Santa Cruz de la Sierra
14 Noviembre 2018

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió este miércoles por primera vez en siete meses de la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde cumple una pena de más de 12 años de cárcel, para ser interrogado en otra de las causas de corrupción en su contra.

La audiencia, cerrada a la prensa y sin transmisión en directo, comenzó a las 14H00 locales (16H00 GMT) y está a cargo de la jueza Gabriela Hardt, que comanda provisoriamente la operación anticorrupción "Lava Jato" (Lavadero de autos) en sustitución de Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro.

Los abogados que acompañaron a Lula en la audiencia aseguraron a Folha de Sao Paulo que Hardt hizo cuestionamientos incisivos, tanto como su antecesor, y hallaron al ex presidente, detenido desde abril, más delgado.

Pero José Roberto Batochio, que integra la defensa, el político prestó un testimonio "satisfactorio".

Antes del expresidente, fue interrogado por cerca de una hora el ganadero José Carlos Bumlai, acusado de lavado de dinero en el marco del mismo proceso, que involucra a trece personas.

Lula, de 73 años, llegó a la sede de la Justicia Federal en un patrullero a las 13:40 locales. Un fuerte operativo de seguridad acompañó la caravana que salió de la sede de la Policía Federal, frente a la cual decenas de militantes cantaban y enarbolaban banderas de apoyo al ex mandatario (2003-2010).

El convoy abandonó el edificio por una puerta trasera. "Sabíamos que no le iban a dar el gusto a Lula de vernos, pero igual le mandamos ánimos, para que sienta nuestra compañía", dijo Susi Montserrate, en la vigilia que se instaló en un terreno vecino desde que Lula fue detenido el 7 de abril.

Por la mañana, el líder de la izquierda recibió a sus abogados y a Fernando Haddad, el excandidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en las presidenciales de octubre, en las que resultó electo el ultraderechista Jair Bolsonaro con 55% de los votos.

Diputados y senadores del PT acompañaron la manifestación, así como la de grupos más nutridos de personas que se movilizaron hasta la sede de la Justicia Federal de Paraná (estado cuya capital es Curitiba). "Teníamos mucha expectativa de verlo. Hace 222 días que está preso", dijo Regina Cruz, dirigente sindical apostada en el frente del poder judicial.

En un día que empezó con altas temperaturas y siguió con fuertes lluvias, los manifestantes prometieron mantenerse en pie hasta el final del interrogatorio. "Él está preso siendo inocente, es un preso político, no hubo pruebas, apenas montaron un circo este año para impedirle participar en las elecciones porque sería presidente de nuevo", dijo Célia Pontkievicz.

En esta causa, Lula responde por el presunto beneficio de reformas pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014 en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo. La fiscalía le acusa de ser el propietario "de facto" y de haber retribuido estas prebendas con preferencias para contratos con Petrobras.

La defensa de Lula mantiene su inocencia y asegura que la propiedad no le pertenece.

Según expertos, la sentencia difícilmente saldrá antes de un mes y lo más probable es que se dicte después de la feria judicial de fin de año.

En la condena a 12 años y un mes de cárcel que purga actualmente, Lula fue considerado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá (costa del estado de Sao Paulo, sudeste), puesto a su disposición por OAS, igualmente a cambio de su mediación en contratos de la paraestatal petrolera Petrobras.

Lula enfrenta otros cuatro procesos, por corrupción pasiva, tráfico de influencias, lavado de activos y formación de organización criminal. En todos se declara inocente y denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.

La designación de Moro como ministro de Bolsonaro fue vista por la defensa de Lula como "la prueba definitiva (…) de que Lula fue procesado, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún delito, con el claro objetivo de neutralizarlo políticamente".

La partida de Moro abre una nueva etapa en "Lava Jato", la operación que llevó a la cárcel o sentó en el banquillo a centenas de empresarios de primer plano y a dirigentes de casi todos los partidos, al revelar un esquema de sobornos obtenidos a cambio de contratos en la Petrobras.

