Santa Cruz de la Sierra
16 Julio 2018

La restitución del alcalde Eduardo Mérida ha generado conflicto en Quillacollo. Este lunes, la autoridad edil se presentó en el edificio municipal para tomar el mando y, entretanto, sus seguidores y detractores protagonizaron un enfrentamiento violento que fue intervenido por la Policía, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

Mérida fue suspendido de su cargo el 9 de junio por decisión del Concejo Municipal, después debido a que tiene una sentencia judicial por la presunta falsificación de una libreta militar, sin embargo, el viernes pasado el Alcalde ganó un amparo para ser restituido.

Según el reporte, Mérida entró este lunes a la Alcaldía junto con un notario de fe pública, para hacer la apertura de las oficinas.

Su colaborador como secretario de Desarrollo Humano, Marco Gálvez, explicó que ahora corresponde revisar el inventario, gastos y contrataciones que realizó el alcalde suplente Zacarías Jaita, quien estuvo al mando durante la suspensión de Mérida. 

Mientras tanto, se vive tensión en afueras de la Alcaldía. Grupos de detractores y seguidores de Mérida comenzaron a enfrentarse, primero con huevos y tomates que se lanzaron entre sí.

Pero la violencia fue en escalada. Los grupos contrarios pasaron de atacarse con huevos y tomates, a enfrentarse con piedras y golpes. La Policía tuvo que acudir a agentes químicos para separar a los sectores en conflicto. Se observó que al menos se arrestó a dos jóvenes.

Una vez asumida su función, Mérida afirmó que retornará inmediatamente a sus labores y emitirá los primeros decretos municipales. Señaló que encontró a las oficinas desmanteladas y saqueadas, además de la desaparición de equipos.

Respecto a los actos de violencia, el Alcalde llamó a la población a la tranquilidad y anunció que llevará a un fiscal para procesar a quienes reincidan en agresiones.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

 

 

19 Abril 2018

“Más del 75 por ciento de las mujeres ya sean del oficialismo o de la oposición, son o han sido víctimas de acoso o la violencia política; tenemos una Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres pero que no se cumple y muchas veces las propias compañeras tienen miedo a denunciar”, afirmó  este jueves la diputada Fernanda San Martín (UD) al atribuir los datos a un estudio de la Coordinadora de la Mujer.

La Cámara de Diputados debió conformar este jueves la Comisión Especial de Investigación sobre Presuntos Actos de Acoso y Violencia Política, pero decidió aplazar  hasta la próxima semana, ante el reclamo de la oposición que no encuentra día para el inicio de las investigaciones de algunos casos que involucran a legisladores de ambos lados.

San Martín sostuvo que muchas veces las asambleístas tienen miedo a denunciar y no consideran que la denuncia es una forma de enfrentar el debate de estos temas, porque no se puede permitir que una sociedad como la boliviana, siga siendo una sociedad violenta hacia las mujeres.

Espera que la comisión mixta prometida por el MAS, investigue también casos de violencia hacia mujeres concejales que sufren atropellos a veces de  manera muy silenciosa, como el impedir su derecho a ser candidata u obligarlas a renunciar para que un  hombre puede asumir la concejalía.

Indicó que de acuerdo al estudio de la Coordinadora de la Mujer, se han evidenciado algunos casos en que diputadas del oficialismo ejercieron violencia contra su propias colegas de bancada.

“Yo he visto de algunos casos que por privacidad no voy a decir sus nombres, pero que vinieron llorando por el maltrato que ha sufrido de parte de una diputada”, declaró a Erbol.

El jefe de bancada del MAS David Ramos dijo que durante la etapa de conformación de comisiones y comités, surgieron  denuncias de acoso político e irregularidades con los funcionarios.

También se han producido actitudes de racismo en la oposición y frente a esas denuncias, se comprometió conformar una Comisión Especial, a fin de investigar y determinar la veracidad de las mismas,  para luego analizar si corresponde derivar a la Comisión de Ética o de jurisdicción ordinaria.

