Santa Cruz de la Sierra
23 Abril 2019

El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal negó este martes el pedido de cesación a la detención preventiva del presidente de la Asociación de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, acusado por una emboscada en La Asunta en agosto de 2018, donde murió el oficial de la Policía Daynor Sandoval.

El cuerpo de seguridad que acompañó el acto judicial en esta ocasión no dejó que el dirigente cocalero pueda hablar con la prensa como ocurrió ayer. Fue sacado de forma abrupta del Tribunal Departamental de Justicia por sus custodios que lo condujeron de regreso al penal de San Pedro, donde se encuentra recluido desde agosto de 2018.

“Es muy lamentable por parte del juez; siguen teniéndome preso”, alcanzó a esbozar mientras era conducido fuera del recinto judicial.

Su abogado, Jorge Santiesteban, denunció que la Fiscalía es responsable por la negación a que cese la detención preventiva, ya que demora en sus actuaciones. Dijo que esta vez no procedió a la reconstrucción de los hechos no obstante a que los propios comunarios de Los Yungas dieron las garantías para que las autoridades hagan su trabajo.

 “La Fiscalía está obstruyendo, dilatando el tiempo y dilatando la investigación, porque no hace ningún acto de investigación oportuno y rápido, efectivo, solamente lo dilata para tenerlo ahí adentro castigado... Debe haber una consigan política para que Franclín no salga”, afirmó a la conclusión de la actuación judicial.

Ayer suspendieron la audiencia del dirigente por una supuesta amenaza de bomba y la reprogramaron para la mañana de este martes a horas 08.30. Ocurrió lo mismo el pasado jueves, en esa ocasión el juez titular se excusó de atender el caso alegando un problema de salud, lo mismo que el juez suplente.

Santiesteban remarcó que los riesgos procesales de su defendido ya fueron desvirtuados e insistió que el Ministerio Publicó debe realizar su trabajo para dejar de obstaculizar la cesación de la detención preventiva.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

01 Abril 2019

Los ministerios de Gobierno y Defensa firmaron este lunes un convenio para la construcción de una base para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los Yungas, con una inversión superior a los 8 millones de bolivianos financiados por la Unión Europea (UE).

El proyecto se denomina Campamento Móvil como Base Logística FTC “Yungas”, cuyo objetivo será impedir los cultivos ilegales de coca en La Asunta y el norte paceño.

La base estará en la localidad de Santa Ana de Huachi, que está ubicada entre las provincias Caranavi y Sud Yungas.

El coordinador del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), Sabino Mendoza, precisó que la base tendrá una extensión de tres hectáreas y tres bloques con capacidad para 165 efectivos.

Indicó que la inversión prevista es de Bs8.593.660.047.

El coronel Luis Alberto Arce, del Comando Estratégico Operacional, indicó que la base tendrá un radio de acción de 100 kilómetros, y podrá llega a proteger sectores como Pilón Lajas, Mapiri y La Asunta, además de impedir la expansión de cocales hacia Alto Beni.

Señaló que la base estará a una hora de la pista de Huachi, y se construirá en dos fases: la primera de construcción de los bloques y la segunda para el parque y helipuerto.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, manifestó que se necesitaba de una base militar-policial en los Yungas, puesto que para los operativos en esa región por ahora se debe enviar efectivos desde el Trópico de Cochabamba.

Acotó que el campamento también servirá para evitar la expansión de cultivos de coca hacia Ixiamas y Rurrenabaque, además del parque Madidi.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que la base ya estaba en planes hace alrededor de un año y que ahora se da el paso para construirla, gracias a la predisposición de las Fuerzas Armadas para sanear el terreno.

Respecto al rechazo que existe en La Asunta a la presencia de los erradicadores, el ministro Romero aseguró que no afectará los cultivos legales.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

 

 

 

 

 

 

 

20 Marzo 2019

El vocero por Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara, desmintió al ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, y calificó de desesperadas sus declaraciones de que “si el MAS pierde el poder, Carlos Mesa erradicará la coca en los Yungas".

“Esa es una declaración que no tiene el más mínimo fundamente, es falsa; en ningún momento Comunidad Ciudadana ni nuestro candidato, Carlos Mesa, hablaron de erradicar los sembradíos de coca en los Yungas”, sostuvo Lara.

