Santa Cruz de la Sierra
18 Mayo 2016

Las autoridades venezolanos obstaculizan el paso de la movilización de opositores hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), a donde quieren ir para reclamar celeridad en el llamado a un referendo revocatorio contra el presidente del país.

Decenas de policías impedían este miércoles con un cordón de seguridad llegar hasta la sede central del órgano electoral a un millar de opositores que iban a exigir un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

Armadas con escudos, chalecos y cascos, los policías formaron una barricada en un sector cercano a Plaza Venezuela, donde se habían concentrado los opositores para emprender la marcha hacia el centro de la capital, a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), constataron periodistas de AFP.

Entre la multitud, algunos fueron afectados por gas pimienta que un desconocido lanzó, aunque sin incidentes graves hasta ahora. "¡Revocatorio, revocatorio!, ¡Fuera Maduro!, gritaban algunos, con carteles contra el gobierno. Muchos llevaban banderas de Venezuela.

El líder opositor Henrique Capriles y el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, encabezaban la concentración en Caracas, pero ante el cordón policial debieron retirarse entre empujones.

Esta es la primera concentración de la oposición bajo un estado de excepción que decretó el pasado viernes el presidente, con el que pretende cerrar el paso a los intentos por sacarlo del poder.

Convocados por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los opositores marcharán hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una veintena de ciudades, reclamando al organismo que acelere la revisión de las firmas que entregaron el 2 de mayo como requisito para activar la consulta.

Unos 14 estaciones del metro de Caracas amanecieron cerradas este miércoles, por lo que muchos capitalinos tenían problemas para movilizarse por la ciudad.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

 

16 Mayo 2016

El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una "crisis humanitaria".

La crisis venezolana entró en una nueva etapa de tensiones, con un país bajo estado de excepción y los opositores resueltos a seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En medio del descontento popular por la creciente escasez de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua, y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días.

El viernes extendió un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción por tres meses. No descartó incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017.

Aún no se publica el texto de la medida, que suele restringir el derecho de protesta y de reunión, y autorizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

Por lo pronto, Maduro ordenó tomar las fábricas paradas poniendo en la mira cuatro plantas cerveceras de Polar -principal productor de alimentos y bebidas del país-, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios.

"Este gobierno actúa de forma autoritaria para mantenerse en el poder", dijo este lunes el diputado opositor Tomás Guanipa, en rueda de prensa.

El gobierno justifica el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país con las mayores reservas petroleras del planeta, so pretexto de una "crisis humanitaria".

Ante esa "amenaza externa", ordenó realizar ejercicios militares el próximo sábado.

El presidente también fundamenta el estado de excepción en la necesidad de tomar medidas drásticas contra la "guerra económica", que según él ejecutan la oposición y empresarios de derecha para inducir la escasez y lanzar al pueblo en su contra.

En ese marco, desplegó un plan para el abastecimiento de productos básicos subsidiados sin intermediarios, y se comprometió a flexibilizar el control de precios a cambio de que algunas industrias eleven la producción.

- Estado de excepción a prueba -

Pero las señales de radicalización van más allá del mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro.

El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el heredero político del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) sea revocado mediante un referendo.

"Aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude", dijo Istúriz aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.

Guanipa consideró que esa advertencia es una "burla" al pueblo, que no detendrá la presión por la consulta.

El estado de excepción se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todo el país para exigir que se cumplan los plazos para que el revocatorio se haga este año.

"La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detenerla", dijo a la AFP el analista Benigno Alarcón.

Movilizaciones similares fueron bloqueadas el pasado miércoles por policías y militares, desatándose pequeñas escaramuzas.

El líder opositor Henrique Capriles advirtió sobre el riesgo de que el gobierno y el CNE -al que acusa de servir a Maduro- "tranquen" la consulta.

"Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio", dijo, subrayando que esa es la salida pacífica a la crisis.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere que la consulta se realice este año. Si se la hace después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del período presidencial, y Maduro pierde, el vicepresidente gobernaría los dos restantes.

- ¿Más leña al fuego? -

El experimentado titular del Parlamento, Henry Ramos Allup, denunció que Maduro y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunieron el martes pasado y acordaron posponer el referendo para febrero de 2017.