Aseguró que las primeras denuncias en ser investigadas serán las señaladas por las diputadas Jimena Costa y Fernanda San Martín, pero también las que se refieren al oficialismo, por tanto, se garantiza un trabajo ecuánime sobre la veracidad de las denuncias, acotó.

ACOSO POLITICO

De acuerdo artículos 7 de la Ley 243,  el Acoso Político se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o  grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice , en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o  en el ejercicio de sus derechos.

               

VIOLENCIA POLITICA

La violencia política, se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político –pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

ACTOS DE ACOSO

El artículo 8 de la misma señala que los actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres aquellos que:

a. Impongan por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.

b. Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político –  pública.

c. Proporcionen a las mujeres candidatas o autoridades electas o designadas información falsa, errada o  imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político - públicas.

d. Eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en  igualdad de condición que los hombres.

e. Proporcionen al Órgano Electoral Plurinacional, datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata.

f. Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada.

g. Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a reglamentación establecida.

h. Restrinjan o impidan el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres que ejercen función político - pública o que provengan de una elección con procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.

i. Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus derechos frente a los actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes.

j. Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.

k. Apliquen sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios e ilegales y/o retención de salarios.

l. Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por Ley.

m. Discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político - pública, por encontrarse en estado de embarazo, parto o puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos sociales reconocidos por Ley o los que le correspondan.

n. Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político - públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan.

o. Divulguen información falsa relativa a las funciones político - públicas, con el objetivo de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan.

p. Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.

q. Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o designadas en el ejercicio de sus funciones político - públicas, suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su  voluntad, al interés público o general.

SANCIONES PENALES

El artículo 20. sobre los nuevos tipos penales, ordenar incorporar al Código Penal los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres en  el Título II Capítulo I “Delitos contra la Función Pública”, Artículo 148, con el siguiente texto:

“Artículo 148 Bis. (ACOSO POLÍTICO CONTRA MUJERES).- Quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y/o  amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la  función político - pública y/o de sus familiares, durante o después del proceso electoral, que impida el ejercicio de su derecho político, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años.”

“Artículo 148 Ter. (VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES).- Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.

En casos de actos o agresiones sexuales contra las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, se sancionará conforme dispone este Código Penal.”

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Erbol

 

08 Marzo 2018

Al menos 447 mujeres han muerto a causa de la violencia machista desde 2013 hasta enero de 2018 en Bolivia, donde cada tres días es asesinada una mujer, denunció la Coordinadora de la Mujer, una organización que agrupa en el país a 26 entidades defensoras de la igualdad de género.

Estos datos están incluidos en un reporte difundido con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy, en el que la coordinadora reclamó que las entidades estatales destinen mayores presupuestos para combatir la violencia machista.

La entidad señaló que el feminicidio es “la forma más extrema de vulneración de los derechos” de las féminas y mencionó que sólo en el primer mes de 2018 han sido asesinadas 14 mujeres en el país.

“Con ellas, suman 447 las mujeres que han perdido la vida por la violencia machista desde 2013. A nivel departamental, Cochabamba ha encabezado estas dramáticas cifras en 2016 y 2017″, dice el reporte.

En declaraciones a Efe, la integrante de la Coordinadora de la Mujer María Ángela Sotelo recordó que las mujeres son el 50 por ciento de la población de Bolivia, donde “cada día hay 13 casos de violencia sexual” y “cada tres días una mujer muere por feminicidio”.

“Esta situación tan alarmante y tan grave requiere una inversión y una expresión de voluntad política del Gobierno nacional y de las gobernaciones -regionales- y los municipios en su conjunto”, enfatizó Sotelo.

Indicó que los datos recopilados hasta 2016 muestran que los presupuestos de los distintos niveles estatales para combatir la violencia machista “fluctúan entre un 0,3 por ciento a máximo un 1,02 por ciento”, cifras que calificó de “ridículas e irrisorias” para hacer frente a “un problema estructural”.

