencia de Sucre modificó en parte el monto de resarcimiento ordenado en favor de las víctimas de Octubre Negro, porque se detectaron algunos errores en los cálculos, sin afectar el derecho a recibir la compensación económica que deben pagar los autores de la represión en la llamada “guerra del gas” en octubre de 2003, reportó radio Aclo.

El juez  Eduardo Gonzales explicó que se han revisado cinco casos concretos en los que se hicieron observaciones respecto a cierto criterio de incongruencia de los montos que emergían de las tablas de cálculo individual y el monto señalado en la parte resolutiva, que solamente afecta a la suma total del monto final.

Anteriormente el Tribunal calificó un resarcimiento de Bs 1.139.986 pero con la última revisión se redujo unos 130.000 bolivianos. Esta modificación será notificada a las partes para tenga la opción de apelar a instancias superiores.

En febrero, el Juez declaró probada en parte la demanda de resarcimiento de los heridos y los familiares de las víctimas del caso “Octubre Negro”. Según  la primera demanda, las 74 víctimas solicitaron al juez entre Bs 200 mil y 500 mil por cada herido y 1 millón por cada fallecido.

Sin embargo la sentencia dispone que el monto final sea distribuido entre familiares de los fallecidos y heridos, según la gravedad de su situación de salud.  En la misma sentencia se identifica que los condenados a pagar esa suma son los ex miembros del Alto Mando Militar de 2003, Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz, Luis Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza, y ex ministro de Sánchez de Lozada, Erick Reyes Villa.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

18 Abril 2016

"Durante toda la noche hemos continuado las tareas de búsqueda y rescate y de evacuación de las personas que han quedado atrapadas. Tenemos lamentablemente que informar que tenemos 350 personas fallecidas", dijo el ministro César Navas en declaraciones al canal Teleamazonas.

Entre las poblaciones más afectadas están Pedernales, donde la mayor parte de las construcciones colapsaron y apenas dos o tres edificios quedan en pie. Los afectados han convertido al estadio de fútbol en zona de atención hospitalaria y de refugio de cientos de personas.

Este domingo, el vicepresidente Jorge Glas había señalado que hasta el momento hay unas 2527 personas heridas. "Se está canalizando toda la ayuda necesaria, los ecuatorianos más unidos que nunca", pidió el mandatario.

"Tenemos información de personas heridas, atrapadas en diferentes cantones y estamos preparando el rescate", dijo el vicepresidente Jorge Glas antes de tomar un vuelo hacia Manta, otra de las ciudades más golpeadas, a orillas del Pacífico y donde se derrumbó la torre de control del aeropuerto local.

El movimiento, que se desató frente a las costas de la nación andina a una profundidad de 19 kilómetros, provocó pánico en otras ciudades costeras y activó por unas horas alertas de tsunami en Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá.

"Fue algo horrible, parecía que (el edificio) se desmoronaba como un cartón. Yo rezaba y me arrodillé para pedir a Dios nos proteja", dijo a la agencia de noticias Reuters Galo Valle, de 56 años, cuidador de un edificio en el centro de Guayaquil mientras limpiaba los vidrios y pedazos de mampostería.

Muchas casas se derrumbaron en Guayaquil, otras estaban cuarteadas, un puente colapsó aplastando un auto y los escombros obstruían varias calles. La gente pasó la noche fuera de sus hogares, temerosa de las réplicas que, según el Instituto Geofísico de Ecuador, eran más de 160 hasta el domingo.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: AFP

24 Marzo 2016

Con apenas 11 años Camila dio a luz a gemelos en un hospital de la ciudad de Montero, en agosto de 2015. Como otros cientos de casos que ni siquiera figuran en las estadísticas, su embarazo fue producto del abuso sexual al que era sometida por su padrastro desde que tenía 10 años.

La historia de  Camila, es una de las trece historias que relata el  estudio “Niñas madres. Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe” llevado a cabo por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).

Pone acento en las consecuencias que deben soportar decenas de miles de niñas que quedan embarazadas contra su voluntad,  obligadas a continuar el embarazo debido a legislaciones restrictivas y a convertirse en madres a una edad en que deberían estar jugando.  A la luz de la realidad de 13 países de la región, incluido Bolivia,  el estudio devela que “ser madre y criar a un bebé cuando apenas se es una niña  equivale a ser sometida a tortura o trato cruel, inhumano y degradante”.

Las historias de las niñas comparten las mismas circunstancias “su encierro en una institución hasta el momento del parto, la prohibición legal de interrumpir el embarazo, o la presión de la familia“.