Lara pidió al ministro Cocarico que “deje de mentir” y calificó sus declaraciones de irresponsables.  Demuestran el estado de desesperación y nerviosismo en el que se encuentran los dirigentes del MAS, quienes, a falta de propuestas programáticas recurren a falsear, distorsionar e incluso inventar cosas que jamás dijimos”, indicó.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Noticiasfides

 

 

 

 

19 Marzo 2019

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la celebración del “Gran Acullico” anunció el comienzo de una campaña de recolección de medio millón de firmas, para pedir la liberación de su presidente Franclin Gutiérrez.

El dirigente Sergio Pampa, en el acto realizado, en la Plaza San Francisco, mostró libros notariados con los cuales se comenzará la campaña.

“Vamos a hacer firmar estos libros notariados para pedir la libertad de Franclin Gutiérrez, tenemos que lograr medio millón de firmas, cuanto sea de libros vamos a comprar como Adepcoca, hacer notariar y hoy vamos a iniciar”, manifestó.

Asimismo, Pampa anunció una campaña para recolectar fondos para ayudar a Gutiérrez, además otros dirigentes detenidos como Juan Carlos Paco de Chamaca y Wilmer Silva de Trinidad Pampa.

Gutiérrez lleva siete meses en la cárcel de San Pedro, acusado por el Gobierno de ser autor intelectual de la muerte de un enfrentamiento que costó la vida a un policía en La Asunta. Su defensa sostiene que es un preso político, y que no existen pruebas en su contra.

Advierten con hacerlo presidente indefinido

En la resolución de la Asamblea de Adepcoca, realizada por el “Gran Acullico”, se decidió ratificar el apoyo a Franclin Gutiérrez.

Asimismo, la resolución advierte que de no liberarse a Gutiérrez se lo nombrará presidente indefinido de Adepcoca.

Por otro lado, se desconoció y declaró persona no grata Gregorio Chamiso, que fue vicepresidente de Adepcoca y se alejó de la directiva afín a Gutiérrez.

El “Gran Acullico” se realizó como contraposición al Día del Acullico que el Gobierno celebra en enero. Se eligió esta fecha para recordar la represión que sufrieron los yungueños en el conflicto por la sede de Adepcoca.

El padre de Franclin pidió ayuda

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Erbol

 

 

 

 

18 Febrero 2019

El dirigente de Adepcoca, José Luis Campos, en contacto con los medios, aseveró que Pampa no se entregará a la Policía, ya que no quieren cometer el “mismo error” de Franklin Gutiérrez, quien fue detenido preventivamente tras entregarse a las fuerzas del orden.

Por su parte, el ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Tito Flores, denunció persecución política contra dirigentes de Adepcoca e informó que tras un ampliado decidieron no permitir la presencia de efectivos policiales en la zona de los Yungas.

Flores también informó que se reactivaron los comités de autodefensa de diez federaciones cocaleras de los Yungas.

“Nuestros comités de autodefensa están organizándose en todas las federaciones de las tres provincias para poder defendernos (…). Nuestros comités de autodefensa no van a dejar ingresar (a efectivos policiales Los Yungas)”, sostuvo el dirigente de Cofecay.

La pasada semana, hubo gasificaciones en la zona de La Calzada, en el municipio de La Asunta, cuando más de un centenar de policías entraron al lugar para detener a los responsables de la golpiza al director de la DIGCOIN, Martín Serrudo.

Producto del hecho, cuatro personas fueron detenidas y el sábado un juez le determinó medidas sustitutivas.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

07 Enero 2019

Un ampliado de campesinos y cocaleros de Yungas aprobó este lunes un pliego petitorio y dar un plazo de 20 días para que el Gobierno atienda sus demandas, o de lo contrario reactivará sus medidas de presión.

El ampliado reunió a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).

El primer punto del pliego pide la liberación de Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, quien consideran que en preso político.

El dirigente está en la cárcel de San Pedro desde finales de agosto de 2018, acusado de ser autor intelectual de la muerte de un policía en un enfrentamiento en La Asunta, sin embargo, su defensa asegura que no existe prueba en su contra.

En el punto 2 se exige respeto al fuero sindical, el tercero pide la abrogación de la Ley General de la Coca, que es rechazada por los yungueños debido a que legaliza la coca del Chapare.

Pretenden también que se realice un referendo sobre el tema de la Ley de la Coca.

En la reunión quemaron la Ley General de la Coca.

