Santa Cruz de la Sierra
27 Agosto 2015

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, anunció ayer que presentará una nueva denuncia ante el Ministerio Público para que investigue un supuesto sobreprecio en un contrato suscrito entre la empresa de transporte CRETA, del empresario José Luis Sejas Rosales, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Monasterio, en conferencia de prensa, explicó que CRETA cobró al Ingenio Sucroalcoholero AGUAI sólo 81 dólares por metro cúbico de alcohol que trasladó entre San Nicolás (Argentina) y Santa Cruz (Bolivia), pero YPFB pagó a esa empresa 120 dólares por el transporte de cada metro cúbico de carburantes en la misma ruta.

“Entonces se hace evidente el sobreprecio por el pago de la misma ruta por cada metro cúbico, bajo las mismas condiciones que el transporte de alcohol”, señaló. 

Además, el diputado aseveró que las empresas CRETA y JAC la SIERRA, que también sería de un familiar de Sejas Rosales, se “beneficiaron” con aproximadamente 2.500.000 dólares por contratos suscritos con Yacimientos sólo en lo que va de este año.

“Por eso queremos anunciar de que estas pruebas, con los manifiestos de ruta internacional, donde se puede evidenciar los contratos que tiene Yacimientos con las empresas del señor Sejas Rosales, vamos a entregar al Ministerio Público y la justicia para que se pueda investigar estas irregularidades”, manifestó.

Señaló que ahora habrá que preguntarse la cantidad de recursos que las empresas de Sejas Rosales obtuvieron gracias a los contratos con la estatal petrolera.

“El señor Guillermo Achá ocasionó un daño económico al Estado, conjuntamente con su socio el señor (Mauricio) Marañón, cuando estaban en función de la administración de la gerencia comercial de la estatal petrolera.  Las pruebas y documentos son demasiado evidentes y hay irregularidades dentro de la estatal petrolera, nosotros no estamos en contra de Yacimientos, queremos que sea la empresa bandera del pueblo boliviano, pero no la empresa bandera de la corrupción, ni la empresa bandera de los vínculos con el narcotráfico”, apuntó.

Antecedentes

Hace más de un mes, Monasterios también denunció que YPFB firmó contratos de adjudicación directa con la empresa CRETA y otras compañías de propiedad de Sejas Rosales, empresario sindicado por tráfico de sustancias controladas y droga por la justicia argentina. Ante esa primera denuncia, Yacimientos anunció una acción legal contra el diputado porque consideró que esas versiones dañan a la imagen institucional de la empresa estatal.

El legislador indicó que Sejas Rosales en total tiene 13 procesos abiertos en su contra y dos órdenes de captura internacional.

“Entre esos procesos, hay uno que sigue de oficio el Ministerio Público y está radicado en Santa Cruz, hay otro proceso en La Paz por la denuncia que presenté hace más de un mes. Vamos a pedir que estos dos procesos se unan”, declaró.

El pasado lunes, el senador de UD, Arturo Murillo, denunció otro caso de presunto sobreprecio. 

Murillo dijo que el Ministerio de Defensa adjudicó a una empresa llamada “Comercial Hermanos Vicente SRL” la compra de 10.869 bolsas de fideo con  “sobreprecio” de al menos 25 bolivianos en cada bolsa.

Luego, el viceministro Óscar Cabrera aseguró que Murillo hizo esa denuncia con documentos falsos.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

21 Agosto 2015

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció el viernes que el medio de prensa chileno Emol fuerza contradicciones entre los mandatarios bolivianos, Evo Morales y Álvaro García Linera, sobre una posible futura venta de energía a ese país vecino.

"Ha habido una, no sé si, imprecisión o distorsión por parte de un medio chileno Emol confirmando, lo que antes habíamos denunciado, que buscan contradicciones incluso forzadas y descontextualizadas e imprecisas entre las y los bolivianos, en este caso los dos primeros mandatarios del país", señaló en conferencia de prensa.

El miércoles, el Vicepresidente boliviano aseguró que Chile en algún momento formará parte del mercado de energía eléctrica de Bolivia, que según dijo está formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Perú.

