Santa Cruz de la Sierra
17 Julio 2018

El diputado opositor Tomás Monasterio denunció este martes que la Aduana decomisó y pasó la propiedad un avión al Ministerio de la Presidencia sin esperar los resultados del proceso judicial aún está en proceso.

“El Gobierno primero sentenció e incautó un bien sin que exista la correspondiente y necesaria orden judicial”, explicó el legislador mediante un comunicado de prensa.

Monasterios informa que el proceso recién se inició el 20 de marzo, la imputación fue presentada el 26 de junio y la primera audiencia está fijada para el 23 de julio próximo, pero la incautación se realizó a mediados de junio.

La nave llegó a Bolivia en abril de 2017 y se quedó por temas de mantenimiento, según la DGAC. Sin embargo, fue decomisado y traspasado al Ejecutivo por la Aduana tras permanecer más de 90 días sin regularizar su estadía en el país, a pesar de que los propietarios pagaron el pernocte y la estadía hasta diciembre de 2017.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: radiofides

 

12 Julio 2018

Tres diputados de Unidad Demócrata formalizaron, este jueves, en la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de autoridades de Gobierno y dos fiscales, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y fraude procesal por el caso Quiborax.

Los legisladores Wilson Santamría, Rafael Quispe y Grover Huanca se trasladaron a la ciudad de Sucre para presentar su denuncia, con información actualizada sobre las circunstancias que han emergido en el último tiempo en relación al caso Quiborax.

La denuncia penal ha sido formulada en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Minería, César Navarro, del Procurador General del Estado, Pablo Menacho; de la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi y la exsubprocuradora, Cristina Llorenti.

Asimismo, contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco y el fiscal de Materia, Flavio Maldonado, ambos determinaron el desistimiento del proceso en contra de ocho miembros de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax, quienes fueron absueltos de los cargos uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y fraude.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: noticiasfides

03 Julio 2018

El diputado Carlos Pablo klinsky denunció que otro millonarios proyecto del Gobierno quedó abandonado con maquinarias e instalaciones que están en proceso de deterioro, se trata de un centro de confinamiento y engorde de ganado que le costó al Estado 14 millones de bolivianos.

Según el legislador, este proyecto que está ubicado en la localidad del Tinto, cerca de Pilón en el departamento de Santa Cruz, debería estar funcionando desde el 2016, sin embargo está abandonado sin que nadie responda “por este despilfarro de dinero”.

“Hace 19 meses que esta empresa debió estar funcionando y en este momento se encuentra abandonada, sin funcionar, la maquinaria se está deteriorando y lo más curioso es que ya se han realizado, siembra y cosecha y hasta ahora no se sabe dónde está el grano que ha salido de esa cosecha, todas las contrataciones que se han llevado adelante para la construcción del centro de confinamiento has sido mediante adjudicaciones directas y el encargado, es el señor Amadeo Amorin, que era el señor que quemó las ánforas en 4 de mayo en el Referendo del Estatuto Autonómico”, explicó.

El Diputado insistió en conocer por qué dicho centro no está en funcionamiento y por qué “hay más de 20 personas contratadas para que este confinamiento funcione y sin embargo esta abandonado”.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

27 Junio 2018

El ministro  de Gobierno Carlos Romero descalificó este miércoles al abogado Oscar Peña - cuñado del peligroso reo fallecido Víctor Hugo Escóbar alias el Oti - por haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, en su contra y el Gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, por la presunta irregular transferencia de 36 hectáreas ubicadas detrás del penal de Palmasola, para la construcción de la nueva cárcel.

Dijo que ha preferido no responder al abogado Peña a quien considera “un delincuente y maleante. Ese es un delincuente” y aclaró que como Ministro se ha restringido a recibir en un acto público, organizado por la Gobernación de Santa Cruz, el título ejecutorial de Palmasola.

Explicó que la Gobernación ha trabajado intensivamente con sus abogados para sanear el derecho propietario porque tenía algunos avasallamientos y una vez saneado, han transferido para hacer inversiones.

“Nosotros no tenemos ninguna acción en los trámites de ese derecho propietario y segundo rechazo cualquier posibilidad que la gobernación haya cometido una irregularidad más hemos destacado la celeridad con que ha trabajado sus abogados”, declaró.

