Santa Cruz de la Sierra
22 Enero 2020

El Ministerio Público constató que en el Tribunal Departamental de Santa Cruz se hicieron obras de remodelación de dos pisos sin previa adjudicación a una empresa, tal como denunció el jefe de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Alejandro Alberto Siñani, quien recientemente fue cesado de funciones. La presidenta, Cristina Díaz, justificó la destitución y dijo que el nuevo funcionario impulsará la investigación.

Siñani denunció el caso en la Fiscalía en noviembre de 2019, contra autor o autores de ordenar la remodelación del TDJ de Santa Cruz para la implementación de la ley 1173, sin previa adjudicación a una empresa; en el TSJ y en la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) nadie sabe quién ordenó el contrato a la empresa que realizó la construcción, la denuncia.

Redacción: Leo.com                                                                                                                            

Fuente: Agencias

13 Enero 2020

Activistas cívicos de Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba presentaron este lunes una denuncia en la Fiscalía General, por presunta sedición e intento de desestabilización del Gobierno, en contra del expresidente Evo Morales, el presidente de Diputados, Sergio Choque, y el líder del MAS, Andrónico Rodríguez.

La denuncia fue presentada por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y los activistas cívicos de Sucre y Cochabamba, Gino Urey y Gonzalo Enrique, respectivamente.

Los cívicos sostienen que las declaraciones de Evo Morales, realizadas desde Argentina, de organizar milicias armadas como en Venezuela y la entrega de armamento a civiles son las pruebas de actitudes delictivas de terrorismo, sedición y desestabilización contra el Gobierno de Jeanine Áñez y la pacificación en el país.

“Pedimos al Fiscal General del Estado tome las acciones correspondientes en contra de estas personas (los tres denunciados)”, señaló Calvo quien reemplaza al excívico Luis Fernando Camacho, al exigir la aprehensión de los mencionados.

Redacción: Leo.com

Fuente. Agencias

26 Diciembre 2019

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusó hoy a la extitular de esa cartera de Estado, Gisela López, de ser una de las ministras "más corruptas" del Gobierno del expresidente Evo Morales, porque montó un "aparato mafioso" avalado por el exmandatario.

Actualmente, López, quien huyó a Argentina tras una auditoria a su gestión, es acusada por corrupción en la firma de contratos con la empresa extranjera Neurona, por el daño económico al Estado de al menos 12.000.000 de bolivianos.

La exautoridad apareció con Morales, quien también se encuentra en el vecino país, en un video que el exmandatario subió a su cuenta en Twitter por las fiestas de fin de año.

"Gisela López es una de las ministras más corruptas que tuvo el régimen de Evo Morales, entre todo un aparato, se logró detectar la mafia que estaba instalada dentro del Ministerio de Comunicación", dijo en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Lizárraga reveló que la exautoridad durante su gestión "duplicó hojas de ruta y desvió fondos del Ministerio de Comunicación, concedió contratos a la hija del exministro Alfredo Rada y consintió que su hermano, Enrique López, mal utilice equipos del canal estatal Bolivia TV".

"(López) era muy temida en el Gobierno de Morales Ayma, en el sentido que ella realizaba grabaciones, hackeo de computadoras en el Ministerio de Comunicación", informó.

La Ministra de Comunicación dijo que a pesar de esas acciones Morales la protegió y no descartó que el exmandatario se haya beneficiado con algunos negocios que realizaba López en calidad de autoridad.

Agregó que el vínculo de López y Morales era directo y todos en el anterior gobierno sabían que era de "alta peligrosidad" y por ello "preferían distanciarse, como ocurrió con el exministro Carlos Romero".

"Ella es Gisela López, esta persona que acompaña a Evo Morales, y que Morales la encubre, es una persona que ha cometido delitos contra el Estado, que se ha robado la plata de los bolivianos y al verla junto a Evo Morales, lo que podemos considerar es que también se ha debido beneficiar de los negociados", afirmó.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

26 Diciembre 2019

El Gobierno se declaró hace minutos víctima de ataques de México, por el resguardo policial reforzado a la Embajada azteca en La Paz y el anuncio de una denuncia contra la administración de Jeanine Áñez ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En breve comparecencia ante la prensa, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reaccionó airado ante el aviso del Gobierno de México de acudir a la CIJ para procesar a Áñez y sus colaboradores más cercanos.

