Santa Cruz de la Sierra
30 Abril 2019

El senador Yerko Núñez presentó un memorial este martes ante la legisladora Adriana Salvatierra, presidenta de la Cámara de Senadores solicitando una auditoría técnica y jurídica a la evaluación y calificación de los aspirantes a generales en la Policía Boliviana que efectuó la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara Alta, en el periodo  2010-2019.

“El pueblo boliviano necesita esta información”, exclamó el legislador por el departamento del Beni.

El opositor explicó que el objetivo de su pedido es conocer “si se respetó la meritocracia y la institucionalidad de la Policía Boliviana o estuvo sometida a la manipulación e injerencia política”.

“La Policía está en crisis por denuncias de extorsión, corrupción, violación y vínculos con el narcotráfico de varios de sus miembros; en consecuencia, es menester transparentar los méritos y las calificaciones para el ascenso al generalato desde el año 2010 al 2019, para saber”, manifestó.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

 

 

 

21 Febrero 2019

El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que se harán auditorías necesarias, respecto al caso de los depósitos que reciben dirigentes de los choferes, por concepto de aportes cobrados por Vías Bolivia en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto.

“Por supuesto que va a haber las auditorías que sean necesarias, para establecer si estuvo bien hecho o no”, manifestó el segundo mandatario este jueves.

El caso fue denunciado por el diputado Wilson Santamaría, quien reveló que desde 2008 Vías Bolivia tiene un acuerdo con la Federación de Choferes de La Paz, para cobrar un adicional de 20 centavos a los transportistas en el peaje de la Autopista para un fondo Pro Salud.

El monto recaudado por ese concepto fue depositado por Vías Bolivia a cuentas a nombre de los dirigentes de los choferes. El monto llegaba a casi 12 millones de bolivianos hasta 2017.

García Linera señaló que tiene entendido que esa forma de recaudación de los choferes ya viene desde 2004 o 2005. Anteriormente, el Ministro de Obras, indicó que un acuerdo similar se ejecutaba cuando Toll S.A. era la empresa encargada del peaje, antes que Vías Bolivia.

El Vicepresidente indicó que, si bien aquello está establecido desde hace 15 años, “habrá que hacer una revisión completa de esas decisiones”.

Respecto a si es correcto hacer depósitos a cuentas de dirigentes, García Linera manifestó que eso se debe definir en la auditoría.

Los dirigentes de los choferes ya expresaron que ninguna autoridad estatal tiene derecho a controlar esos recursos, porque son privados. La oposición, por el contario, cuestiona que una entidad pública como Vías Bolivia recaude dinero y se lo entregue a los representantes choferes.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Erbol

 

29 Octubre 2018

El representante del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz, Américo Araníbar, informó este lunes que la auditoría del caso Alexander ya fue concluida y que el miércoles en reunión de Sala Plena se conocerá el informe final para asumir una determinación respecto a los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia.

Hace tres semanas, el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informó ante la Asamblea Legislativa que el 28 de octubre se conocería la auditoría.

Consultado al respecto, el delegado Araníbar indicó que la Dirección de Control y Fiscalización del CM ya tiene concluida la auditoría y seguramente la está remitiendo a Sala Plena.

Explicó que la Sala Plena tomará conocimiento oficial del documento el miércoles, y que en base a aquello asumirá una determinación.

Los jueces investigados en esta auditoría son Patricia Pacajes (que ya fue cesada del cargo, pero aún tiene responsabilidad), Eduardo Mérida y Gladys Guerrero, quienes conformaron el tribunal que condenó a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández.

Una comisión también encontró irregularidades

Araníbar indicó que la semana pasada la Sala Plena del CM ya conoció un informe de una comisión de la Dirección de Control Fiscalización, que realizó una evaluación al Tribunal Décimo, conformado por Pacajes, Guerrero y Mérida.

Señaló que, en base a ese informe, se ha determinado procesar a los tres miembros del tribunal, tanto en la vía disciplinaria y también penal.

Aclaró que esa evaluación no es realizó al caso Alexander, sino a otros casos que conoció el Tribunal Décimo.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Erbol

01 Septiembre 2016

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, señaló este jueves que existe más predominio en la falsificación de títulos profesionales de las carreras de Derecho y Auditoría.

“Hemos visto que hay preponderancia (en falsificación de títulos) en las carreras de Abogacía, Auditoría, en algunos casos Medicina, Administración de Empresas”, manifestó Albarracín.

Las declaraciones surgieron luego de que el martes 30 de agosto, la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, solicitara información a la Facultad de Derecho de la UMSA respecto a la tramitación de 16 títulos de abogados, en las gestiones 2000, 2002 y 2004, que serían falsos.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

05 Julio 2016

El nuevo Contralor General del Estado, Henry Ara, indicó que no se realizó una auditoría al Fondo Indígena porque no existen documentos. Explicó que lo que se hizo fue una supervición y posterior intervención, la que continúa.