Gabriela Hardt, de 42 años, es considerada una jueza de "línea dura". Magistrada desde 2009, es sustituta de Moro desde 2014. Comandará la investigación hasta tanto sea designado el relevo de Moro.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: AFP

 

07 Noviembre 2018

El presidente Evo Morales dijo este miércoles que los comités cívicos del país perdieron el propósito reivindicativo por el que fueron creados y los acusó de ser actualmente comités políticos de los partidos de derecha.

“Pero los paros cívicos ahora ya no son paros de reivindicación para la ciudad o para el departamento, sino es una reivindicación política, ya no son comités cívicos si no comités políticos de la derecha”, apuntó Morales en un acto realizado en Potosí.

Pidió a aquellos comités cívicos dejar de engañar a la población y hacer su partido político “a favor del imperio o del pueblo”.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

01 Noviembre 2018

Una exmodelo quien fue aspirante a actriz acusó a Harvey Weinstein de haber sido agredida sexualmente por él en Nueva York cuando tenía 16 años, reportó Page Six.

La mujer, identificada como Jane Doe, presentó una demanda federal por extorsión en Manhattan en la que dijo que, después de acordar una reunión de negocios con el exproductor, él la llevó a su apartamento en Soho.

“Weinstein no perdió el tiempo en exigir sexo agresivamente y con fuerza“, se lee en el texto.

Según los documentos, Weinstein le dijo a Doe que si quería ser actriz tenía que ceder a sus deseos, y alegó que fue así como Penélope Cruz, Gwyneth Paltrow y otras famosas forjaron sus carreras.

“Luego se quitó los pantalones y sostuvo con fuerza a Jane Doe mientras le tomaba la mano y la obligaba a tocar y masajear su pene“, se añadió en el escrito.

El productor se enfureció cuando la entonces adolescente se opuso y le pidió que la dejara ir, a lo que cedió tiempo después; en la década siguiente, él continuó buscándola pero ella se resistió a sus peticiones de sexo.

Doe mantuvo contacto Weinstein para realizar algunos proyectos, como su audición para el reality ‘Project Runway’, aunque el productor se aseguró de que nunca consiguiera alguna participación por negarse a tener relaciones con él.

“Esta afirmación es absurda“, dijo el abogado criminal de Weinstein.

“Al igual que muchas otras mujeres en este caso que ya han sido expuestas como mentirosas, esta última afirmación completamente no confirmada data de hace 20 años, y se mostrará también como evidentemente falsa”.

Ella es la décima perdona en unirse a la demanda colectiva contra el exproductor, Weinstein Company y Miramax, en la que lo acusan por asalto, agresión sexual y violación.

La firma Hagens Berman presentó la reclamación, la cual dice que las compañías estaban al tanto de la presunta conducta ilegal de Weinstein y que la permitieron, amenazando a las víctimas y pagándoles por su silencio.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Teleshow

30 Octubre 2018

El diputado del MAS Henrry Cabrera, denunciado por violencia física y psicológica hacia la mujer, solicitó licencia de sus funciones por 30 días sin goce de haberes, informó la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.

Cabrera fue denunciado de haber golpeado y cometido agresiones piscologías a su expareja, con quien convivía en la ciudad de Santa Cruz. El diputado negó las acusaciones y aseveró que “jamás tocaría a una mujer”.

Gabriela Montaño señaló que la licencia de cabrera es una “señal que la gente estaba esperando”.

Ahora el diputado podrá presentarse ante estrados judiciales para asumir su defensa, sin el amparo del cargo.           

Montaño indicó que la solicitud de licencia de Cabrera es de 30 días de manera inicial, pero se puede extender si es que se requiere.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Erbol

14 Febrero 2017

El vicepresidente de Venezuela ha entrado este lunes en la lista negra de narcotraficantes de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha incluido a Tareck El Aissami en el grupo de sancionados por su "significativo papel en el narcotráfico internacional", lo que le convierte en el funcionario venezolano de más alto cargo en ser castigado por Washington.

