Santa Cruz de la Sierra
21 Noviembre 2018

El senador opositor Arturo Murillo, presentó una denuncia en contra de la exministra de Defensa, Cecilia María Chacon Rendon y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Roger Gandarillas Salazar, ante la Fiscalía General por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, contratos lesivos y daño económico millonario al Estado boliviano en la compra irregular de seis helicópteros chinos H425.

“La compra de seis helicópteros por un monto de 108 millones de dólares (tuvo un procedimiento anómalo). El contrato es irregular porque se hizo la suscripción del contrato, el 6 de agosto de 2011, que firmaron Chacon y Gandarillas; luego se rubricó el convenio del préstamo entre el Estado boliviano y la República de China, el 3 de diciembre de 2011; posteriormente, la ratificación del convenio mediante ley (en la Asamblea Legislativa) se hizo el 28 de marzo de 2012. Cuando, el procedimiento debía ser lo siguiente: primero la firma del convenio de préstamo, luego la ratificación mediante una ley en la Asamblea; posteriormente,  la emisión de la resolución ministerial autorizando el inicio de las adquisiciones de los bienes (helicópteros) y al final, recién, (debía efectuarse) la suscripción del contrato”, explicó.

El legislador opositor también denunció que llama la atención del gasto de 50 millones de dólares en los cursos, documentos técnicos, entrenamiento, asistencia técnica, sistemas adicionales, simulador, motores de repuesto y otros; casi el mismo costo de los seis helicópteros (58 millones de dólares), es decir, realizaron un gasto millonario en elementos secundarios.

“Cuando se compra un equipo técnico, todos sabemos que junto al costo principal, vienen incorporado la asistencia técnica, el entrenamiento del personal, los repuestos, los documentos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la máquina o el equipo”, argumentó.

Además, la exministra de Defensa, Cecilia María Chacon Rendon y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Roger Gandarillas Salazar, no tenían la atribución de firmar el convenio internacional y adeudar al Estado boliviano.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

 

14 Noviembre 2018

La presentadora de televisión, Justa Canaviri, denunció este miércoles que junto a sus hijos es víctima de “agresión y persecución”, después de que hace un par de días exigió respeto para el presidente Evo Morales.

“Por hablar del Presidente del Estado Plurinacional estoy siendo agredida, han violentado mi casa, han tratado de entrar a mi restaurante por la puerta de emergencia, (…) dicen que solamente quieren asustarme, pero yo solamente tengo miedo a Dios”, dijo.

Aseguró que tiene cámaras de seguridad y se identificará a las personas que están asumiendo estas actitudes en contra de su familia.

También quiero decirle “a la persona que ayer trató de agredir a mis hijas, sacando un cartel (en el que decía) que el Presidente no irá a la reelección, que es mi casa y no voy a permitir (estas acciones), usted haga (sus manifestaciones) en su casa, hágalo en lugares donde usted quiera, pero no en mi casa”, aseveró.

La carismática presentadora remarcó que es una mujer del pueblo como cualquier otra persona y lo único que hizo fue expresar su “respaldo al Presidente de todos los bolivianos”.

“Si usted no eligió (al actual Jefe de Estado) es asunto suyo, pero creo que todos merecemos respeto y eso es lo único que he dicho, si por eso me tienen que crucificar, entonces háganlo; pero no se metan con mis hijos, estoy siendo (víctima) de una persecución, eso es evidente”, manifestó.

Sin embargo, también dijo que no tiene miedo a los que empezaron una “persecución” en su contra e incluso les invitó a sentarse a conversar con ella para que la conozcan realmente cómo es.

“Por qué no se sientan conmigo y conocen realmente a La Justa, no soy mejor persona que ustedes, no tengo casas, no tengo dinero en los bancos, (…) pero en las redes sociales me han tratado hasta de p…, lo acepto, no se preocupen, de peores cosas me han dicho, no me van a denigrar ni me van a mellar papitos, creo que hasta a las prostitutas se les tiene que tener respeto”, señaló.

El pasado lunes, La Justa salió públicamente en defensa de Morales porque días antes un joven albañil le gritó “Bolivia dijo No” en Potosí y ese pronunciamiento que emitió en su programa de televisión, generó una ola de críticas en las redes sociales.