PEÑA LEVANTA VARIOS CARGOS

Sin embargo Peña formula cargos por legitimación e ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencia, extorsión, recepción provenientes de delitos de corrupción, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Explicó que Costas entregó terrenos ajenos al Ministerio de Gobierno para que  se construya la nueva cárcel de Palmasola, en un predio cuyo propietario, para firmar la transferencia fue encarcelado por supuesta falsedad ideológica y luego extorsionado con un nuevo proceso por avasallamiento por el cual fue a la cárcel durante 11 meses y para recuperar su libertad, se sometió en un juicio abreviado.

Cita a Rubén Costas Aguilera, Luis Fernando Roca Landívar y Nelson Quintana Heredia como los gestores de una serie de falsificaciones para legalizar títulos que correspondían a Wilfredo Polanco y a su esposa Estefanía Carbajal, que habrían adquirido de otras personas hace varios años y fueron inscritos a su nombre en la oficina de Derechos Reales.

En su memorial menciona como autor de la extorsión al apoderado del Ministerio de Gobierno en Santa Cruz, Vicente Avalos Cortez, al funcionario, Jorge Chipana Estrada, Eduardo Barrios López y al ministro  Carlos Gustavo Romero Bonifaz por supuestamente validar esas operaciones.

“Estoy contento porque se empieza una acción anticorrupción en la Fiscalía General del Estado. Se preguntarán por qué vengo desde Santa Cruz a presentarlo acá. Allá en Santa Cruz, todas las denuncias que hacíamos sobre el caso del playón del Parque Industrial, donde el Gobernador y el Viceministro Marcelo Elio nos tumban 203 viviendas y una Iglesia Evangélica, las autoridades nos iban torciendo la investigación y nos rechazaron”, dijo.

Señala que su defendido Wilfredo Polanco fue perseguido por el Gobernador y Vicente Avalos, hasta lograr una condena por falsedad que la cumplió, pero inmediatamente le abrieron otro juicio por avasallamiento, sin considerar que era el propietario legal.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: erbol

 

 

18 Junio 2018

El expresidente Carlos Mesa presentó este lunes una denuncia en contra del ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro; el Procurador, Pablo Menacho, por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el caso Quiborax.

La exautoridad presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, a un día que debe presentarse para prestar sus declaraciones en el marco de la denuncia que formuló el Procurador en su contra por tres supuestos delitos.

“El día 18 de junio de 2018, presenté a consideración del Fiscal General, junto a mis exministros Gustavo Pedraza (Desarrollo Sostenible) y Luis Fernández Fajalde (Trabajo), el siguiente documento para incluir en la investigación en el caso Quiborax por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes a Héctor Arce Zaconeta, exministro de Defensa Legal del Estado y exprocurador General del Estado; Pablo Menacho Diederich, Procurador General del Estado; César Navarro Miranda, ministro de Minería y Elizabeth Arismendi Chumacero ex Procuradora General del Estado”, formuló Mesa.

Este lunes anunció a través de su cuenta de Twitter que realizaba esta acción de denuncia en la ciudad de Sucre, donde es sede del Ministerio Público.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: noticiasfides

 

 

 

 

18 Junio 2018

En estos últimos años la histórica Central Obrera Boliviana (COB) ha sido objeto de cuestionamientos y acusaciones en su legitimidad de lucha e independencia organizativa a causa de su acercamiento, cooptación y “clientelismo” de sus principales dirigentes al Gobierno de turno,  así lo afirman miembros de este ente sindical que también denunciaron de un uso arbitrario de los fueros sindicales por intereses políticos.

“El sindicalismo ha perdido todo lo que se llama independencia política y organizativa con referencia al gobierno. Ha perdido totalmente su grado de politización y conciencia. A esto se ha sumado la enorme corrupción que ha trasladado el partido de Gobierno a los diferentes sindicatos, porque ha prevendalizado el ejercicio sindical”, manifiesta el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez.

Es así que durante  la elección del nuevo Comité  Nacional de la COB, Juan Carlos Huarachi, en su calidad de Secretario Ejecutivo, enfatizó que la nueva dirigencia se compromete a “fortalecer el proceso de cambio. (…) La obligación de esta gestión es garantizar la unidad política de todos los obreros del país (…) Sin la COB no hubiese existido proceso de cambio”.

Esta postura es respaldada por el secretario de organización de la COB, Nicanor Baltazar: “No hay independencia sindical, aquí somos parte del proceso, porque se ha hecho en base a la lucha, luto y sangre de los bolivianos”, dijo.

