Santa Cruz de la Sierra
18 Marzo 2019

La situación de exdirigentes y dirigentes de los choferes federados de La Paz se complica. La tarde de este lunes la Fiscalía admitió la demanda presentada por dos diputados de oposición en contra de seis de ellos por el manejo en cuentas personales del dinero proveniente de los aportes de sus afiliados retenidos en el pago del peaje de la Autopista La Paz-El Alto.

La fiscal de materia Verónica Jara informó de la admisión. “La Unidad de Análisis (de la Fiscalía), haciendo la relación fáctica de los que se habría suscitado y de acuerdo a la denuncia, ha aceptado la denuncia y se ha mandado a la unidad especializada que corresponde (la querella)”, indicó.

Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque, Crisostomo Choque y Mario Silva fueron acusados por la comisión de los delitos de apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Según la denuncia, Vías Bolivia habría depositado entre 2008 y 2017 un total de Bs 11.905.191 a cuentas privadas de estos sindicalistas. El dinero es resultado de la retención de 0.20 centavos de boliviano del peaje, como aporte voluntario de los afiliados a la Federación de Choferes Primero de Mayo de La Paz para un fondo pro salud.

En los últimos días se filtró un audio en el que actuales dirigentes dicen desconocer sobre los cerca de Bs 12 millones provenientes de Vía Bolivia. El actual ejecutivo de los choferes de La Paz, Rubén Sánchez, dice en el audio que no conoce nada sobre el monto del que se habla y que únicamente tiene referencia de Bs 500.000 que dejó a la federación el dirigente Ismael Fernández, ahora ejecutivo nacional.

Sánchez y Silva, ambos en la denuncia presentada por los opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría, ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en la que ratificaron que desconocen el destino de ese dinero. Sánchez aseguró que él y el directorio que lo acompaña son víctimas de un daño psicológico por las denuncias en contra de dinero que no manejaron.

“Mis compañeros de mi directorio ya no salen ni a trabajar, ni el chofer quiere manejar su carro, porque cuando llega a la parada le dicen ‘¿cómo es de los 12 millones que se ha robado tu jefe?’ O sea que aquí  se está causando daños psicológicos hacia la dirigencia, hacia los secretarios generales y hacia los dirigentes del autotransporte”, expresó.

Ahora deberán comparecer ante la Fiscalía, que una vez aceptada una denuncia cita a los denunciados para que presenten sus descargos.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Agencias

 

 

 

 

15 Marzo 2019

El diputado de oposición, Amílcar Barral, denunció que el Gobierno gasta sumas millonarias en la estadía y salarios de médicos cubanos que trabajan en Bolivia, explicó que un médico cubano gana entre Bs 7 mil a 10.500 mensuales  además el Gobierno gasta mensualmente en el alquiler de una vivienda en el municipio de Riberalta la suma de Bs 10 mil para una brigada médica que presta atención en dicho municipio.

“Hemos denunciado con documentación que existe  un acuerdo entre los Gobierno de Bolivia y Cuba para que los médicos ganen entre Bs 7 mil a 10.500 mensuales les pagamos su comida vivienda y pasajes, en Riberalta una vivienda para brigada cubana están pagando un monto de Bs 10 mil por mes de alquiler”, denunció Barral  a Radio Fides.

Cuestionó que en un municipio relativamente pequeño se cobre esas sumas de dinero por concepto de alquileres, para Barral con esos montos se podría alquilar un “hotel completo”.

Además exigió que los 8 mil ítems que ha dispuesto este año el Gobierno para salud, debe estar destinado a médicos bolivianos y no a supuestos médicos cubanos que solo son enfermeros o técnicos en medicina, plantea que se realicen auditorias por esos gastos y  también a los títulos profesionales de los médicos  cubanos ya que en Brasil se habría detectado que los “médicos”, eran  enfermeros o tenían solo un título técnico.

El ocho de marzo la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) emitió  su voto de confianza a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, tras su interpelación por la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). El lunes La Ministra de Salud, negó la contratación de médicos cubanos exclusivamente para la atención del SUS incluso puso su cargo a disposición  en caso de comprobarse tal aseveración.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

 

 

 

 

15 Marzo 2019

El magistrado, Orlando Ceballos, solicitó licencia al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), hasta que dure el proceso de  investigación que inició el Ministerio Público por  denuncia de violencia intrafamiliar.

“Es una cuestión ética  en  lo personal he tomado la decisión y solicitar al presidente del TCP una licencia mientras se resuelva el caso en el Ministerio Público, quiero decirles pido perdón a mi esposa que me denunció y disculpas a mis hijo y con la misma firmeza que defendemos nuestro pensamiento revolucionar con esa firmeza enfrentaré mi responsabilidad, asumiré cualquier determinación que se establezca”, declaró Ceballos.

El pasado miércoles la  esposa de Ceballos, Wilma Torrez, presentó una  denuncia por las agresiones físicamente y verbales que sufrió, sin embrago pasado unos días desistió.