“¿Pero por qué tanta agresión? ¿Qué cosa soy? ¿Cuál es el miedo que tienen a esta mujer? ¿Qué les voy a hacer papitos? Yo sólo les he dado mi trabajo y mi vida todos estos años, soy su payasa, su chistosa, su cocinera, lo único que hago es entretenerlos todos los días y lo hago con todo cariño, pero lo que ustedes están haciendo con mi familia no está bien. Hablen en las redes, díganme (lo que quieran) y si quieren mañana me vengo de vestido y verán lo hermosa que soy (…) pero no tengan miedo a La Justa, soy una mujer como ustedes, soy su hermana, soy su amiga y voy a seguir hablando a favor de las cosas acertadas que hace el Gobierno”, ratificó.

Asimismo, pidió a sus críticos que si no les gusta lo que opina en su programa, pueden cambiar de canal porque finalmente los que tienen el control remoto son los televidentes.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

14 Noviembre 2018

La Policía presentó una denuncia penal en la Fiscalía en contra de las personas que generaron los destrozos y la quema de las oficinas de la institución del orden en el municipio de Roboré, departamento de Santa Cruz.

“Se va a iniciar una investigación. Ya hemos presentado una querella para identificar a los vándalos que han destruido uno de los bienes del Estado”, informó el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Alfonso Siles.

Según Siles, ahora el Ministerio Público deberá investigar el caso hasta identificar a los autores del hecho para que corran con los gastos de reparación de la infraestructura quemada.

El hecho se produjo en horas de la noche del pasado lunes, cuando una turba procedió con el saqueo y posterior quema de las dependencias policiales tras la intervención de los uniformados al bloqueo que realizaban los pobladores en rechazo al asentamiento de campesinos en reservas forestales del municipio.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

14 Noviembre 2018

El secretario de Deportes de la Alcaldía de Trinidad, Erlan Vargas denunció que los tableros led, instalados en dos coliseos para los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, fueron retirados el lunes sin ninguna explicación por parte del Ministerio de Deportes.

“Para los Juegos Plurinacionales nos instalaron dos pantallas led como marcadores de puntos y mostrar imágenes en los coliseos de ‘Las Pampitas’ y del ‘Pantanal’, pero nunca nos dijeron si era en préstamo o donación. Nosotros creímos que era una donación por eso facilitamos algunos arreglos”, explicó Vargas.

El funcionario contó que en pasados días personal de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) llegaron a los campos deportivos y se llevaron los marcadores sin mayor explicación.

También dijo “en los dos coliseos nos causaron daños y los aceptamos por creer que las pantallas se quedarían en estos campos deportivos pero ahora no hay quien se haga responsable de reparar estos daños”.

Las pantallas sirvieron de marcadores para las modalidades de fútbol sala y tenis de mesa.             

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

12 Noviembre 2018

A un día que la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz se declarara en emergencia  por considerar que el Director nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pone en riesgo la seguridad operacional del sector, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros dijo que se trata de denuncias de casos puntuales y negó conflicto en el sector aeronáutico.

"Hay temas que son muy puntuales; ustedes saben muy bien que de un tiempo a esta parte hemos trabajado de manera continua en el mejoramiento de la seguridad operacional. Prueba de ello es que el año pasado hemos tenido una mejora en la calificación de las auditorías de la OACI, y esa mejora no se logra con eventos adversos", señaló en conferencia de prensa.

En cuanto a las denuncias en sentido que desde la DGAC se estaría generando inseguridad operacional del sector aeronáutico, respondió: "Hay un control permanente, tenemos reuniones casi cada 15 días con el grupo aeronáutico para que podamos analizar todas estas situaciones que se dan, pero son temas muy puntuales que de ninguna manera representan conflicto en tema aeronáutico".

A Claros también se le consultó sobre la denuncia que involucra al avión con matricula CP -2600 de la DGAC que lo trasladó a Brasil presuntamente vulnerando procedimientos de seguridad, a lo que respondió con una confirmación de conocer dicha denuncia.