En el quinto punto de la resolución, los cocaleros expresaron su apoyo a los médicos en su lucha por un seguro universal técnicamente sostenible.

En sexto lugar, exigen el ensanchamiento de la carretera Unduavi-Chulumani; séptimo, solicitan el equipamiento de los hospitales de los Yungas.

Las organizaciones yungueñas están dando un plazo de 20 días al Gobierno, para que atienda su pliego petitorio, de lo contrario volverán a los bloqueos, marchas, huelgas y otras medidas de presión.

El dirigente de Adepcoca, Sergio Pampa, aseveró que los Yungas no se cansa de movilizarse y que, de ser necesario, lo hará hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, aclaró que los yungueños no están cerrados al diálogo.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

23 Febrero 2017

Dirigentes de los cocaleros de los Yungas decidieron aceptar el acuerdo que se arribó con el Gobierno sobre la Ley General de la Coca, e informaron que sus bases proceden a desmovilizarse después de seis días de protesta en la ciudad de La Paz.

La tarde de este jueves en el Ministerio de Gobierno, el ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), David Huayhua, estuvo en una conferencia de prensa junto a ministros donde anunció que la mayoría de sus bases aceptó en acuerdo.

Entretanto, en la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el dirigente de esta organización Sergio Pampa ratificó que se aceptó el convenio con el Gobierno, porque se viabilizó la mayoría de las demandas de los yungueños.  

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su satisfacción y dio por consolidado el acuerdo con los cocaleros en la conferencia de prensa junto a varios dirigentes yungueños.

El acuerdo, que dispone 14.300 hectáreas de coca para La Paz y 7.700 para Cochabamba, fue firmado en la madrugada por los ministros y dirigentes, pero en horas de la mañana las bases cocaleras quemaron el documento y rechazaron el convenio.

El ejecutivo de Cofecay aseguró que, luego de hacerse las consultas, la mayoría de los cocaleros está de acuerdo con el convenio firmado con el Gobierno.

Agregó que el 80% de los cocaleros que marcharon en La Paz ya se están replegándose a sus lugares de origen.

En la conferencia de prensa no estuvo el presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, quien fue acusado por el Gobierno de golpista. Al respecto, el ministro Romero recordó que este dirigente ya firmó el acuerdo.

Los yungueños instalaron un cerco a la Plaza Murillo el viernes de la anterior semana, en rechazo al proyecto de ley del Gobierno que daba 13 mil hectáreas a La Paz y 7 mil a Cochabamba. En conflicto se tornó violento el lunes y martes con gasificaciones y destrozos en inmuebles policiales.

Luego de la violencia, la dirigencia y el Gobierno se sentaron a dialogar y acordaron subir los límites de cultivos de coca. Dicho pacto será convertido en ley por la Asamblea Legislativa.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

23 Febrero 2017

El conflicto por la superficie de cultivos de coca continúa. Tras el principio de acuerdo al que dirigentes de Yungas y Gobierno llegaron, representantes de Chapare esperan que se respete las 7 mil hectáreas planteadas inicialmente para esa región, mientras que el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, ya anticipa que sólo 5.700 hectáreas serán reconocidas para el departamento cochabambino.

“En el principio de acuerdo (se determinó) para toda La Paz que sería 14.300 hectáreas y Cochabamba se quedaría con 5.700 hectáreas”, con lo que se mantendría las 20 mil hectáreas de cultivos de coca, que el Gobierno pretende legalizar a través de un proyecto de Ley, dijo el legislador oficialista.

El proyecto de Ley de Coca, que el Gobierno impulsa, inicialmente contemplaba la legalización de 20 mil hectáreas de cultivos de la hoja verde en todo el país, es decir, 13 mil para Yungas y 7 mil para Chapare, Cochabamba.

El dirigente de los cocaleros de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo a ANF que todavía su sector no tiene información oficial sobre el acuerdo del Gobierno con dirigentes de Yungas. “Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que se van a mantener las 7 mil hectáreas para el Chapare, estamos seguros que el Gobierno va a cumplir con ese compromiso. De todas formas tenemos una reunión de las seis federaciones hoy a las 15:30 y ahí vamos a convocar a una conferencia de prensa”, afirmó.

En el mismo sentido, la diputada del Chapare, Nora Fernández, ratificó que el acuerdo que tienen con el Gobierno es que para el Chapare sea 7 mil hectáreas y “eso se debe respetar”.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

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