Dijo que el “ataque que estamos recibiendo del Gobierno mexicano” no tiene razón de ser, porque el Ejecutivo tiene la información de que movimientos sociales del MAS tienen previsto “tomar la Embajada e incendiarla”, porque culpan al exministro Juan Ramón Quintana –asilado en esa sede diplomática– por el derrocamiento de Evo Morales.

“Nuestra obligación como Gobierno es dar todo el resguardo a las embajadas. ¿Por qué se quejan de que cuidemos la residencia, la salud de sus alojados, de la misma embajadora?”, se preguntó Murillo.

Sobre la anunciada denuncia de esta misma mañana, el Ministro dijo que “nos amenazan (México, pero) allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados”. Acusó al país azteca de “faltar a la verdad”, con sus recurrentes sindicaciones.

“Nos parece –continuó– que los únicos que han permitido que se violen los tratados, ha sido el Gobierno de México, cuando le ha dado refugio a Evo Morales y le han permitido que haga declaraciones políticas”.

Insistió que como gobierno continuarán resguardando la Embajada mexicana, porque es su obligación, “pese a que está refugiando a delincuentes, como Ramón Quintana”.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

26 Diciembre 2019

China condenó la mañana de este jueves las disposiciones del presupuesto estadounidense de Defensa que entorpecen el desarrollo de empresas chinas, y amenazó a Estados Unidos con tomar medidas de represalia.

El presupuesto del Pentágono, promulgado la semana pasada, prohíbe a empresas recurrir a fondos federales para comprar vagones y autobuses eléctricos producidos por empresas chinas.

Esta medida parece dirigida contra el fabricante chino de materiales ferroviarios CRRC y el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

La ley de finanzas también contiene disposiciones sobre Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones. Washington sospecha que la empresa podría espiar para Pekín, y el texto prohíbe a la administración Trump retirar a Huawei de la lista negra que impide a empresas estadounidenses trabajar con él.

Preguntado sobre esas disposiciones, el portavoz del ministerio chino de Comercio, Gao Feng, dio cuenta de "la firme oposición" de China.

"China estudiará con atención el impacto de la ley sobre las empresas chinas y tomará todas las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos", advirtió, sin precisar en qué podrían consistir estas medidas de represalia.

Pekín ya había protestado el sábado contra el presupuesto del Pentágono, que aboga por reforzar los lazos militares con Taiwán y reafirma el apoyo de Washington al movimiento de protesta en Hong Kong.

No obstante, Gao aseguró que las discusiones con Estados Unidos continúan con vistas a la firma de un acuerdo comercial preliminar, primer paso para la esperada solución de la disputa económica entre ambos países.

"China y Estados Unidos continúan actualmente los procesos necesarios de examen jurídico, de traducción y de corrección" del texto, precisó. Los dos países "están en estrecha comunicación con respecto a las próximas etapas como la firma del acuerdo".

La administración Trump afirmó que confía en que se produzca una firma del acuerdo preliminar a principios de enero.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

26 Diciembre 2019

Niega que vaya a existir alguna intervención. La canciller Karen Longaric, calificó la mañana de este jueves como un “absurdo” el anuncio del Gobierno de México de denunciar ante la Corte Internacional de Justicia contra Bolivia por el “asedio” a su embajada en La Paz y advirtió que las declaraciones de su par mexicano, Marcelo Ebrard, buscan confrontación o enemistad entre ambas naciones.

En entrevista con radio Erbol, la ministra de Relaciones Exteriores, dijo que al país no le preocupan las acciones que vaya a asumir la administración de Andrés Manuel López Obrador, enfatizando que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez no incurrió en ningún delito.

