Santa Cruz de la Sierra
11 Marzo 2015

Los legisladores de Utah aprobaron una ley que les convertiría en el único estado que permite aplicar la pena de muerte con un pelotón de fusilamiento si hay desabastecimiento de los fármacos empleados en ejecuciones.

La aprobación del texto en el Senado regional se produjo mientras el estado lucha por conseguir los fármacos de la inyección letal en medio de un desabastecimiento nacional.

El impulsor de la ley, el republicano Paul Ray de Clearfield, presentó la medida como una forma de ejecución más humana. Ray alegó que un equipo de tiradores entrenados ofrecen una muerte más rápida y humana que las prolongadas agonías que se han producido en ejecuciones problemáticas por inyección letal.

La ley da opciones al estado, señaló. "No es encantaría que la inyección letal funcionara de forma que podamos continuar con ella, pero si no, tenemos un plan de reserva", dijo Ray a Associated Press.

Sus oponentes, sin embargo, dicen que los pelotones de fusilamiento son un cruel vestigio de los tiempos del Salvaje Oeste y atraerán la condena internacional sobre el estado. "Creo que Utah dio un paso gigante hacia atrás", sostuvo Ralph Dellapiana, director de Utahns for Alternatives to the Death Penalty. Los pelotones de fusilamiento, afirmó, son "una reliquia de un pasado más bárbaro".

Utah es uno de los estados que buscan nuevas formas de aplicar la pena de muerte, después de una problemática inyección letal en Oklahoma el año pasado y otra en Arizona, en la que el condenado tardó casi dos horas en morir.

Este año se introdujo legislación para permitir los pelotones de fusilamiento en Arkansas. En Wyoming, una medida para permitir este recurso si no había fármacos letales disponibles no salió adelante. En Oklahoma, los legisladores están considerando una legislación que permitiría al estado emplear gas nitrógeno para ejecutar a los presos.

No está claro que la propuesta de Ray se convierta en ley en Utah, un estado conservador. El gobernador del estado, el republicano Gary Herbert, no aclaró si la firmaría. Su portavoz Marty Carpenter sí emitió un comunicado esta semana reconociendo que el método le daría a Utah un método legítimo de ejecución si los fármacos no están disponibles.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: AP

04 Marzo 2015

“Tabaré Vázquez fue enfático en que la ley se va a cumplir, pero lo único que quiere es que se cumpla bien”. Así explicó Milton Romani, flamante secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), la decisión del presidente uruguayo Tabaré Vázquez de aplazar sin fecha la venta de marihuana en las farmacias.

“El presidente me transmitió que vamos a cumplir con la ley de la mejor manera posible”, reveló el funcionario. Y agregó: “No queremos hacer las cosas a las apuradas. No puede confundirse el hecho de que nosotros seamos más cuidadosos con que no haya continuidad en el proyecto”.

En diálogo con El Observador, Romani resaltó que “la ley no impuso plazos”, y adelantó que la gestión de Vázquez no se maneja con plazos, “sino con garantías, para que todo salga correctamente”.

La ley de marihuana, aprobada en diciembre de 2013, brinda tres formas de acceso a la marihuana: compra en farmacias, autocultivo doméstico y a través de clubes de membrecía.

El pasado 16 de octubre de 2014, en una entrevista publicada por el semanario Búsqueda, el presidente Tabaré Vázquez daba cuenta de esta medida “sin plazos” que hoy, ya en la presidencia, llevará adelante.

“Vamos a ver muy atentamente qué resultados da eso. Va a haber una evaluación estricta y muy de cerca sobre el impacto que tenga en la sociedad esta ley. Lo vamos a analizar con mucho cuidado. Y si en algún momento vemos que no funciona, no dudaremos un instante en hacer las correcciones que sean necesarias”, enfatizó, entonces, Vázquez.

Previo a la aprobación de esta ley impulsada por José Mujica, el actual mandatario había sostenido que le parecía "insólito" que se venda marihuana en farmacias. Pero en esa entrevista realizada días antes de las elecciones nacionales, el jefe de Estado aclaró: “Pero si la ley lo autoriza, así será”.

