Santa Cruz de la Sierra
14 Junio 2017

El Movimiento Demócrata Social denunció que el MAS pretende eliminar la paridad de género y la participación indígena en las elecciones judiciales de octubre, mediante una ley inconstitucional que vulnera lo establecido en el reglamento de preselección de candidatos y la Ley del Órgano Judicial.

Según la norma en vigencia, el 50% de la lista de postulantes de cada departamento debe estar compuesta por mujeres, mientras que al menos un postulante de cada lista debe ser indígena originario.

 “El oficialismo anunció que planteará una ley, que seguramente será aprobada por los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa, con la cual pretenden burlar la participación de la mujer y de los indígenas. La ley no puede ser retroactiva y en el reglamento, en su artículo 23, se establece que si no se llegara a cumplir con la paridad de género o participación indígena se debe hacer una nueva convocatoria”, explicó la diputada Demócrata Eliane Capobianco.

En opinión de la parlamentaria, con el anuncio el MAS deja en claro que está decidido a ir ‘como sea’ a las elecciones judiciales, y no le importa que sea mediante ‘leyes parches’, vulnerando las leyes y la CPE.

“Vamos a hacer uso de todos los recursos legales para oponernos a este proyecto, porque no se puede hacer una ley a mitad del proceso para justificar la poca participación de la gente. Así no vamos a tener a los mejores abogados, como pretendía la oposición, sino personas afines al MAS, porque lo que este partido pretende es burlar el voto por el NO y repostular al presidente Evo Morales mediante el Tribunal Constitucional”, sentenció Capobianco.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Redacción

07 Junio 2017

El diputado opositor Luis Felipe Dorado dijo que la constatación de que Edson Alí Espinoza, implicado en el denominado ‘video-soborno’ a Ignacio Villa Vargas, trabaja en el Ministerio de la Presidencia, desvela que el Gobierno montó el caso de presunto terrorismo y separatismo y premia a los que lo llevaron adelante.

Dorado se refirió así a las notas de prensa que en las últimas horas dieron cuenta de que Espinoza, exfuncionario del Ministerio de Gobierno que aparece en un video en el que se entrega 31.500 dólares a Villa, otrora ‘testigo clave’ de la Fiscalía en el caso Rózsa, trabaja en la cartera de Presidencia según una declaración jurada.

“Está claro que se está premiando a este sujeto y asimismo se demuestra que el Gobierno está silenciando a los implicados con cargos, con el fin de que no se sepa la verdad de lo ocurrido. Con este hecho se corrobora que el montaje del caso terrorismo vino directo desde Palacio Quemado”, manifestó el legislador Demócrata.

La defensa de varios acusados en el caso solicitó la presencia de Alí Espinoza en el juicio, que se desarrolla en la capital cruceña, pero la Fiscalía arguyó que no se conocía el paradero del sindicado y no se lo convocó.

“No sería coherente que el Gobierno niegue que Espinoza esté trabajando en sus dependencias, siendo que hay una declaración jurada que dice lo contrario. En vez de ser citado para declarar por el caso está siendo premiado con un cargo y dentro de Palacio Quemado”, concluyó Dorado.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Redacción

06 Junio 2017

El diputado opositor Luis Felipe Dorado, del Movimiento Demócrata Social, pidió que se establezcan responsabilidades por la desaparición del 70% de los bienes incautados por delitos de narcotráfico en el país, durante la administración de Evo Morales, mediante una auditoría externa y la conformación de una comisión parlamentaria que investigue el caso de manera independiente.

Informes de prensa en los últimos días dieron cuenta que el 70% de alrededor de 22.000 bienes confiscados, valuados en 140 millones de dólares, se han extraviado.

“Creemos que Dircabi debe tener una auditoría externa y no interna, para que sea una investigación transparente. Además, pedimos al MAS que nos deje fiscalizar el caso. Que se conforme una comisión en la Cámara de Diputados para que oficialistas y opositores puedan investigar dónde fueron a parar esos bienes, si se extraviaron o si hubo robo o despilfarro”, manifestó el parlamentario Demócrata.

