Santa Cruz de la Sierra
12 Febrero 2019

La modelo Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, quien este martes fue declarado culpable de todos los cargos en un juicio internacional de distribución de drogas, en Nueva York, se mostró tranquila con el veredicto.

Al parecer Coronel, de 29 años, ya esperaba que eso podría pasar.

Según las cadenas de televisión que cubren el importante evento, ‘Emma le levantó el pulgar de la mano derecha, se cruzó las manos en el pecho y le tiró un beso’ antes de que los alguaciles retiraran a El Chapo rápidamente de la sala, de acuerdo con la red CNN.

El narcotraficante mexicano fue declarado culpable de todos los cargos en un juicio internacional de distribución de drogas en Nueva York.

Su sentencia se conocerá el 25 de junio, pero recibiría cadena perpetua, aunque sus abogados ya informaron que van a apelar la decisión del juez.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

06 Febrero 2019

La Justicia brasileña condenó hoy al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Lula (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.

La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.

Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).

Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.

Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

18 Diciembre 2018

El gobierno de Bolivia se abstuvo de firmar una fuerte declaración de condena de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) contra la represión “generalizada y sistemática” en Nicaragua en contra de ciudadanos y extranjeros, que se suscita desde el pasado 18 de abril.

Pese a que el presidente Evo Morales viajó hasta Montevideo, Uruguay, para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, Bolivia no es parte de esta declaración que sí fue firmada por el resto de los países parte del bloque: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, además de los estados asociados de Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

A Bolivia se suman también Guyana y Surinam, que tampoco firmaron la declaración. En el caso de Venezuela, que es un Estado parte del Mercosur, pesa todavía una suspensión por la “ruptura del orden democrático”.

“Los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados de Chile, Colombia, Ecuador y Perú manifestaron su preocupación por el agravamiento de la situación en Nicaragua que viene deteriorándose hace ya ocho meses”, se lee en la primera parte de la declaración.

Leyenda

“En particular reiteran enfáticamente su condena a los hechos de violencia que han provocado la pérdida de numerosas vidas y rechazan la represión generalizada y sistemática contra ciudadanos y extranjeros, especialmente las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias perpetradas contra la población civil, incluidos los defensores de derechos humanos”, señala el pronunciamiento.

Los países del Mercosur demandan al gobierno de Nicaragua permitir trabajar a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de protección de derechos humanos y permitir investigaciones de los hechos de violencia. Así también instan a desarticular las organizaciones paramilitares. Además, se aboga por que se retome el camino del diálogo para encontrar una salida pacífica a sus conflictos.

Hoy se cumplen 8 meses del estallido social de abril pasado, que desató una crisis que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 610 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 detenidos que califica de "terroristas", "golpistas, y "delincuentes comunes".

Las protestas contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal de las manifestaciones.

Aunque en los últimos meses declinó el movimiento de protestas en las calles de Nicaragua, el gobierno arremetió contra organizaciones de derechos humanos y medios de prensa críticos del presidente Ortega.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

08 Noviembre 2018

El Ministerio Público ha determinado levantar la apelación que había presentado la fiscal Susana Boyán para aumentar la sentencia contra Jhiery Fernández a 30 años de cárcel, dentro el caso Alexander.

El fiscal general Juan Lanchipa informó que se tomado esa decisión al evidenciar que la apelación presentada por el Ministerio Público no tenía la suficiente argumentación.

Explicó que para fundamentar una apelación tiene que haber existir una debida argumentación jurídica y se debe comprobar que se han agraviado los intereses del Ministerio Público, pero esos requisitos no se cumplido.

Lanchipa indicó que también se tomó en cuenta el informe del Defensor del Pueblo, en el cual se advierte que el trabajo de los fiscales en el caso Alexander careció de los principios de legalidad y transparencia.

Fernández fue condenado a 20 años de cárcel en marzo de este año. Luego se presentaron dos apelaciones: una de parte de la defensa que pidió anular la sentencia y la segunda de parte de la fiscal Boyán que solicitó aumentar el castigo.

Ahora, con el retiro de la apelación de la Fiscalía, sólo sigue en curso la apelación de la defensa de Jhiery Fernández.

El fiscal Lanchipa dejó en manos del Tribunal Departamental de Justicia determinar si la sentencia de primera instancia se mantiene vigente.

