Santa Cruz de la Sierra
09 Enero 2019

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro afirmó hoy que “está en marcha” un presunto golpe de estado ordenado desde Estados Unidos y del Grupo de Lima contra su gobierno.

“Está en marcha un golpe de estado ordenado desde Washington, desde el Cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que presido”, dijo al inicio de una rueda de prensa en Caracas.

Advirtió que frente a las pretensiones violentas el “pueblo sabrá responder hoy, mañana o cuando se pretenda y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna que pretenda violentar la vida en Venezuela”.

“No vamos a permitir ningún desliz, llamase como se llame, tenga el cargo que tenga. El que pretenda un plan como el del 11 de abril del 2002, sepa que se va enfrentar con la justicia con todo el poderío cívico militar que tiene nuestra patria”, afirmó.

Criticó que han pretendido convertir “una toma de posesión formal, protocolar, natural en un país democrático en una guerra mundial”.

“Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene parangón como dice el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se han desatado las fuerzas extremistas contra Venezuela, con el único objetivo de desestabilizar nuestro país, llenarlo de violencia, de confusión, de caos para ponerle la mano a las riquezas de Venezuela, para torcerle el rumbo a la historia de nuestro país”, enfatizó.

Maduro ofrece la rueda de prensa a horas de su juramentación para un nuevo mandato de seis años, desconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, que considera que su reelección lograda en las elecciones del pasado 20 de mayo es “ilegítima”, porque esos comicios no contaron con “garantías electorales”.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

14 Diciembre 2018

La Justicia turca ha ordenado hoy detener por golpismo a casi 270 personas, la mayoría de ellos militares, incluidos oficiales de alto rango, por su presunta relación con la fallida asonada de julio de 2016, informó el rotativo Hürriyet.

 La policía inició una operación en Estambul a las 01.00 hora local (22.00 GMT) para detener a los uniformados por sus supuestos vínculos con la cofradía del clérigo islamista Fethüllah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del golpe.

 Entre los sospechosos hay 89 miembros de las fuerzas terrestres, 31 de las fuerzas del aire, 85 de la armada naval, 11 de la gendarmería y 3 guardacostas.

 Al menos cuatro de los sospechosos tienen rango de coronel.

 Solo en la última semana han sido detenidas 696 personas por supuestos vínculos con esa cofradía.

 En otra operación, en Ankara, se ha ordenado la detención de 48 personas que trabajan en la industria de defensa.

 Desde la intentona golpista, más de 8.500 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos 150 generales, han sido expulsados de sus cargos por sus presuntas relaciones con Gülen y en su mayoría afrontan juicios en su contra o han sido ya procesados.

 La cifra de los sospechosos supone aproximadamente el 3,5 % del personal militar de Turquía, cuyo ejército es el segundo más grande de la OTAN, por detrás de Estados Unidos

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

19 Diciembre 2016

La oposición política observa “demasiada angurria de poder” y un intento de “golpe de Estado”, flagrante violación a la Constitución Polìtica del Estado (CPE), la “autoproclamación” de Evo Morales como candidato presidencial para el 2019, a través de un mecanismo que el MAS buscaría forzar en la Asamblea Legislativa.

El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, dijo que para él es un “golpe de Estado” porque Bolivia está pasando de Estado de Derecho a una dictadura que ya no garantiza la vida, la propiedad privada y la estabilidad de las leyes.

Anunció que activará la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que desde los organismos internacionales se presione a Bolivia cumplir la Constitución y sus leyes, porque en materia de referendo, durante la legislatura 2015-2020 ya no se puede hacer otro porque el resultado del 21 de febrero es vinculante, obligatorio y estricto cumplimiento.

“No hay manera ni forma legal para abrir la Constitución Política del Estado y solo la renuncia anticipada de Evo Morales podía habilitarlo”, manifestó el dirigente político alteño Roberto de la Cruz, quien pidió al presidente escuchar al pueblo que se pronunció el 21 de febrero, cuando le dijo no a la modificación del artículo 168 de la Constitución.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga, calificó de ridícula la “autoproclamación” de Evo Morales y considera que ese acto es una demostración fehaciente de que pisotea la voluntad de los bolivianos, por su “ambición sin límite, angurria de poder y porque necesita Impunidad”.

Según Quiroga, Morales  no puede caminar por la calle como ciudadano-expresidente, porque no puede responder por el despilfarro, por la corrupción, por el caso del Hotel Las Américas, por las violaciones a los derechos humanos, por los presos políticos y por la farra de los precios del gas.

El diputado opositor Amilkar Barral calificó de abusiva la decisión del MAS en disponer de recursos públicos, porque el nuevo referendo demandarán un gasto de 200 millones de bolivianos y sugirió al Tribunal Supremo Electoral solicitar que el MAS financie.

