Santa Cruz de la Sierra
07 Septiembre 2018

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y dos de sus funcionarios, que estuvieron detenidos en Chile el año pasado, informaron que se están querellando contra el diputado Amílcar Barral, a quien acusan de hacer aseveraciones temerarias sobre cómo se hicieron contrataciones de personal.

Barral denunció que la Aduana usó memorándums de contratación con firmas falsificadas de los funcionarios Karl Guachalla y Diego Guzmán, cuando estaban detenidos en Chile, y, además, cuestionó la versión de la ANB respecto a la contratación de Arsenio Choque, quien ahora está detenido por robo de vehículos y contrabando.

Guachalla y Guzmán decidieron aparecer en conferencia de prensa para rechazar las aseveraciones de Barral. Ambos aseguraron que ingresaron a la Aduana de manera legal y que el diputado no puede mellar su dignidad con esa clase de acusaciones.    

Guzmán sostuvo que ahora Barral deberá comprobar ante la justicia sus denuncias, con las que afectó su dignidad como joven profesional. “No vamos a permitir que ningún diputado venga a querer generar un poco de polémica”, afirmó.

Guachalla, a su turno, lamentó que Barral lo haya tratado como un delincuente, cuando él estuvo más de 100 días injustamente detenidos en Chile. Dijo que seguramente el diputado no conoce lo que es tener un trabajo de verdad y menos estar encarcelado.       

“Mi trabajo me ha costado, a mi me ha costado esmero desde ser un pasante, a ser un consultor, a ser un funcionario con ítem”, agregó.

La abogada de los funcionarios, Martha Requena, informó que la querella contra Barral es por los delitos de falsificación de documentos e insultos racistas y discriminatorios. Indicó que además se está pidiendo al Ministerio Público realizar la pericia grafológica de las firmas denunciadas por Barral.

Por cuerda separada, Fátima Peñaloza, gerente Jurídica de la Aduana, informó que la entidad también se está querellando contra el diputado opositor, por manifestar que la ANB “se inventó” el proceso de contratación de Arsenio Choque, quien era chofer del operativo que terminó con la detención de los bolivianos en Chile en 2017, y que ahora está detenido por contrabando.

La ANB ya aclaró que Choque había sido reclutado sólo para 10 días de servicio, una sola vez y que entonces no tenía antecedentes criminales. La gerente precisó que la entidad se amparó en el Decreto 181 y que se cumplió con toda la normativa del caso.

Conminó a que el diputado demuestre que la Aduana está protegiendo contrabandista. Afirmó que la institución no puede garantizar que, mucho después de cumplir el servicio, Choque se haya dedicado al delito.

En ese entendido, la gerente informó que la ANB se está querellando contra Barral por el delito de difamación.

Barral dice que no tiene miedo

El diputado Amilcar Barral, enterado sobre las querellas, manifestó que se sorprendió con la manera desafiante en que se manifestaron los funcionarios. Dijo que cualquier ciudadano puede controlar una entidad pública, y que ´le es un diputado electo que tiene el deber de fiscalizar.

El opositor sostuvo que no tiene miedo a los procesos, a los que calificó de amedrentamiento. Ratificó que el lunes él presentará una denuncia formal por las irregularidades que observó.

Pidió a los funcionarios que más bien expliquen por qué en Chile les han acusado de robo agravado y contrabando.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Erbol

04 Junio 2018

La abogada Paola Barriga informó que admitieron la querella que interpuso contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila. Por este caso tres efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) declaran ante el Ministerio Público.

Consultada sobre si admitieron la querella contra el ministro Romero, Barriga, abogada de la familia de la víctima, dijo: “se ha presentado el 25 de mayo, al día siguiente del deceso de Jonathan, la misma ya ha sido admitida, entonces ahora si correspondería realizar las pericias correspondientes”.

La querella también es en contra del Comandante regional de El Alto, Marco Polo Garzón. La abogada acusa al ministro y al jefe policial de los delitos de asesinato con agravante de asociación delictuosa, tenencia y/o portación de armas, entre otros.

Barriga no cree que el subteniente Cristian Casanova, presentado como autor de la muerte de Jonathan, haya roto la cadena de mando y actúe por cuenta propia para poner la canica en su escopeta para luego impactar al universitario el pasado 24 de mayo.

