Santa Cruz de la Sierra
12 Febrero 2016

El apoyo y el rechazo a una nueva reelección del presidente boliviano Evo Morales empatan en 40%, según un sondeo publicado el viernes por el diario El Deber, a días del referendo de reforma constitucional del 21 de febrero.

De acuerdo con la encuesta realizada por Equipos Mori, un 18% de electores no respondió o se mostró indeciso, porcentaje que será clave para inclinar la balanza. Otro 2% adelantó que votaría en blanco o anularía su voto.

"Hay una porción de indecisos y de los que optan por esconder su voto, que suma casi una quinta parte del electorado que todavía está haciendo una evaluación para tomar una decisión", afirmó a El Deber el presidente de Equipos Mori, José Luis Gálvez.

El izquierdista Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, llegó al poder en 2006 y logró reelegirse para los períodos 2010-2015 y 2015-2020.

Ahora, cuando aún faltan cuatro años para culminar su tercer mandato, busca que se le permita postular para el período 2020-2025.

Morales mantiene el apoyo en áreas rurales, sus leales bastiones electorales, mientras que las zonas urbanas se oponen a una nueva postulación.

En la encuesta previa divulgada por El Deber, la aprobación a la reforma constitucional ganaba por estrecho margen al rechazo (41% contra 37%), pero ahora ambas posiciones están empatadas.

La simulación de voto no tomó en cuenta un último escándalo que estos días está afectando al presidente Morales, involucrado por una denuncia de prensa de un supuesto tráfico de influencias en favor de su expareja Gabriela Zapata y que ahora es parte ejecutiva de una empresa china que se adjudicó millonarios contratos en el país.

El sondeo de Equipos Mori se realizó a nivel nacional entre el 15 de enero y el 6 de febrero, entre una muestra de a 2.368 personas, con un margen de error de 2 puntos porcentuales.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

12 Febrero 2016

El Sí bajó en un punto porcentual con relación al estudio hecho en enero.

La segunda encuesta de Equipos Mori proyectó un empate del 40% de apoyo entre el Sí y el No en el referéndum constitucional del 21 de febrero. Según el calendario electoral, el 14 de febrero vence el plazo para la divulgación de encuestas.

El primer recuento de intención de voto fue publicado el 11 de enero y en ese entonces el Sí obtuvo el 41% y el No, el 37%. Sin embargo, ahora la primera opción bajó en un punto porcentual y la segunda subió tres peldaños.

Para esta última indagación, divulgada ayer por la red Uno y Unitel, la empresa Mori encuestó a 2.368 personas en los nueve departamentos, tanto en el área urbana como en el sector rural, entre el 15 de enero y el 6 de febrero. Según la ficha técnica presentada ayer por ambas televisoras, los resultados tienen un margen de error del 2 %.

El estudio fue presentado a nueve días del referéndum en el que se consultará a la población si está de acuerdo o no con la modificación parcial del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que amplía de una a dos las reelecciones continuas. De aprobarse, el presidente Evo Morales podrá postularse para las elecciones generales de 2019.

Consulta. La encuesta de Equipos Mori, además, proyectó que en La Paz, Pando, Beni y Oruro ganará el Sí y el No obtendrá la victoria en los departamentos de Potosí, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. En Cochabamba ambas opciones obtendrían el 38%.

En lo que respecta al área rural, el Sí ganaría con el 51%, mientras que el No obtendría el 22%; en las urbes, la primera opción obtendría el 37% y la otra alternativa cosecharía el 44% de los votos. Estas proyecciones reflejan una fotografía del momento. Las nueve empresas habilitadas podrán hacer encuestas hasta este domingo.

Armando Ortuño: El 18% de indecisos sigue ahí

Aparte del empate, también se refleja el 2% de votos nulos/blancos, y 18% de personas que no saben por cuál opción votarán. Considerando que este sondeo tiene el 2% de error (...), es muy difícil concluir sobre alguna tendencia que favorezca con claridad a alguna de las opciones. El escenario está como congelado y el 18% de indecisos sigue ahí.

Parecería que el fondo de estas imprecisiones tiene que ver con la dificultad de los instrumentos para medir sentimientos fluctuantes que están muy afectados por el desconocimiento y desconcierto de muchos ciudadanos sobre el sentido de esta elección.