“Sabemos que le va ir peor al presidente y están arriesgando la poca imagen que tiene Evo Morales. La ciudadanía votará en conciencia sin necesidad que los partidos políticos actúen”, declaró a la prensa.

Su colega opositor, Gonzalo Barrientos, advirtió que un grupo de masistas no puede estar por encima del pueblo boliviano y decidir la reforma de la Constitución Política a través de cuatro ideas “angurrientas y abusivas” que buscan violar la voluntad soberana y democrática del pueblo.

"Constitucionalmente no puede ser candidato, ahora como oposición vamos a defender la Constitución y el voto del pueblo, y jamás vamos a ser cómplices que se pisotee la voluntad de los bolivianos”, advirtió.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

11 Agosto 2016

Si casi uno de cada dos turcos desaprobaba su gestión en los últimos cuatro años, esa cifra ha caído ahora al 27%.

La popularidad del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, alcanzó en julio el 67,6% el máximo en los últimos cuatro años y 20 puntos más que antes del fallido golpe de Estado, según una encuesta publicada este jueves por el diario Habertürk.

El sondeo, realizado por la compañía Metropoll dos semanas después del fallido golpe militar del 15 de julio pasado, muestra un llamativo incremento de aprobación, desde el 47% registrado en junio.

La popularidad de Erdogan está a sólo tres puntos del 71% alcanzado en diciembre de 2011, cuando Erdogan era aún primer ministro, y es muy superior al nivel de aceptación alcanzado desde entonces, que oscilaba entre el 37 y el 49%.

Si aproximadamente el 50% de la población desaprobaba la gestión de Erdogan en los últimos cuatro años, esa cifra ha caído ahora al 27%. 

El segundo líder mejor valorado es el primer ministro, Binali Yildirim, con el 58%, y, el tercero, el ultranacionalista Devlet Bahçeli, con un 40%, mientras que el jefe de la oposición socialdemócrata, Kemal Kiliçdaroglu, se queda en el 26% y el izquierdista Selahattin Demirtas no supera el 15%. 

Desde el fallido golpe, 76.000 funcionarios y profesores de la enseñanza privada han sido apartados de sus puestos como forma de purgar la Administración de simpatizantes de la cofradía de Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de instigar el golpe.

Un total de 21.000 personas se hallan detenidas para investigar sus relaciones con Gülen.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: EFE

02 Agosto 2016

La intentona golpista de julio le costó a la economía turca 300.000 millones de liras (USD 100.000 millones) y provocó la anulación de un millón de reservas turísticas, según fuentes oficiales citadas el martes por la prensa.  

"Si tomamos en cuenta los aviones caza, los helicópteros, las armas, las bombas y los edificios (dañados), son 300.000 millones de liras y tal vez un poco más", dijo el ministro de Comercio, Bulent Tüfenkci, al diario Hurriyet.

Un grupo de militares intentó la noche del 15 al 16 de julio derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Los golpistas abrieron fuego contra la muchedumbre y contra varios objetivos, entre ellos el Parlamento en Ankara. El episodio se saldó con 271 muertos, 34 de ellos en las filas de los amotinados.

El ministro afirmó que el costo podría ser superior, dado el impacto de la sublevación en el turismo y en el comercio exterior.

Muchos inversores "dejaron de venir cuando vieron las imágenes de tanques en las calles y el Parlamento bombardeado", afirmó. Además, "muchos encargos de productos del extranjero se anularon", declaró.

"Los golpistas dieron de Turquía una imagen de un país del tercer mundo", lamentó.

Tüfenkci evaluó en un millón las reservas turísticas canceladas, una cifra elevada pero que se explica en gran medida por la decisión del gobierno de suspender las vacaciones de tres millones de funcionarios, para llevar adelante las purgas en la función pública e impedir fugas al extranjero de presuntos implicados en el golpe.

El sector turístico ya se había visto duramente golpeado por los atentados atribuidos a comandos yihadistas o de independentistas kurdos. En junio, la llegada de viajeros extranjeros al país registró una caída de 40% en relación con el mismo mes de 2015.

El ministro aseguró que la situación política se había normalizado rápidamente y destacó que la paridad de la lira con otras divisas se mantuvo relativamente estable.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP

20 Julio 2016

El mandatario confirmó 10.937 detenidos por el levantamiento militar que dejó más de 350 muertos el viernes pasado. Prometió que “la democracia no se verá comprometida” por esta nueva maniobra nacional.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el miércoles por la noche la instauración del estado de emergencia durante tres meses en Turquía, tras el levantamiento militar frustrado la semana pasada.

"Nuestro consejo de ministros decidió instaurar el estado de emergencia durante tres meses", anunció el jefe de Estado en una rueda de prensa. Esto era "necesario para erradicar rápidamente todos los elementos de la organización terrorista implicada en el intento de golpe de Estado".