Dorado cuestionó la manera en que se está investigando la desaparición del patrimonio de Dircabi, ya que recientemente se descubrió que un funcionario judicial en Pando tenía en su domicilio 50 vehículos incautados, pero el mismo fue liberado por orden de un juez.

“¿Cómo es que en algunos casos se procede con la detención preventiva y en otros no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Dircabi? ¿Por qué tanta consideración a la corrupción?”, criticó el legislador de oposición.

El diputado Dorado agregó que, luego de investigar el destino de los bienes incautados durante la gestión de Evo Morales, también se tendría que hacer una auditoría de las anteriores gestiones.

“No se puede permitir tanta corrupción en todas las entidades del Estado. Hay irregularidades en YPFB, en el Fondo Indígena, en el Ministerio de Deportes, y ahora salió a la luz lo que pasa en Dircabi. Ya basta de robarle al pueblo boliviano”, finalizó el parlamentario Demócrata.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Redacción

06 Junio 2017

El diputado Demócrata Tomás Monasterio consideró que la mayoría de los bolivianos ha caído en cuenta que el del MAS es el Gobierno más corrupto en la historia de Bolivia, luego de que unas encuestas presentadas por un diario de circulación nacional establecieran que un 69% de los encuestados en el país cree que la corrupción en la administración de Evo Morales es igual o mayor a la de anteriores gobiernos.

“La población se dio cuenta de que estamos viviendo un modelo fracasado y el gobierno más corrupto en la historia de nuestro país. Hay hechos contundentes que evidencian no sólo irregularidades en la administración de nuestros recursos, si no la total falta de transparencia de un gobierno que ya no tiene nada que ofrecer”, expresó el parlamentario opositor.

Monasterio recordó casos emblemáticos de la corrupción en Bolivia, como el Fondo Indígena, CAMC y Gabriela Zapata, las narco-cisternas, los taladros de Drillmec o el reciente de la desaparición de los bienes de Dircabi, acotando que los responsables tarde o temprano deberán pagar cuentas ante la justicia y ante los ciudadanos.

“Esta encuesta no es un ataque de un medio de comunicación, sino el reflejo del sentimiento de la población boliviana que ya no confía en este gobierno, que llegó al poder con un discurso de cambio y transformación, pero que en realidad transformó al Estado en más corrupto”, finalizó el diputado de oposición.

Caso Dircabi

Consultado por los medios sobre un informe de prensa que señala que el Gobierno desconoce el destino del 70% de los bienes incautados en el país, el diputado Tomás Monasterio respondió que se trata de otro hecho ‘escandaloso’ que involucra a la administración del MAS.

“Estos bienes se podrían destinar a los hogares de niños, o venderlos para equipar a la Policía, pero en lugar de eso el Gobierno hace fiesta de la corrupción y no hay un solo responsable de las altas esferas del Ministerio de Gobierno”, indicó el legislador.

En este sentido, Monasterio anunció convocar al ministro Carlos Romero a un acto interpelatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que la autoridad “responda ante el pueblo boliviano qué pasó con el 70% de los bienes de Dircabi, incautados durante la gestión de Evo Morales y que no se saben dónde están”.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Redacción

29 Mayo 2017

La bancada parlamentaria cruceña del Movimiento Demócrata Social informó que ya se activaron tres acciones para destituir, procesar y sancionar a la ministra de Comunicación, Gísela López, por los mensajes ‘estigmatizadores’ contra el pueblo cruceño, lanzados la semana pasada por esa cartera del Estado con ocasión del Día de Lucha contra el Racismo.

El senador Carlos Pablo Klinsky indicó que ya se envió una carta al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, pidiendo la destitución de López, al considerar que ella, como máxima autoridad ejecutiva, es responsable de las publicaciones de su ministerio.