En el balance de la situación, el estudio da cuenta que en todos los países, salvo contadas excepciones, se obliga a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo. “Las posibilidades de interrumpir legalmente un embarazo son nulas en varios países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. En los demás, a pesar que la violación o los riesgos para la salud o la vida son causales que habilitan la interrupción del embarazo, se ha denegado el acceso al aborto en muchas ocasiones o no hay protocolos para implementar el aborto legal“.

Ser madre siendo una niña constituye un drama con múltiples y complejas consecuencias. Se configura un escenario  de mucho sufrimiento para las niñas, todos los pilares de la familia se tambalean, sobreviene la crisis y, en algunos casos, se culpa a la niña por revelar un hecho que para muchas familias es preferible mantener en secreto. La niña es acusada de dividir y dejar sin sustento a la familia porque, con mucha frecuencia, son sus padres los autores de los vejámenes.

“A diferencia del embarazo, que dura generalmente 9 meses, la maternidad es un compromiso a perpetuidad; transforma para siempre la vida desde el punto de vista físico, psíquico y social; altera las posibilidades de educación, acceso a recursos económicos y afecta las relaciones sociales de la niña no solo al interior de su familia sino con su entorno. Lo que es un proceso natural y gozoso cuando es elegido, deseado y realizado de manera voluntaria, se convierte en una carga y muchas veces en un estigma para las niñas cuyas maternidades han sido forzadas”.

En los casos analizados, la mayoría de las niñas madres abandonó la escuela. También se observó el aislamiento de la mayoría de sus amistades y tensión al interior del grupo familiar. En el aspecto económico, todas carecen de autonomía y dependen de su familia de origen. El acceso al empleo es dificultoso. La ayuda social es parcial y en general no cubre todas las necesidades de la joven ni las del bebé.

Su vida social también se transforma. En muchos hogares prohíben a sus hijas que se junten con la niña embarazada o que es madre para “que no sigan el ejemplo”. En general, el grupo de amigas se reduce o desaparece. Sus amigos varones cortan la relación o la continúan de otra manera, ya que la niña madre ya ocupa otro lugar social, más ligado al de los adultos con responsabilidades que al de niñas y niños que aún están jugando o iniciando coqueteos adolescentes.

Ni siquiera figuran en las estadísticas. Salvo el caso de El Salvador, donde en el año 2013 se reportaron 1.540 embarazos infantiles, en los países estudiados no existen datos oficiales sobre embarazos de niñas menores de 14 años.

En ninguno de los países estudiados se encontró un protocolo, guía o política pública diseñada para abordar de manera específica e integral el problema de la violencia sexual contra las niñas que incluya procedimientos integrales y multidisciplinarios a seguir en casos que de dicha violencia haya resultado un embarazo infantil.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

29 Octubre 2015

Un grupo que se identifica como víctimas de retardación de justicia anunció hoy que marchará desde la población orureña de Caracollo hasta la ciudad de La Paz en demanda de celeridad en los procesos que se investigan en el Ministerio Público.

Braulia Choque, representante del sector, dijo que la marcha a la sede de Gobierno empezará el próximo 15 de noviembre porque las víctimas de la retardación de justicia están molestas con las autoridades judiciales.

“Primero vamos a realizar un congreso nacional en noviembre, ya hemos coordinado con los secretarios generales de Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, de todos los departamentos del país. Después, el 15 de noviembre, vamos a marchar porque es momento de decir basta a los jueces y fiscales corruptos, que se eternizan en sus cargos, a todos hay que sacarlos”, aseveró.

La dirigente apuntó que se espera que al menos 4.000 personas se reúnan en el congreso nacional de las víctimas de retardación de injusticia, aunque todavía no se conoce dónde se llevará ese encuentro.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

17 Octubre 2015

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó una Declaración Camaral para manifestar su solidaridad con los centenares de heridos, inválidos, huérfanos y viudas producto de la masacre liderada por Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003, denominada 'Octubre Negro'.

"Como no recordar a las víctimas de octubre, justamente por estos días, ese fatídico convoy bajó desde la zona de Senkata hacia el centro de la Paz, dejando a su paso una treintena de muertos, fueron momentos realmente muy tristes", recordó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

Entre septiembre y octubre de 2003, una revuelta popular se desató en rechazo de la venta de gas natural a la costa oeste de Estados Unidos, por un puerto chileno, convulsión social que se saldó con 67 muertos y más de 400 heridos.