Según el presidente turco, la democracia no se verá comprometida en Turquía por el estado de emergencia, ya que este último "busca proteger y reforzar" los valores de "la democracia, la ley y las libertades".

En la noche del 15 al 16 de julio, un intento de golpe de Estado militar dejó más de 300 muertos, 100 de los cuales eran golpistas. Cerca de 55.000 personas, especialmente policías, profesores o militares, fueron suspendidas o despedidas. Más de 9.000 fueron arrestadas.

Antes de la rueda de prensa, en una entrevista de la cadena Al Jazeera, Erdogan consideró que el golpe de Estado "puede que no haya terminado, podría haber otros planes".

"Puede que otros países estén implicados" en el golpe frustrado, agregó Erdogan, sin citarlos.

El presidente turco aprovechó su entrevista televisada para cargar contra las críticas por las purgas de las autoridades turcas. Y, especialmente, llamó al canciller francés, Jean-Marc Ayrault, quien advirtió contra la represión en el país, a "ocuparse de sus asuntos". "Él debería ocuparse de sus asuntos. ¿Tiene la autoridad para hacer esas declaraciones sobre mi persona? No, no la tiene. Si quiere una lección de democracia, puede tener fácilmente una lección de democracia de nosotros", aseguró Erdogan.

Por otro lado, el mandatario turco aseguró que un total de 10.937 personas han sido arrestadas en el país por la rebelión. Aseguró también que los dos pilotos que derribaron un cazabombardero ruso en la frontera turco-siria hace siete meses están detenidos y la Justicia los está investigando por su supuesta pertenencia a la "organización terrorista" del clérigo turco Fetullah Gülen, exiliado en EEUU.

Gülen ha sido acusado por el gobierno turco de estar detrás de la intentona, apoyado por sus seguidores infiltrados en la administración pública, la Policía, la Judicatura y el Ejército.

Consultado por la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en Turquía, abolida desde 2004, Erdogan aseguró que si el Parlamento turco respalda esa decisión, no dudará en firmar esa norma "de forma inmediata".

Las medidas adoptadas por Erdogan y la posibilidad de restaurar la pena de muerte han alarmado a la comunidad internacional, y varios gobiernos e instituciones han urgido a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos.

"Todas las medidas que estamos tomando son legales y no vamos a violar nunca el Estado de derecho, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de cumplir con el deber que tenemos de cara al país", declaró Erdogan en la cadena de televisión qatarí.

Asimismo, aseguró que la propia OTAN le ha expresado su apoyo en estos días y ha confirmado que Turquía ha pedido la extradición de Gülen a EEUU.

Hasta el momento, Ankara ha suspendido de sus empleos a unas 55.000 personas, desde maestros y arquitectos a jueces, policías y funcionarios de distintos departamentos, acusados de ser seguidores de Gülen, quien ha negado cualquier implicación en la asonada.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: Infobae

 
 
 
 
19 Julio 2016

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió este martes a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, la ayuda estadounidense en la investigación sobre el golpe de Estado abortado en Turquía, pero también le pidió que respete el derecho, según la Casa Blanca.

Durante una conversación telefónica, Obama insistió en la necesidad de realizar las investigaciones sobre los autores de esa tentativa golpista fallida, pero con métodos que “fortalezcan la confianza del pueblo en las instituciones democráticas y el estado de derecho”.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

18 Julio 2016

La policía turca inició hoy redadas en las sedes de las dos máximas instancias judiciales del país en Ankara para detener a magistrados sospechosos de haber apoyado el fallido golpe de Estado el pasado viernes.

Según informa la agencia semipública Anadolu, los agentes están registrando las oficinas del Tribunal Supremo (Yargitay) y del Consejo de Estado (Danistay), la máxima instancia judicial administrativa, con listas de personas.

Algunos jueces fueron detenidos directamente en la entrada de las cortes, entre ellos Osman Sanal, el fiscal de Ergenekon, un macrojuicio que duró de 2008 a 2014 y durante el que fueron condenados cientos de altos cargos militares acusados de conspiración golpista.

En abril pasado, el Tribunal Supremo anuló todas las condenas y el Gobierno ha acusado a los simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen de fabricar las pruebas para destruir la buena imagen de las Fuerzas Armadas.

Las redes de Gülen son también las acusadas de instigar el golpe de Estado del viernes pasado y las detenciones en la Judicatura forman parte de una purga anunciada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para eliminar la influencia de esta cofradía, hasta 2013 aliada del Gobierno islamista.

En total hay orden de detención para 140 jueces del Tribunal Supremo, 48 del Danistay y cinco del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos en la Judicatura.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

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