Dentro de lo que cabe, estos resultados nos ratifican, al menos, dos incertidumbres:  el resultado del 21 de febrero será ajustado y que por primera vez en 10 años una opción no oficialista puede ganarle al masismo, aunque sea por un mínimo porcentaje. Finalmente y para incrementar la incertidumbre, tampoco sabemos qué podría pasar con el voto en el extranjero, que representa cerca del 4% del padrón, pero que podría aportar el punto porcentual clave para la victoria de alguna de las opciones.

(Armando Ortuño Y. es experto en temas electorales)

Redacción Leo.bo

Fuente: La Razón

11 Febrero 2016

Sigue abierta la polémica por la posibilidad de que el mandatario venezolano sea colombiano.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por la oposición, investigará desde este miércoles oficialmente la nacionalidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a petición de un grupo de opositores, informó el partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, la diputada Delsa Solórzano, recibió la solicitud suscrita por opositores de diversos sectores sociales que afirman que "existen dudas" sobre la nacionalidad del presidente, aunque este ha asegurado que nació en Caracas.

Solórzano remitió la investigación a la subcomisión de Asuntos Civiles, que preside la también opositora Denis Fernández.

Desde que Maduro asumió como canciller de Venezuela en agosto de 2006, diversos opositores se han hecho eco de denuncias surgidas en el exterior sobre su supuesta nacionalidad colombiana, por presuntamente haber nacido en la localidad de Cúcuta de ese país, fronteriza con la nación caribeña, o ser hijo de madre colombiana.

La Registraduría colombiana desmintió hace unos años un supuesto certificado de nacimiento de ese país mostrado por el exembajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez y aseguró que lo expuesto por este era un documento falso.

El 10 de octubre de 2013, seis meses después de que Maduro ganara las elecciones que definieron el período presidencial 2013-2019, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, mostró una certificación del acta de nacimiento en Caracas del jefe de Estado y aseguró que este había cumplido con todos los requisitos para ser candidato en los comicios del 14 de abril de ese año.

En una entrevista con el canal privado Globovisión, Lucena mostró una copia de la certificación del libro del registro del barrio caraqueño de la Candelaria en el que constaba que Maduro nació en una clínica de la capital venezolana.

La Constitución de Venezuela exige, entre otras, que los candidatos a presidente sean venezolanos por nacimiento y no tengan otra nacionalidad.

Lucena se preguntó entonces por qué si alguien sospechaba que Maduro podía incurrir en incompatibilidad no impugnó la candidatura cuando se podía hacer y afirmó que la controversia sobre el asunto había salido de una "parte interesada del juego político".

"Lo traje (el certificado) simplemente para señalar el ambiente interesado en que se manejó la elección del 14 de abril", señaló la titular del ente rector del voto de los venezolanos.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

06 Febrero 2016

Diferentes legisladores de oposición coincidieron al pedir que se investigue la fortuna de la gerente Comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales.

Esta semana, el Primer Mandatario fue acusado por el periodista Carlos Valverde de tráfico de influencias por supuestamente haber gestado el nombramiento de la mujer en esta institución extranjera.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo y el diputado de ese frente opositor, Amilcar Barral, pidieron que el Ministerio Público y la Contraloría General del Estado que investigue de oficio el posible tráfico de influencia que pudo existir en relación existente entre Zapata y Morales.

“La mentira es condenable y el tráfico de influencias también, hay que investigar a esta señora, más allá de cualquier cosa, no puede ser que estemos en el país llegando a límites hasta el punto de no poder controlar el tema de la corrupción, del tráfico de influencias, eso no es bueno ni sano para los bolivianos”, dijo Murillo.

“Creo que la Contraloría ya debería estar haciendo de oficio esta investigación, para que no digan que este tema es político. Vamos a empezar a fiscalizar después del referendo, se tiene que investigar porque estamos hablando de millones”, indicó por su parte Barral.

En la misma línea, el diputado Gonzalo Barrientos y su colega Norma Piérola exigieron que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investigue la fortuna de la familia Zapata Montaño.

“La Fiscalía es la encargada de llevar adelante una investigación sobre este tema y por la salud del propio Gobierno. Sería bueno que el Ministerio de Transparencia, de oficio, inicie nomás las investigaciones que correspondan”, señaló Barrientos.