Este jueves, el ministro de Justicia, Héctor Arce, recomendó al Pleno del TCP que el  magistrado solicite licencia mientras dure la investigación.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

12 Marzo 2019

El diputado de oposición  Rafael Quispe informó a Radio Fides, que la Fiscalía de La Paz rechazó la denuncia contra del presidente Evo Morales, por la presunta falsificación de sus datos para registro como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La comisión que revisa la documentación de las denuncias firmó una resolución de desestimación de la denuncia que realice, contra Juan Evo Morales, de acuerdo a procedimiento esta decisión  se puede apelar al Fiscal Departamental”, aseveró Quispe.

Presentará una apelación a la determinación, además solicitara una interpelación al Fiscal Departamental de La Paz  para que explique por qué se rechazó la denuncia cuando presentó pruebas, como el libro legalizado que reconoce que la firma no le pertenece.

“Yo veo un hecho real, falsificaron mi firma y sello y él es el presidente del MAS  la comisón de fiscales de admisión amarra guatos, llunquerio  que teniendo una prueba contundente no puedan iniciar el proceso”, dijo el diputado.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

 

12 Marzo 2019

El senador Óscar Ortiz presentó este martes su informe de fiscalización respecto al caso CAMC, en el cual se concluye que hubo favorecimiento e impunidad para la empresa china, y que además no se avanzó en el proceso penal ni hubo una auditoría.

“Tres años después, el proceso no avanza. La Contraloría General del Estado, a quién el presidente en una conferencia prensa con muchos medios le pidió públicamente que haga una auditoría a estos contratos, nunca hizo la auditoría. La Fiscalía no tiene ningún detenido. Los funcionarios representantes de CAMC responsables de este contrato se fueron del país antes de que las Fiscalía tomé cualquier medida”, aseveró Ortiz.

El informe presentado por el senador consta de 39 páginas, en la cuales se analizan los informes que recibió de diferentes entidades sobre la contratación de CAMC para la construcción de la línea férrea Bulo Bulo-Montero y el proceso investigativo que se realiza al respecto.

El caso fue es investigado porque en febrero de 2016 se reveló que la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, era gerente de la empresa china que tenía contratos multimillonarios con el Estado, incluyendo la línea férrea, obra que incumplió y por la cual se le ejecutó boletas de garantía.

En su informe, Ortiz señala que las irregularidades en este proyecto se dieron desde su licitación, por ejemplo con 39 enmiendas, la aceptación de un formulario de CAMC de forma extemporánea y la modificación del Documento Base de Contratación cuando ya se contaba con la empresa adjudicada.

También observó que se haya roto el contrato con CAMC más de un año después de la tercer llamada de atención, que era la momento estipulado para rescindir el vínculo. Señaló que esa tardanza permitió que CAMC se adjudique dos contratos más con el Estado Boliviano por 243 millones de dólares.

Menciona además que la empresa china contrató al abogado Wilfredo Chávez, quien fuera Ministro de Gobierno y actualmente es Viceministro de Seguridad Ciudadana, para evitar que las boletas de garantía fueran inicialmente ejecutadas.

Respecto a las investigaciones, el informe de Ortiz señala que la “Contraloría General del Estado decidió desatender el pedido del presidente del Estado, enviado mediante carta el 10 de febrero de 2016, en la cual solicita investigar los procedimientos administrativos de estos procesos de contratación”.

Respecto a la Fiscalía, indica que “se direccionó la investigación a los representantes de la CAMC que ya no se encontraban en el país, dejando de lado a los funcionarios públicos que participaron en este proceso de contratación, no obstante los dos informes de la Comisión de Investigación que evidencia indicios de responsabilidad penal en contra de estos funcionarios”.

Ortiz afirmó que hay una protección total a la empresa china. Señaló que en sus peticiones de informe las entidades estatales se responsabilizan mutuamente por la falta de avance del proceso.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Erbol

 

 

 

08 Marzo 2019

El senador opositor Óscar Ortiz formalizó una denuncia penal contra el dirigente Leonardo Loza por los delitos de trata y proxenetismo, debido a sus declaraciones en que ofreció “misses” a un ministro.

“Hago esto porque es un secreto a voces de que esta práctica existe, de que se utilizan a mujeres de las comunidades campesinas para agradar a jefes partidarios y al jefe de gobierno. Muy difícil de comprobarlo, pero por primera vez tenemos una declaración explícita en la cual, en mi opinión constituye evidencia suficiente para presentar esta denuncia penal”, indicó Ortiz.

Loza, en un acto en Chimoré, manifestó a un ministro que para quedarse en la celebración había “miss federación, miss cholita federación garantizado”. El dirigente aseveró que se trataba de una “pequeña broma y se disculpó”.

El senador Ortiz, también candidato de Bolivia Dice No, señaló que con Loza se debe sentar un precedente. Pidió a la Fiscalía que se procese una sanción.

