Santa Cruz de la Sierra
25 Abril 2018

Cuando terminó la enorme manifestación que el lunes llevó a decenas de miles de nicaragüenses hacia la sede de la Universidad Politécnica de Nicaragua —bastión de la resistencia estudiantil contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega—, y los manifestantes comenzaron a dispersarse, un grupo de jóvenes se dirigió hasta la céntrica Rotonda La Virgen y prendió fuego a un “árbol de la vida”, una de las grandes esculturas de metal plantadas por las calles del país por la primera dama, Rosario Murillo, y un símbolo del poder presidencial.

La gente gritaba al ver arder el monumento de metal, que una hora después se desplomaba con un hondo ruido sobre el suelo. Gritos de júbilo, abrazos y baile. Los nicaragüenses comprendían que se podía lograr lo que hasta hace poco parecía imposible: retar al poder autoritario del comandante Ortega hasta conseguir que perdiera el control de las calles.

Este despertar popular traducido en inéditas manifestaciones en Nicaragua comenzó hace una semana, cuando el presidente impuso por decreto una reforma del sistema de la Seguridad Social, en coma tras más de una década de pésima gestión. La población comenzó a convocarse en puntos céntricos de Managua, pero el descontento popular se extendió a todo el país. La respuesta del Gobierno fue brutal: una represión que deja al menos 34 muertos, la mayoría en la capital, según ha informado este miércoles el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, ha gobernado con mano dura, forjando una alianza con el sector privado, acallando a los críticos y desarrollando una gestión populista hacia los sectores más desfavorecidos.

Una de las primeras medidas de Ortega fue asegurarse la obediencia de la Jefatura del Ejército y de la Policía Nacional, por lo que, a golpe de decretos, redujo el control civil de estas instituciones y estableció una relación directa con los mandos de seguridad.

Ortega reformó el Código Militar eliminando la prohibición de reelección para el jefe del Ejército, rompiendo de esta manera el cambio periódico que se realizaba cada cinco años en la jefatura del Ejército y destruyendo la institucionalidad militar. Lo mismo ocurrió en la Policía, donde con el tiempo nombró a un familiar, Francisco Díaz, como el hombre fuerte de la institución, aunque la jefa fuera la primera comisionada Aminta Granera.

A los empresarios les ofreció estabilidad y facilidades para hacer negocios, a cambio de que no se metieran en sus decisiones políticas. Se creó el Gobierno de consenso, en el que todo lo referente a la economía se decidía a puerta cerrada con las cámaras empresariales. El país registró uno de los mayores índices de crecimiento de Centroamérica, con un promedio anual del 4,5%. Nicaragua no tiene los problemas de violencia de sus vecinos, con una tasa de homicidios incluso menor que la de la pacífica Costa Rica. El país se convirtió en un paraíso para atraer inversores, mientras Ortega acallaba las voces críticas, encerraba a opositores, atacaba con violencia cualquier manifestación en su contra y daba carta abierta al Ejército y la Policía de asesinar a posibles rivales.

Fue lo que pasó a partir de 2011. Ortega impuso una reforma constitucional para eliminar los candados que le prohibían la reelección, se garantizó el control total del Tribunal Electoral e impuso el fraude electoral como política de Estado. Desde 2008 el Frente Sandinista ha ganado las elecciones con altísimos índices de apoyo, en un país donde los votos se cuentan al son del mandatario.

Gran desigualdad

Entonces comenzaron a formarse grupos armados en el interior contra el Gobierno. El Ejército los tildó inmediatamente de delincuentes. La estrategia fue eliminarlos con suma precisión. El capítulo más dramático de esta guerra silenciosa ocurrió el año pasado, cuando los militares atacaron a uno de estos grupos armados. Entre los muertos había una adolescente y un niño. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, ante el estupor de los nicaragüenses. Similares hechos se han repetido sin que haya una investigación oficial o se establezcan responsabilidades.

Mientras tanto el mandatario, con el apoyo petrolero de Venezuela, entregaba ayudas a los más pobres, que veían en él a una suerte de mesías en un país con profunda desigualdad. Ortega controlaba las zonas más pobres con estas dádivas, mantenía contento a los empresarios, y daba palos a la oposición y a una clase media descontenta por el creciente autoritarismo del régimen y ahogada por el aumento del costo de la vida, el desempleo y el temor a expresarse.

La ingente cooperación venezolana –más de 4.000 millones de dólares desembolsados desde 2007- sirvió, además, para controlar medios de comunicación, formar empresas al amparo del Estado, a las que beneficiaba con jugosos contratos, y crear una nueva oligarquía: la burguesía orteguista.

Los empresarios también se beneficiaron de este derroche petrolero, hasta que Venezuela entró en crisis y empezó a menguar el dinero y cayeron las exportaciones nicaragüenses al gobierno chavista. Tras 11 años de despilfarro, el Gobierno tuvo que empezar a tomar decisiones drásticas. Las reformas al Seguro Social despertaron un descontento acumulado desde hacía tiempo y desencadenaron las inéditas protestas que han abierto grietas en un régimen que hasta hace una semana parecía inquebrantable.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: reuters

 

07 Septiembre 2016

El ministro de Minería, Cesar Navarro, descartó la posibilidad de abrogar el decreto supremo 2888 que prohíbe el uso de dinamita en manifestaciones públicas y aseguró que la resolución de desacato, asumida por ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), es una reacción sectorial.