Señaló que, dependiendo de los resultados de la citada intervención, se determinará si es o no pertinente realizar una auditoría.

“No existe una auditoría propiamente al Fondo Indígena, sino una supervisión. Cuando se ingresó, se planteó hacer la auditoría, pero en el proceso de selección de documentos se observó que no había documentación del Fondo Indígena, por ello se optó por la figura de supervisión”, dijo Ara en una entrevista en RTP.

Expresó que para realizar una auditoría se necesita la documentación pues se hace un análisis de esos papeles, pero “si no existe una documentación se determina que la acción es inauditable”.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

02 Julio 2016

El nuevo contralor General del Estado, Henry Ara, anunció que en los próximos días iniciará la auditoría a la Empresa Nacional Textil (Enatex) para investigar en qué se invirtió los más de 60 millones de dólares por parte del Estado a la instancia estatal.

Aclaró que no se convocará a la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, quien estuvo al tanto de los manejos administrativos de Enatex, antes que se anuncie su quiebre, porque “las auditorías no se hacen a personas, sino a instituciones”.

“Se pedirá a la ministra Ramos, la ministra actual, toda la información sobre la institución. Lo que es normal cuando nos llega un requerimiento, es que se pide información necesaria a la empresa o en este caso al Ministerio de Desarrollo Productivo y en base recién plantear si se puede hacer una auditoría”, afirmó.  

El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, confirmó que una nota fue enviada por esta organización sindical a la Contraloría General del Estado, solicitando esta auditoría.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

14 Junio 2016

Expertos en finanzas públicas del Senado brasileño harán una nueva auditoría de las cuentas del Gobierno de Dilma Rousseff para confirmar si incurrió en las irregularidades que la llevaron a un juicio político, informó este martes la Corte Suprema.

La decisión de realizar ese nuevo análisis de las cuentas fue tomada por el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, quien acogió una apelación de la defensa de la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando asumió el poder en forma interina el hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.

La nueva autoría había sido solicitada por la defensa de Rousseff y negada inicialmente por la comisión del Senado que está a cargo del proceso.

Sin embargo, Lewandowski, quien comparte con esa comisión las responsabilidades del juicio, aceptó la apelación, aunque determinó que la nueva auditoría sea realizada por expertos del Senado y no por peritos extranjeros, como pretendía la defensa.

Según la acusación, Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales, como la contratación de créditos para el Gobierno con la banca pública, lo que configuraría un "delito de responsabilidad", como la Constitución brasileña califica las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

La defensa de Rousseff lo niega, aunque admite que el Gobierno, a lo sumo, pudo haber cometido algún tipo de "falta" administrativa, que no bastaría para que sea despojada de su mandato.

El resultado del nuevo análisis de los resultados que el Gobierno de Rousseff presentó en 2015 será entregado a la comisión del Senado y pasará a engrosar los documentos probatorios del proceso.

La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta, volverá a reunirse hoy, cuando escuchará a los primeros testigos de la defensa.

La fase procesal concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.

Ese informe será sometido entre los días 1 y 2 de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue.

Si así fuera, la Corte Suprema convocará al pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.

En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos).

En ese caso, Temer debería completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta recuperaría el poder una vez que sea publicada la sentencia.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

08 Junio 2016

Mientras el vicepresidente Álvaro García Linera anunció un proceso de auditoría al manejo de la fábrica estatal textil Enatex, un grupo de extrabajadores cumple 17 de días en huelga de hambre en La Paz, en un piquete que demanda la reincorporación de la unidad productiva.

García dijo que las organizaciones sociales del Conalcam reunidas en Palacio de Gobierno solicitaron una investigación al manejo financiero de la empresa y la conformación de una comisión social para ayudar a los trabajadores desafectados.

Explicó que el Estado asumió la administración de Ametex de Marcos Iberkley cuando estaba en quiebra y el gobierno la hizo revivir mediante una terapia intensiva, inyectando 60 millones de dólares para capital de trabajo y la indemnización a los extrabajadores en un promedio de 70 a 100 mil bolivianos.

Sin embargo las condiciones adversas de la industria textil internacional evitaron que la empresa pueda levantarse no obstante el esfuerzo del gobierno por reactivarla.

Entre tanto, los trabajadores mantienen una huelga de hambre que ingresa a los 17 días con  10 bajas, mientras algunos empleados se incorporan a la medida de presión, que tiene el respaldo de la Federación de Fabriles de la Paz y la Central Obrera Boliviana.

Los huelguistas aseguraron que no levantarán la huelga y esperan que el organismo matriz de los trabajadores arranque del gobierno un compromiso para preservar las fuentes de trabajo.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

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