Denunció que las autoridades de Gobierno y Policía pretenden cerrar el caso en torno a Casanova. La abogada teme que el subteniente sea liberado porque no hay suficientes elementos que den cuenta que él haya estado en el lugar del hecho.

Para las autoridades de Gobierno y Policía, el subteniente rompió la cadena de mando y por cuenta propia usó como proyectil canicas para reprimir la movilización de la UPEA.

Familiares de Casanova señalan lo contrario y aseguran que el uniformado acusado no rompió la cadena de mando.

La mañana de este lunes tres efectivos de la UTOP, que participaron en los sucesos del 24 de mayo, prestaron declaración en el Ministerio Público en calidad de testigos.

“En calidad de testigos hemos sido citados por la Fiscalía y obviamente cumplidores con las disposiciones fiscales estamos presentes acá. Tres personas miembros de la Policía estaban ese día (del hecho)”, informó Freddy Velásquez, abogado de los policías.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: noticiasfides

25 Noviembre 2016

El senador Yerko Núñez (UD) presentó este viernes una querella penal contra la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, y autoridades de la AAPS y EPSAS, por la escasez de agua que sufren las ciudades de La Paz y El Alto.

La denuncia es por los delitos de incumplimiento de deberes, que conlleva una pena de uno a tres años de cárcel, y el tipo penal de delitos contra la salud pública, el cual tiene una sanción de 1 a 10 años.

Los querellados son: la ministra Moreira; el exdirector de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), Benecio Quispe; el exinterventor de EPSAS, Ruddy Rojas; el actual director de la AAPS, Víctor Hugo Rico; y el actual interventor de EPSAS, Humberto Claure.

Núñez argumentó que, además del cambio climático, la responsabilidad por la crisis del agua se debe la “corrupción, ineficiencia, falta de planificación de estas autoridades”.

“Se está exponiendo  la vida y la salud de ciudadanos de La Paz y EL Alto”, dijo el senador, quien ya hizo efectiva su denuncia ante la Fiscalía.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

19 Julio 2016

José Rojas, el adulto mayor de 72 años de edad, que fue agredido por el gerente de Terracor, Carlos Terrazas, presentó el martes una querella formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en contra del empresario.

 "Nos vamos a adherir a las denuncias de oficio de la FELCC y nos vamos a querellar contra el gerente (...) en base a la Ley 369 de las Personas de la Tercera Edad que establece que la violencia que se aplique a éstas, tiene agravante", aseveró el abogado de la víctima, Freddy Fernández.

La agresión que se produjo el anterior sábado en instalaciones de la cooperativa Terracor se hizo pública tras la publicación de una grabación hecha por otro cliente que se encontraba en el lugar.

En el registro se observa como Terrazas golpea e incluso patea al anciano tras una discusión que ambos sostenían.

Ayer, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que es parte del Ministerio de Justicia, y la Alcaldía de Santa Cruz tomaron de oficio el caso para que la Fiscalía inicie la investigación contra el empresario.

Terrazas, en una rueda de prensa, en la que intentó pedir disculpas se victimizó al indicar que la actitud del anciano y otras personas, incluso el cliente que grabó, "fue un montaje", para desprestigiarlo.

Rojas negó tal extremo y dijo desconocer a la persona que grabó e incluso la llamó para que sea su testigo en el proceso.

"Este señor salió y me agredió me derribó los lentes de aumento e incluso pude perder el ojo", aseveró la víctima antes de ingresar a la FELCC para formalizar su querella.

El adulto mayor recordó que el pasado sábado en la mañana fue a pagar su cuota mensual por la compra de lotes y sacó la ficha número 13 para ser atendido.

Agregó que momento en que esperaba ingresó una mujer joven que tenía la ficha 18 y que fue atendida antes, hecho que generó su reclamo.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ABI

 

03 Marzo 2016

El presidente Evo Morales presentó una querella contra su  expareja Gabriela Zapata por presunta violencia psicológica contra su hijo, informó el abogado defensor de ésta, Walter Zuleta.

"La madre (Gabriela Zapata) fue demandada, hoy (miércoles) presentaron la demanda (...) y afirma que hay un niño. Están denunciando que hay violencia psicológica, pero esa misma jueza determina que no  puede hablarse del tema”, dijo Zuleta al periódico Página Siete. Dicha notificación fue realizada a través de un cedulón en el penal femenino de Obrajes.

Zuleta además informó que la querella fue presentada a través de dos apoderados en un documento público que se encuentra en el Juzgado Tercero de Familia: “Fue una sorpresa para todos”, señaló el abogado.

