Santa Cruz de la Sierra
21 Noviembre 2019

Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una "reforma profunda" de la Policía, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido social.

 La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, presentó en Santiago un documento con las principales conclusiones de una misión de ese organismo que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.

Desde que el 18 de octubre se intensificaron las protestas, AI constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves, por lo que recomendó al Gobierno de Sebastián Piñera dar "órdenes precisas" a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la "máxima restricción" en el uso de la fuerza.

 "Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión", indicó la organización en el informe.

También subrayó que la Justicia debe investigar la "responsabilidad de mando" en las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos por miembros del Ejército y Carabineros, a quienes se atribuye la muerte de cinco personas durante la crisis.

 Según Guevara, la responsabilidad penal no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que es necesario sancionar a "los mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día".

AI consideró en su informe que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que  "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".

Y destacó que durante y después del estado de emergencia decretado por el Gobierno, el alto mando de Carabineros (Policía militarizada) y sus responsables políticos permitieron que sus subordinados siguieran actuando con violencia en las calles del país.

 Hasta el momento, AI ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

 Además ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.

Uso letal de la fuerza

Amnistía Internacional ha documentado cinco muertos a manos de agentes del Estado -4 del Ejército y uno de Carabineros- durante el estado de emergencia que estuvo vigente más de una semana y que cedió a las Fuerzas Armadas la tarea de resguardar el orden público.

A través del análisis de imágenes, la entidad ha confirmado que el Ejército usó "armamento letal de forma indiscriminada" contra los manifestantes desarmados, algo que también hicieron, en menor medida, agentes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Destaca el caso de Romario Veloz, un joven ecuatoriano de 26 años que murió después de que un militar la disparara en el cuello mientras participaba en una marcha en la ciudad de La Serena.

Tortura y malos tratos

AI ha documentado hasta ahora un caso de muerte por maltrato policial y tres de tortura, incluyendo la tortura sexual.

La Fiscalía de Chile, por su parte, ha registrado 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de las fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, que fue violado con un bastón cuando estaba detenido y fue golpeado e insultado por su orientación sexual.

Además de los casos documentados, AI verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles, incluidos niños y adolescentes, "de forma injustificada y sin razón aparente".

Armas que pueden ser letales

 El equipo de trabajo de AI ha registrado el uso "constante e inadecuado" de escopetas de perdigones para reprimir las manifestaciones, un tipo de armamento que causó la muerte de una persona y que el derecho internacional establece que solo debe usarse de forma excepcional.

También se ha corroborado el uso de gas lacrimógeno "en cantidades alarmantes" y de granadas de humo, que son extremadamente tóxicas y están diseñadas para ser empleadas en conflictos armados.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

18 Octubre 2019

Las protestas que reclaman la salida del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se trasladaron este jueves al Museo Nacional del Panteón en el centro de la capital Puerto Príncipe, donde manifestantes acorralaron al funcionario en medio de un acto que se supone fuera público.

La agencia Associated Press reportó que los opositores al gobierno llegaron al espacio donde se realizaba una ceremonia en honor a uno de los fundadores del país, Jean-Jacques Dessalines.

Sin embargo, la tensión generada obligó a que la actividad pasara a ser una privada.

Cientos de policías armados cerraron la zona cuando los manifestantes comenzaron a congregarse.

“Esta no es la manera como un gobierno debe funcionar”, dijo a la agencia de noticias Mario Terrain, de 29 años, quien está desempleado. “El presidente se está escondiendo”.

Los manifestantes impidieron que Moïse visitara Pont-Rouge, el sitio al norte de la capital donde Dessalines fue asesinado y en el que generalmente se realiza la ceremonia.

La movilización  ha dejado al menos 20 muertos y más de 200 heridos. La más reciente víctima fue un hombre baleado ayer.

Las protestas no se limitan al centro de la capital, también se expanden a otras localidades de Leogane y Gressier.

Los ciudadanos mantienen barricadas y bloqueos en las carreteras; además han encendido autos, edificios gubernamentales  y una estación policial.

Las protestas en la isla caribeña iniciaron hace más de un mes por el problema de escasez de combustible.

Sin embargo, los reclamos se han multiplicado e incluyen denuncias de corrupción  y sobre la crisis económica y la inflación.

Redacción: Leo.com      

Fuente: EFE

07 Septiembre 2016

El ministro de Minería, Cesar Navarro, descartó la posibilidad de abrogar el decreto supremo 2888 que prohíbe el uso de dinamita en manifestaciones públicas y aseguró que la resolución de desacato, asumida por ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), es una reacción sectorial.

“Yo creo que la decisión está tomada, no puede haber utilización de cartuchos de dinamita en actos de esa envergadura”, dijo Navarro a tiempo de ingresar a la Asamblea Legislativa, donde fue consultado sobre la decisión de los mineros asalariados de asumir una posición de desacato al decreto emitido por el presidente Evo Morales.

