Santa Cruz de la Sierra
12 Noviembre 2018

A un día que la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz se declarara en emergencia  por considerar que el Director nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pone en riesgo la seguridad operacional del sector, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros dijo que se trata de denuncias de casos puntuales y negó conflicto en el sector aeronáutico.

"Hay temas que son muy puntuales; ustedes saben muy bien que de un tiempo a esta parte hemos trabajado de manera continua en el mejoramiento de la seguridad operacional. Prueba de ello es que el año pasado hemos tenido una mejora en la calificación de las auditorías de la OACI, y esa mejora no se logra con eventos adversos", señaló en conferencia de prensa.

En cuanto a las denuncias en sentido que desde la DGAC se estaría generando inseguridad operacional del sector aeronáutico, respondió: "Hay un control permanente, tenemos reuniones casi cada 15 días con el grupo aeronáutico para que podamos analizar todas estas situaciones que se dan, pero son temas muy puntuales que de ninguna manera representan conflicto en tema aeronáutico".

A Claros también se le consultó sobre la denuncia que involucra al avión con matricula CP -2600 de la DGAC que lo trasladó a Brasil presuntamente vulnerando procedimientos de seguridad, a lo que respondió con una confirmación de conocer dicha denuncia.

"Hemos recibido esa nota y la hemos derivado a la Jefa de Transparencia para que haga una investigación a detalle, toda denuncia que pueda recibir el Ministerio lo va a procesar a través de esa instancia", señaló.

Dijo que una vez se cuente con los resultados de dicha investigación emitirá criterios. "Mientras tanto, muchas veces se presentan denuncias infundadas, que no tienen sustento, veremos qué resultados arroja la investigación en Transparencia", manifestó.

En tanto la Dirección de la DGAC manifestó a través de una carta que "actualmente existe un mayor control en el cumplimiento de los requisitos para la importación de aeronaves y aeródromos".

Denuncia de pilotos

La Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y solicita al presidente Evo Morales, asumir acciones necesarias paras evitar que el director nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Celier Aparicio Arispe continúe poniendo en "riesgo la seguridad operacional del sector y dañando a la aviación civil con su deficiente, abusiva y arbitraria gestión".

 "Dentro de sus desacertadas decisiones administrativas sin ningún fundamento técnico y normativo, el general Arispe ha dispuesto una serie de procedimientos que ponen en riesgo la seguridad operacional, exponiendo la vida e integridad física de pasajeros y tripulación de pasajeros y tripulación", denuncia la Asociación.

Bajo el rótulo de carta abierta al señor presidente Evo Morales Ayma y a la ciudadanía en general, la Asociación le advierte al primer mandatario y a la población que el actual Director de la DGAC no sólo ha ocasionado un retroceso institucional sin precedentes a la aeronáutica nacional, sino que también pone en riesgo la seguridad operacional.

 "Como entidad representativa del sector de pilotos civiles del departamento de Santa Cruz deseamos expresarle nuestra preocupación por la deficiente gestión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a cargo del general Celier Aparicio Arispe Rosas quien lamentablemente actúa de forma abusiva y arbitraria", señala la misiva.

Mediante la nota, también se asegura que la máxima autoridad aeronáutica ha ocasionado un retroceso institucional sin precedentes en la DGAC debido a su desconocimiento de aspectos técnicos de la aviación, regulaciones nacionales e internacionales de la aeronáutica civil y derechos fundamentales.

"La mencionada autoridad, en una fragrante vulneración a los principios que rigen la administración pública, ha decidido obstaculizar y burocratizar los trámites que se realizan cotidianamente ante la DGAC, en especial, los relativos internación de aeronaves, registro de pistas, certificaciones y renovaciones de documentación, permisos de operación de salida o ingreso, etcétera", señalan los pilotos asociados.

La Asociación denuncia que el general Arispe se ha propuesto la tarea de cuestionar a nivel internacional el profesionalismo de pilotos de aviación civil y comercial bolivianos, obligándolos a recalificar su competencia lingüística por un compromiso personal asumido ante la autoridad aeronáutica civil de EEUU, en franco atentado a nuestra soberanía e independencia.              