“Nos califican como un Gobierno de facto, no tiene ningún derecho a hacer esa calificación que va contra la voluntad del pueblo boliviano (…) Bolivia se encuentra muy tranquila, porque sabe que no incurrió en las irregularidades que denuncia la Cancillería mexicana”, acotó Longaric,

La autoridad reveló también que fue la representante diplomática de ese país en La Paz, María Teresa Mercado, quien, de forma verbal, solicitó que se refuerce la seguridad en esas instalaciones. “La embajadora me visitó en dos o tres oportunidades para solicitarme expresamente el refuerzo de la seguridad, pidiendo una mayor cantidad de efectivos”, contó.

Finalmente, Longaric aclaró que los vehículos de esa legación no constituyen espacios de asilo, por si es que se pensara en sacar por vía terrestre a las exautoridades del MAS, tal como sucedió con Róger Pinto en 2013.

“El territorio donde se encuentra la embajada de México o cualquier otra embajada es territorio mexicano, lo que sí, los diplomáticos están protegidos por el principio de inmunidad, no porque ese lugar sea parte de ese país”, complementó la Canciller.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

26 Diciembre 2019

El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció esta mañana que iniciará un proceso contra el gobierno de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el hostigamiento a la residencia diplomática y la embajada de ese país en La Paz.

"Vamos a tener un gran respaldo de la comunidad internacional, esperemos que así sea. Y de la Corte Internacional", declaró.

El canciller reiteró que la situación en la embajada es crítica debido a la amenaza de intervención por parte de fuerzas policiales.

Ebrard negó que el Gobierno mexicano quiera generar injerencia en la política boliviana, como había denunciado la canciller boliviana Karen Longaric.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

20 Diciembre 2019

El empresario Carlos Gill salió al frente de las acusaciones en su contra y hoy, viernes, dijo que no tiene ninguna relación con Evo Morales sí con Álvaro García Linera, quien –según dijo– fue el operador, "el gerente del país". Confirmó que tiene “proyectos” vinculados a la empresa Mi Teleférico y ratificó que tiene acciones en el diario La Razón y las  ferroviarias Oriental y Andina.

"No tengo ninguna relación con Morales, con Álvaro García Linera sí tuve mucha más relación porque García Linera era el operador, era el gerente del país”, afirmó ayer en una entrevista con Carlos Valverde cuando fue consultado sobre su relación con el expresidente ahora refugiado en Argentina.

“Lo conocía a Evo Morales, en todos los países, no solo en este cuando llegó. Y más en este que invertí en ferrocarriles, que hace buena parte de la logística del Estado y del país, no solamente al Estado le interesa lo que sucede dentro del Estado, le interesa toda la economía del país, si el tren maneja más o menos el 35% del PIB del país, por supuesto que cuando hace uno ese tipo de inversiones tiene que ir a la Presidencia", argumentó Gill.

El senador Óscar Ortiz denunció un “modelo de protección, favorecimiento y corrupción” del anterior gobierno con el empresario de origen paraguayo-venezolano porque sería accionista mayoritario de las dos empresas ferroviarias del país: Oriental y Andina, ya que posee el 50% del capital social de las empresas –las únicas capitalizadas durante la década de los años 90 que no fueron nacionalizadas por el gobierno de Morales– y es el principal impulsor del proyecto del Tren Bioceánico.

Ortiz apuntó, además, que  Gill  fue quien trajo a la empresa Doppelmeyr para construir el teleférico de la ciudad de La Paz, a través de la cual se benefició mediante la subcontratación de la constructora Cotienne SA, “de la cual es accionista y ha  realizado todas las obras civiles que ha requerido el medio de transporte por cable”, dijo el senador.

Asimismo, el opositor indicó que Gill utilizó el mismo esquema en el proyecto de  construcción de 22 estaciones de regasificación para la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, mediante el cual la  Empresa Cotienne fue contratada directamente por  162 millones de bolivianos.

Otro caso denunciado se refiere a la contratación de Thales Air System SAS para la provisión de radares, que derivó en la contratación de Cotienne para las obras civiles de instalación.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

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