Las agencias involucradas en la decisión han insistido en que se trata de una acción contra un individuo, no contra un gobierno, y que es el resultado de una "larga investigación". Pero con este paso la Administración de Donald Trump abre un nuevo frente en América Latina y redobla la presión sobre Caracas iniciada por su predecesor, Barack Obama.

Además del vicepresidente venezolano, en la lista de sancionados figuran el empresario venezolano Samark José López Bello, al que Washington considera el “testaferro” de El Aissami, y 13 empresas “pertenecientes o controladas por López Bello” o sus asociados. Las compañías tienen sede en EE UU, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas.

Las sanciones se enmarcan en la Ley Kingpin, promulgada en 1999 con el objetivo de bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico y que sean una amenaza para Estados Unidos. Implican la congelación de cualquier bien o activo que los señalados tengan en territorio estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con los castigados. Fuentes del Gobierno estadounidense dijeron que se estima que los bienes de los sancionados en EE UU, especialmente en la zona de Miami, ascienden a “decenas de millones de dólares”. Florida, y más concretamente Miami, es una zona privilegiada por los boliburgueses, la oligarquía que floreció a la sombra del chavismo.

Las autoridades estadounidenses han sido enfáticas a la hora de señalar que la designación de El Aissami es una decisión “contra un individuo, no un gobierno”. Se trata de “la culminación de una investigación de varios años bajo la Ley Kingpin para identificar a narcotraficantes significativos en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protegen a los que se involucran en estas actividades ilícitas”, dijo en un comunicado el director en funciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, John Smith. “El mensaje de esta designación no es político ni económico ni diplomático; se trata de ir contra el narcotráfico”, insistió otra fuente oficial en la teleconferencia.

No obstante, a nadie se le escapan las múltiples y graves implicaciones políticas de una decisión que pone en la mira de EE UU al segundo hombre de mayor poder en Venezuela y potencial sucesor de Nicolás Maduro al frente del Gobierno.

De hecho, hace solo una semana, 32 legisladores, tanto congresistas como senadores republicanos y demócratas, firmaron una carta escrita por el senador demócrata Bob Menéndez y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen pidiéndole a Trump que imponga nuevas sanciones “inmediatas” a funcionarios venezolanos “responsables de violaciones de derechos humanos y de corrupción”, incluidos, subrayaban, “aquellos presuntamente involucrados en la crisis alimentaria venezolana”. Los legisladores también reclamaban que las agencias estadounidenses “investiguen de forma exhaustiva” la “conducta y actividades” del nuevo vicepresidente venezolano El Aissami, en vista de las informaciones que ligan al nuevo número dos venezolano con “corrupción, narcotráfico y la influencia de organizaciones terroristas en Venezuela”.

Uno de los signatarios, el senador republicano por Florida Marco Rubio, celebró las sanciones contra El Aissami y manifestó su esperanza de que sean “solo el principio para asegurarnos de que el régimen de Maduro siente presión para poner fin a sus actividades ilícitas, liberar a todos los presos políticos, empiece a tolerar el disenso y respete la voluntad de los venezolanos que votaron para que se abandone el desastroso camino de (Hugo) Chávez y Maduro”.

Rubio es, junto con el demócrata Menéndez, el coautor de la ley que a finales de 2014 abrió la puerta a sanciones contra funcionarios venezolanos por parte de Washington durante el Gobierno de Obama. Este emitió una primera tanda de penalizaciones en marzo de 2015, cuando señaló a siete altos funcionarios venezolanos responsables de seguridad y justicia del Gobierno de Maduro como responsables de la “erosión de los derechos humanos” en el país. Además, para gran indignación de Caracas, el presidente demócrata declaró una “emergencia nacional” respecto de Venezuela, un instrumento que le permite al Ejecutivo, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.

