Santa Cruz de la Sierra
11 Septiembre 2018

El informe preliminar de la auditoría médica que se realizó el Servicio Departamental de Salud (Sedes)  de Santa Cruz a la operación del niño Sebastián Justiniano,  indica que hay responsabilidad por “inobservancia de protocolo de cirugía” por parte del médico Róger Moreno.

El encargado de presentar la auditoría preliminar fue el secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda: “si se hubieran llenado todos los ítem correspondientes no hubiera ningún error. El médico y su equipo debe estar completamente seguro de la cirugía que se va a realizar sea la que está indicada en la historia clínica o en el protocolo previo”.

Explicó que no hay evidencia de una la valoración clínica o una consulta médica con el cirujano. Además, no se hizo una evaluación del paciente durante la primera  internación y tampoco en la última intervención.

“Si el cirujano contempla que faltan elementos en el hospital, si observa que falta documentación y aun así opera es el responsable. Él está en todo su derecho y hasta es su obligación de rechazar iniciar una cirugía si él considera que no está todo completo”, explicó el titular del Sedes.

Sebastián Justiniano, de tres años, llegó  el 18 de junio al hospital Japonés con un tumor de 13 por 11 centímetros en el riñón izquierdo. Pasó por seis quimioterapias hasta ser intervenido. Sin embargo, Roger M. extrajo el riñón derecho por error.

El cáncer de riñón fue evidenciado en estado 4, con dos meses de evolución del tumor. “El 4 es estado grave porque tenía metástasis en ambos pulmones”, relató Urenda.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Radiofides

16 Agosto 2018

El pleno del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó este miércoles la Resolución N° 20/2017-2018, por medio de la cual derivó el informe presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas sobre las bandas distintivas, a la dirección de Auditoría del Gobierno Municipal a fin de que realice una auditoría operativa y eleve un informe de ley, que será de cumplimiento obligatorio en el órgano legislativo.

En la sesión de este miércoles realizada en el salón Andrés Ibáñez, se presentó la secretaria de Administración y Finanzas del Concejo Municipal, Paola Durán, quien reveló que en la gestión 2016 sí se produjo un proceso de compra de 44 bandas distintivas para los concejales, pero en 2017 no se ejecutó, por lo que aclaró las dudas e interrogantes sobre el tema.

 En el detalle, Durán aseguró que en 2016 hubo una compra de 44 bandas distintivas a Bs 795,45 cada una, y un total de Bs 35.000, mientras que en 2017 se produjo una solicitud del departamento de Protocolo, pero finalmente el proceso se disolvió, es decir fue anulado debido a la mala calidad del producto; el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) avala lo actuado.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, recordó que en las últimas horas envió al alcalde Percy Fernández una solicitud de información respecto a que si en los datos contables del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA se registraron pagos para la adquisición de bandas distintivas en la gestión 2016-2017.

La respuesta del alcalde Fernández, a través del Departamento de Tesorería del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra certificó que, revisadas las gestiones 2016-2017 se puede evidenciar que no existe ningún pago por concepto del proceso mencionado.

“Por respeto no he emitido juicio alguno sobre el tema hasta conocer el informe oficial de la secretaria de Administración y Finanzas. Nuestra responsabilidad como servidores públicos conlleva el respeto a la institucionalidad por encima de cualquier interés político, nuestro deber es informar a la población con la verdad y no con presunciones y conjeturas manejadas, llevadas a ribetes de escándalos falsos”, dijo Sosa.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: GAM

 

07 Agosto 2018

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, informó que el siguiente paso de los empresarios será pedir una auditoria intencional a los datos el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el crecimiento económico, debido a sus “serias dudas” sobre las cifras supuestamente orientadas a que se pague el doble aguinaldo este año.

“Seguramente el próximo paso que vamos a pedir es una auditoría internacional para poder determinar si ese cálculo ha sido correctamente hecho”, afirmó este martes Salinas.

Para llegar al pago del doble aguinaldo, la economía  debe crecer al 4,5% entre julio del año pasado y junio de este año. Ese dato se conocerá en octubre.

La Confederación de Empresarios ya explicó sus dudas sobre los cifras del INE, porque no encuentra sustento real en algunos indicadores de los últimos meses. El Instituto respondió que es irresponsable cuestionar sus datos.

El presidente Evo Morales reiteró el 6 de agosto que el doble aguinaldo es “casi seguro”. Salinas señaló que de consolidarse aquello, se afectaría a la inversión y el empleo, sobre todo se dañaría a empresa chicas y medianas.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: erbol

 

20 Julio 2018

El Servicio General de Identificación Personal (Segip), pionero del Gobierno Electrónico, aclara que la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) al Padrón Electoral, bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral (TSE), evidencia 48.759 cédulas con el mismo número. Sin embargo, dicha observación es, precisamente, al Padrón Electoral y no así al Registro Único de Identificación Biométrico (RUI-BIO), perteneciente al Segip.

Así, dentro de la estructura estatal, cabe aclarar que el TSE es parte del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, mientras que el Segi está bajo la tutela del Ministerio de Gobierno (Órgano Ejecutivo), por lo que las competencias son ajenas y exclusivas.

Cuando el Segip se hace cargo de la emisión de cédulas de identidad (2011) descubrió la existencia de 600.000 duplicados, aproximadamente, debido a que la anterior administración (Policía Boliviana Nacional) no tenía la tecnología ni los recursos humanos capacitados; existían, además, malas prácticas que ocasionaron este fenómeno que generó la emisión de cédulas con el mismo número de registro a dos o tres personas diferentes.