Según la firma Datanálisis, siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que "su vida ha empeorado".

Aun cuando la oposición asegura que el estado de excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la MUD acusa de ser otro apéndice del Ejecutivo.

Desde hace varios días, Ramos Allup viene advirtiendo que el TSJ se dispone a destituir a la directiva del Legislativo por desacato a una modificación del reglamento interno y de debate de la cámara, lo que añadiría más leña al fuego.

Mediante una controvertida sentencia, el TSJ ya eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: AFP

11 Mayo 2016

El senador Yerko Nuñez exige que el Ministerio Público investigue y sancione a García Linera por hacer uso de instrumento falsificado y uso indebido de la profesión, al aparecer como titulado.

El senador beniano de Unidad Demócrata, Yerko Núñez, interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra el vicepresidente Álvaro García Linera por el presunto delito de “falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión”, porque en varios documentos figura como “licenciado” cuando no tiene el título.

El legislador formalizó este miércoles la “denuncia en contra del señor Álvaro García Linera, por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, estipulados en los artículos 199, 203 y 164 del Código Penal, requiriendo a su autoridad (…) la investigación exhaustiva de los hechos”, señala el petitorio presentado en Sucre.

En el mes de febrero se reveló que el Vicepresidente no tenía título, pese a ello daba cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés. García Linera admitió que estudió tres o cuatro años Matemáticas, pero que no concluyó la carrera y retornó de México a Bolivia.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: ANF

04 Mayo 2016

El Ministro de Autonomías aseguró que el Vicepresidente es un intelectual reconocido a nivel mundial y que su pensamiento “trasciende las fronteras”.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo hoy que no es posible comparar la sentencia dictada en contra el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, por la falsificación de su libreta militar, con el caso del título profesional del vicepresidente Álvaro García Linera, que generó una polémica en torno a su existencia o no.

La polémica sobre el título profesional surgió cuando el Vicepresidente, luego de una denuncia, admitiera que no terminó sus estudios universitarios y que, por lo tanto, no es licenciado. Sin embargo, tanto en su libreta militar, como en su cédula de identidad, dice que es "Lic. en Matemáticas”.

En relación a la sentencia del senador Murillo, el ministro Siles manifestó que los casos no son comparables. "Ya se ha hecho una explicación y nada tiene que ver eso con lo del senador Murillo, no podemos hacer una relación de los temas", respondió ante la consulta de la prensa.

"El Vicepresidente es un intelectual reconocido a nivel mundial (...) ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés, es un extraordinario profesor y él ha explicado perfectamente este tema”, afirmó y aseguró que antes de ser Ministro fue seguidor del pensamiento de García Linera, el cual, dijo, "trasciende las fronteras”.

Tras conocerse esta sentencia ayer, existe la posibilidad de que este caso sea remitido a la Comisión de Ética, según manifestó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

"Seguramente en las próximas horas nos llegará la documentación al Senado, habrá que valorar el tema, sin duda una posibilidad es que el caso sea remitido a la Comisión de Ética”, dijo Gonzales según un comunicado de prensa del Senado. Añadió que el hecho de haber utilizado un instrumento falsificado es lo que ha permitido a Murillo llegar a la instancia de Senador.

"Abuso de poder”

Sobre la sentencia por delito de uso de instrumento falsificado, el senador de Unidad Demócrata denunció hoy que se busca una forma de inhabilitarlo con una sentencia que "no tiene que ver con un juicio transparente ni justo, sino mas bien con el abuso de poder”.

Murillo aseguró también que "quienes manejan el poder son los que están persiguiendo, quieren acallarme y sacarme de la lucha política” dijo en una entrevista con Amalia Pando en el programa radial Cabildeo.

Redacción Leo.bo

Fuente: Página Siete Digital

03 Mayo 2016

La oposición venezolana entregó, un día antes de lo previsto, las firmas requeridas por el organismo electoral para solicitar que se active el proceso que eventualmente permitiría realizar un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

En total entregaron ochenta cajas con 1.850.000 firmas, recolectadas en apenas 4 días en todo el país. La cifra es casi diez veces superior a la exigida para iniciar el proceso.