A diferencia de México, Venezuela no ha figurado en la primera línea de ataque de la retórica de Trump. Pero es un país por el que el presidente republicano se ha interesado en repetidas ocasiones de manera más discreta.

Hace un mes, días antes de asumir la presidencia, Trump recibió en su despacho en la Torre Trump en Nueva York a un grupo de hispanos, entre ellos el exembajador guatemalteco en Washington Julio Ligorría. Según confirmó este a EL PAÍS, el magnate mostró un interés particular por el país sudamericano: Trump preguntó por Venezuela y se interesó específicamente por la situación de dos de los políticos opositores encarcelados por el Gobierno de Nicolás Maduro, Leopoldo López y Antonio Ledezma, de acuerdo con las fuentes.

En las últimas horas, Venezuela ha vuelto a ser tema de conversación en la Casa Blanca. Según el comunicado oficial de la Administración Trump, durante la llamada que Trump hizo el domingo al presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, el estadounidense “manifestó su preocupación por los acontecimientos en Venezuela, incluida la situación humanitaria en ese país”. Trump también dijo estar “preocupado” por Venezuela cuando habló con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, un día antes, el sábado.

El interés de Trump por Venezuela podría tener un carácter personal. Uno de los clubes privados de lujo que el magnate devenido en presidente tiene en Florida está en Doral, popularmente conocido como “Doralzuela” por la cantidad de venezolanos asentados en esa zona, situación que le habría sensibilizado más sobre la situación del país sudamericano.

Pero Trump no es el único de la nueva Administración estadounidense con historial venezolano. El nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, también tiene desde hace tiempo una cuenta pendiente con el Gobierno chavista. El texano era jefe de la petrolera Exxon Mobil cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera en la década de 2000, hecho que provocó grandes pérdidas a la compañía que dirigía Tillerson. Ambos se enfrentaron en los tribunales internacionales y, finalmente, Exxon Mobil aceptó un acuerdo por 1.600 millones de dólares, mucho menos que los 10.000 millones en los que había estimado sus pérdidas en Venezuela por la maniobra del Gobierno.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: AFP

21 Octubre 2016

El mediocampista del Manchester United, Paul Pogba, fue denunciado por un vecino que dijo haberse sentido incómodo por los ruidos provenientes del cuarto en el que el futbolista se alojaba junto con Dencia, una cantante africana.

"Me despertaron con gemidos sexuales tan fuertes como los del cine porno", aseguró uno de los turistas del hotel, según publicó el diario inglés The Sun.

"Era imposible no oírlos. Ella gemía muy fuerte y decías cosas como 'bebé', 'eres el mejor', 'no pares nunca', 'me matas', 'tú eres el campeón'. Y no les importaba que los oyeran", agregó otro huésped, quien no quiso revelar su identidad.

El hotel  en cuestión es el Lowry, de cinco estrellas, ubicado en Manchester. Allí, el francés habría pasado parte de sus días tras su reciente llegada al club. Las habitaciones oscilan entre los 250 y 500 dólares por noche.

Uno de los huéspedes, que al final optó por cambiar de hotel, se quejó con los empleados y aseguró que en la habitación de Pogba había un ruido de música hip-hop y que la mujer no paraba de gritar.

Por otra parte, el representante de la cantante declaró que ella no mantiene una relación sexual con el jugador del Manchester United, sólo pertenecen a un círculo social muy cercano.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Mundodeportivo.com

19 Octubre 2016

La Fiscalía presentó imputación formal contra el minero Ángel Aparaya por los delitos de asesinato, robo agravado y atentado contra las personas y bienes del Estado, en marco del caso Illanes, informó el fiscal general Ramiro Guerrero.

Aparaya, principal acusado por el asesinato de Rodoflo Illanes, se entregó a las autoridades la madrugada de este miércoles, luego de una gestión el Defensor del Pueblo que visitó Viloco, donde estaba oculto el minero, y lo acompañó a que se presente.

