Santa Cruz de la Sierra
06 Septiembre 2019

El octogenario expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien cumple arresto domiciliaria en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, fue internado este viernes en una clínica de Lima tras sufrir una "descompensación", informó su abogado.

"En horas de la madrugada (Kuczynski) ha presentado una descompensación que obligó que llamen al médico cardiólogo. Se decidió de manera inmediata llevarlo a la Clínica Anglo Americana", dijo el abogado César Nakazaki a la prensa.

Nakazaki anunció la hospitalización del exmandatario(2016-2018), de 80 años, al finalizar una audiencia judicial tras una apelación presentada por la fiscalía contra un reciente fallo que rechazó enviarlo a prisión preventiva en vez de mantenerle bajo arresto domiciliario.

"Me ha comunicado su hermano que (el expresidente) está ingresado en cuidados intensivos", indicó Nakazaki.

El abogado dijo que Kuczynski manifestaba desde hace días dolores en el pecho y asoció el estado de salud al pedido de la fiscalía para que se modifique la orden de arresto domiciliario por prisión preventiva.

"Cuando a una persona de más de 80 años le dicen que se va a la cárcel, obviamente no le genera tranquilidad", señaló.

En abril, Kuczynski fue operado de urgencia en la clínica Anglo Americana para implantarle un marcapaso.

Kuczynski, que no aparece en público desde que está en prisión domiciliaria hace cinco meses, es uno de los cuatro expresidentes peruanos investigados por el caso del pago de sobornos a políticos por la constructora brasileña Odebrecht.

El 21 de marzo de 2018 se convirtió en el primer presidente en ejercicio en América en renunciar por este escándalo luego de que Odebrecht revelara que contrató a dos consultoras vinculadas a él -Westfield Capital y Firts Capital- para que la asesoren en operaciones financieras en Perú, dato que omitió informar cuando llegó al poder.

El Congreso, dominado por la oposición fujimorista, hizo suyas las denuncias y se aprestaba a destituirlo cuando renunció.

Exbanquero de Wall Street, Kuczynski vive solo en el acomodado distrito limeño de San Isidro, pues su familia reside en Estados Unidos.

El escándalo de Odebrecht en Perú también salpicó a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), quien está detenido en Estados Unidos con fines de extradición, Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril antes de ser detenido.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

  

18 Febrero 2016

El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, viajó la noche del miércoles con destino a Bolivia donde presidirá la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supervisará el referéndum que se celebrará el próximo día 21 con el cual el actual presidente, Evo Morales, busca una nueva repostulación al cargo.

Según el portal del periódico Listin Diario de Santo Domingo, Fernández dijo que a solicitud del presidente boliviano dirigirá la misión de observadores de la OEA que supervisará el desarrollo del referéndum.

El objetivo del referéndum será la aprobación o rechazo al proyecto constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado boliviano postularse nuevamente al cargo.

"Realmente nosotros nos sentimos honrados de que el presidente Morales nos haya escogido para presidir la comisión de la OEA, que supervisará esta actividad de mucha importancia para el pueblo boliviano", expresó el exjefe de Estado antes de partir hacia Bolivia.

Dijo que la OEA había planteado al presidente Morales llevar a cabo una labor de monitoreo del proceso del referéndum, pero que el mandatario boliviano le respondió que aceptaba la petición siempre y cuando fuera el expresidente Fernández quien presidiera la misión de observadores.

"Nosotros sobre esa base aceptamos la invitación del presidente Morales y de la OEA, de presidir la misión de observadores que supervisará ese evento" sostuvo el exmandatario.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

18 Enero 2016

El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, dijo que está dispuesto someterse a juicio de responsabilidades, pero después de que el gobierno de Evo Morales evalúe sobre cómo administró los conflictos sociales durante estos 10 años al frente del Estado.

Mesa mostró su “tranquilidad” porque el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que exista alguna decisión e intención del Gobierno de enjuiciarlo por la muerte de varias personas de la tercera edad cuando se desempeñaba como Presidente interino (era, en realidad, Vicepresidente) ante un viaje de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desautorizó de esa manera el anuncio del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.

En enero de 2002, un grupo de jubilados fue forzado a subir a un bus para interrumpir su protesta, pero éste chocó contra otro, provocando la muerte de cinco rentistas. En ese tiempo se informó que el cuñado del entonces ministro de la presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, era el propietario del bus que trasladó a los jubilados y que no tenía el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Por ese hecho, Trigoso dijo que Mesa podría ser enjuiciado.

“Si el gobierno del presidente Morales (…) cree que debe someterme a un juicio de responsabilidades después de evaluar cómo su Gobierno ha manejado los conflictos sociales, a lo largo de los 10 años, yo estoy plenamente dispuesto a someterme a un juicio de responsabilidades”, afirmó Mesa.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

 

09 Junio 2015

La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) abrió una causa penal al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), tras admitir varias querellas presentadas en contra del ex gobernante por haber incurrido en supuestas escuchas telefónicas ilegales a decenas de personalidades políticas, empresariales y religiosas durante su mandato.

La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria por el pleno de los magistrados de la Corte Suprema, con siete votos a favor, una abstención del magistrado Luis Ramón Fábrega y una ausencia por parte del magistrado Victor Benavides.

La CSJ admitió la causa penal contra Martinelli, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, además de peculado, abuso de autoridad, asociación ilícita y atentar contra la seguridad informática .

Esta es la segunda investigación abierta al ex presidente Martinelli por la CSJ.

En enero, la corte inició una causa a Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, por irregularidades en la contratación de una empresa para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.

El pleno extraordinario de magistrados fue convocado para analizar las querellas remitidas por la Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público (MP) a la CSJ, instancia competente para juzgar a un exmandatario en Panamá.

Entre los que presentaron estas querellas están el ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens, la ex candidata presidencial de este colectivo político Balbina Herrera y su copartidario Bernabé Pérez.

Otros en la lista de querellantes que alegan haber sido víctimas de las escuchas telefónicas son el constitucionalista y activista Miguel Antonio Bernal y el diputado José Luis Varela, del gobernante Partido Panameñista (PPa) y hermano del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

También presentaron querellas contra Martinelli el ex candidato presidencial del PRD en las pasadas elecciones, Juan Carlos Navarro, así como el abogado Rosendo Rivera, entre otros.

Todos ellos fueron admitidos como querellantes en este proceso por la Corte Suprema.

Martinelli está fuera del país desde que salió de Panamá el 28 de enero pasado, horas antes de que la CSJ decidiera abrir una investigación contra él por supuestos delitos contra la administración pública.

En una primera reacción, Ricardo Martinelli aseguró hoy ser un perseguido político.

"Soy un perseguido político y no seré el último", escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

El ex presidente reclamó este lunes en la noche que en Panamá no se respete el articulado de la Constitución que regula los motivos por los cuales se puede atribuir responsabilidades a un mandatario.

El artículo 191 de la Carta Maga establece que los presidentes y vicepresidentes solo serán responsables por: extralimitación de funciones; actos de violencia o coacción contra los poderes electorales y legislativos; y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

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