Las entidades afiliadas a la Coordinadora de la Mujer en las nueve regiones bolivianas se movilizaron en vísperas del Día Internacional de la Mujer para llamar la atención sobre la necesidad de que haya mayor inversión estatal para prevenir y frenar la violencia machista.

Bolivia puso en vigencia en 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el feminicidio con 30 años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.

Sotelo destacó que la aprobación de la norma fue “fundamental” para poder identificar “varios tipos de violencia que las mujeres viven cotidianamente”.

No obstante, apuntó que la Coordinadora de la Mujer considera que “están fallando las condiciones para que las mujeres accedan efectivamente a la justicia” y que los casos denunciados dentro de lo previsto en la ley “no queden en la impunidad”.

Y es que, según el reporte, de 87.718 casos registrados por el Ministerio Público entre 2013 y 2016 por infringir la ley contra la violencia machista, sólo el 36 por ciento derivó en una sentencia.

Según datos de la Fiscalía boliviana citados por la coordinadora, en 2017 se registraron 30.351 denuncias, de las que 4.708 casos, el 15 por ciento, fueron delitos de orden sexual, lo que significa que cada día, 13 mujeres son víctimas de estos delitos en el país.

“La Coordinadora de la Mujer observa con preocupación estas cifras, pues dan cuenta de que la violencia sexual es una de las principales formas de violencia contra las mujeres y, probablemente, la menos abordada, porque implica una cantidad de prejuicios que se debe romper”, señala el informe.

Sotelo remarcó la necesidad de contar con un “nivel de institucionalidad que vigile y haga seguimiento permanente a indicadores de avance o retroceso” en el país respecto de la violencia machista, pues esto no ocurre en la actualidad.

“Necesitamos que toda la ruta de atención de la violencia contra las mujeres funcione integral y efectivamente con el personal con los perfiles que se requieren y con los mecanismos suficientes para que se pueda hacer justicia”, agregó.

El reporte reconoce que hubo avances en la participación política de las mujeres, sobre todo en el Legislativo, donde hay una presencia paritaria.

Sin embargo, en el Ejecutivo la representación de las mujeres llega al 20 por ciento, con solo cuatro de veinte ministerios bajo mando femenino, en las alcaldías el porcentaje llega al 8 por ciento y no hay ni una gobernadora regional.

Redacción: Leo.com                   

Fuente: radiofides

18 Diciembre 2017

Una jornada de tensión se vive en la ciudad de Buenos Aires. Este mediodía, un grupo de manifestantes que se acercó al Congreso para protestar contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno, derribó unas vallas y tiró piedras y botellas contra el cordón policial.

Ya con la sesión en marcha, los incidentes se agudizaron. Tras un breve cuarto intermedio, pasadas las 15 horas, la protesta comenzó a trasladarse a la avenida 9 de Julio.

Debido a que los incidentes continúan, en horas de la tarde se sumaron al operativo unos 150 efectivos de la Policía Federal. Además, según pudo saber LA NACION, un grupo de 500 gendarmes salió del edificio Centinela, en Retiro, rumbo al Congreso.

Aguardaban la orden para intervenir. En tanto, la Policía de la Ciudad indicó que ya se realizaron al menos 25 detenciones.

Por otro lado, los voceros informaron que durante la movilización en la zona del Congreso Nacional se atendieron un total de 60 pacientes mayores de edad, a detallar:

-7 traslados al Hospital Ramos Mejía por traumatismos e hipotensión

-14 traslados al Hospital Penna por traumatismos y convulsiones

-9 traslados al Hospital Santa Lucía por traumatismos de ojo

-6 traslados al Hospital Argerich por traumatismos leves

-8 traslados al Hospital Durand por traumatismos leves

-15 traslados al Hospital Churruca por traumatismos leves

1 traslado al Hospital Rivadavia por lipotimia

En este marco, la diputada Elisa Carrió señaló que, debido a los incidentes que están ocurriendo en las afueras del Congreso, "en términos jurídicos a eso se le llama Estado de hecho, que no es ni más ni menos (que) apartado del derecho. Eso se llama golpe de estado".