Guerrero indicó que el cooperativista prestó su declaración desde la una de la mañana por alrededor de cuatro horas. Luego quedó en calidad de aprehendido y se espera que hasta el jueves se realice su audiencia de medidas cautelares.

 Según el fiscal, Aparaya estuvo acompañando por su abogado en todo momento y prefirió guardar silencio respecto a algunos temas.

Las autoridades aseguran que existen declaraciones que comprometen a Ángel como el principal autor material del asesinato, sin embargo, el Defensor del Pueblo reveló que en Viloco recibió testimonios de personas que aseguran la inocencia de Aparaya.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

14 Octubre 2016

La Fiscalía presentó este jueves imputación formal por el caso FOCAS contra 10 personas, incluido Samuel Doria Medina, como también en contra de 15 ciudadanos por el caso ENFE.

El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que se pedirá a la autoridad jurisdiccional que contra los imputados se aplique medidas de carácter personal (para garantizar su presentación) y de carácter real (para que se asegure la reparación del daño económico).    

De acuerdo a los antecedentes del caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), Bolivia recibió financiamiento de Estados Unidos para este proyecto; pero Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento en 1992, dispuso que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (Funda-Pro).

Según la denuncia impulsada por la Asamblea Legislativa, el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares de dinero de FOCAS a favor de  Funda-Pro, con un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.

  Por tal motivo, el líder de Unidad Nacional (UN) fue imputado  por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

El exdirector de FOCAS, Arturo Beltrán, fue imputado por Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

También fueron acusados por la Fiscalía los exministros Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe por Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, debido a que firmaron el Decreto Supremo Nº 23632 del 3 de septiembre de 1993 que homologó préstamo a Funda-Pro.

Además, están imputados Raúl España y Juan Demeure Vander, ambos de Funda-Pro, por la presunta comisión del delito de Contratos lesivos al Estado.

Caso ENFE

En este caso, la Fiscalía investiga irregularidades en la venta de parte la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) a la empresa Cruz Blanca.

De acuerdo con la acusación de la Asamblea, el Gobierno de Goni convirtió parte de ENFE en la Empresa Ferroviaria Andino SAM (FCA-SAM) con un valor de 137 millones de bolivianos, pero luego esta compañía fue vendida por 66 millones de bolivianos, la mitad de su valor real.

Se presentó imputación formal en contra de los exministros Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy e Irving Remberto Alcaraz del Castillo. A todos ellos se los acusó por la presunta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antiecónomica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, puesto que firmaron el Decreto Supremo 24186 que adjudicó la FCA-SAM a Cruz Blanca.

Alfonso Revollo también está imputado por Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Conducta Antieconómica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, por la recomendación de la Comisión de calificación y Firma del Contrato de Suscripción de Acciones.

Los miembros de la comisión que recomendó la adjudicación también están imputados por los tipos penales de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Conducta Antieconómica. Ellos son Édgar Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano y Jorge Harriague Urriolagoitia.

Los exmiembros del Directorio de la FCA-SAM, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida y Ramiro Salinas Romero, fueron acusados por Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

Julio César Oropeza Bleichner, como representante del Sector Público, está imputado por Uso indebido de influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Contratos Lesivos al Estado y Conducta antieconómica.

Franklin Mejía Ríos, por Conducta Antieconómica, Santiago Atsuro Nishizawa y José Isaac Ardaya Calderón por Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, y Conducta Antieconómica, según la Fiscalía.

Rechazos

En el caso FOCAS se emitió resolución de rechazo a favor de Flavio Escobar Llanos, exsubsecretario de Desarrollo Económico y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, por el delito de Conducta Antieconómica.

En el caso ENFE, el fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que se ha emitido resolución de rechazo “parcial”.

Según nota de prensa de la Fiscalía, se emitió rechazo para Gonzalo Sánchez de Lozada por los tipos penales de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, por el Decreto 24165 de creación de la FCA-SAM. No obstante, la investigación continuará contra el exmandatario por su participación en otros aspectos de este proceso de

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

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