Navarro sostuvo que el uso del cartucho de dinamita es simbólico que el movimiento proletario ha utilizado durante la dictadura militar para visibilizar su propuesta y de ninguna manera puede servir para amedrentar, incluso para afectar contra la vida del ser humano, por tanto, hay una deformación del  uso de la dinamita y la mala manipulación derivó en la muerte de un minero cooperativista.

Los mineros del Estado rechazaron el martes el Decreto Supremo 2888 que prohíbe el uso de dinamita y otros explosivos en manifestaciones públicas, por lo que determinaron el desacato nacional, informó el ejecutivo de la FSTMB, Orlando Gutiérrez en Santa Cruz.

Los asalariados se declararon en estado de emergencia en defensa de la “combativa e histórica”, dinamita. El dirigente Gutiérrez sostuvo que esa una disposición legal  “exagerada” porque no se permite manejar ni petardos ni cohetillos en las marchas.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

01 Septiembre 2016

El Gobierno, mediante Decreto Supremo, volvió a prohibir el uso y porte de dinamita en las movilizaciones sociales, tras las protestas de cooperativistas mineros quienes utilizaron estos explosivos para atacar a la Policía y afectar caminos.    

“Se establece que el uso, porte y tenencia de explosivos y otro material relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mítines, quedan terminantemente prohibido”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

En 2012, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto 1359 para prohibir la dinamita en movilizaciones sociales, pero el 1 de mayo de este 2016 anuló esta norma a pedido de la Central Obrera Boliviana (COB).

En una primera instancia, el Gobierno defendió la anulación del Decreto 1359, pero luego reconoció que fue un error. 

Romero indicó que ahora las personas que usen o porten explosivos en movilizaciones serán procesadas bajo el artículo 211 del Código Penal, que establece una sanción de uno a cuatro años.

La Policía quedó habitada para hacer requisas y controlar el porte de explosivos y, además, el Ministerio de Defensa tendrá la potestad de suspender la comercialización para hacer cumplir esta norma.    

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

04 Mayo 2016

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que, si no fuera por las manifestaciones sociales que usaron la dinamita, posiblemente Bolivia seguiría bajo el liderazgo del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Este 1 de mayo, el presidente Evo Morales emitió un Decreto Supremo que permite el uso de la dinamita durante las manifestaciones sociales. Ferreira recordó que en los movimientos mineros usaron la dinamita para sacar a la oligarquía en 1952, y que las manifestaciones sociales del periodo 2000-2005 también recurrieron a este explosivo para sus luchas.

“Si no hubiera habido eso (las manifestaciones con dinamita), posiblemente estaríamos con Goni, Tuto, Doria Medina en el país todavía, ese argumento histórico-político tiene sustento y por eso ha sido considerado favorablemente”, afirmó el Ministro.

Asimismo, señaló que los sectores que realicen una manifestación pública en las calles tienen prohibido el arrojar los explosivos a niños y a transeúntes adultos que circulen por el lugar. Respecto a la contaminación acústica que genera el ruido de una explosión, Ferreira dijo que esta situación ya no está en manos de la cartera de Estado a la cual representa.

“Nosotros sólo controlamos el tránsito, la importación, exportación, fabricación de explosivos, pero hay que tomar en cuenta que los mineros, con o sin decreto igual van a usar (la dinamita), no van a pedir permiso para eso”, acotó.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

15 Abril 2016

Distintos grupos de manifestantes partidarios del gobierno bloquean carreteras y autopistas en 12 estados de Brasil para expresar su descontento por el comienzo de los debates en el Congreso. El Parlamento discute sobre el inicio de un juicio político contra la presidente Dilma Rousseff.

"Esto es un anticipo de lo que va a ocurrir en caso de que se cometa el golpe parlamentario en la Cámara de Diputados y se apruebe el impeachment", afirmó el dirigente Raimundo Bomfim, de la Central de Movimientos Populares.

Durante dos horas, el Frente Brasil Popular bloqueó las principales avenidas del centro de San Pablo, lo que generó caos vehicular, y parte de la Marginal Tieté y de la Via Dutra, caminos que conducen al aeropuerto internacional de Guarulhos y conectan San Pablo con Río de Janeiro.

Para el domingo, en San Pablo, el Partido de los Trabajadores (PT) prepara en la región central, en el llamado Valle de Anhangabaú, una manifestación con pantallas gigantes para seguir la votación en la Cámara de Diputados.

Lo mismo pero enfrente de la federación industrial de San Pablo harán en la Avenida Paulista los opositores, a partir del mediodía del domingo.

Este viernes, la discusión en el Congreso comenzó con duros cruces entre los parlamentarios del oficialismo y los de la oposición. Gritos, silbidos y permanentes interrupciones marcaron los minutos iniciales del debate.

Los defensores del gobierno mostraron carteles rojos que señalaban que se trataba de "un golpe de Estado", mientras que los opositores levantaron pancartas verdes que rezaban que era necesario el impeachment.

El Gobierno quemó el jueves uno de sus últimos cartuchos en su intento de impedir el juicio y lo hizo ante la Corte Suprema, con una demanda de última hora intentada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que pedía anular parte del proceso y que fue rechazada por ocho de los magistrados, frente a dos que pidieron aceptarla.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente AFP

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