En su primera gestión, el jefe de Estado emprendió una fuerte cruzada contra el tabaquismo. Así, logró descender sensiblemente la tasa de fumadores e infartos.

A pesar de la confrontación con la tabaquera multinacional Philip Morris, Tabaré Vázquez llevó a Uruguay a ser el primer país latinoamericano y el quinto en el mundo en ser libre de tabaco en lugares públicos.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Perfil.com

03 Marzo 2015

 Un abogado en California presentó una propuesta de referéndum con la que pretende prohibir la homosexualidad y propone castigarla con la ejecución en esta liberal región del oeste de Estados Unidos. La propuesta, que tiene muy pocas probabilidades de avanzar (necesitaría 360.000 firmas), fue presentada por el abogado Matthew McLaughlin de la oficina del fiscal general de California la semana pasada.

"El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es un mal monstruoso que Dios todopoderoso, dador de libertad, nos ordena reprimir so pena de nuestra destrucción total, así como destruyó Sodoma y Gomorra", reza la curiosa propuesta, registrada y abierta a comentarios en la página de internet de la Procuraduría General.

"Dado que es mejor que los delincuentes mueran antes de que todos nosotros seamos asesinados por la justa ira de Dios (...) el pueblo de California pide sabiamente, en el temor de Dios, que cualquier persona que voluntariamente toque a otra persona del mismo sexo para obtener satisfacción sexual debe morir de un tiro en la cabeza o por cualquier otro método conveniente", escribió. McLaughlin, quien pagó una tarifa de 200 dólares para presentar esta propuesta de legislación llamada "Ley de supresión de sodomía", no estaba disponible para hacer comentarios.

La dirección presentada por el abogado en su propuesta es Huntington Beach, una localidad al sur de Los Ángeles conocida por ser un refugio republicano en la democrática y socialmente liberal sociedad californiana. California, así como otros estados estadounidenses, suele hacer consultas por referéndum en ocasión de las elecciones, aunque para ello las iniciativas tienen que conseguir un mínimo de firmas.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: AFP

27 Enero 2015

La iniciativa es la primera gran reforma en materia escolar que saca adelante el gobierno de Michelle Bachelet y que se funda en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 y 2012.

El proyecto de ley tiene por objeto terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, a fin de garantizar a todos los chilenos el derecho a una educación de calidad, sustentado en tres ejes: fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos; el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartido.

Tras la votación, el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre expresó su "gratitud y satisfacción" con el respaldo parlamentario, tras diez meses de discusión.

"Al final del día lo importante es que la democracia ha construido sus propios fundamentos para avanzar en una educación de calidad. Éste es un proyecto que sienta la base filosófica de cómo se construye educación en Chile, un país donde buscamos que los estudios de los niños ya no se decidan por la capacidad económica de sus padres", indicó Eyzaguirre.

En tanto, la ex líder estudiantil y diputada Camila Vallejo destacó que "este proyecto hace justicia al desmantelar tres pilares de las leyes de mercado, nos estamos poniendo a la altura de países desarrollados que trabajan por poner en primer lugar el criterio de equidad".

"Los padres de menores ingresos conocerán ahora lo importante que es no tener que pagar más recursos por garantizar la educación de sus hijos", agregó.

La normativa termina con la selección por rendimiento previo en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, incorporando en la legislación la frase "sin fines de lucro", estableciendo de forma gradual la incorporación de la gratuidad en los colegios del país.

Junto con ello, fija sanciones a los sostenedores que lucren con recursos destinados a la educación; eso significa que quien lucre deberá devolver el monto malversado de los recursos y además pagar una multa del 50% de lo que haya utilizado de mala manera.

Además, los colegios no podrán seleccionar por factores socioeconómicos, etnias, nacionalidad, cultura, religión o discapacidad con el fin de terminar con las "discriminaciones arbitrarias".

Por ende, los colegios no podrán exigir antecedentes económicos de la familia del postulante ni contemplar el rendimiento escolar pasado.