La denominada Guerra del Gas culminó un 17 de octubre, después de la intervención de las fuerzas represivas y sendas movilizaciones de la población, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país y se instaló en Estados Unidos donde se encuentra hasta la fecha.

Esa Declaración Camaral aprobada por más de dos tercios del pleno enfatiza cinco aspectos, primero, "rendir un justo y merecido homenaje al valeroso pueblo alteño", que con su lucha, coraje, valentía, dedicación y heroica defensa de los recursos naturales y de los intereses de la población boliviana.

Segundo, establece "reconocer a la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de El Alto y a la Central Obrera Regional de El Alto, por su rol decisivo en las jornadas sangrientas de octubre de 2003", constituyéndose en referentes de lucha y vanguardia de los intereses de la población alteña y boliviana.

Tercero, "rendir homenaje póstumo a los ciudadanos alteños caídos en la Guerra del Gas", quienes de manera incondicional ofrendaron sus vidas en el afán de construir un mejor porvenir para toda la población boliviana y para las futuras generaciones.

    Cuarto, "rendir homenaje y manifestar nuestra solidaridad para con los centenares de heridos, inválidos, huérfanos y viudas producto de la masacre de octubre de 2003".

Quinto, "exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a expulsar a todos aquellos ex gobernantes y ex autoridades implicados directa o indirectamente con la masacre de octubre de 2003", para que rindan cuentas con la justicia boliviana.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

30 Septiembre 2015

La Asociación Nacional de Víctimas de Injusticia realizará una marcha desde Oruro hacia La Paz pidiendo avances y celeridad en los procesos que se iniciaron pro diversos delitos. Ayer se concentraron en Cochabamba y se reunieron con el representante de esta organización de esa región para ultimar detalles de la movilización que se espera desarrollar en noviembre, según el reporte de radio Pío XII de la red Erbol.

Richard Nijma, quien representa al sector a nivel nacional, explicó que al menos 10 mil personas en todo el país, son víctimas de avasallamiento, violaciones, estafas, asesinatos y feminicidios, cuyo desarrollo de los procesos no avanza. 

Una vez que la movilización llegue a la Sede de Gobierno, se dirigirá a Derechos Reales, el Ministerio Público y a los consorcios de abogados para exigir conocer cuántas víctimas de injusticia existen en La Paz y cuántas lograron ganar algún caso gracias a una “coima”. 

 “Estamos previendo que para principios de noviembre hagamos esta marcha. Las autoridades no están cumpliendo su trabajo de dar un paso social al pueblo. Creemos que ahora es el momento de participar, porque siempre nos dicen que no reclamamos, pero ahora por primera vez estamos reclamando”, afirmó.

En tanto, el representante del sector en Cochabamba, Rubén Camacho, dijo que en esta región los delitos que predominan son los feminicidios y violaciones.

“No podemos permitir que esto continúe. Mientras sea un lucro la justicia, los delitos van a continuar. Es momento de que esto pare porque en todos los departamentos es la misma situación”, aseveró.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

23 Septiembre 2015

Las políticas públicas están estancadas, aseguró Jorge Evangelista, que hace parte de la red en representación de Arpebol. La falta de acción estatal y la retardación de justicia generan “un alto nivel de inseguridad”, dijo.

Este 23 de septiembre se conmemoran el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas y el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Ambas fechas encuentran a Bolivia sin avances significativos en la lucha  contra este delito que tiene alcance transnacional y se sitúa entre los negocios ilícitos más lucrativos, junto al narcotráfico y al tráfico armas.

Tania Sánchez, coordinadora de la Alianza Libres Sin Violencia, dijo a ANF que no existe un sistema nacional de información sobre trata y tráfico en el país, “pero las estimaciones dan cuenta de que en los últimos cinco años se han triplicado las denuncias”.

La confusión en materia de datos es tal, que mientras la Alianza Libres de Violencia reporta que “el 2014 se registraron 389 casos de trata y tráfico según la FELCC”, la Dirección de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno asegura que “el 2014 se han atendido 549 casos”.

En declaraciones a ANF, la directora general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno,  Melania Torrico, admitió que hay confusión en las cifras y anunció que en 60 días se contará con un sistema unificado de información que se está estructurando con una inversión de 3 millones de bolivianos.

“No contamos con datos, nos manejamos con los reportes  que envía la policía, que ni siquiera son desagregados por trata y tráfico sino incluyen todos los casos de desaparición de personas”, indicó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

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