Respecto a los fiscales que abordaron el caso, como Boyán y Edwin Blanco, el Fiscal General señaló que se está esperando el informe de la comisión encargada de revisar el proceso, para tomar una determinación.           

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

03 Diciembre 2016

El largo y complejo juicio del ex jefe militar de los serbios de Bosnia, Ratko Mladic, apodado el "carnicero de los Balcanes", se acerca a su conclusión con el inicio de los alegatos finales previsto el lunes, más de veinte años después del conflicto. Mladic, de 72 años, está acusado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), de La Haya, de haber llevado a cabo la "limpieza étnica" de una parte de Bosnia, con el fin de crear un Estado serbio étnicamente puro.

Debe responder por 11 cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), que dejó más de 100 mil muertos y 2,2 millones de desplazados. La acusación tendrá tres días a partir del lunes para presentar su argumentación antes de dejar la palabra, el viernes, a la defensa para su alegato, con el que se cerrará el proceso iniciado en 2012. Se espera que el fallo se haga público en 2017.

Tras haber escapado a la justicia internacional durante 16 años, fue detenido en la casa de un familiar, en Serbia, el 26 de mayo de 2011. Acusado oficialmente en julio de 1995, continuó viviendo con normalidad hasta el año 2000, cuando se escondió después de que el presidente serbio Slobodan Milosevic fuese destituido del poder.

Mladic deberá responder principalmente por el asedio de Sarajevo, cuando, durante 44 meses, 10.000 civiles perdieron la vida por los disparos de mortero lanzados desde los cerros que rodean la ciudad o por los tiros de francotiradores. Procesado por haber secuestrado como rehenes a personal de Naciones Unidas, Mladic declaró: "las fronteras siempre se trazan en la sangre y los Estados se marcan con tumbas".

También está siendo juzgado por la masacre de cerca de 8.000 hombres y niños musulmanes en julio de 1995 en Srebrenica, la peor masacre cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Munira Subasic, presidenta de la asociación de madres de Srebrenica, declaró a la AFP que esperaba que acabe siendo condenado a cadena perpetua.

El alter ego político de Mladic, Radovan Karadzic, fue condenado recientemente a 40 años de detención, principalmente por el genocidio de Srebrenica. "Los que todavía piensan que Karadzic y Mladic son héroes quizá hablarían de otro modo hoy si hubieran sido condenados rápidamente tras la guerra", lamentó Subasic.

Mladic "no tiene mucha confianza en este tribunal, no tiene grandes esperanzas", aseguró su abogado, Branko Lukic. "Piensa que si los jueces fundan su decisión en hechos, será absuelto, pero que si es un proceso político, será condenado", agregó.

Durante el pleito, la defensa de Mladic bombardeó a los jueces con más de 950 mociones e incluso solicitó que el proceso fuera anulado al no considerarlo equitativo. La mayor parte de las mociones fueron rechazadas.

Este proceso es el último del TPIY, establecido por Naciones Unidas en 1993, en plena guerra, para llevar ante la justicia a los autores de las peores atrocidades cometidas durante los conflictos que devastaron la antigua Yugoslavia.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP

29 Septiembre 2016

Un tribunal penal en Lima condenó a Vladimiro Montesinos, el jefe de facto de las Fuerzas Armadas y exasesor del presidente durante la dictadura de Alberto Fujimori, a 22 años de prisión como autor de un delito de desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao en 1993, Martín Roca y Keneth Anzualdo, y el profesor Justiniano Najarro, secuestrado ese mismo año. La Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima calificó los hechos como crimen de lesa humanidad. La sentencia indica que está probado que las víctimas fueron detenidas y llevadas a las celdas en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE): allí los torturaron y asesinaron y luego incineraron los cuerpos en el horno del SIE instalado con ese fin. Montesinos ya cumple una condena de 25 años.

Además de a Montesinos, la justicia peruana condenó a 22 años de cárcel el entonces comandante general del Ejército peruano, Nicolás Hermoza Ríos —quien, como el exjefe de facto de las Fuerzas Armadas, ya está en prisión por otros crímenes—, y a 15 años el exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Jorge Nadal Paiva, quien no asistió a la lectura de sentencia y es reo contumaz. “Nadal asistió a las primeras sesiones del juicio, pero está fugado: si lo detienen tendrá que haber otro juicio oral para su caso, tiene varios otros procesos”, explicó la abogada Gloria Cano en declaraciones a este diario.