"Hemos recibido esa nota y la hemos derivado a la Jefa de Transparencia para que haga una investigación a detalle, toda denuncia que pueda recibir el Ministerio lo va a procesar a través de esa instancia", señaló.

Dijo que una vez se cuente con los resultados de dicha investigación emitirá criterios. "Mientras tanto, muchas veces se presentan denuncias infundadas, que no tienen sustento, veremos qué resultados arroja la investigación en Transparencia", manifestó.

En tanto la Dirección de la DGAC manifestó a través de una carta que "actualmente existe un mayor control en el cumplimiento de los requisitos para la importación de aeronaves y aeródromos".

Denuncia de pilotos

La Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y solicita al presidente Evo Morales, asumir acciones necesarias paras evitar que el director nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Celier Aparicio Arispe continúe poniendo en "riesgo la seguridad operacional del sector y dañando a la aviación civil con su deficiente, abusiva y arbitraria gestión".

 "Dentro de sus desacertadas decisiones administrativas sin ningún fundamento técnico y normativo, el general Arispe ha dispuesto una serie de procedimientos que ponen en riesgo la seguridad operacional, exponiendo la vida e integridad física de pasajeros y tripulación de pasajeros y tripulación", denuncia la Asociación.

Bajo el rótulo de carta abierta al señor presidente Evo Morales Ayma y a la ciudadanía en general, la Asociación le advierte al primer mandatario y a la población que el actual Director de la DGAC no sólo ha ocasionado un retroceso institucional sin precedentes a la aeronáutica nacional, sino que también pone en riesgo la seguridad operacional.

 "Como entidad representativa del sector de pilotos civiles del departamento de Santa Cruz deseamos expresarle nuestra preocupación por la deficiente gestión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a cargo del general Celier Aparicio Arispe Rosas quien lamentablemente actúa de forma abusiva y arbitraria", señala la misiva.

Mediante la nota, también se asegura que la máxima autoridad aeronáutica ha ocasionado un retroceso institucional sin precedentes en la DGAC debido a su desconocimiento de aspectos técnicos de la aviación, regulaciones nacionales e internacionales de la aeronáutica civil y derechos fundamentales.

"La mencionada autoridad, en una fragrante vulneración a los principios que rigen la administración pública, ha decidido obstaculizar y burocratizar los trámites que se realizan cotidianamente ante la DGAC, en especial, los relativos internación de aeronaves, registro de pistas, certificaciones y renovaciones de documentación, permisos de operación de salida o ingreso, etcétera", señalan los pilotos asociados.

La Asociación denuncia que el general Arispe se ha propuesto la tarea de cuestionar a nivel internacional el profesionalismo de pilotos de aviación civil y comercial bolivianos, obligándolos a recalificar su competencia lingüística por un compromiso personal asumido ante la autoridad aeronáutica civil de EEUU, en franco atentado a nuestra soberanía e independencia.              

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

09 Noviembre 2018

Nolberto Condori Chambi y su esposa denunciaron públicamente la desaparición de su hijo de ocho años de edad. Sostuvieron que, según les dijeron comunarios, el niño fue sacrificado por mineros auríferos de la provincia Muñecas de La Paz.

Segú relataron los padres, asistieron el 14 de septiembre a la fiesta patronal de la comunidad Pusillani, de la tercera sección Aucapata. Sin embargo, su hijo despareció en horas de la mañana y nadie sabía nada.

El padre contó que con un fiscal y un policía ingresaron a la zona a hacer averiguaciones, pero fueron secuestrados en el pueblo de Cosñipata, donde incluso los comunarios sopesaron quemarlos porque temían que fueran falsas autoridades.

Entonces, los familiares empezaron a recibir los comentarios de los lugareños. Les dijeron que mineros se habían acercado a su niño con golosinas y dinero para llevárselo a la mina de Cosñipata.

De acuerdo con esa versión, los mineros trataron bien al niño, le pusieron serpentina, le hicieron comer, tal vez le dieron alguna bebida alcohólica para tomar, y luego lo enterraron vivo, como un sacrificio para mejorar la extracción de oro.