Jornada violenta

En medio del tumulto, un grupo de jóvnes logró derribar uno de los vallados, y además utilizaron bombas de estruendo y gomeras que disparaban una lluvia de piedras contra los policías. A partir de allí, la Guardia de Infantería comenzó a avanzar para hacer retroceder a los jóvenes, muchos de ellos con las caras tapadas. Una particularidad, que no se vio en anteriores manifestaciones, es que varios llevaban máscaras de gas.

Las refriegas se acrecentaron en la plaza, con otra lluvia de piedras contra la Policía, que siguió avanzando hasta reponer las vallas sobre Rivadavia y Rodríguez Peña.

Los jóvenes formaron barricadas, parapetándose detrás de placas de madera, mientras seguían arrojando todos tipo de objetos a la Policía que, con el correr de los minutos, logró desplazarlos hasta más de la mitad de la plaza, en dirección a avenida de Mayo.

No obstante, las refriegas continuaron, toda vez que el grupo logró reamarse y volver a arrojar piedras. La Policía volvió a avanzar con una formación, detrás de la cual avanzaba un camión hidrante y luego la policía motorizada.

En determinado momento, se registró el incendio de un cerco verde, y siguieron los disturbios, que ocasiones varios heridos, según pudo constatar una cronista de Télam en el lugar y también varios detenidos.

Incidentes y enfrentamientos por la ley previsional

Los locales en todas las cuadras alrededor permanecen cerrados frente al temor de que la potencial sanción del proyecto desemboque en incidentes y nuevos saqueos, cómo sucedió la semana pasada.

Teniendo en cuenta lo sucedido el último jueves, cuando hubo series incidentes entre la Gendarmería y los manifestantes, el SAME dispuso de siete ambulancias y seis hospitales fueron puestos en alerta para prevenir cualquier herido.

 Redacción: Leo.com.bo                                             

Fuente: Clarin

 

06 Julio 2017

Más de 600 personas fueron heridas y 67 de ellas murieron este año alcanzadas por "balas perdidas" en zonas de favelas de Río de Janeiro, generalmente en operaciones policiales contra el narcotráfico, según un estudio divulgado por el diario O Globo.

La escalofriante estadística se dio a conocer tras la muerte el martes de Vanessa, una niña de 11 años, de un disparo en la cabeza durante una operación en Lins, una zona de favelas en la zona norte de la ciudad de Río.

Según el padre de la niña, el disparo partió de agentes policiales.

Sin confirmar esa versión, el secretario de Seguridad de Río, Roberto Sá, ordenó el miércoles que los cuerpos policiales "revisen los procedimientos, perfeccionando sus normas internas tanto en operaciones planeadas como de emergencia".

Según O Globo, 632 personas -un promedio de 3,4 por día- fueron alcanzadas por "balas perdidas" en Río entre el 1º de enero y el 2 de julio. El número de muertos se eleva a 67.

La Secretaría de Seguridad indicó a la AFP que esos datos no pueden confirmarse como tales, pues no existe un cómputo oficial de víctimas de "balas perdidas", aunque podrían estar incluidas en las de "homicidios dolosos" (asesinatos) o de "lesiones corporales dolosas".

Los datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP) muestran que de enero a mayo hubo 2.329 asesinatos en el Estado de Río, frente a 2.099 en el mismo periodo de 2016.

No hay día sin que el horror no se supere a sí mismo en este Estado al borde de la quiebra, menos de un año después de los Juegos Olímpicos que debían afirmar el esplendor de la ciudad.

La gran mayoría de casos ocurre en las favelas donde vive cerca del cuarto de la población, muchas de ellas disputadas por bandas de narcotraficantes y teatro de ajustes de cuentas de milicias parapoliciales.