Sin embargo, algunos medios de prensa tergiversaron sus declaraciones y publicaron que Chile será un mercado natural para el gas boliviano, al respecto Morales sostuvo que Bolivia no venderá gas si antes no hay una solución al centenario diferendo marítimo que existe entre ambos países.

De acuerdo con la publicación de Emol, el presidente Evo Morales aseguró que nunca ha pensado vender gas a Chile, "desmintiendo así a su vicepresidente Álvaro García Linera".

Según la Ministra de Comunicación, Bolivia "está firme y tiene un solo discurso", por lo que demandó al Gobierno y medios de prensa de Chile que "manejen bien el contexto", respecto a las declaraciones de los mandatarios.

"Por tanto hacemos esa precisión que queda en contexto y que también hay medios que confirman que buscan contradicciones entre bolivianos. El pueblo boliviano está unido y nuestro discurso es único, nuestra demanda y búsqueda de justicia es única en el tema marítimo", dijo.

Chile invadió suelo boliviano en febrero de 1879 y desató una contienda bélica que terminó

Desde entonces, Bolivia reivindica en diferentes foros internacionales el derecho de recuperar su cualidad marítima y tras presentar una demanda ante la Corte de La Haya, en 2013, el respaldo que recibió fue creciendo paulatinamente.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

21 Agosto 2015

José Morales, fiscal del municipio de Cabezas (Santa Cruz) y quien lleva adelante la investigación sobre la intervención policial que sufrieron los indígenas de Takovo Mora, aseguró que no teme a posibles represalias que podría sufrir por haber denunciado públicamente los excesos cometidos por la Policía en contra de los guaraníes.

“Sólo le temo a Dios, no tengo miedo a ninguna represalia. Yo no tengo por qué mentir, no es mi deber mentir. Estuve en el lugar de los hechos, vi lo que sucedió, fue la Policía la que inició con la arremetida, con la violencia, estaban armados y los indígenas sólo tenían un palito y agua para defenderse”, aseveró Morales, en una entrevista concedida a ERBOL.

Aunque Morales señaló que la violencia no debe ser justificada bajo ninguna circunstancia, reiteró que los efectivos policiales actuaron con mucho exceso, dejando con una serie de heridas a los comunarios, que el pasado martes estaban bloqueando la carretera Santa Cruz-Yacuiba en demanda del respeto a su derecho a la consulta previa.

El representante del Ministerio Público incluso afirmó que algunos de los indígenas afectados quedaron con 10 y hasta 25 días de impedimento.

“La primera intención de violencia fue la registrada a la 13.30 (del martes), donde se lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la movilización. Después, a las 17.30, los policías empezaron directamente a agredir a los indígenas, a disparar los gases y a detenerlos, pero agarraban a cualquiera (que estaba en el lugar) y al que podían. Considero que fue una lucha desigual”, manifestó.

En la intervención policial fueron capturados más de una veintena de indígenas y los mismos fueron sometidos en las pasadas horas a una audiencia cautelar en la que finalmente recobraron su libertad.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

19 Agosto 2015

Según un informe reciente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en 30 de las 45 cárceles existentes en el país existe hacinamiento. En tanto, los reos del penal de San Pedro denunciaron que en este centro penitenciario no reciben una atención adecuada en salud, además de otras carencias.

El presidente de la comisión legislativa y diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Aniceto Choque, dijo que los datos corresponden de enero a mayo de este año.

 “Sólo 15 cárceles no reportan hacinamiento, 30 de las 45 cárceles del país tienen hacinamiento. Además, el total de las cárceles tienen capacidad de 5.126 personas, pero existen 13.973 reclusos a nivel nacional, entonces es un dato preocupante”, afirmó el legislador.  

Choque dijo que cada diputado visitará los centros penitenciarios de sus respectivas regiones para realizar una evaluación completa y coordinar soluciones con la autoridades.  

En tanto, el diputado opositor Juan Carlos Gutiérrez, responsabilizó al Ministerio de Gobierno por la situación en las cárceles.