“Lo que interesa es el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de la familia Zapata Montaño y en los hechos hay que investigar cómo es que ella aparece como empresaria”, aseveró Piérola.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol 

 

04 Febrero 2016

Se da por descontada la aprobación de la asamblea nacional al proyecto de ley, así como el rechazo que generará entre los chavistas. Vendrán nuevos choques.

El parlamento venezolano comenzó este jueves el debate del proyecto de ley de amnistía para presos políticos, pero aunque se da por descontada su aprobación por la mayoría opositora, le espera un camino de escollos que amenaza con desembocar en un nuevo choque institucional.

En una encendida sesión que contó con la presencia de familiares de los políticos presos, un grupo de diputados presentó el proyecto formalmente al plenario de la Asamblea Nacional, que lo someterá a votación en las próximas semanas.

"Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía", expresó la legisladora opositora Delsa Solórzano, desde la tribuna del hemiciclo.

La ley, a la que el gobierno de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista.

Esta busca amnistiar a unos 75 presos y a personas que se han exiliado por su oposición al chavismo.

"No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos", afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodríguez.

Al presentar su informe de gestión ante el nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó entonces al opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia.

Maduro, cuyo gobierno niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como "asesinos" y "golpistas", propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.

"Amnistía + reconciliación = paz", se leía en un letrero que llevó al palco de invitados Lilian Tintori, esposa de López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, junto a familiares del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y seguidores del excandidato presidencial Manuel Rosales, también presos.

A la sesión también acudieron partidarios de Maduro y familiares de fallecidos en las protestas que rechazan la amnistía, con pancartas y fotos de las víctimas.

Tintori y otros parientes de políticos presos entregaron el 11 de enero el proyecto, elaborado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y juristas, para que lo acogieran los diputados y le dieran trámite.

"Hoy comienza la cuenta regresiva para la reconciliación y la paz. Esta ley se trabajó por mucho tiempo, los mejores abogados participaron", afirmó Tintori, vestida con camiseta blanca, a la prensa en el Palacio Legislativo.

Pero a la ley, según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, le espera una ruta plagada de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá diez días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará.

Estallará entonces un nuevo choque entre Ejecutivo y Legislativo que deberá finalmente dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -concretamente la Sala Constitucional-, al que la oposición acusa de estar al servicio del chavismo.

"Lo más probable es que el presidente lo remitirá a la Sala Constitucional, quien va a opinar que es inconstitucional, y se va a generar un conflicto institucional, pues la Asamblea insistirá en publicar la ley por sus propios medios", declaró Hernández a la AFP.

El presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, reconoció que el debate y posterior aprobación de la ley generará otro forcejeo con el TSJ.

"Nosotros no solo tenemos la razón jurídica y política, sino, sobretodo, la razón moral", declaró Ramos Allup.

Un primer capítulo del conflicto de poderes ocurrió apenas instalado el parlamento el 5 de enero, cuando el TSJ obligó a la bancada opositora a separar a tres de sus diputados cuya elección fue impugnada por el oficialismo.

"El verdadero problema de fondo no es la amnistía sino la situación del Poder Judicial en Venezuela", concluyó Hernández.

Mientras avanzaba el debate, miles de chavistas marchaban hacia el palacio presidencial de Miraflores para conmemorar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

 

02 Febrero 2016

Un partido opositor entregó este martes al parlamento un proyecto de enmienda constitucional para recortar en dos años el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y convocar a elecciones a finales de 2016, informaron sus dirigentes.

Impulsada por La Causa R -parte de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que controla el Legislativo-, la iniciativa plantea reducir de seis a cuatro años el período presidencial y eliminar la reelección indefinida, dijo a periodistas Andrés Velásquez, secretario de la formación.

Maduro inició su mandato el 19 de abril de 2013, tras ganar unos comicios convocados a raíz del fallecimiento de su mentor político, Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999.

"Venezuela vive una crisis extrema e irreversible y quienes nos condujeron a este abismo no dan ninguna señal de rectificación", declaró Velásquez luego de entregar el texto a la directiva de la Asamblea.

La enmienda debe ser refrendada por voto popular, explicó este martes a la AFP el constitucionalista Juan Manuel Rafalli, quien detalló que se la aprueba con el voto afirmativo del 50% más uno de los legisladores presentes en la sesión. La MUD domina la cámara con tres quintas partes de los asambleístas.