El viernes pasado el espanto subió varios grados cuando una bala perforó el vientre de una mujer embarazada de nueve meses, en un tiroteo que según los informes se originó por un ataque contra una patrulla policial.

Los médicos practicaron una cesárea y salvaron al niño herido en el tórax, que corre el riesgo de quedar parapléjico. La mujer también sobrevivió.

En su comunicado, Roberto Sá sostuvo que "la política de seguridad nunca fue de confrontación", pero que "la realidad, desgraciadamente, es que la policía de Río aprehende 8.000 armas de fuego por año, aproximadamente 24 por día".

Los bandos, en esos territorios ultraviolentos, no están siempre claramente delimitados.

La policía de Río detuvo la semana pasada a un centenar de agentes cómplices de los narcos, a quienes ofrecían protección o les vendían armas a cambio de sobornos.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: EFE

28 Marzo 2017

El juez Daniel Espinar decidió otorgar la libertad condicional a ocho cooperativistas mineros que protagonizaron enfrentamiento y agresiones a policías el 11 de agosto de 2016 en la localidad de Mantecani.

La autoridad judicial recordó que en total hubo 11 mineros aprehendidos por los hechos de Mantecani, donde resultaron heridos varios efectivos del orden, que incluso estuvieron de rehenes de los cooperativistas.

De los 11 aprehendidos, 10 decidieron reconocer su culpa y someterse a procedimiento abreviado. Sólo ocho se presentaron a la audiencia que se realizó este martes, donde se les dictó sentencia.

El juez Espinar determinó condenar a tres años de privación de libertad a los ocho mineros que se presentaron. La condena es por los delitos de portación o tenencia de explosivos, atentado contra bienes públicos, atentado contra miembros del organismo de seguridad, atentado contra servicios públicos y lesiones graves y leves.

Sin embargo, la autoridad de justicia señaló que los sentenciados ya pasaron siete meses con detención preventiva, por lo cual decidió otorgarles el beneficio de la libertad condicional, con el compromiso de que no cometan nuevos ilícitos ni participen en actos similares, por los cuales se los juzgó.

El sargento de Policía, Pedro Mamani Huanca, expresó su molestia por la decisión del juez, puesto que a su criterio se puso del lado de los agresores dejando de lado a las víctimas.

El efectivo policial recordó que los mineros lo atacaron con dinamita y que un explosivo detonó cerca de su pie derecho, provocando que su escudo se destroce en pedazos.

Indicó que por las heridas sufridas ese día recién volvió a ejercer su profesión hace un mes. Anunció que se apelará la decisión del juez de liberar a sus agresores.

El enfrentamiento del 11 de agosto se realizó cuando la Policía intentó desbloquear la carretera La Paz-Oruro, que estaba tomada por los mineros que exigían al Gobierno que atienda su pliego petitorio. 15 días después, el conflicto terminaría tras el asesinato del entonces viceministro Rodolfo Illanes en manos de los cooperativistas.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol 

 

21 Febrero 2017

Al menos unos cuarenta cocaleros fueron detenidos hasta el medio de este martes en otra violenta jornada de enfrentamientos entre policías y productores, lo que frustró la instalación de una mesa de diálogo por la nueva Ley General de la Coca en el Ministerio de Gobierno.

Estos hechos se produjeron en la zona de Miraflores, un barrio central que conectaba la marcha Villa Fátima hacia el centro de la ciudad, donde fueron frenados por fuerzas policiales que encontraron resistencia de los manifestantes.

La Policía lanzó decenas de agentes químicos contra la columna de cocaleros que respondieron con petardos y piedras que alcanzaron a la humanidad de algunos policías, y otros proyectiles se dirigieron al flamante edificio de la Unidad de Bomberos.

La ingente cantidad de gases alcanzó a los transeúntes sobre las calles que se tornaron violentas por las detenciones y la desesperación de hombres, mujeres y niños en edad escolar por huir de los efectos del agente químico.