“El señor (Loza) ha ofrecido públicamente a dos jovencitas a un ministro, pero además a esa jovencita se las dañado en su integridad moral”, agregó.

De acuerdo a norma, el proxenetismo ocurre cuando mediante engaño, abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, se facilita o contribuye a la prostitución de persona.

La trata se define como el engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, para el traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con fines que pueden ser sexuales, entre otros ilícitos.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Erbol

14 Febrero 2019

El diputado de la alianza Unidad Demócrata (UD) José Carlos Gutiérrez denunció este jueves en AM del Grupo Fides, que el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda ha montado un “clan” para dirigir la justicia en Potosí.

“El 19 de  enero fue posesionada como vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Ingrid Aurora Arizaga Flores, quien es posesionada por  el ministro del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) Edwin Aguayo. Hasta aquí no hay nada raro, pero las cosas cambian cuando uno se entera que Arizaga Flores es cuñada de Víctor Borda y fue promovida a ese cargo por Aguayo”, explicó Gutiérrez.

Después continuó: “hasta el lunes solo había clara la relación de Borda y Aguayo, después llegan la fotos de los dos realizando campaña en una población del norte de Potosí en diciembre de 2017, pero las cosas cambian cuando te enteras que la cuñada de Borda es posesionada como vocal y su esposo es hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Marco Borda, lo que demuestra que hay una intención de construir un ‘clan’ para manejar la justicia Potosina”.

El diputado aclaró que, Ingrid Aurora Arizaga Flores es la esposa de Marco Borda, hermano menor de Víctor, quien además fue su padrino de matrimonio. Marco Borda es presidente del Colegio de Abogados de Potosí y el pasado año estuvo enredado en un caso de falsificación de títulos profesionales.

“Creo que Víctor Borda debe renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados, pues demostró que desde su anterior cargo de Presidente de la Comisión de Justicia Plural ya cometió una inconducta al influir para la elección de Edwin Aguayo como vocal del TSJ”, acotó el asambleísta opositor.

El pasado lunes se publicó un audio donde Víctor Borda habla con otro diputado, para que Edwin Aguayo ingrese a la lista de los  candidatos aprobados para postularse al TSJ en la elecciones judiciales de diciembre de 2017.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

12 Febrero 2019

A diecinueve días de concluir su mandato que ejerció durante 11 años continuos y para no perder su fuero sindical, el secretario general de los trabajadores de YPFB-Aviación Marcos Melgarejo, busca prorrogarse en el cargo en un acto de aclamación, pese a estar enjuiciado penalmente por uso indebido de bienes del Estado y enfrentar una demanda de desafuero solicitado por la empresa estatal, denunció este martes el diputado opositor Tomás Monasterio (UD).

Dijo que la aclamación fue programada para este viernes en Santa Cruz, bajo la anuencia del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, y del líder de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda Padilla.

Sostuvo que Melgarejo cumple el próximo 3 de marzo, 11 años de dirigente sindical sin rendir cuentas ni llamar a elecciones internas, porque ya antes optó por el mecanismo de “asambleas amañadas para una supuesta aclamación de sus bases, que ahora piden ir a las urnas y elegir democráticamente a sus representantes”.

Lamentó que ambos dirigentes asuman una línea de encubrimiento a la corrupción sindical porque Melgarejo enfrenta un juicio penal por haber utilizado a fines de enero de 2018, una movilidad de YPFB-Aviación para transportarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz.

Monasterio sostuvo que la justicia es también cómplice de proteger la corrupción, porque hace un año que no resuelve los delitos imputados por la Fiscalía a solicitud de YPFB. Melgarejo recibió la orden de detención domiciliaria que fue apelada por el afectado bajo el argumento que YPFB-Aviación es una sociedad anónima privada.

La justicia falló en primera instancia en favor del dirigente y puso al descubierto que YPFB-Aviación no fue nacionalizada, por tanto, no se puede aplicar la Ley 004 de Lucha Anticorrupción, porque no es funcionario público, recordó Monasterio. 

Advirtió que Melgarejo sólo busca protegerse con el fuero sindical para no ser despedido sin goce de beneficios sociales y lamentó que “Borda y Domínguez favorezcan a un dirigente que practica el abuso sindical y alardee tener influencia política en su calidad de militante del MAS para mostrarse inmune ante sus bases y ante la justicia”.

En criterio del diputado tanto el juicio penal instaurado por YPFB como la apelación de Melgarejo para evitar su desafuero, tiene “amarrado de pies y manos” al gobierno, porque si en la etapa de apelación la justicia falla a favor al dirigente estará probado que no hubo nacionalización. Pero si falla a favor de YPFB, el dirigente estará con un pie en la cárcel y “eso quieren evitar”, acotó.

Monasterio anunció que en las próximas horas visitará a la Fiscalía y el despacho judicial en Santa Cruz para hacer seguimiento al proceso.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

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