Santa Cruz de la Sierra
12 Marzo 2015

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT, dependiente de Naciones Unidas) ha comunicado al gobierno de Venezuela su «profunda preocupación» por la reciente detención «sin debido proceso y sin derecho de defensa» de al menos quince grandes empresarios y responsables de firmas vinculadas con la distribución de medicamentos, atención hospitalaria y alimentación.

En una carta dirigida a la ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, a la que ha tenido acceso ABC, el director general de la OIT, Guy Ryder, señala asimismo que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) han denunciado «la ocupación de toda la red de productos y supermercados Día a Día» que han sido transferidos a la cadena de establecimientos del Estado tras su incautación.

Ryder subraya «la gravedad de los hechos denunciados» por cuanto las arbitrarias medidas adoptadas por el Ejecutivo venezolano «pueden crear un clima de intimidación que obstaculice el desarrollo normal de las actividades de organizaciones de empleadores y sus miembros».

Invirtieron todo su capital en crear la cadena «Día a Día» en las zonas popularesEn el mismo sentido, el director de la OIT señala que la detención de empresarios e incautación de empresas «se opone al ejercicio de libertad de asociación y de los derechos consagrados en el Convenio número 87» de la organización. Entre los empresarios detenidos se encuentran Carlos Rosales Briceño, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, y Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.

La OIT, la OIE (Organización Internacional de Empleadores) y Fedecámaras se hacen eco asimismo del «contexto de intimidación y persecución y de falsas acusaciones de guerra económica y de intento de desprestigiar y sabotear al gobierno».

En los últimos tiempos, el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la detención de varios responsables y administradores de comercios a los que culpa de la cada vez más grave escasez de productos y a quienes acusa de «sabotaje», acaparamiento de bienes y «guerra económica» para desgastar al régimen. Los empresarios, sin embargo, denuncian que la escasez es resultado de una economía dirigida desde el Estado que, a través de los controles de cambios y de precios, han conseguido distorsionar por completo el funcionamiento de la economía del país.

Estas detenciones y el modo de proceder del Gobierno venezolano, obsesionado con controlar no solo la economía venezolana, sino también con acabar con cualquier tipo de oposición en el país son causa del cada vez mayor aislamiento internacional del régimen. La OIT se convierte así en uno más de los organismos internacionales que se vuelven contra el chavismo y sus métodos dictatoriales.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: ABC / Agencias

09 Enero 2015

El Gobierno y los empresarios de Santa Cruz definieron la realización de una cumbre denominada "Sembrando Bolivia", para el próximo 3 de febrero, orientada a "relanzar" al sector agropecuario del país con miras a hacer frente a la baja del precio del crudo y sostener el crecimiento económico, informó el viernes el presidente Evo Morales.

"Ahora qué hacer para no seguir importando será el debate el 3 de febrero, convocamos de manera conjunta a la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia", dijo en conferencia de prensa luego de sostener ese encuentro en la ciudad oriental.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

06 Noviembre 2014

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Gabriel Dabdoub, informó el jueves que ese sector busca mecanismos para flexibilizar el pago del segundo aguinaldo en empresas deficitarias.

Después de una reunión con el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, sobre el pago del segundo aguinaldo, dijo que ese sector planteó que se "puedan buscar mecanismos para facilitar el pago a aquellas empresas que tienen ciertas dificultades".

Afirmó que los empresarios están conscientes de que el trabajador tiene ese "derecho", pero dijo que hay que considerar que las empresas hacen un gran esfuerzo para pagar el doble aguinaldo.

Aclaró que las empresas que no tienen problemas cumplirán la norma, de acuerdo al Decreto Supremo que establece el pago del segundo aguinaldo denominado 'Esfuerzo por Bolivia', mientras la economía reporte un crecimiento superior al 4,5%.

"Reconocemos la norma que es clara, hay una fecha que se tiene que cumplir y eso no está en discusión, pero lo que estamos viendo con el Ministro es facilitar condiciones para que las empresas nuestras que tengan ciertas dificultades, puedan cumplir", remarcó.

El Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz explicó que ese tema continuará en discusión en otras reuniones del sector con el Ministerio de Economía para buscar mecanismos, para que las empresas deficitarias no tengan inconvenientes en pagar el segundo aguinaldo.

El pago del segundo aguinaldo para esta gestión, según autoridades del Ministerio de Economía y de Trabajo, debe ser cancelado hasta el 31 de diciembre, impostergablemente.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

29 Agosto 2014

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, exigió a las autoridades competentes meter a la cárcel a los propietarios de vehículos indocumentados que piden una nueva nacionalización, esto debido a que no pagan impuestos y se benefician de la subvención a los carburantes.

El empresario enfatizó que las autoridades públicas deben tomar conciencia de que la actitud asumida por los chuteros es el de tratar de justificar la ilegalidad. Además expresó que se debe cumplir las leyes con relación a dicha ilegalidad.

"Ojalá que les metan presos a los que piden que se nacionalice lo ilegal, eso debería ser (lo correcto), el Gobierno y la Fiscalía (deberían) perseguir a los ilegales y meterlos presos", puntualizó Sánchez.

Los propietarios de los vehículos indocumentados que se reunieron este miércoles en el municipio yungueño de Caranavi determinaron pedir la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, y demandaron la compensación de $us 5.000 por cada uno de sus motorizados.

El pasado 8 de julio, la presidenta de la ANB dijo que se coordina acciones conjuntas con la ANH para restringir la venta de combustible a los vehículos chutos, además de impedirles el acceso a repuestos. Según datos de la ANB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el país circulan alrededor de 33.697 autos ilegales.

"Los ilegales están obteniendo las mismas subvenciones, no pagan impuestos, están circulando por las calles de las ciudades sin tributar a los municipios, o sea estamos manteniendo a unos ilegales a los cuales deberíamos meterlos presos", puntualizó Sánchez.

La Cámara Automotor Boliviana demandó desterrar y considerar como traición a la patria cualquier intento de nacionalizar nuevamente los vehículos indocumentados por el daño que ocasiona al país, según un comunicado de prensa de dicha entidad privada.

Las declaraciones realizadas por Sánchez fueron hechas después de que el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) entregara a la empresa Minera San Cristóbal (MSC) la certificación de su sistema de gestión que abarca una serie de acciones de asistencia, prevención y promoción de la salud de sus trabajadores y de la población que vive en las comunidades de San Cristóbal, Culpina K y Vila Vila de Potosí. 

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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