Originales y copias quedaron bajo el resguardo del ente electoral, que deberá validar las rúbricas, aunque hasta el momento no ha establecido cuándo comenzará esa tarea.

"Hicimos entrega impecable de estas firmas que expresan la voluntad del pueblo venezolano de realizar esta consulta constitucional para tener en el 2016 un nuevo gobierno", dijo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática. "Esto es apenas el primer paso, pero un paso muy importante, un paso que expresa una voluntad de cambio impresionante y no de un cambio de cualquier manera. Un cambio pacifico, electoral, constitucional. Eso es lo que el pueblo quiere", señaló Torrealba.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro nombró una comisión para que se encargue de verificar todas las fases del proceso que llevaría a un eventual referendo revocatorio de su mandato.

Las firmas entregadas este lunes son solo el primer paso.

Jorge Rodríguez, designado por Maduro para liderar dicha comisión —y que por cierto fue presidente del organismo electoral en 2005— explicó que el grupo podría activar mecanismos legales para defender y evitar agresiones contra las instituciones del Estado.

"Tenemos derecho a una auditoría completa y total de todas las firmas. Entiendo yo que se inicia ahora un proceso de transcripción; vamos a estar presentes en el proceso de transcripción, vamos a solicitar estar presentes en el proceso de transcripción; en el proceso de auditoria, para que de forma permanente nosotros podamos vigilar que la constitución se esta respetando, que la democracia se esta respetando", dijo Rodríguez.

Para que la consulta sea finalmente aprobada, se requiere que al menos el 20 % de los electores inscritos en el padrón electoral la respalden. Es decir, casi 4 millones de personas. El proceso de recolección de estas firmas sería posterior a la verificación de las entregadas hoy.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: CNNenespañol.com

29 Abril 2016

El líder opositor Henrique Capriles dijo que en dos días de recolección de firmas para iniciar el proceso de referendo para revocar el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se obtuvieron 1.102.236 rúbricas, muy por encima de las 195.721 solicitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Tenemos en este momento 1.102.236 firmas y va a crecer un poquito más. Esto dice que estamos hablando [de] que es probable que lleguemos aproximadamente a ocho veces más de las firmas que nos fueron requeridas", dijo Capriles en rueda de prensa en Caracas.

"Esto ha sido extraordinario, quedamos sin palabras. Dijimos que en horas íbamos a tener el uno por ciento de las firmas requeridas, y ayer (miércoles) ya teníamos 600.000", afirmó.

El gobernador del estado Miranda señaló que el Gobierno de Maduro "sabe perfectamente lo que pasó ayer" con el proceso de recolección de firmas a escala nacional realizada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y que por ello "están descolocados".

El dos veces candidato a la Presidencia dijo que a partir de ahora la MUD recibirá todos los formularios con las firmas recogidas en las principales ciudades de los estados de Venezuela para realizar un proceso de revisión antes de llevarlas al CNE.

"A partir de mañana (viernes) vamos hacer nosotros nuestro proceso de auditoría interno, y una vez que se haga, vamos a llevar las firmas al CNE. Eso está previsto [para] que se haga en las próximas horas", aseguró.

Además, indicó que el organismo electoral tiene cinco días continuos, después de recibir las rúbricas, para dar inicio al proceso de validación de las mismas, en el que los firmantes deberán asistir a los centros que disponga el CNE en las respectivas ciudades para verificar su voluntad con la huella digital.

Luego vendrá otra etapa de obtención de rúbricas del 20 por ciento del total de potenciales electores (algo menos de 4 millones), necesarias para que se convoque una fecha para el referéndum en el que más de 19 millones de venezolanos estarían llamados a las urnas para decidir si Maduro sale o no de la Presidencia.

"No necesitamos más firmas ahora, estamos preparando para ir a las 4 millones de firmas", recalcó.

El líder opositor dijo que el CNE no puede usar como un obstáculo para cumplir con los plazos establecidos los nuevos días no laborables, que fueron decretados para los organismos públicos por el Gobierno, para reducir el consumo de electricidad en tiempo de sequía.

"El CNE tiene que garantizar el ejercicio de nuestros derechos políticos, que están dentro de los derechos humanos, aquí no se vale vacaciones. No es que por un tema eléctrico convertimos esto en una guachafita (desorden)", señaló.