La COB fue fundada el 17 de abril de 1952, a pocos días de la revolución del 9 de abril. Su fundamento y objetivo han sido el de luchar por las reivindicaciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores para lograr mejores condiciones de vida. Cuenta con más de 60 organizaciones afiliadas y organizadas en Centrales Obreras Departamentales y Centrales Obreras Regionales.

Desde esos años el pueblo recuerda a grandes líderes sindicales que como base tenían el debate,  la lucha,  defensa de la democracia y ante todo de los intereses de los trabajadores bolivianos. Entre ellos se destacan Juan Lechín,  Simón Reyes, Filemón Escóbar, Óscar Sanjinez, Federico Escóbar, Víctor López e Irineo Pimentel.

Sin embargo, para el politólogo y analista Roger Cortez,  está organización ha perdido su calidad y esencia de luchas de esos años y de esos símbolos dirigenciales, por diferentes razones, como la falta de capacidad de una verdadera integración sindical y seguir las directrices del poder de turno.

“El Gobierno ha integrado a la dirigencia sindical de las principales organizaciones sociales, como las campesinas y los cooperativistas mineros. La dirigencia entera ha sido sumada como una especie de aristocracia organizativa a este círculo de cooptación del gobierno, que  poco a poco se ha atrevido a lanzar como oración, como dogma incontestable que la autonomía e independencia de las organizaciones sociales sería supuestamente un artilugio de los enemigos, del imperio, cosa que choca totalmente con la historia, con los orígenes, con la formación del movimiento sindical mundial”.

Ligado a esto, y según denuncia José Luis Álvarez, estos lineamientos “marcados por el Gobierno” a dirigentes de organizaciones, se subordinan al “prebendalismo del ejercicio sindical (…) Así que el sindicalismo ha perdido todo lo que se llama independencia política y organizativa con referencia al Gobierno. La gran mayoría de los sectores mineros, campesinos y petroleros todos han apostado al proceso de cambio para tener réditos, tanto en representaciones parlamentarias, cuotas de poder dentro de los ministerios, prebendas de pegas, campos deportivos,  construcción de oficinas y sedes, para mostrar de que esa sería la gestión que hace un dirigente y no resolver las necesidades básicas del sindicato”.

En abril y para la celebración de los 66 años de la COB, el presidente Evo Morales obsequió 10 motorizados a esta organización y comprometió la construcción de un nuevo edificio para su sede y en su intervención les pidió a los dirigentes “mucha reflexión programática, ideológica, orgánica, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional (…), quiero decirles: mucha fortaleza y mucha unidad por principio de los trabajadores”.

Recientemente la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) cumplió 74 años y recibió de regalo de parte del Gobierno la firma del contrato de construcción de su sede sindical en el centro de la ciudad de La Paz. La obra tendrá un costo de 12,2 millones de bolivianos y estará financiada por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

“Existe una crisis de la lucha sindical en el país por el sometimiento, no de los trabajadores de base, pero sí de los dirigentes. Las luchas ahora se hacen por sectores y esto es porque existe una COB que está con el Gobierno, hay un claro romance”. El Gobierno se ha acostumbrado a dividir y debilitar a los trabajadores”, manifestó  Guido Mitma, exsecretario general de la Central Obrera Boliviana (COB).

Toda esta actual dinámica del sindicalismo en Bolivia, Cortez la traduce como una estatización de una parte fundamental de los sindicatos. “Este es el sueño del poder institucional. En la época del capitalismo los patrones soñaban con hacer eso y el MAS lo ha conseguido, otorgando a estos dirigentes la cualidad de gerentes oficiosos para el manejo de grandes presupuestos”.

El fuero sindical es un derecho social de aquellos trabajadores que tengan condición representativa sindical, para evitar que sean despedidos o cambiados de sus funciones sin explicación alguna. Y de acuerdo al artículo 51 de la Constitución Política del Estado “Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical”.

Sin embargo, para los dirigentes sindicales críticos al Gobierno, en la actualidad se está haciendo un uso irregular de esos derechos con intereses políticos.  “El fuero sindical debe ser bien usado por quienes nos representan. El Gobierno está llegando a incurrir en faltas y no está emitiendo resoluciones ministeriales e intimida a aquellos dirigentes que hemos salido de las bases, ya que sabemos que si fuéramos afines al Gobierno el trámite para las resoluciones del fuero sindical se  emitiría en menos de 24 horas”, agregó Mitma.