 “Desde hace muchísimo tiempo que el Ministerio de Gobierno no asume una responsabilidad real y no permitir a los presos que accedan a condiciones mínimamente humanas para cumplir su condena. Estamos hablando de vidas humanas, más que de delincuentes”, afirmó.

Salud y otras carencias

Por su parte, el delegado de los privados de libertad del penal de San Pedro, Víctor Hugo Mendoza, aseguró que en este penal los internos no reciben una atención adecuada en salud, lo que provoca la muerte de al menos 8 personas al año.

 “Las carencias en atención médica, las sufrimos en San Pedro como en cualquier cárcel. Cuando hay alguna enfermedad se llama a los bomberos para el traslado a algún centro médico, pero esto noe s factible. Este año, un compañero murió de peritonitis porque no había atención médica, es decir falleció al ser llevado de aquí. Entonces estamos hablando de 5 a 8 compañeros que mueren al año”, lamentó.

Asimismo dijo que el centro carcelario sólo cuenta con dos médicos que atienden a los reclusos, aunque sin el equipo necesario.

 “No tienen equipos, un médico no tiene equipos y no pueden manualmente realizar un diagnóstico de una fractura, de un dolor profundo, no se puede (…) Además cuando hay alguna fisura, nosotros reparamos, si hay incendios tenemos que apagar con frazadas o ropa mojada porque no hay exitintores. Ojalá las autoridades tomen en cuenta estas necesidades”, indicó.  

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

18 Agosto 2015

La Defensoría del Pueblo registró una denuncia sobre la expulsión de  cuatro adolescentes en estado de gestación  y dos que dieron a luz recientemente de una unidad educativa ubicada en Nor Yungas, departamento de La Paz.

Rolando Villena, Defensor del Pueblo, expresó su preocupación por esta aparición de nuevas denuncias de expulsión de adolescentes embarazadas de unidades educativas en áreas rurales.

Estas expulsiones “no solamente vulnera derechos claramente señalados en la normativa, sino que, muestra la persistencia de una visión patriarcal y discriminatoria que castiga a las mujeres por el hecho de ser madres y esto no lo podemos seguir tolerando”, aseveró.

La institución también inició la investigación correspondiente sobre estos nuevos hechos de expulsión de adolescentes para lograr la restitución de sus derechos.

El extremo, según la Defensoría, fue confirmada por el propio director del colegio donde se registró el hecho, aunque el mismo habría referido que no hubo expulsión, sino que “se les otorgó licencia por recomendación de los padres de familia y que ellas podían presentar sus trabajos escolares y cumplir con los exámenes de evaluación”. 

Este argumento, a criterio del Defensor, es solo una forma velada de afectar los derechos de las adolescentes, ya que refleja un mecanismo de discriminación al intentar separar a las madres del resto de los alumnos y alumnas del establecimiento por su condición.

“Tampoco son válidas las razones que señalan que este tipo de acciones responden a la presión de la comunidad porque los derechos a la educación, a no ser discriminado y a ejercer la maternidad en condiciones de igualdad y protección, están por encima de otras consideraciones que no vienen al caso”, enfatizó Villena.

Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, la autoridad de la unidad educativa se comprometió a dejar sin efecto esa determinación y dispuso el retorno  a clases de las estudiantes afectadas.

El Defensor señaló que la decisión de suspender a las adolescentes embarazadas, se constituye en una flagrante violación a lo establecido en la Ley 548 Código Niña, Niños y Adolescentes, en  la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, además de la Resolución Ministerial 001/2015 del Ministerio de Educación que, protegen los derechos de la niñez y adolescencia en Bolivia.

“Estos casos nos preocupan porque develan además otro tipo de problemas referidos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e incluso pueden estar subyacentes hechos de violencia sexual que son constantes en algunas regiones del país, sin embargo habrá que investigarlos y de confirmarse deben ser sancionados y asumidas acciones de prevención y protección de las niñas y adolescentes”, explicó.

Asimismo, pidió al Ministerio de Educación hacer seguimiento de estos hechos que, remarcó, parecen repetirse pese a que en 2014 luego de un caso similar, las autoridades educativas asumieron el compromiso de emitir circulares a las direcciones de unidades educativas de zonas rurales para evitar que incurran en estos ilícitos.