"Si pretenden cerrarnos el ejercicio de nuestros derechos, los venezolanos vamos a movilizarnos y ejercerlo dentro de la Constitución", remarcó.

Capriles aseguró que la oposición venezolana no quiere un "golpe militar" ni "un estallido social", y le advirtió al Gobierno que van "a terminar con votos, porque el pueblo revoca".

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: EFE

31 Marzo 2016

La oposición política tomó a broma la imposibilidad económica declarada por el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, para contratar los servicios de un abogado que lo defienda, ante las acusaciones de la expareja presidencial, Gabriela Zapata, por presunto tráfico de influencias en el caso CAMC.

La diputada Claudia Mallón (UD) dijo que “las declaraciones del ministro son vergonzosas” y lo ponen en plano de “un ridículo” porque en el país, cualquier ciudadano boliviano puede acceder a los servicios de un abogado, tomando como base el arancel vigente.

Su colega Rose Marie (UD) opinó que la supuesta  la dificultad económica “es un insulto a la inteligencia de los 10 millones de bolivianos tomando en cuenta las comodidades que ostenta con recursos del Estado. Pobrecito Ramoncito”, ironizó.

“Son historias de Quintana”, declaró el diputado Wilson Santamaría a tiempo de anunciar que solicitó una petición de informe dirigida a la estatal Entel para que el Ejecutivo remita el gasto total del servicio telefónico del ministerio de la Presidencia por las gestiones 2014,  1205 y enero 2016.

Santamaría ratificó su invitación a Quintana para que, sin necesidad de abogado,  se presente  ante la comisión de la Asamblea a decir toda su verdad y se someta a un careo con la señora Gabriela Zapata.

El diputado  Ignacio Soruco (MAS) se abstuvo de emitir criterio sobre la administración de recursos familiares y lamentó que la oposición se involucre en la vida privada de las personas.

El diputado oficialista Omar Aguilar dijo que la carta enviada por Zapata motivo de preocupación de Quintana para contratar un abogado, no es ninguna prueba que aflija y repochó la actitud opositora de “ridiculizar” una declaración del ministro de la Presidencia.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

30 Marzo 2016

Seis partidos opositores brasileños, que reúnen más de una tercera parte de los diputados, convocaron este martes a una rueda de prensa en Brasilia, en la que criticaron la “narrativa golpista” del Gobierno.

“El Gobierno Dilma se acabó”, aseguró el líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, su rival en las elecciones presidenciales de 2014, tras estimar que la destitución de Dilma Rousseff puede producirse en un mes.

Durante la rueda de prensa, solo para medios internacionales, Neves enarboló un ejemplar de la Constitución brasileña para afirmar que la destitución sigue “estrictamente” las leyes.

“Brasil está viviendo su plenitud democrática y camina para destituir a la presidenta porque incumplió la Constitución. Sería el primer golpe (de Estado) corroborado por el Supremo Tribunal Federal, y con apoyo de la mayoría parlamentaria”, ironizó el político, según El País de España.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) rompió con el Gobierno de Dilma Rousseff y dejó a la mandataria aún más sola frente a un posible juicio con miras a su destitución.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) rompió con el Gobierno de Dilma Rousseff y dejó a la mandataria aún más sola frente a un posible juicio con miras a su destitución.

La presidenta brasileña volvió a calificar hoy como un "golpe" el juicio político promovido en su contra por la oposición y aseguró que la quieren "derrocar" para "golpear los derechos conquistados por la población".

En un acto en el que anunció nuevas metas para un programa de construcción de viviendas populares, Rousseff fue respaldada por activistas de movimientos sociales al grito de "no habrá golpe", que se repite en cada manifestación en favor de la mandataria y hoy se escuchó en los salones del Palacio presidencial de Planalto.

"Tenemos que estar atentos, porque quien no tiene razones para sacar a un Gobierno con base en la Constitución, quiere sacarlo para golpear los derechos conquistados por la población", aseguró.

Rousseff incluso planteó que si eso ocurre con una presidenta elegida democráticamente, "qué no harán contra el pueblo" aquellos que, en su opinión, "no aceptaron nunca" los programas sociales que han beneficiado a millones de brasileños en los últimos años.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: EFE

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