Tras una primera versión en la que el presidente Evo Morales dijo que el niño había fallecido siendo bebé, la tía de Zapata, Pilar Guzmán, y su abogada Angela Burgoa contradijeron al Primer Mandatario y aseguraron que el niño vive.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

12 Febrero 2016

Su abogada Ángela Burgoa informó que la demanda es “contra varias personas, autores, instigadores y cómplices”, por los delitos de violencia sicológica, mediática, y violencia contra la dignidad, la honra y el nombre.

La gerenta comercial de la compañía china CAMC, Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, se querellará este viernes contra los “autores, instigadores y cómplices” por los presuntos delitos de violencia sicológica, mediática y contra la dignidad y la honra y el nombre, después que Carlos Valverde la denunció por tráfico de influencias.

La abogada manifestó que su clienta planteará una demanda amparada en la Ley 348 en su artículo 7 incisos 3,4,6 y 11 que establece las diferentes formas de violencia hacia las mujeres referidas a la violencia sicológica, mediática, contra la dignidad y la honra y la violencia laboral.

La demanda será contra varias personas, “los autores, instigadores, coautores, cómplices del hecho que ha dado lugar que se comentan estos ilícitos”, declaró la jurista, aunque no quiso precisar contra qué personas será la querella.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

18 Noviembre 2015

La Alcaldía de Cercado presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra cuatro exautoridades ediles y el propietario de la empresa Álvarez por el caso del colapso del puente de un distribuidor vial de Cochabamba que se registró hace casi un mes, informó el miércoles su director jurídico, Sergio Coca.

"La denuncia formal del caso fue presentada ayer (martes) en instancias del Ministerio Público", aseveró en una conferencia de prensa.

Coca explicó que la querella incluye al ex alcalde de Cercado, Edwin Castellanos, y sus colaboradores Osvaldo Delgadillo Gonzáles, Nelson Vega Aguirre y Sergio Rodríguez, así como el gerente de la empresa Álvarez, Víctor Hugo Álvarez Iriarte.

"La denuncia fue presentada, porque esas personas habrían cometido en este caso los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica", sostuvo.

Coca añadió que la querella fue acompañada con un petitorio para que el Ministerio Público elabore un peritaje independiente de ingeniería civil en el puente colapsado, con el fin de establecer si en su diseño y construcción se cumplieron las especificaciones técnicas necesarias.

Detalló que esa tarea será importante para establecer si el diseño de la estructura caída estaba mal elaborado en el afán de que la denuncia penal del caso se amplíe hacia los servidores públicos que aprobaron los planos y el cálculo estructural de la obra.

"Servirá también para determinar si el colapso del puente fue producto de una mala ejecución, de un mal anclaje, una cesión de torón a un mal cálculo y la responsabilidad de otros funcionarios ediles y no servidores públicos que fueron contratados, como supervisor, fiscal, superintendente, entre otros", acotó.

Coca estableció que la querella y el petitorio de auditoría fueron sustentados con 41 justificativos que denuncian presuntas irregularidades cometidas en la obra del caso, desde el momento de su diseño, pasado por su licitación y adjudicación, hasta su ejecución física.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

27 Octubre 2015

La senadora y secretaria económica del Movimiento al Socialismo (MAS) Nélida Sifuentes anunció este martes que presentará una querella penal en contra del abogado Eduardo León, que en días pasados la implicó en el caso de supuesta corrupción que se le sigue al exalcalde de El Alto, Edgar Patana.

La también vicepresidenta de la Cámara de Senadores dijo que nunca tuvo contacto alguno con Patana y mostró su pasaporte y pasajes para demostrar que el supuesto día en que sucedieron los hechos denunciados -en que Sifuentes acompañó a Patana a declarar – ella se encontraba fuera del país.

“Al señor Patana lo conozco como se conoce a cualquier alcalde, así por nombre nunca he intercambiado una palabra con él, nunca nos hemos reunido ni nada, absolutamente nada”, indicó Sifuentes y añadió que hoy alista una querella para presentarla ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que el jurista comparezca y presente pruebas.

El viernes 26 de octubre, el abogado León declaró que Sifuentes acompañó  a Patana, el 16 de octubre, a dependencias policiales a que le tomen su declaración, respecto a los casos de corrupción que pesan en contra de la exautoridad.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

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