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

09 Noviembre 2018

Nolberto Condori Chambi y su esposa denunciaron públicamente la desaparición de su hijo de ocho años de edad. Sostuvieron que, según les dijeron comunarios, el niño fue sacrificado por mineros auríferos de la provincia Muñecas de La Paz.

Segú relataron los padres, asistieron el 14 de septiembre a la fiesta patronal de la comunidad Pusillani, de la tercera sección Aucapata. Sin embargo, su hijo despareció en horas de la mañana y nadie sabía nada.

El padre contó que con un fiscal y un policía ingresaron a la zona a hacer averiguaciones, pero fueron secuestrados en el pueblo de Cosñipata, donde incluso los comunarios sopesaron quemarlos porque temían que fueran falsas autoridades.

Entonces, los familiares empezaron a recibir los comentarios de los lugareños. Les dijeron que mineros se habían acercado a su niño con golosinas y dinero para llevárselo a la mina de Cosñipata.

De acuerdo con esa versión, los mineros trataron bien al niño, le pusieron serpentina, le hicieron comer, tal vez le dieron alguna bebida alcohólica para tomar, y luego lo enterraron vivo, como un sacrificio para mejorar la extracción de oro.

Los padres señalaron que su niño tenía problemas para hablar, y que usualmente los mineros buscan a menores con ese tipo de dificultades para sacrificarlos.

Aseguraron que en la comunidad también una hay un abuelo que pide justicia porque su nieta también fue sacrificada antes. La madre de la niña habría recibido una acción de la cooperativa minera a cambio de su silencio.

Los padres del niño están convencidos de que su hijo está enterrado en la mina Cosñipata-Santa Bárbara. Pidieron a las autoridades que los ayuden a ir a buscarlo, puesto que el fiscal ya no recibe sus llamadas.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

09 Noviembre 2018

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, negó este viernes que haya incurrido en el delito de encubrimiento, como lo denunció el diputado Amílcar Barral. Aseveró que él mismo ha denunciado a dos de sus hermanos que fueron involucrados en cobros irregulares.

Días antes el diputado Barral presentó ante el Ministerio Público un escrito en el cual denuncia que el ministro Cocarico encubrió a su hermano Rogelio - encarcelado por estafa a una comunidad menonita- porque conocía del caso el año pasado y no habría hecho nada al respecto.

El Ministro aclaró que ese delito de encubrimiento y el complicidad no se pueden aplicar a su persona, porque él sí presentó la denuncia al conocer que “ciertas personas y familiares estaban haciendo mal uso” de su nombre.

Afirmó que presentó las denuncias ante el Ministerio Público tanto en La Paz como en Santa Cruz.

Además, señaló que cuando le enviaron una carta en 2017 denunciando a su hermano Rogelio, él respondió que el proceso penal abierto debería seguir su curso.

El Ministro agregó que también ha denunciado a otro hermano suyo en Tarija. Se trata de Luis Cocarico, quien fue implicado en una estafa a una comunidad, usando su influencia como familiar de una alta autoridad.

César Cocarico afirmó que puso tres denuncias contras sus hermanos: una en La Paz, otra en Santa Cruz y la tercera en Tarija. “Soy el único que ha denunciado a su propio hermano”, sostuvo.

El Ministro aseguró que no cometió delito. Indicó que la responsabilidad penal es personal y él no puede pagar por lo que hizo su familiar.  

Advierte con proceso a Barral y lo llama “mafioso”

El Ministro de Desarrollo Rural aseveró que el “mafioso” y “maleante” es el diputado Barral. Recordó que el opositor fue suspendido de la Cámara Baja al descubrirse que había cobrado la mitad del sueldo a un funcionario suyo.