En la hipótesis de que el proyecto surta el trámite dentro de los tiempos previstos, Maduro gobernaría hasta abril de 2017 y en diciembre próximo se deberían celebrar elecciones, indicaron los directivos de La Causa R, que cuenta con cuatro diputados.

"En lo que todo el mundo coincide es que Nicolás Maduro no puede continuar al frente del gobierno por los riesgos que esto supone para la estabilidad del país", afirmó Velásquez.

Además de la enmienda, la MUD ha planteado un referendo revocatorio y una Asamblea Constituyente como fórmulas para anticipar la salida del poder de Maduro, sin descartar su renuncia. El mecanismo se definirá a más tardar en junio, de acuerdo con la coalición.

Redacción: Leo.bo

 

Fuente: AFP

29 Enero 2016

El MAS está seguro que con el “Museo de la revolución democrática y cultural” en Orinoca se alentará el turismo y mejorarán las condiciones de vida de los pobladores; la oposición cree que esa infraestructura es solo un "elefante blanco" sin beneficio productivo.

La ANF llegó a Orinoca, la tierra donde nació el presidente Evo Morales y donde hoy se construye un gigantesco museo que tiene como objetivo mostrar la historia de los pueblos indígenas y también reunirá y expondrá los cientos de regalos del Presidente. La obra cuenta con una inversión de Bs 47 millones.

El diputado orureño Gonzalo Aguilar (MAS) contó que desde 1985 Orinoca ha cambiado y “mejorado sus condiciones” de vida. La responsabilidad de las mejoras las atribuye en particular a las políticas del actual Gobierno.

Otro es el criterio de la diputada Judith Fernández (UD), quien asegura que la gigantesca obra no tiene relevancia económica para la zona. “Es un 'elefante blanco'. No aporta en nada a la actividad productiva”, declaró la legisladora.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

 

29 Enero 2016

Henry Ramos Allup aseguró que la oposición consensuará a más tardar en junio una figura legal para cambiar el gobierno.

El presidente del parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, afirmó este viernes que sería irresponsable permitir que el presidente Nicolás Maduro finalice su mandato, al reiterar que la oposición definirá en el primer semestre de 2016 un mecanismo para anticipar su salida del poder.

"Alguien me decía: 'vamos a dejar que el gobierno termine hasta el final para que se achicharre en su propio aceite'. Eso es una irresponsabilidad", dijo Ramos Allup en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

El diputado añadió que si Maduro gobierna hasta 2019 heredaría a su sucesor un "cementerio", por lo que la oposición -que controla el Legislativo con una amplia mayoría- consensuará a más tardar en junio una figura legal para cambiar el gobierno.

"La verdad es que yo no quiero que esto dure tres años más, así de peor en pésimo, porque ¿qué va a pasar al final?. Si tú puedes ponerle remedio a una enfermedad antes de que te produzca la muerte, pues le pones el remedio, parece obvio", sostuvo.

Ramos Allup, del partido socialdemócrata Acción Democrática, aseguró que ante la gravedad de la crisis económica no vislumbra a Maduro concluyendo su mandato.

"Yo lo veo muy mal. No sé si a final del año, porque tampoco (es posible) poner un día preciso. Pero yo al final del período constitucional, a este ritmo, no lo veo llegar", manifestó.

Para anticipar la salida de Maduro, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha planteado un referendo revocatorio o una enmienda constitucional (para acortar el período del gobernante), sin descartar su renuncia.

El jueves, el excandidato presidencial Henrique Capriles dijo que llegó el momento para convocar el revocatorio o plantear la enmienda que permita acelerar la salida del heredero político del mandatario Hugo Chávez (1999-2013).

"O aquí hay soluciones, o los venezolanos tenemos que plantearnos cuál será el camino para el cambio. El tiempo constitucional para un referendo revocatorio o la enmienda constitucional ha llegado", declaró a la prensa Capriles, gobernador del estado Miranda (norte).

Las leyes venezolanas consagran la posibilidad de convocar a un referendo revocatorio cuando el gobernante cumpla la mitad del mandato, lo que en el caso de Maduro ocurrirá el próximo 19 de abril.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

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