Es en el sector fabril donde que se han registrado mayores denuncias de vulneración al fuero sindical, Álvarez enfatiza que esto se debe al uso político que se maneja desde el Ministerio de Trabajo. “Este derecho está siendo politizado, porque todo dirigente independiente que cuestiona  al gobierno no recibe respeto alguno a su fuero sindical, por lo que los terminan persiguiendo, destituyendo y expulsando de sus fuentes de trabajo”.

Para Nicanor Baltazar estas denuncias son constantes, por ello asume que “existen autoridades intermedias  que están vulnerando este derecho sindical e infiltrados que pretenden desestabilizar al gobierno. Por lo que urge una evaluación y encaminar una ley del trabajo que establezca estos puntos”.

Ante todas estas críticas y cuestionamientos, los dirigentes manifestaron que hay una urgente necesidad de recuperar la independencia sindical y la conciencia de clase de la COB.  “Tanta pérdida de autonomía y subordinación de estas dirigencias puede terminar de hastiar a sus bases”, agregó Cortez.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Erbol

 

 

 

 

11 Junio 2018

El senador opositor Arturo Murillo denunció el lunes que, según el informe presentado por la Dirección de Redes Sociales del Gobierno los llamados, “guerreros digitales” tienen un salario promedio de 16 mil bolivianos.

“Ahí están los guerreros digitales, con esos sueldos para atacar a los opositores. Para atacarnos cobran 16 mil bolivianos, que no viene de los bolsillos del MAS, es con nuestros impuestos que les pagan”, dijo Murillo en conferencia de prensa

El senador se mostró contrariado por el rechazo del Ministerio de Comunicación de dar a conocer la hoja de vida de estos funcionarios, pues se indicó  que es “información confidencial”.

Según Murillo, son tres los directores de Redes Sociales: Mario Durán, que recibe un sueldo de Bs 17.306; Ludwing Calderón, con un salario de Bs 18.517; e Iván Canelas, con un sueldo de Bs 18.517.

Asimismo, señaló que en total y hasta el momento se habría invertido hasta seis millones de bolivianos en la Dirección de Redes Sociales. Según el informe presentado por el Ministerio de Comunicación, esta instancia ha creado y desarrollado las redes sociales del Ministerio de Comunicación, del periódico Cambio y de la Red Patria Nueva.

El pasado 31 de mayo, el Movimiento al Socialismo (MAS)  de Cochabamba, graduó la primera generación de “guerreros digitales” para trabajar en redes sociales en defensa del presidente Evo Morales y del proceso de cambio.   

Redacción: Leo.com                                          

Fuente:  radiofides

23 Mayo 2018

Luego de más de dos semanas de la agresión que sufrió el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, la autoridad presentó una denuncia penal por intento de homicidio contra el autor o autores del ataque en su contra.

“La denuncia se lo ha formalizado, esperemos que el Ministerio Público y la Policía puedan realizar una investigación objetiva y se pueda dar con los responsables porque como lo hemos manifestado, públicamente, Sucre no es una ciudad racista pero si hay algunos grupos vandálicos, consideramos que son pagados por alguna gente”, indicó el jefe de gabinete de la Gobernación, Ever Almendras, según un reporte de radio Loyola Fides.

El martes 8 de mayo, cerca de medio día, el gobernador de Chuquisaca fue víctima de la ira de parte de algunos participantes de las movilizaciones que se realizaban en pleno centro de la ciudad de Sucre en defensa del campo Incahuasi.

Almendras pidió que a la brevedad posible se pueda esclarecer estos hechos y se dé con los responsables del hecho. “Hemos solicitado a la Fiscalía que mediante requerimiento fiscal pueda pedirse las grabaciones de las cámaras de seguridad de las entidades bancarias”, apuntó.

Por su parte el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, aseguró que con dicha denuncia se quiere manchar la justa reivindicación que tuvo la región y, además, perseguir a los dirigentes, sin embargo, dijo que la población es consciente que no se obro de mala manera.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

Últimas Noticias

Prev Next

Operan a Chumacero en México y estará in…

Operan a Chumacero en México y estará inactivo entre tres y cuatro semanas

En las últimas horas se conoció que el futbolista boliviano Alejandro Chumacero, que milita en...

Chile activa campaña para 'leer' el fall…

Chile activa campaña para 'leer' el fallo y dice que Bolivia pidió a la CIJ cesión territorial

A seis días de que se conozca el fallo sobre la demanda marítima, el gobierno...

Sudamericana: Nacional recibe a San Lore…

Sudamericana: Nacional recibe a San Lorenzo por el pase a cuartos de final

Nacional de Uruguay recibirá este martes a estadio lleno al argentino San Lorenzo en el...