 En agosto de 1993, en plena dictadura de Fujimori, un grupo de efectivos de la Marina allanó la casa del estudiante Martín Roca para llevarse la grabación de una marcha de protesta en la que participaron jóvenes. Al no encontrarla, lo torturaron y amenazaron de muerte. En octubre, Roca volvía a su casa en un omnibus y no se supo más de él. Un amigo suyo, el también universitario Anzualdo, iba a dar su testimonio en diciembre sobre la desaparición de su compañero de estudios, pero el vehículo en el que viajaba fue interceptado por supuestos policías y desapareció. Tampoco se supo más de él.

Cano indica que entre las pruebas más importantes del caso están los cuadernos de ingreso del Servicio de Inteligencia del Ejército. “Las fechas de detención e ingreso coinciden con la fecha de desaparición de los agraviados, aunque no figuren los nombres”, apunta. En 2002, una comisión de investigación del Congreso peruano encontró dichos documentos. Los militares identificaban con una clave a los civiles que retenían en los sótanos del SIE.

En el caso del profesor Najarro, fue acusado —por el dueño del local que alquilaba— sin pruebas de ser miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso y tras tres años preso fue absuelto. Después el asesinato de un exmiembro del Ejército cerca del local, en el que regentaba una panadería, dos militares allanaron su casa y no encontraron nada, pero se lo llevaron a él en un automóvil con rumbo desconocido.

Los familiares de los desaparecidos, que buscaban justicia desde 1993, tuvieron que esperar casi dos décadas hasta que se produjese la acusación del Ministerio fiscal. En 2012 empezó el juicio oral. Ayer, los allegados de las víctimas indicaron en una conferencia de prensa que la sentencia les “restituye la dignidad y la confianza en la justicia”, pero esperan que encuentren los restos de sus seres queridos.

 “La sentencia no alude a la búsqueda de los restos, pero cuando se mete un cuerpo humano en un horno, no se destruye totalmente. Los restos deben estar enterrados en algún lugar cerca del SIE. Para solicitar esa diligencia usaremos la nueva ley de la búsqueda de desaparecidos”, añadió la letrada abogada Cano.Montesinos ya cumplía condena de cárcel hasta 2026, cuando tendría 81 años. Con la nueva pena, su salida de prisión se postergará aún más.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP

06 Septiembre 2016

El exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó la sentencia en su contra de cinco años de privación de libertad por el delito de enriquecimiento ilícito, que se conoció este martes, y desafió al presidente Evo Morales a conformar una comisión de la verdad internacional y asistir a elecciones limpias.

“Aprovecho para desafiar a Evo para conformar una comisión de la verdad internacional para ver realmente quién dice la verdad, lo desafío también a unas elecciones limpias”, expresó Reyes Villa en contacto telefónico con ANF.

El fiscal departamental de Cochabamba, Ever Veizaga, informó que el Tribunal Sexto de Sentencia determinó la condena en rebeldía de Reyes Villa.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

07 Julio 2016

Ángel Vallejo Balda fue condenado por la filtración de documentos secretos del Vaticano.

Otra de las imputadas y colaboradora de Vallejo, la italiana Francesca Chaouqui, fue condenada a 10 meses de prisión con suspensión de aplicación de la pena.

El otro ex trabajador vaticano imputado en el mismo caso, el administrativo Nicola Maio, fue absuelto.

Los tres prestaban sus servicios en la extinta Comisión investigadora de los Organismos Económicos y Administrativos de la Santa Sede (COSEA), de la cual Vallejo Balda era secretario y de la que proviene la mayor parte de la documentación filtrada.

Estaban imputados también los dos periodistas que recogieron la información en sus libros, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, quienes fueron absueltos al no ser el tribunal competente desde el punto de vista jurisdiccional.

Vallejo ya ha descontado casi nueve de los 18 meses de condena mediante una serie de medidas cautelares de restricción de la libertad de movimiento y no regresará a prisión.

El proceso comenzó el pasado 24 de noviembre.

Vallejo, Chaouqui y Maio estaban acusados de los delitos de asociación para delinquir y de divulgación de secretos. Mientras que los periodistas afrontaban el cargo de cooperación en la divulgación de información confidencial.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

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