Santa Cruz de la Sierra
22 Febrero 2017

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó este miércoles que 31 cocaleros de los Yungas fueron remitidos a la Fiscalía para ser investigados por los desmanes provocados el martes en La Paz. Entretanto, el presidente de la Adepcoca, Franclin Gutiérrez, se declaró preocupado por esta situación e informó que hará gestiones a favor de sus compañeros detenidos.

Romero calificó como “vandálico” que los cocaleros hayan protagonizado actos de violencia el martes en La Paz, como ataques a oficinas de Policía y Bomberos y apedreadas que afectaron a civiles.         

Los cocaleros se movilizaron en rechazo al proyecto de Ley General de la Coca que impulsa el Gobierno, puesto que legaliza 13 mil hectáreas de cultivo para La Paz y 7 mil para Cochabamba, cuando los yungueños exigen plantaciones sin límite en el cordón tradicional.

Romero indicó que hubo alrededor de 170 arrestados de los cuales la mayoría se benefició con la liberación al no encontrarse mayores indicios de responsabilidad en la violencia, pero 31 quedaron detenidos para ser sometidos a investigación por parte de la Fiscalía.         

“Afortunadamente eso ha sido entendido por los compañeros de Adepcoca, porque ellos estaban condicionando primero que iban a dialogar con detenciones y ellos han entendido que no podemos trastocar la aplicación de las normas”, manifestó el Ministro.

No obstante, el presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, dijo estar preocupado porque se está queriendo culpar a los cocaleros de hechos que no son su responsabilidad.   

Paralelamente, mujeres cocaleras volvieron a marchar hacia oficinas policiales para exigir la liberta de los detenidos. 

El ministro Romero indicó que los Bomberos cuantificaron que necesitarán unos 100 mil bolivianos para reparar los daños que dejaron los cocaleros en su sede, pero también se está por evaluar el costo de las averías a un módulo policial en la avenida Tejada Sorzano, además de las denuncias de particulares que se vieron afectados por la jornada violenta.

Los cocaleros y tres ministros retomaron la mañana de este miércoles el diálogo para superar las diferencias respecto a la Ley General de la Coca. Romero informó que se pidió a los dirigentes que la reunión sea por tiempo y materia.

Sin embargo, en la tarde, Gutiérrez abandonó momentáneamente la sala de diálogo. Informó que hablaría con sus asesores para realizar gestiones a favor de los detenidos.

El líder cocalero de Yungas criticó que la Cámara de Diputados haya dispuesto el tratamiento de la ley para el jueves en la mañana, y advirtió que su sector no aceptará ninguna imposición de parte del Gobierno.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol                  

23 Octubre 2015

El Defensor de Pueblo, Rolando Villena, mostró el jueves su preocupación por el incremento de embarazos en menores de 18 años, muchos de ellos producto de la violencia sexual o por falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos, según boletín institucional.

Villena, planteó la necesidad de mejorar las normativas e implementar políticas públicas referidas a la niñez y adolescencia, crear un sistema de atención diferenciada en salud sexual y reproductiva y desarrollar acciones concretas para prevenir la violencia sexual para disminuir los embarazos en niñas y adolescentes en Bolivia, expresa el informe.

"Alarma el incremento de los embarazos en menores de 18 años, muchos de ellos, producto de la violencia sexual o por falta de información sobre los derechos sexuales y reproductivos; preocupa aún más el riesgo que conlleva esta situación, pues muchas recurren al aborto en situaciones insalubres e inseguras o por sufren daños irreversibles por complicaciones surgidas durante el parto", manifestó el Defensor.

Durante 2014, al menos se conocieron de 14 casos de niñas y adolescentes de entre 11 y 16 años, que quedaron embarazadas producto de la violación sexual por parte de sus padres, padrastros, hermanos, primos o tíos; tres de ellas recurrieron al aborto que puso en peligro su vida.

En mayo de este año se conoció de nueve adolescentes de entre 14 y 17 años que fueron violadas y producto de esta acción quedaron en estado de gravidez.

Esta realidad no cambiará, afirmó la autoridad, si no se aprueban y trabajan en políticas que apunten a la prevención de la violencia sexual, si no se crea un sistema de atención diferenciada y especializada para adolescentes mujeres sobre la salud reproductiva y sexual y la disposición del servicio diferenciado para este grupo poblacional en todos los niveles de salud.

El Defensor lamento que no existan datos actuales al respecto, aunque se estima que el 38,5% de embarazos en adolescentes menores de 15 años termina en aborto.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

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