La aspiración de gases lacrimógenos provocó desmayos en algunas mujeres. También los más damnificados fueron los manifestantes varones que sufrieron lesiones considerables que obligaron a su inmediata hospitalización.

La representante defensorial en La Paz, Teresa Subieta, dijo haber observado la violencia de ambos sectores, remarcando que al menos sobre la calle Yungas y Tejada Sorzano, la Policías se llevó a diez personas  que fueron transportadas en movilidades policías.

“He visto cómo los han pateado a los cocaleros los policías y yo les grité que no podían hacer eso. Está bien que los detuvieran pero más allá de empezar a maltratarlos y golpearlos no estaba bien. Como no está que los cocaleros con dinamita intentaron atentar a una  gasolinera porque podía pasar cualquier desgracia”, declaró.

Posteriormente la gasificación se trasladó  hasta la plaza Villarroel en la misma zona, donde policías dispersaron a los manifestantes.

Otro grupo de cocaleros se encontró con un puesto policial que fue destruido en la avenida Tejada Sorzano. La Policía llegó a tiempo, gasificó a los cocaleros que destrozaron todo, pero no quemaron la Estación Policial.

En medio de un mitin de protesta, un dirigente convocó a los cocaleros de base de Nor, Sud Yungas e Inquisivi a reforzar la movilización en La Paz, ante la fuerte represión policial del que fueron objeto en la mañana.

“Tienen que venir armados porque estamos gasificados aquí en La Paz. Tenemos detenidos y heridos en los hospitales, no puede ser eso compañeros. Ya nos han provocado porque no respetan ni hombres y mujeres. Que se masifiquen más, tiene que venir armados”, decía uno de los dirigentes.

Entre tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero y los dirigentes de Adepcoca, Cofecay y Mancomunidades no lograron instalar el diálogo debido a los hechos de violencia. Los dirigentes abandonaron las instalaciones para verificar el estado de sus afiliados detenidos, bajo promesa de retornar horas más tarde.

Redacción: Leo.com.bo                                              

Fuente: Erbol

 

 

15 Febrero 2017

La tensión entre vecinos y ponchos rojos sigue en escalada en Achacachi. Después de que el martes hubo una jornada de violencia, los intentos de la Policía y la Defensoría del Pueblo no bastaron para calmar los ánimos, puesto que este miércoles se quemó la casa del líder vecinal Esnor Condori.

“En una actitud vandálica y cobarde se han dirigido a mi domicilio y lo han metido fuego (…) Todas las habitaciones y el patio estaba en llamas, ahora en este momento están en cenizas”, manifestó Condori en contacto con ERBOL.

La violencia comenzó el martes cuando hubo enfrentamiento entre los vecinos, que cuestionan la gestión del alcalde Édgar Ramos del MAS, y los Ponchos Rojos que apoyan al burgomaestre.

El enfrentamiento del martes desembocó en la quema de la casa, pertenencias y el vehículo del alcalde Ramos.

Para este miércoles, según Condori, los vecinos tenían instalado un bloqueo, pero el Defensor del Pueblo, David Tezanos, intercedió para que se permita a los Ponchos Rojos realizar una marcha supuestamente pacífica. Sin embargo, la movilización se tornó violenta.

Tezanos ratificó que la marcha debió ser pacífica, pero se detectó que hubo uso de armas de fuego y daños a la propiedad privada y pública. El Defensor llamó a la población a quedarse en sus domicilios y tener prudencia para resguardarse.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) dijo que después de la violencia del martes puso a buen recaudo a su familia e instruyó a los miembros de esta organización que se declaren en la clandestinidad.

Condori señaló que prendieron fuego a su casa como “venganza” por la quema en el domicilio del Alcalde. Sin embargo, aseguró que el ataque a la vivienda del burgomaestre fue provocado por personas del mismo municipio.

El líder vecinal también negó las acusaciones del Alcalde, quien sindicó a la Fejuve de estar financiada por partidos de la oposición. Condori aseguró que no tiene esa clase de vínculos políticos.       

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: Erbol

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