También llamó “cobarde” al diputado porque, según su explicación, sólo presentó una carta ante el Ministerio Público y no así una querella formal para acusarlo. Dijo que esperará hasta el lunes para que Barral haga su querella o, de lo contrario, él presentará una denuncia contra el legislador. 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

 

07 Noviembre 2018

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, presentó este miércoles una denuncia penal contra el exprefecto Ernesto Suárez, acusándolo de que bajo se administración en 2006 se pagó más de 600 mil bolivianos por una “piscina fantasma”, es decir, que ni siquiera se comenzó a construir.         

“La piscina no se hizo nunca, se cobró y nunca se devolvió la plata a la Prefectura, es uno de los muchos robos y engaños que se hizo durante la administración de los Demócratas”, aseguró Ferrier, tras presentar la denuncia.

Explicó que la administración de Suárez contrató a una empresa para la construcción de la piscina y le pagó un adelanto de casi 500 mil bolivianos, además de una planilla de avance de obra de unos 150 mil bolivianos. Sin embargo, aseguró que la obra ni siquiera se instaló.

El gobernador, militante del MAS, aseveró que como este caso existen otros de obras “fantasmas” cuya responsabilidad es de los actuales miembros de Demócratas. 

“Si me van a a responder insultándome, que es lo que sabe hacer esa gente, que lo haga, pero que vayan y le digan al pueblo beniano dónde está esa piscina que se comieron”, expresó.

En su denuncia, Ferrier pidió al Fiscal General del Estado que disponga de una comisión de fiscales para investigar los casos de corrupción.

Aclaró que la piscina olímpica recién estrenada se trata de otra obra, que costó 50 millones de bolivianos y fue financiada con apoyo del Gobierno nacional.     

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

06 Noviembre 2018

Por un supuesto encubrimiento a su hermano implicado en un proceso de tráfico de tierras, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral presentó este martes en la Fiscalía de La Paz una denuncia en contra del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

“Acabamos de presentar la denuncia ante el fiscal departamental William Alave contra el ministro César Cocarico por los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento  y omisión a denuncia, todo esto en el caso Clan Cocarico”, anunció el legislador.

Recordó que el hermano del Ministro, Rogelio Cocarico Yana, guarda detención en Palmasola, sindicado de la “estafa agravada de $us 200.000” que cobró a múltiples víctimas de una comunidad menonita a quienes ofreció sanear “tierras ilegales” y fiscales en 2016. Dijo que Cocarico conocía de esta irregularidad desde el año pasado.

De acuerdo al cuaderno de investigaciones, ese monto era el anticipo de un total de $us 600.000.

La abogada de las víctimas, Marianela Bozo, denunció que Cocarico fue alertado del ilícito y de que se usaba su nombre, “pero él me colgó el teléfono y no quiso saber nada”.

 “Que el ministro haya reconocido que sabía del delito desde el año pasado y no haya hecho nada corresponde nomás iniciarle ese proceso, ojalá no se politice y esto tenga que llegar a buen puerto y los culpables de extorsiones estafas y tráfico de tierras sean sancionados de acuerdo a ley”, dijo Barral.

Varios legisladores de la oposición denunciaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) formaron “una red de corrupción” que solapó ese tipo de hechos.

“Aunque seamos hermanos, nada puedo hacer, no puedo aprovechar mi condición de autoridad nacional para influir de alguna manera. Si está involucrado de hechos ilegales, debe aclararse su situación”, escribió Cocarico en un comunicado de prensa divulgado el 26 de octubre.

En la misma nota admitió:  En “agosto del año 2017 recibí una nota escrita denunciando discriminación del INRA, pidiéndome que interceda en esta supuesta injusticia y advirtiéndome al final que tienen un proceso penal contra mi hermano”.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Agencias

29 Octubre 2018

El viceministro de Viviendas, Javier Delgadillo, denunció el lunes que personas realizaron cobros irregulares por proyectos de vivienda social, edificados por el Gobierno.

“Hemos hecho la denuncia y están en proceso de investigación los implicados en ello, hemos identificado varios números de teléfono, varios números de cuentas en los bancos y a partir de ello seguramente el Ministerio Público y las instancias encargadas podrán hacer la identificación de los responsables”, sostuvo Delgadillo.