Como segunda acción, se ha presentado una petición de informe escrito al propio Ministerio de Comunicación, en la que se pide a su titular que informe sobre los responsables de la elaboración “de ese afiche totalmente racista contra Santa Cruz”, señaló Klinsky.

Como tercera acción -manifestó el parlamentario Demócrata- se presentó una denuncia al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, con el propósito de que esta autoridad pueda ser parte de una acción penal contra la ministra López y contra todos los que resultaren autores intelectuales y materiales de este acto de discriminación.

“Están todos los elementos para que esta denuncia proceda a ser investigada y denunciada por el viceministro, toda vez que la propia ministra de Comunicación ha admitido su responsabilidad y culpabilidad por haber publicado estos afiches racistas en la página oficial de ese ministerio, afiches que dañan la imagen de una región”, agregó el senador Klinsky.

Finalmente, el legislador de oposición señaló que la bancada de su partido fiscalizará que el proceso contra López sea iniciado de manera inmediata por el viceministro Cárdenas, ya que de no hacerlo se estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: Redacción central

 

 

29 Mayo 2017

La diputada Eliane Capobianco, a nombre de la bancada parlamentaria del Movimiento Demócrata Social, auguró este lunes un nuevo fracaso en las elecciones judiciales debido a la decisión del oficialismo de mantener sin cambios la convocatoria de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial, la que a su juicio no cuenta con la confianza del pueblo boliviano.

“El MAS sólo quiso ampliar el plazo (de inscripción de postulantes) y ahora vemos que se presentan muchos funcionarios de ministerios, asesores del Gobierno y exmagistrados, es decir gente con afinidad por el partido de Gobierno que se está postulando por esa cercanía”, manifestó la parlamentaria.

Capobianco señaló que el pedido de cambiar la convocatoria que hizo la oposición tenía la finalidad de garantizar la postulación de los mejores abogados del país, en un proceso en el cual se respete la capacidad y no que los cargos queden en manos de la injerencia política.

“Queda claro que al no haber postulantes en la fecha establecida (26 de mayo) es porque los abogados no se presentaron por la desconfianza que hay en el proceso. Ahora (en el MAS) hablan de más de 100 precandidatos, pero estos en su mayoría son afines al MAS y eso lo vamos a demostrar cuando llegue el momento de la revisión de currículos”, agregó la legisladora Demócrata.

Finalmente, la diputada Capobianco reiteró que todos los indicios de cómo se está llevando esta etapa de preselección apunta a que después de las elecciones no habrá independencia del Poder Judicial y por el contrario se prevé un “resultado desastroso”.

“Creemos que habrá un nuevo fracaso en la Justicia, pero el MAS no escucha al pueblo ni a la oposición”, concluyó la legisladora de oposición.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: Redacción central

05 Abril 2017

La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, acordó en el pleno celebrado este miércoles activar formalmente el procedimiento para destituir a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la semana pasada intentaron quitarle todos los poderes al Parlamento.

Muchos de los diputados se presentaron en el Legislativo a las 5 de la mañana, como es el caso de Juan Requesens, a quien tuvieron que ponerle numerosos puntos de sutura en la frente por los golpes que le propinaron en la marcha opositora del martes. A pesar de las lesiones que muchos sufrieron en los choques con las fuerzas de seguridad, los diputados lograron cumplir con su agenda.

En primer lugar debatieron sobre la ruptura del orden constitucional –admitida incluso por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz– y la situación de "golpe de Estado continuado contra la democracia" desde hace 15 meses.

A pesar de las nuevas sentencias de la Sala Constitucional, que restituían las competencias del Parlamento, la oposición considera que no le exime del delito cometido. El expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, señaló que los magistrados "no pueden modificar las sentencias anteriores ya emitidas", por las que deben ser penalizados.

El debate se centró en estudiar el procedimiento formal que se aplicará para destituir a los magistrados, que tiene dos fases. El primero es que del delito debe ser denunciado por dos pronunciamientos del llamado Poder Moral. Ya se pronunció fiscal Ortega y falta el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab.

