Santa Cruz de la Sierra
27 Junio 2017

 El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra decidió modificar la Ley de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito-Fotomulta para llamarla,  Ley para Infractores Viales, manteniendo el espíritu educativo de la norma, debido a que se pretende cuidar la vida de los peatones.

Con esto la municipalidad ratifica que el ordenamiento de mercados y la movilidad urbana son prioridad de la gestión.

Las Comisiones de Constitución y Planificación sesionaron en conjunto por tiempo y materia, y después de más de tres horas hicieron las modificaciones: ahora la norma se llamará “Ley para Infractores Viales”.

“A nuestros queridas vecinas y vecinos les aseguramos que no existe doble sanción y que no retrocederemos en nuestra política de Movilidad Urbana ni al ordenamiento de la ciudad. A nuestra Policía les decimos que agotaremos todos los medios y espacios necesarios que deriven en un convenio interinstitucional de coordinación y cooperación, de acuerdo al mandato de ley”, dijo la presidenta del Concejo Municipal en una conferencia de prensa.

Sosa aclaró que la autonomía municipal establece que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales, legislar, reglamentar y ejecutar en materia de tránsito urbano.

Respecto a las disposiciones transitorias, ambas comisiones decidieron que se modificará el plazo de reglamentación de la ley.

En la sesión de audiencia pública, que se realizó más temprano, participó el alcalde, ing. Percy Fernández afirmando que la municipalidad no pretende recaudar más recursos económicos con la nueva norma, sino que obedece a la necesidad de educar y sancionar a los infractores.

“Queremos su vida no su plata. Esta ley no es para recaudar,  no tiene esos fines, persigue el cuidado de la gente, de la ciudadanía que camina en el centro de la ciudad y en los lugares alejados de los 15 distritos; al final de cuentas la ciudad es su población”, dijo el alcalde.

En la misma se recibió la demanda de dirigentes del transporte, quienes señalaban que el Municipio no tiene competencia, pero se demostró que la Ley es Constitucional y que la misma seguiría en vigencia con el cambio de nombre de fotomulta y esperando su reglamentación.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: GAM

26 Abril 2017

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó la noche del martes la ley que modifica la Ley del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional y de Régimen Electoral, para “agilizar” y “transparentar” la elección de las autoridades judiciales en octubre próximo.

“Ya se ha sancionado la norma que modifica las leyes 025, 026 y 027, en todo caso ya está pasando para su correspondiente promulgación por parte de nuestro Presidente del Estado Plurinacional (Evo Morales)”, indicó el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Alta, Milton Barón, citado en un boletín de prensa.

La ley sancionada propone ajustes al número de magistrados del Tribunal Agroambiental de 7 a 5 y en el Consejo de la Magistratura de 7 a 3 integrantes; además del número de magistrados en el Tribunal Constitucional, que se incrementará de 7 a 9 y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el número de magistrados continuará siendo de 9.

También contempla la postulación por circunscripción departamental de los miembros del Tribunal Constitucional.

Establece, además “cambios trascendentales” a la Ley de Régimen Electoral referidos a la modificación de la base electoral de circunscripción nacional a departamental en el caso del Tribunal Constitucional; la ampliación del plazo de preselección, establecida en un principio en 60 días, a 90; la forma de difusión de méritos y la adecuación de la papeleta de sufragio al número y características del nuevo proceso electoral.

“Ya tenemos la suficiente base legal para habilitar a continuación el tratamiento del reglamento de preselección que precisamente necesitaba que se apruebe esta ley, ahora sí la Asamblea queda habilitada para tratar formalmente el reglamento de preselección”, agregó.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Radiofides.com

17 Marzo 2017

En medio de protestas y con un fuerte resguardo policial, la bancada mayoritaria del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aprobó la noche del jueves la ley que obliga a la Gobernación a entregar 8% de los recursos departamentales a ocho municipios.

La aprobación de la polémica ley estuvo rodeada de desmanes, puesto que manifestantes se apostaron en cercanías de la Asamblea usaron petardos, perdieron fogatas  y lanzaron huevos. La Policía respondió con gasificación, según medios tarijeños.

Unidad Departamental Autonomista (UDA), la agrupación del gobernador Adrián Oliva, rechaza esta ley porque significará restar más recursos al departamento, que ya enfrenta una crisis económica por las deudas y la disminución de su presupuesto.

“Han hecho mucho daño al departamento de Tarija”, dijo al respecto el gobernador Oliva.

La primera autoridad departamental  anunció que se impugnará la ley y se denunciará las irregularidades en su aprobación.

La asambleísta por UDA, Mariel Jaramillo, aseguró que esta norma atenta contra la economía de la autonomía departamental, y reprochó que se haya aprobado la misma incluso sin la presencia de medios de comunicación.