La Representación Departamental de La Paz, por su lado, remitió notas a la Dirección Departamental de La Paz, a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación y al mismo Ministro de Educación, solicitando informes sobre las acciones que se realizan para restituir los derechos vulnerados de las seis adolescentes afectadas y las sanciones correspondientes contra el o los infractores, según una nota de prensa de la institución.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

04 Agosto 2015

Un grupo de legisladores opositores denunció hoy que el gobernador del Beni, Álex Ferrier, aumentó su patrimonio neto en 21 millones de bolivianos sólo en un año (mayo 2014-mayo 2015).

De acuerdo a los documentos que presentaron, Ferrier, en su declaración jurada de 2014, aseguró tener tres millones de bolivianos de patrimonio neto y este año, tras ser electo Gobernador, informó tener casi 25 millones de bolivianos.

El diputado Rodrigo Guzmán calificó ese hecho como “escandaloso” porque considera que una persona que tenía un sueldo promedio de alrededor de 10 mil a 11 mil bolivianos no puede ganar 21 millones de bolivianos en un año.

“Aquí hay algo totalmente anormal, no existe coherencia, queremos que este señor explique a la población qué pasó, cómo es que una persona que tiene un sueldo promedio de alrededor de 10 mil a 11 mil bolivianos, puede acumular 21 millones de bolivianos sólo en un año, cómo es que esta persona puede amentar su patrimonio en un 600 por ciento”, aseveró.

Agregó que esta denuncia ahora será presentada ante el Ministerio de Transparencia, para que dentro de sus atribuciones, pueda promover una investigación por presunto “enriquecimiento ilícito” contra el Gobernador del Beni.

“No vamos a permitir que estos documentos de declaraciones juradas se pierdan o lo escondan, a mi no me cabe en la cabeza que una persona pueda generar en un año 21 millones de bolivianos y si tiene la fórmula mágica pues que nos enseñe para que saquemos de la pobreza a todos los bolivianos”, apuntó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

04 Agosto 2015

Desconocidos dejaron casquillos de balas y apedrearon el edificio donde vive el periodista Jorge Lanata en Buenos Aires, quien el domingo difundió una investigación que señala al jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, como supuesto autor intelectual de un crimen y lo vincula con el narcotráfico.

Lanata denunció hoy que en el plazo de unas doce horas el edificio donde reside en el barrio porteño de Recoleta recibió tres agresiones.

"Ayer pasó gente que apedreó la casilla de seguridad del edificio, a la noche, a la casilla de la (Policía) Federal le rompieron el vidrio de forma bastante violenta y le sacaron cosas que había adentro. Y ahora encontraron casquillos de bala calibre 38", declaró el periodista en su programa "Lanata sin filtro" que se emite en Radio Mitre.

Lanata consideró posible que las amenazas estén vinculadas con su reciente investigación periodística sobre Fernández, quien el próximo domingo postula como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (FpV, peronista) kirchnerista en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina.

La denuncia periodística tuvo un fuerte impacto en la campaña política a menos de una semana de las primarias que se celebrarán el domingo en Argentina.

"Es como mucha casualidad, no se me ocurre sino vincularlo con lo que estamos pasando desde la denuncia del domingo, de cualquier forma no tengo nada para apoyar esto, simplemente me limito a contarlo", declaró al canal noticioso TN, que pertenece al Grupo Clarín, al igual que Radio Mitre.

El periodista, fundador de los diarios "Página/12" y "Crítica", realizó en su programa de televisión "Periodismo para todos" varias investigaciones sobre supuestos actos de corrupción de funcionarios y empresarios allegados al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo soy una persona pública. Si me quieren pegar un tiro, me lo pegan. Soy fácil de encontrar. Tuve épocas de mi vida que yo andaba con custodia", señaló Lanata.

El jefe de Gabinete y precandidato a gobernador bonaerense rechazó la investigación periodística que lo señala como supuesto autor intelectual de un triple crimen en el 2008 y lo vincula al tráfico de efedrina.

El informe del programa "Periodismo para todos (PPT)" es "cien por ciento mentira", aseguró Fernández, quien denunció que la investigación difundida busca "perjudicar" su precandidatura.

