Santa Cruz de la Sierra
07 Septiembre 2016

El ministro de Minería, Cesar Navarro, descartó la posibilidad de abrogar el decreto supremo 2888 que prohíbe el uso de dinamita en manifestaciones públicas y aseguró que la resolución de desacato, asumida por ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), es una reacción sectorial.

“Yo creo que la decisión está tomada, no puede haber utilización de cartuchos de dinamita en actos de esa envergadura”, dijo Navarro a tiempo de ingresar a la Asamblea Legislativa, donde fue consultado sobre la decisión de los mineros asalariados de asumir una posición de desacato al decreto emitido por el presidente Evo Morales.

Navarro sostuvo que el uso del cartucho de dinamita es simbólico que el movimiento proletario ha utilizado durante la dictadura militar para visibilizar su propuesta y de ninguna manera puede servir para amedrentar, incluso para afectar contra la vida del ser humano, por tanto, hay una deformación del  uso de la dinamita y la mala manipulación derivó en la muerte de un minero cooperativista.

Los mineros del Estado rechazaron el martes el Decreto Supremo 2888 que prohíbe el uso de dinamita y otros explosivos en manifestaciones públicas, por lo que determinaron el desacato nacional, informó el ejecutivo de la FSTMB, Orlando Gutiérrez en Santa Cruz.

Los asalariados se declararon en estado de emergencia en defensa de la “combativa e histórica”, dinamita. El dirigente Gutiérrez sostuvo que esa una disposición legal  “exagerada” porque no se permite manejar ni petardos ni cohetillos en las marchas.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

01 Septiembre 2016

El Gobierno, mediante Decreto Supremo, volvió a prohibir el uso y porte de dinamita en las movilizaciones sociales, tras las protestas de cooperativistas mineros quienes utilizaron estos explosivos para atacar a la Policía y afectar caminos.    

“Se establece que el uso, porte y tenencia de explosivos y otro material relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mítines, quedan terminantemente prohibido”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

En 2012, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto 1359 para prohibir la dinamita en movilizaciones sociales, pero el 1 de mayo de este 2016 anuló esta norma a pedido de la Central Obrera Boliviana (COB).

En una primera instancia, el Gobierno defendió la anulación del Decreto 1359, pero luego reconoció que fue un error. 

Romero indicó que ahora las personas que usen o porten explosivos en movilizaciones serán procesadas bajo el artículo 211 del Código Penal, que establece una sanción de uno a cuatro años.

La Policía quedó habitada para hacer requisas y controlar el porte de explosivos y, además, el Ministerio de Defensa tendrá la potestad de suspender la comercialización para hacer cumplir esta norma.    

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

04 Mayo 2016

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que, si no fuera por las manifestaciones sociales que usaron la dinamita, posiblemente Bolivia seguiría bajo el liderazgo del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Este 1 de mayo, el presidente Evo Morales emitió un Decreto Supremo que permite el uso de la dinamita durante las manifestaciones sociales. Ferreira recordó que en los movimientos mineros usaron la dinamita para sacar a la oligarquía en 1952, y que las manifestaciones sociales del periodo 2000-2005 también recurrieron a este explosivo para sus luchas.

“Si no hubiera habido eso (las manifestaciones con dinamita), posiblemente estaríamos con Goni, Tuto, Doria Medina en el país todavía, ese argumento histórico-político tiene sustento y por eso ha sido considerado favorablemente”, afirmó el Ministro.

Asimismo, señaló que los sectores que realicen una manifestación pública en las calles tienen prohibido el arrojar los explosivos a niños y a transeúntes adultos que circulen por el lugar. Respecto a la contaminación acústica que genera el ruido de una explosión, Ferreira dijo que esta situación ya no está en manos de la cartera de Estado a la cual representa.

“Nosotros sólo controlamos el tránsito, la importación, exportación, fabricación de explosivos, pero hay que tomar en cuenta que los mineros, con o sin decreto igual van a usar (la dinamita), no van a pedir permiso para eso”, acotó.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

15 Abril 2016

Distintos grupos de manifestantes partidarios del gobierno bloquean carreteras y autopistas en 12 estados de Brasil para expresar su descontento por el comienzo de los debates en el Congreso. El Parlamento discute sobre el inicio de un juicio político contra la presidente Dilma Rousseff.

"Esto es un anticipo de lo que va a ocurrir en caso de que se cometa el golpe parlamentario en la Cámara de Diputados y se apruebe el impeachment", afirmó el dirigente Raimundo Bomfim, de la Central de Movimientos Populares.

Durante dos horas, el Frente Brasil Popular bloqueó las principales avenidas del centro de San Pablo, lo que generó caos vehicular, y parte de la Marginal Tieté y de la Via Dutra, caminos que conducen al aeropuerto internacional de Guarulhos y conectan San Pablo con Río de Janeiro.

Para el domingo, en San Pablo, el Partido de los Trabajadores (PT) prepara en la región central, en el llamado Valle de Anhangabaú, una manifestación con pantallas gigantes para seguir la votación en la Cámara de Diputados.

Lo mismo pero enfrente de la federación industrial de San Pablo harán en la Avenida Paulista los opositores, a partir del mediodía del domingo.

Este viernes, la discusión en el Congreso comenzó con duros cruces entre los parlamentarios del oficialismo y los de la oposición. Gritos, silbidos y permanentes interrupciones marcaron los minutos iniciales del debate.

Los defensores del gobierno mostraron carteles rojos que señalaban que se trataba de "un golpe de Estado", mientras que los opositores levantaron pancartas verdes que rezaban que era necesario el impeachment.

El Gobierno quemó el jueves uno de sus últimos cartuchos en su intento de impedir el juicio y lo hizo ante la Corte Suprema, con una demanda de última hora intentada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que pedía anular parte del proceso y que fue rechazada por ocho de los magistrados, frente a dos que pidieron aceptarla.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente AFP

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