Entretanto, dirigentes campesinos expresaron su satisfacción con la nueva ley, puesto que a su criterio hará que los municipios tengan más recursos para atender proyectos.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

13 Marzo 2017

Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) decidieron en ampliado realizar mitines de protesta a nivel nacional para este martes 14 de marzo, en rechazo al anteproyecto de ley que haría desaparecer esta entidad.

La información fue proporciona por Néstor Villarroel, secretario general de la federación nacional de los trabadores de AASANA, quien indicó que la protesta se hará de manera paralela en 48 aeropuertos de Bolivia a un horario determinado que no quiso revelar.         

La semana pasada los sindicalizados se declararon en emergencia debido a que conocieron un anteproyecto de ley que cerraría AASANA y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para crear una nueva entidad llamada Autoridad Aeronáutica Civil.

El dirigente aseguró que los trabajadores y otras instituciones del ámbito aeronáutico concertaron un proyecto de ley con el Gobierno, pero se sorprendieron porque el Ministerio de Obras Públicas realizó otro texto que no fue consensuado.           

Villarroel alertó que corre riesgo el trabajo de1.500 personas. Pidió que se modifique ese proyecto de ley y se garantice la estabilidad la estabilidad laboral.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

08 Marzo 2017

El presidente Evo Morales llamó este miércoles “traidores” a los dirigentes que rechazan la nueva Ley General de la Coca y se declaró "orgulloso y honrado" de promulgar esa norma porque significa “enterrar la Ley 1008” que – en su lectura - busca coca cero en Bolivia.

Morales reapareció en Palacio de Gobierno, tras seis días de haber estado en tratamiento médico en Cuba por una afección en la garanta, y promulgó la Ley Nº 906 con un discurso de casi una hora, donde se notó una voz afónica, motivo por el que viajó a La Habana.  

Justificó el incremento a 22 mil hectáreas con proyectos de industrializar la coca en medicamentos, vinos y otros subproductos que podrían exportarse a Ecuador y Venezuela y posiblemente Paraguay, como una forma de luchar contra el narcotráfico.

Dijo que ese proyecto requiere un trabajo permanente respetando a la comunidad internacional y la Convención de Viena 1961 y planteó a los productores el desafío de hacer el pijcheo un hábito mundial.  

Aseguró que están equivocados aquellos que dicen que la coca del Chapare no tiene mercado, porque en parte de la población boliviana se consume por ser más barata que la de Yungas y manifestó que es debatible la teoría de cuál coca va al narcotráfico.

El mandatario manifestó que por ahora algunos dirigentes tratan de hacer un conflicto porque están siendo mal orientados por sus asesores y pidió a las organizaciones sociales que a partir de ahora, mantengan la unidad para defender la Ley General de la Coca a nivel internacional.

Acusó a los partidos de la derecha de influir sobre algunos dirigentes para ocasionar una división interna y enfrentarlos, y otros criminalizarlos falsamente, al dividir en zonas de producción tradicional y del Chapare.

Recordó que los partidos de la derecha no protestaron cuando en sus respectivos gobiernos, tuvieron y permitieron el cultivo de hasta 37 mil hectáreas de coca, teniendo en vigencia un Reglamento de la Ley 1008, que prohibía el cultivo, disponía multa y cárcel para los reincidentes que volvían a sembrar coca.

En su criterio, los partidos de la derecha no tienen moral para criticar la actual Ley General de la Coca y los acusó de infiltrarse en los sindicatos de la coca para generar una confrontación hacia el gobierno.

Redacción: Leo.com.bo                                              

Fuente: Erbol

 

 

28 Febrero 2017

La oposición política aún no encuentra una explicación sobre el apuro del presidente Evo Morales de aprobar la Ley General de la Coca, que – según dijeron los asambleístas opositores Yerko Núñez y Norma Piérola – “legaliza” y “beneficia” al narcotráfico en el país.

Núñez de la bancada de Unidad Demócrata sostuvo que la imagen del país corre riesgo a nivel internacional porque con esta ley “se estaría legalizando el narcotráfico” sin que exista un estudio serio sobre la necesidad de incrementar los cultivos de coca.

Dijo que al menos eso se puede concluir tras la decisión de incrementar en medio de presiones, de 20 a 22.000 hectáreas que fueron divididas entre productores de coca de los Yungas de La Paz y del Chapare de Cochabamba, sabiendo “gran parte de esta hoja (del Chapare) se va a fines ilícitos.

Horas antes que el Senado sancionara la Ley de la Coca, la diputada Piérola  manifestó que en ningún momento el ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, pudo justificar ante la Cámara de Diputados el apuro de aprobar en tiempo record la ley.

Manifestó que lo preocupante es que por ley se declara “prioridad nacional, la legalización de la coca que va beneficiar al narcotráfico, despenalizando la producción, comercialización y transporte de la coca”, vulnerando convenios internacionales, entre ellos del acuerdo de la JIFE.