“Yo creo que la decisión está tomada, no puede haber utilización de cartuchos de dinamita en actos de esa envergadura”, dijo Navarro a tiempo de ingresar a la Asamblea Legislativa, donde fue consultado sobre la decisión de los mineros asalariados de asumir una posición de desacato al decreto emitido por el presidente Evo Morales.

Navarro sostuvo que el uso del cartucho de dinamita es simbólico que el movimiento proletario ha utilizado durante la dictadura militar para visibilizar su propuesta y de ninguna manera puede servir para amedrentar, incluso para afectar contra la vida del ser humano, por tanto, hay una deformación del  uso de la dinamita y la mala manipulación derivó en la muerte de un minero cooperativista.

Los mineros del Estado rechazaron el martes el Decreto Supremo 2888 que prohíbe el uso de dinamita y otros explosivos en manifestaciones públicas, por lo que determinaron el desacato nacional, informó el ejecutivo de la FSTMB, Orlando Gutiérrez en Santa Cruz.

Los asalariados se declararon en estado de emergencia en defensa de la “combativa e histórica”, dinamita. El dirigente Gutiérrez sostuvo que esa una disposición legal  “exagerada” porque no se permite manejar ni petardos ni cohetillos en las marchas.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

01 Septiembre 2016

El Gobierno, mediante Decreto Supremo, volvió a prohibir el uso y porte de dinamita en las movilizaciones sociales, tras las protestas de cooperativistas mineros quienes utilizaron estos explosivos para atacar a la Policía y afectar caminos.    

“Se establece que el uso, porte y tenencia de explosivos y otro material relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mítines, quedan terminantemente prohibido”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

En 2012, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto 1359 para prohibir la dinamita en movilizaciones sociales, pero el 1 de mayo de este 2016 anuló esta norma a pedido de la Central Obrera Boliviana (COB).

En una primera instancia, el Gobierno defendió la anulación del Decreto 1359, pero luego reconoció que fue un error. 

Romero indicó que ahora las personas que usen o porten explosivos en movilizaciones serán procesadas bajo el artículo 211 del Código Penal, que establece una sanción de uno a cuatro años.

La Policía quedó habitada para hacer requisas y controlar el porte de explosivos y, además, el Ministerio de Defensa tendrá la potestad de suspender la comercialización para hacer cumplir esta norma.    

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

04 Mayo 2016

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que, si no fuera por las manifestaciones sociales que usaron la dinamita, posiblemente Bolivia seguiría bajo el liderazgo del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Este 1 de mayo, el presidente Evo Morales emitió un Decreto Supremo que permite el uso de la dinamita durante las manifestaciones sociales. Ferreira recordó que en los movimientos mineros usaron la dinamita para sacar a la oligarquía en 1952, y que las manifestaciones sociales del periodo 2000-2005 también recurrieron a este explosivo para sus luchas.

“Si no hubiera habido eso (las manifestaciones con dinamita), posiblemente estaríamos con Goni, Tuto, Doria Medina en el país todavía, ese argumento histórico-político tiene sustento y por eso ha sido considerado favorablemente”, afirmó el Ministro.

Asimismo, señaló que los sectores que realicen una manifestación pública en las calles tienen prohibido el arrojar los explosivos a niños y a transeúntes adultos que circulen por el lugar. Respecto a la contaminación acústica que genera el ruido de una explosión, Ferreira dijo que esta situación ya no está en manos de la cartera de Estado a la cual representa.

“Nosotros sólo controlamos el tránsito, la importación, exportación, fabricación de explosivos, pero hay que tomar en cuenta que los mineros, con o sin decreto igual van a usar (la dinamita), no van a pedir permiso para eso”, acotó.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

15 Abril 2016

Distintos grupos de manifestantes partidarios del gobierno bloquean carreteras y autopistas en 12 estados de Brasil para expresar su descontento por el comienzo de los debates en el Congreso. El Parlamento discute sobre el inicio de un juicio político contra la presidente Dilma Rousseff.

"Esto es un anticipo de lo que va a ocurrir en caso de que se cometa el golpe parlamentario en la Cámara de Diputados y se apruebe el impeachment", afirmó el dirigente Raimundo Bomfim, de la Central de Movimientos Populares.

Durante dos horas, el Frente Brasil Popular bloqueó las principales avenidas del centro de San Pablo, lo que generó caos vehicular, y parte de la Marginal Tieté y de la Via Dutra, caminos que conducen al aeropuerto internacional de Guarulhos y conectan San Pablo con Río de Janeiro.

Para el domingo, en San Pablo, el Partido de los Trabajadores (PT) prepara en la región central, en el llamado Valle de Anhangabaú, una manifestación con pantallas gigantes para seguir la votación en la Cámara de Diputados.

Lo mismo pero enfrente de la federación industrial de San Pablo harán en la Avenida Paulista los opositores, a partir del mediodía del domingo.

Este viernes, la discusión en el Congreso comenzó con duros cruces entre los parlamentarios del oficialismo y los de la oposición. Gritos, silbidos y permanentes interrupciones marcaron los minutos iniciales del debate.

Los defensores del gobierno mostraron carteles rojos que señalaban que se trataba de "un golpe de Estado", mientras que los opositores levantaron pancartas verdes que rezaban que era necesario el impeachment.

El Gobierno quemó el jueves uno de sus últimos cartuchos en su intento de impedir el juicio y lo hizo ante la Corte Suprema, con una demanda de última hora intentada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que pedía anular parte del proceso y que fue rechazada por ocho de los magistrados, frente a dos que pidieron aceptarla.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente AFP

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