La investigación de PPT difundió declaraciones de un condenado a prisión perpetua como partícipe necesario del triple homicidio, Martín Lanatta, en las que aseguró que el jefe de Gabinete fue el autor intelectual de los asesinatos.

"Quien dio la orden es Aníbal Fernández", señaló el hombre desde prisión. También aseveró que el funcionario estaba involucrado "en el negocio vinculado con el precursor químico" efedrina, que se utiliza para la fabricación de drogas sintéticas como la metanfetamina.

En otro testimonio, el ex policía y empresario farmacéutico José Luis Salerno, quien era socio de uno de los empresarios asesinados, también implicó a Fernández en el tráfico ilegal de la efedrina.

Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron ejecutados a balazos y sus cuerpos fueron hallados el 13 de agosto del 2008 en una zona despoblada de la localidad de General Rodríguez, unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires.

Las víctimas estuvieron involucradas en el tráfico de efedrina. Por esos homicidios fueron condenados en el 2012 a prisión perpetua los hermanos Christian y Martín Lanatta, además Marcelo y Víctor Schillaci, también hermanos.

Redacción: Leo.bo

Fuente: DPA

 

03 Agosto 2015

La ONG con sede en Nueva York condenó el viaje efectuado por el jugador del Barcelona el pasado 17 de julio a través de un comunicado en español que hará público mañana y que adelantó a Efe.

“Lionel Messi ha dañado seriamente la credibilidad de su propia fundación benéfica al ponerse al servicio de la familia Bongo y servir como instrumento de relaciones públicas de esta cruel y corrupta dictadura”, señaló el presidente de HRF, Thor Halvorssen.

“Es perturbador e incoherente que Messi, quien apoya los derechos de los niños e incluso funge como embajador de la UNICEF, se haya prestado para alimentar el aparato propagandístico de un régimen cleptocrático que rehúsa a investigar crímenes horrendos, entre ellos, el sacrificio ritual de niños”, añadió Halvorssen.

Según HRF, la familia del presidente de Gabón, Ali Bongo, que en 2009 sucedió a su padre tras más de 40 años en el poder, ha “ejercido un control absoluto sobre la sociedad gabonesa y sobre la política y economía del país”.

La ONG asegura que los Bongo han convertido Gabón en su propio “estado feudal” y han “saqueado de manera sistemática sus vastos recursos naturales”, mientras que recuerda las numerosas denuncias sobre asesinatos de niños en el país y la extracción de sus órganos para el consumo humano como parte de una superstición.

“El viaje de Messi es parte de una campaña de relaciones públicas de la familia Bongo que tiene por objetivo promocionar la Copa Africana de Naciones 2017. El torneo se llevará a cabo en Gabón con un enorme costo para las arcas del Estado, pese a que la malversación de fondos por parte de la familia Bongo tiene al veinte por ciento de la población viviendo con menos de 2 dólares diarios”, dijo Halvorssen.

El director de estrategias de HRF, Alex Gladstein, consideró “sorprendente que los representantes de Messi y el atleta mismo hayan decidido poner su prestigio al servicio de un violador de derechos humanos”.

“Si Messi realmente quiere ayudar a la gente de Gabón, HRF recomienda que en lugar de salir de fiesta con sus opresores, se pronuncie formalmente en solidaridad con los disidentes que están siendo perseguidos, y presione al régimen a investigar los asesinatos rituales de niños”, dijo Gladstein.

El pasado 21 de julio, las autoridades de Gabón negaron que el país pagase dinero a Messi por colocar junto al presidente la primera piedra de un estadio que se construirá para la Copa África.

El desmentido, distribuido por la embajada de Gabón en Francia, respondió a una información de la publicación africana “Mondafrique” y de la revista francesa “France Football” en la que sostenían que el futbolista se embolsó 3,5 millones de euros por su viaje relámpago a ese país africano.

HRF es una organización sin fines de lucro fundada en 2005 para promover la defensa de los derechos humanos a escala mundial y en el pasado ya ha condenado acciones parecidas por parte de otras celebridades.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

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