El funcionario detalló que estos delincuentes se presentan como funcionarios del Viceministerio de Vivienda y como personal de confianza de él. Los falsos empleados del Gobierno, piden a sus víctimas entre tres mil a cuatro mil dólares para ingresar a los programas de vivienda social.

Asimismo la autoridad señaló que se presentaron cinco denuncias a la institución por parte de las víctimas y se logró identificar a cuatro personas las cuales son investigadas, pero no fueron aprehendidas.

Delgadillo reiteró que en el Viceministerio de Vivienda no se realiza este tipo de cobros y pidió a la población no dejarse engañar con ofrecimiento de vivienda social inmediata.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Radiofides

 

29 Octubre 2018

Un hermano del Ministro de Desarrollo Rural fue denunciado por "estafa" por una comunidad de menonitas Río Negro

El ministro de Desarrollo Rural César Cocarico no se sumó a la demanda que la comunidad de menonitas Río Negro interpuso contra su hermano por el presunto delito de tráfico de tierras, lo que representa un “encubrimiento y complicidad”, denunció el diputado Amilcar Barral.

“Hasta agosto del año pasado en el proceso había 300 fojas donde declararon los acusadores, que fueron en nombre del ministro y del ministerio, el que no hayan hecho nada eso es encubrimiento e incumplimiento de deberes, o sea, es complicidad también”, declaró el legislador.

En una petición de informe oral que formula Barral, sobre el supuesto “clan” de familiares del ministro, consulta el por qué en su calidad de autoridad “no denunció el delito ni se constituyó como parte coadyuvante en este proceso”, dice una de las 58 preguntas al ministro Cocarico.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Noticiasfides

10 Marzo 2017

A pesar que la educación en Bolivia está totalmente centralizada en el Ministerio de Educación, desde el año 2010 a la Gobernación cruceña le debitan aproximadamente Bs. 2.5 millones anualmente para poder financiar la emisión y distribución de los Títulos de Bachiller, el mismo que es gratuito para todos los estudiantes, mencionaba Paola Parada, Secretaria de Desarrollo Humano, al denunciar un sobreprecio de más de Bs. 200 mil en cuanto se refiere a la impresión de este documento que es de vital importancia para los alumnos.

“Nuestra preocupación es el sobreprecio en la emisión de los títulos de bachiller”, decía Parada al mostrar una planilla de la Dirección Departamental de Educación en la cual se evidenciaba un gasto de Bs. 257 mil en la impresión de 45 mil títulos de bachiller y según cotización que ha realizado la Gobernación en una imprenta local.

La impresión de dichos documentos costarían aproximadamente Bs. 29 mil y si se le aumenta unos Bs. 20 mil para el transporte, no se gastaría más de Bs. 50 mil en emitir y transportar los títulos de bachiller hasta cada municipio, sumado a este sobreprecio en la impresión de las diplomas los Bs. 2.4 millones restantes, quedan para pagar los gastos de funcionamiento y equipamiento de la Dirección Departamental de Educación que no nos corresponden”, resaltaba la autoridad Departamental a momento de rechazar enfáticamente seguir pagando estos gastos.

En tal sentido como Gobierno Departamental proponen que en lugar de transferir esos casi Bs. 2.5 Millones anuales a la DDE, la Gobernación pueda hacerse cargo de la emisión de los diplomas de bachiller, porque según cálculos necesitarías de casi Bs. 50 mil y con el dinero restante se podría fortalecer con infraestructura y equipamiento a los institutos técnicos y tecnológicos que si son competencia de la Gobernación.

Cabe mencionar que en el 2012, el gobernador Rubén Costas pidió a la Contraloría General en Santa Cruz, que realice una auditoria especial por los débitos automáticos hechos por el Ministerio de Educación, teniendo como como respuesta que la controlaría no contaba con los recursos humanos suficientes para atender la solicitud de auditoria.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: GAD

 

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