Actualmente, el Segip, bajo las políticas revolucionarias de su máxima autoridad ejecutiva, Marco Antonio Cuba, superó los 10 millones de registros consolidados, esto quiere decir que más del 96% de la población boliviana obtuvo o renovó su cédula de identidad, teniendo en cuenta que actualmente somos 11.307.000 habitantes en Bolivia. Esta meta sorprendente del Segip, alcanzada durante estos siete años de trabajo, permite que se tenga detectada la totalidad de los registros duplicados o repetidos que emitió la administración previa al Se y que a la fecha se cuente con una solución que garantiza la unicidad y protección de los registros de cada boliviano.

Todos los compatriotas que portan una cédula de identidad deben conocer que esta cuenta con número de registro denominado “raíz” y que está visible en los documentos de identidad; asimismo, los usuarios tienen adicionado a este “número raíz” un código complementario que se caracteriza por ser alfanumérico. Este código no es visible en la mayoría de los casos y se denomina “número complemento”.

Cabe aclarar que el Segip posee en la actualidad tecnología de punta y sistemas informáticos de última generación para que se genere el número complementario, con el objetivo de que la identidad de los bolivianos sea única e invulnerable.

Con relación a las 48.759 cédulas mencionadas, estas son fácilmente subsanables porque el Segip tiene una base de datos moderna y actualizada, que incluye los registros de todos los bolivianos.

En ese sentido, el Segip abre las puertas al TSE y a cualquier otra institución para poder contrastar los datos que se consideren duplicados y apoyar en las gestiones de interoperabilidad, muy necesarias para el desarrollo social y estatal.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: radiofides

 

 

11 Mayo 2018

El senador Demócrata, Oscar Ortiz, presentó ante la Contraloría General del Estado (CGE) una denuncia y solicitó una auditoría especial por presuntas  irregularidades en los procesos de contratación en el marco de la Organización de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 (Odesur).

Su pedido se refiere a la contratación de las firmas Kronopios y Arte Bolivia, además de otras empresas que se beneficiaron con contratos que no tenían ninguna relación con su "giro comercial" para la provisión de bienes y servicios en las diferentes actividades de los juegos deportivos.

En el memorial presentado por Ortiz, establece que existen suficientes “elementos, previamente descritos, donde se entendería que la empresa Arte Bolivia SRL se habría presentado en complicidad con la empresa Kronopios y los responsables del proceso de contratación, con el objetivo de simular una competencia real en este proceso de contratación cuando los hechos demostrarían presumiblemente que estaría todo previamente definido y pre digitado”.

Según el legislador por prestarse al simulacro en el proceso de contratación, la compañía Arte Bolivia habría sido recompensada con otro contrato de los juegos Odesur por 1,3 millones de bolivianos.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: noticiasfides

17 Marzo 2017

El presidente de YPFB, Guillermo Achá, informó que se ha procedido a hacer una auditoría interna al proceso de adquisición de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, en el cual la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos  detectó varias irregularidades.

La compra es de 148 millones de dólares, según el senador Óscar Ortiz, quien  denunció anomalías en esta adquisición puesto que otras tres empresas tenían ofertas de menor costo.

La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos investigó y concluyó que esa adjudicación se habría realizado de manera “incorrecta”, y que además habría indicios de incumpliendo de deberes de los funcionarios encargados.

Achá aseguró que la adquisición fue transparente y que entregará los descargos administrativos a las autoridades correspondientes. “Podemos garantizar que el proseo de licitación se ha hecho con absolutamente todas las medidas de transparencia”, dijo.

Respecto al supuesto sobreprecio que denunció Ortiz, el presidente de YPFB manifestó que no se puede comparar ofertas de empresas que no cumplían las especificaciones técnicas, con una que sí lo hacía.

El directorio de YPFB se reunió este viernes a puertas cerradas en Santa Cruz para tratar el informe de la Unidad de Transparencia. Achá se excusó, como lo sugirió la entidad fiscalizadora.

El presidente de Yacimientos anunció que el Directorio tomará las decisiones que ameriten el caso, respecto a la contratación de Drillmec.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

01 Septiembre 2016

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, señaló este jueves que existe más predominio en la falsificación de títulos profesionales de las carreras de Derecho y Auditoría.

“Hemos visto que hay preponderancia (en falsificación de títulos) en las carreras de Abogacía, Auditoría, en algunos casos Medicina, Administración de Empresas”, manifestó Albarracín.

Las declaraciones surgieron luego de que el martes 30 de agosto, la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, solicitara información a la Facultad de Derecho de la UMSA respecto a la tramitación de 16 títulos de abogados, en las gestiones 2000, 2002 y 2004, que serían falsos.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

05 Julio 2016

El nuevo Contralor General del Estado, Henry Ara, indicó que no se realizó una auditoría al Fondo Indígena porque no existen documentos. Explicó que lo que se hizo fue una supervición y posterior intervención, la que continúa.

Señaló que, dependiendo de los resultados de la citada intervención, se determinará si es o no pertinente realizar una auditoría.

“No existe una auditoría propiamente al Fondo Indígena, sino una supervisión. Cuando se ingresó, se planteó hacer la auditoría, pero en el proceso de selección de documentos se observó que no había documentación del Fondo Indígena, por ello se optó por la figura de supervisión”, dijo Ara en una entrevista en RTP.

Expresó que para realizar una auditoría se necesita la documentación pues se hace un análisis de esos papeles, pero “si no existe una documentación se determina que la acción es inauditable”.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

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