Los padres señalaron que su niño tenía problemas para hablar, y que usualmente los mineros buscan a menores con ese tipo de dificultades para sacrificarlos.

Aseguraron que en la comunidad también una hay un abuelo que pide justicia porque su nieta también fue sacrificada antes. La madre de la niña habría recibido una acción de la cooperativa minera a cambio de su silencio.

Los padres del niño están convencidos de que su hijo está enterrado en la mina Cosñipata-Santa Bárbara. Pidieron a las autoridades que los ayuden a ir a buscarlo, puesto que el fiscal ya no recibe sus llamadas.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

09 Noviembre 2018

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, negó este viernes que haya incurrido en el delito de encubrimiento, como lo denunció el diputado Amílcar Barral. Aseveró que él mismo ha denunciado a dos de sus hermanos que fueron involucrados en cobros irregulares.

Días antes el diputado Barral presentó ante el Ministerio Público un escrito en el cual denuncia que el ministro Cocarico encubrió a su hermano Rogelio - encarcelado por estafa a una comunidad menonita- porque conocía del caso el año pasado y no habría hecho nada al respecto.

El Ministro aclaró que ese delito de encubrimiento y el complicidad no se pueden aplicar a su persona, porque él sí presentó la denuncia al conocer que “ciertas personas y familiares estaban haciendo mal uso” de su nombre.

Afirmó que presentó las denuncias ante el Ministerio Público tanto en La Paz como en Santa Cruz.

Además, señaló que cuando le enviaron una carta en 2017 denunciando a su hermano Rogelio, él respondió que el proceso penal abierto debería seguir su curso.

El Ministro agregó que también ha denunciado a otro hermano suyo en Tarija. Se trata de Luis Cocarico, quien fue implicado en una estafa a una comunidad, usando su influencia como familiar de una alta autoridad.

César Cocarico afirmó que puso tres denuncias contras sus hermanos: una en La Paz, otra en Santa Cruz y la tercera en Tarija. “Soy el único que ha denunciado a su propio hermano”, sostuvo.

El Ministro aseguró que no cometió delito. Indicó que la responsabilidad penal es personal y él no puede pagar por lo que hizo su familiar.  

Advierte con proceso a Barral y lo llama “mafioso”

El Ministro de Desarrollo Rural aseveró que el “mafioso” y “maleante” es el diputado Barral. Recordó que el opositor fue suspendido de la Cámara Baja al descubrirse que había cobrado la mitad del sueldo a un funcionario suyo.

También llamó “cobarde” al diputado porque, según su explicación, sólo presentó una carta ante el Ministerio Público y no así una querella formal para acusarlo. Dijo que esperará hasta el lunes para que Barral haga su querella o, de lo contrario, él presentará una denuncia contra el legislador. 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

 

07 Noviembre 2018

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, presentó este miércoles una denuncia penal contra el exprefecto Ernesto Suárez, acusándolo de que bajo se administración en 2006 se pagó más de 600 mil bolivianos por una “piscina fantasma”, es decir, que ni siquiera se comenzó a construir.         

“La piscina no se hizo nunca, se cobró y nunca se devolvió la plata a la Prefectura, es uno de los muchos robos y engaños que se hizo durante la administración de los Demócratas”, aseguró Ferrier, tras presentar la denuncia.

Explicó que la administración de Suárez contrató a una empresa para la construcción de la piscina y le pagó un adelanto de casi 500 mil bolivianos, además de una planilla de avance de obra de unos 150 mil bolivianos. Sin embargo, aseguró que la obra ni siquiera se instaló.

El gobernador, militante del MAS, aseveró que como este caso existen otros de obras “fantasmas” cuya responsabilidad es de los actuales miembros de Demócratas. 

“Si me van a a responder insultándome, que es lo que sabe hacer esa gente, que lo haga, pero que vayan y le digan al pueblo beniano dónde está esa piscina que se comieron”, expresó.

En su denuncia, Ferrier pidió al Fiscal General del Estado que disponga de una comisión de fiscales para investigar los casos de corrupción.

Aclaró que la piscina olímpica recién estrenada se trata de otra obra, que costó 50 millones de bolivianos y fue financiada con apoyo del Gobierno nacional.     

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

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