Anunció que una vez que el presidente Evo Morales promulgue la Ley, realizará gestiones para pedir sanciones de la comunidad internacional a Bolivia y exigir se anule esta normativa que pone  a Bolivia como país productor oficial de 22.000 hectáreas de coca en La Paz y Cochabamba. 

Según estimaciones, esa superficie producirá 20.000 toneladas de coca en el Chapare y 18.000 toneladas en Yungas de La Paz.

De acuerdo con  UNODC al 2015,  el 35% de la hoja de coca (32.500 toneladas métricas) no se comercializaba por mercados legales, es decir que 11.300 toneladas métricas de la hoja que no van a los mercados autorizados de “Villa Fátima” en La Paz y de “Sacaba” en Cochabamba, por los que pasaron sólo 21.201 toneladas.

En agosto de 2014 el viceministro Felipe Cáceres, admitió que el 40% de la coca que se produce en el país es desviada a la producción de cocaína, en referencia al grueso de la producción del Chapare, ahora en vías de legalización.

Cocaleros de Yungas y especialistas de Naciones Unidas remarcaron la alta productividad de la coca del lluvioso Chapare cochabambino ‒2.7 toneladas por hectárea a 280 metros sobre el nivel del mar y con hasta cuatro cosechas al año‒ que redituará a partir de sus 7.700 hectáreas unas 20.800 toneladas de coca, en su mayor parte desviada a las factorías de droga en la selva e incluso en la periferia de las ciudades.

En los Yungas, la productividad de 1.3 toneladas de coca por hectárea permitirá la producción de un máximo de 18,600 toneladas métricas destinadas al mercado legal del acullico, virtud que no tiene la del Chapare, considerada amarga e inservible ni siquiera para la infusión.

El ministro Cocarico aclaró que las 20.000 hectáreas del proyecto inicial están absolutamente justificadas porque se necesitan 18 mil toneladas para el acullico y 2 mil era para la industrialización

Sin embargo dijo que por  un componente político se decidió subir a 22.000 hectáreas de cultivo, que producirán 4.000 toneladas de coca adicionales a las inicialmente 2.000 previstas, cuando el proyecto de ley original proponía una superficie de 20.000 hectareas. Esa cantidad de produción adiconal servirá para la investigación, industrialización y exportación.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

24 Febrero 2017

El principal dirigente provincial de Larecaja, Carlos Chino, indicó que este sector está contento con la inclusión de su territorio en la Ley de la Coca, que se aprobó en detalle en la Cámara de Diputados.

El proyecto original de la ley no incluía a la provincia Larecaja como zona de producción legal de coca. Los habitantes de esta región se movilizaron y lograron su objetivo de ser tomados en cuenta.

Los cocaleros de esta región paceña mantienen una vigilia en la plaza San Francisco de La Paz y anunciaron que la mantendrán hasta que la ley se sancione en el Senado.

La Ley de Coca aprobada en Diputados dispone la legalización de 20 mil hectáreas de cultivo en Bolivia, de las cuales 14.300 corresponderán al departamento de La Paz.

El dirigente Chino indicó que por ahora hay 38 hectáreas de coca en Larecaja, pero luego de promulgada la ley pedirán al Gobierno se otorgue a esta provincia 500 hectáreas.    

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

22 Febrero 2017

La Cámara de Diputados fijó para este jueves por la mañana el tratamiento de la Ley General de la Coca, la misma que provocó un conflicto aún latente entre el Gobierno y los cocaleros de los Yungas.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, envió una nota a la mesa de diálogo de cocaleros y ministros para informarles sobre esta decisión.

“Se ha convocado a Sesión Plenaria de la Cámara de Diputados para el tratamiento de este proyecto de Ley, mañana jueves a horas 7:00 am”, dice la carta firmada por Montaño.

Los dirigentes de los yungueños y el Gobierno están en un proceso de diálogo para solucionar los puntos de desacuerdo de la nueva ley.

Los cocaleros rechazan el proyecto de ley porque legaliza 13 mil hectáreas de coca en La Paz y 7 mil en Cochabamba. Los yungueños exigen que las plantaciones en su región sean ilimitadas dentro el cordón tradicional, y están en contra de la autorización de esa cantidad de hoja en el trópico cochabambino porque desconfían de la licitud de sus fines.   

Montaño aclaró que Diputados tomará en cuenta los acuerdos de la mesa de diálogo para aprobar la ley.

“Hacemos conocer a ustedes la predisposición de la Asamblea Legislativa Plurinacional para incorporar, a tiempo del tratamiento del Proyecto de ley mencionado, las modificaciones que pudieran acordarse en ese mesa de diálogo”, dice la carta.

La presidenta de Diputados señaló también que no se debe postergar más el tratamiento de esta norma, puesto que eso significaría ampliar la vigencia de la ley 1.008.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: Erbol

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