La segunda parte de la destitución corresponde a la Asamblea Nacional. Una vez agotados los plazos reglamentarios de 5 y 10 días y, si faltase otro pronunciamiento del poder público, entonces la Asamblea recurrirá a la sociedad civil. En este caso, unas 105 organizaciones civiles solicitarán la destitución de los magistrados.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: ABC

28 Febrero 2017

La oposición política aún no encuentra una explicación sobre el apuro del presidente Evo Morales de aprobar la Ley General de la Coca, que – según dijeron los asambleístas opositores Yerko Núñez y Norma Piérola – “legaliza” y “beneficia” al narcotráfico en el país.

Núñez de la bancada de Unidad Demócrata sostuvo que la imagen del país corre riesgo a nivel internacional porque con esta ley “se estaría legalizando el narcotráfico” sin que exista un estudio serio sobre la necesidad de incrementar los cultivos de coca.

Dijo que al menos eso se puede concluir tras la decisión de incrementar en medio de presiones, de 20 a 22.000 hectáreas que fueron divididas entre productores de coca de los Yungas de La Paz y del Chapare de Cochabamba, sabiendo “gran parte de esta hoja (del Chapare) se va a fines ilícitos.

Horas antes que el Senado sancionara la Ley de la Coca, la diputada Piérola  manifestó que en ningún momento el ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, pudo justificar ante la Cámara de Diputados el apuro de aprobar en tiempo record la ley.

Manifestó que lo preocupante es que por ley se declara “prioridad nacional, la legalización de la coca que va beneficiar al narcotráfico, despenalizando la producción, comercialización y transporte de la coca”, vulnerando convenios internacionales, entre ellos del acuerdo de la JIFE.

Anunció que una vez que el presidente Evo Morales promulgue la Ley, realizará gestiones para pedir sanciones de la comunidad internacional a Bolivia y exigir se anule esta normativa que pone  a Bolivia como país productor oficial de 22.000 hectáreas de coca en La Paz y Cochabamba. 

Según estimaciones, esa superficie producirá 20.000 toneladas de coca en el Chapare y 18.000 toneladas en Yungas de La Paz.

De acuerdo con  UNODC al 2015,  el 35% de la hoja de coca (32.500 toneladas métricas) no se comercializaba por mercados legales, es decir que 11.300 toneladas métricas de la hoja que no van a los mercados autorizados de “Villa Fátima” en La Paz y de “Sacaba” en Cochabamba, por los que pasaron sólo 21.201 toneladas.

En agosto de 2014 el viceministro Felipe Cáceres, admitió que el 40% de la coca que se produce en el país es desviada a la producción de cocaína, en referencia al grueso de la producción del Chapare, ahora en vías de legalización.

Cocaleros de Yungas y especialistas de Naciones Unidas remarcaron la alta productividad de la coca del lluvioso Chapare cochabambino ‒2.7 toneladas por hectárea a 280 metros sobre el nivel del mar y con hasta cuatro cosechas al año‒ que redituará a partir de sus 7.700 hectáreas unas 20.800 toneladas de coca, en su mayor parte desviada a las factorías de droga en la selva e incluso en la periferia de las ciudades.

En los Yungas, la productividad de 1.3 toneladas de coca por hectárea permitirá la producción de un máximo de 18,600 toneladas métricas destinadas al mercado legal del acullico, virtud que no tiene la del Chapare, considerada amarga e inservible ni siquiera para la infusión.

El ministro Cocarico aclaró que las 20.000 hectáreas del proyecto inicial están absolutamente justificadas porque se necesitan 18 mil toneladas para el acullico y 2 mil era para la industrialización

Sin embargo dijo que por  un componente político se decidió subir a 22.000 hectáreas de cultivo, que producirán 4.000 toneladas de coca adicionales a las inicialmente 2.000 previstas, cuando el proyecto de ley original proponía una superficie de 20.000 hectareas. Esa cantidad de produción adiconal servirá para la investigación, industrialización y exportación.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

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