La entrada en vigencia de la nueva ley será a partir del 1 de marzo del 2016, sin perjuicio de las reglas especiales que al efecto se establecen, entre ellas, un plazo de 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2017) para que los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados que quieran seguir operando en la actividad educacional transfieran su calidad de tal.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

08 Enero 2015

El nuevo equipo de Gobierno de la reelegida presidenta, Dilma Rousseff, apenas tardó unas horas en enojar a la oposición y encender sus alarmas. Tan sólo unas horas después de asumir su nuevo cargo como Ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoini anunció que abriría "un debate amplio y profundo" sobre la regulación de los medios de comunicación, vieja pretensión del Partido de los Trabajadores al que pertenece pero que no contó con el apoyo de Rousseff en su anterior mandato.

La intención del Gobierno sería dividir el pastel de la comunicación para acabar con los oligopolios que controlan televisiones y radios, aunque los críticos a este tipo de medidas ven una posible censura a la libertad de expresión basándose en experiencias previas como las de Argentina y Venezuela. Según las propias palabras de Berzoini, se trata de "una forma de ampliar democráticamente las comunicaciones". Muy diferente lo ve Aloysio Nunes, líder en el Senado del PSDB, principal partido de oposición al gobierno, calificó de "tentativa criminal" y forma de "control de prensa" la intención de regular los medios.

Pero más que las esperables reacciones de la oposición, las dificultades que encontrará el Ejecutivo en el poder legislativo para aprobar cualquier medida estarán en la propia coalición de Gobierno, como demostró Eduardo Cunha, líder en el Congreso del PMDB, principal partido de la base aliada. "No aceptamos discutir el asunto", sentenció, aunque otros miembros del partido sí se han mostrado receptivos.

Regulación económica

Todavía no existe una propuesta firme de ley con la que el ministro de comunicaciones vaya a trabajar y él mismo aseguró que el debate sería "tranquilo y sin prisas". A pesar de que Berzoini quiso tranquilizar recordando que "la Constitución garantiza la más amplia libertad de expresión" y de que el interés no es controlar contenidos, sino la regulación económica para evitar grandes concentraciones de medios en pocas manos, esa fue también la argumentación de los gobiernos de Venezuela y Argentina antes de emprender una persecución en diferentes niveles contra medios críticos a sus posiciones.

Concentración de poder

Poco antes de ser reelegida, Rousseff advirtió sus intenciones al asegurar que "en Brasil, se trata de confundir la regulación económica con el control de contenidos" y defendió: "Control de contenido es cosa de las dictaduras. La regulación económica sólo impide que relaciones de oligopolio se instalen. La concentración de poder económico difícilmente lleva a relaciones democráticas". No obstante, no hizo bandera de esa regulación en su campaña electoral.

Existe ya en Brasil un capítulo especial en la Constitución dedicado a los medios de comunicación que impide la formación de monopolios y exige por ejemplo que el control de las empresas sea de capital nacional o que los diputados o senadores no posean medios de comunicación, aunque la no normativización de este artículo abre espacio para incumplimientos aprovechando brechas. Además, el Código brasileño de Telecomunicaciones, de 1962, define la concesión de las licencias de televisión y radio, mientras que una ley específica regula la televisión de pago obligando a las cadenas a una cuota mínima de producciones nacionales.

A falta de un proyecto de ley del partido, el colectivo popular Foro Nacional Democrático de Comunicación lleva desde 2012 en campaña por la aprobación de su proyecto popular de ley de medios, cuyos artículos principales impedirían la formación de monopolios, la propiedad de radios y televisiones por parte de políticos, así como defienden la creación de un Consejo Nacional de Comunicación.

Derecho de respuesta

En el partido de Dilma y Lula, preocupa el trato recibido por el Grupo Globo, mayor del país, en los escándalos de corrupción que implican a miembros de varios partidos y que, según lamentan, sólo destaca a los que pertenecen al gobierno o a sus aliados. En la práctica, los grupos Globo, Record, Band, SBT y Rede Tv dominan la práctica totalidad del mercado de radio y televisión.

También dolió mucho la portada de la revista 'Veja' que, a un día del segundo turno de las presidenciales, relacionó directamente a Rousseff con el enorme escándalo de corrupción en torno a Petrobras.

Por ello, el presidente del PT, Rui Falcao, ha defendido que en una futura ley se incluya un derecho de respuesta "con el mismo destaque" del eventual ofendido en el medio de comunicación que haya proferido las ofensas. O sea, que permitiría a Rousseff que su respuesta apareciera en la portada de la siguiente edición de la misma revista 'Veja' que publicó las informaciones.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: EFE

27 Noviembre 2014

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el jueves en grande la modificación de la ley 044, de procesamiento a altas autoridades de Estado y anunció que el debate en detalle se realizará la próxima sesión, informó la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Guardia.

"Ya hemos aprobado en grande la modificación de la ley 044, a petición de las senadoras y senadores se ha pedido el aplazamiento para la próxima sesión", explicó a la Red Patria Nueva. 

La noche del pasado miércoles, legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron en grande y detalle la modificación de esa ley y la remitieron al Senado para su debate.

Según esa norma, las Asambleas Legislativas no emitirán sentencias ejecutoriales en una causa penal, sino elaborarán un sumario informativo para suspender a las autoridades de sus funciones.

En esa línea, la legisladora dijo que el Senado analizará los alcances y sanciones que se establecen en ese proyecto de ley. 

"No nos compete la de juzgar penalmente, nosotros si vamos a dar la sanción en el ámbito disciplinario, administrativo. Entonces nosotros no podemos dar la sentencia de 10 ó 1 año de cárcel, lo que nosotros podemos dar la destitución del cargo, es por eso que nosotros estamos analizando y seguimos analizando hasta la próxima sesión", remarcó.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

21 Noviembre 2014

El presidente de Gambia, Yaya Jammeh, aprobó hoy un polémico proyecto de ley en el que se autoriza a condenar a cadena perpetua a personas que practiquen la "homosexualidad agravada", un concepto que se aplica a los "delincuentes en serie" y a la gente que tiene sida.

La confirmación de la nueva ley, que determina que quienes sean declarados culpables de este delito pueden ser condenados a cadena perpetua, llega en medio de una nueva ola de arrestos relacionados con la homosexualidad, por la que se detuvo a al menos ocho personas desde el pasado 7 de noviembre.

La agencia Ap recibió una copia del proyecto de ley aprobado hoy. Tiene fecha del 9 de octubre, pero funcionarios gambianos no habían reconocido anteriormente que el presidente, Yaya Jammeh, uno de los líderes africanos más abiertamente anti homosexuales, hubiese firmado la ley.

El texto tiene un lenguaje idéntico a la ley anti gay de Uganda que fue revocada por un tribunal a principios de este año por razones de procedimiento.

Redacción: Leo.bo

Fuente: AP

21 Noviembre 2014

El Parlamento japonés aprobó una ley que penaliza con penas de prisión y multas económicas a las personas que distribuyan el llamado "porno de la venganza". El delito consiste en publicar en Internet fotos o videos de carácter sexual de una persona, habitualmente ex pareja, con quien se ha tenido una discusión o pelea.

La legislación, aprobada esta semana por la Cámara Alta del Parlamento, impone penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 500.000 yenes (4.268 dólares) para aquellos que distribuyan estos contenidos. También castiga con hasta un año de prisión y sanciones de hasta 300.000 yenes (2.557 dólares) a aquel que facilite material a una tercera persona para que ésta lo distribuya por la red.

La nueva ley también fuerza a los proveedores de Internet a eliminar en un plazo de dos días los contenidos una vez que estas empresas confirmen que se trata de imágenes de esta naturaleza.

La ley se aprobó después de que el año pasado una estudiante de bachillerato fuera asesinada en Tokio por su ex novio, que previamente había colgado fotos de ella desnuda en Internet.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

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